Alberto Elias Nader Carrillo

Expediente 201/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
201/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • Alberto Elias Nader Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de quince días a que alude el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad que prevé el artículo 201, fracción I, del ordenamiento legal invocado, a efecto de inconformarse con el proveído que declaró cumplida en su totalidad sin excesos ni defectos la ejecutoria en el presente juicio de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer en su contra inconformidad alguna; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, y como esta ordenado en autos, devuélvase al archivo el presente juicio de amparo, tal como se advierte del proveído de trece de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días otorgado al quejoso por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara su conformidad o inconformidad con el cumplimiento dado por la sala responsable a la ejecutoria de amparo, transcurrió del treinta de junio al dos de julio del presente año; el quejoso no desahogó la vista ordenada, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a dictar resolución fundada y motivada en la que se declare si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. En consecuencia, se resuelve lo siguiente: En la especie, en resolución terminada de engrosar el trece de noviembre de dos mil veinte, se advierte que el amparo se concedió para que el efecto de que la Sala responsable: "a) Deje sin efectos la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca 630/2019 de su índice; --- b) En su lugar, emita una nueva en la que atendiendo a la totalidad de los agravios planteados y partiendo de las consideraciones establecidas en la presente resolución, deje de considerar que el avalúo presentado en la audiencia de remate no es apto en relación al tiempo transcurrido entre la adjudicación y su aprobación; y, --- c) Hecho que sea analice nuevamente los agravios expresados y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho estime procedente". La concesión del amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha resolución fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en ejecutoria que pronunció el veintidós de abril del año en curso en el R.C. 22/2021. Ahora bien, por oficio con número de registro 8601, la Sala responsable remitió copia certificada del proveído que dictó el diez de junio del año en curso, en el que, entre otras cosas, dejó insubsistente la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca 630/2019 y, ordenó turar los autos a la ponencia para dictar la resolución correspondiente; cumpliendo así los efectos del amparo establecidos en el inciso a). Mediante diverso oficio registrado con el número 9093, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno que pronunció en el toca 630/2019, en la cual atendió la totalidad de los agravios planteados y dejó de considerar que el avalúo presentado en la audiencia de remate no era apto en relación al tiempo transcurrido entre la adjudicación y aprobación, resolviendo con plenitud de jurisdicción, que lo procedente era confirmar la resolución interlocutoria de fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve dictada por la Juez Décimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en los autos del juicio especial hipotecario, seguido por Alberto Elías Nader Carrillo, en contra de Oralia Arias Cabrera, con base en las consideraciones que, en la parte que interesan, a continuación se transcriben: "Así las cosas, atendiendo a la ejecutoria que se cumplimenta, el primer agravio se estima infundado para modificar o revocar la interlocutoria impugnada. Justamente, la circunstancia de que desde el veintiuno de mayo de dos mil ocho, fecha en que tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda (donde se fincó el remate del bien inmueble hipotecado a favor de Alberto Elías Nader Carrillo), y la interlocutoria de cinco de junio de dos mil diecinueve (donde la juez natural aprobó en definitiva el remate en primera almoneda), hayan transcurrido, aproximadamente, once años, de ninguna forma justifica ordenar la reevaluación del bien raíz materia de la subasta judicial, como lo pretende la apelante. Lo anterior es así, ya que el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic) no impone una revisión oficiosa al juzgador, con relación a constatar si los avalúos exhibidos en autos se encuentran obsoletos por el simple transcurso del tiempo, ya que esa carga procesal recae en la parte involucrada en el procedimiento de remate que considere adverso a sus intereses el resultado del avalúo Dicho numeral prevé que para la ejecución de sentencias se requiere que los bienes embargados sean valuados para ser vendidos en almoneda pública y que el avalúo no será necesario si es que el precio consta en instrumento público o se ha fiado por el consentimiento de los interesados, o se determine por otros medios conforme con las estipulaciones del contrato, a menos de que por el transcurso del tiempo o por mejoras variare el precio. Ahora bien, de conformidad con el artículo 500, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic), la ejecución de sentencia es procedente a instancia de parte, es decir, no es posible que el juzgador inicie tal etapa de manera oficiosa. Numeral que contempla el principio procesal dispositivo, conforme con el cual corresponde a las partes la iniciativa en general, y que el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos. En esa tesitura, aun cuando el avalúo del inmueble hipotecado busca que éste se venda con base en un valor real, vigente al momento del remate; lo cierto es que, salvo disposición expresa de la ley, se encuentra inseparablemente vinculada con el interés de las partes legitimadas para intervenir en el procedimiento de ejecución (ejecutante y ejecutado), dado que, en principio, la eventual disparidad del valor de avalúo, respecto del valor real del bien, a la postre, solamente tendrá un impacto en las pretensiones o patrimonio de esas partes (.) Así, constituye una carga procesal para las partes legitimadas para intervenir en el proceso de remate (ejecutante y ejecutado), la tarea de velar y procurar que el valor de avalúo del bien a rematar, sea fiel al valor real del mismo. Entonces, no existe justificación jurídica para que se ordene el reavalúo del inmueble, pues el artículo 511 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic), se refiere al inicio del procedimiento de remate, para que se presenten los avalúos y se pueda ordenar la venta en pública almoneda; y en el caso en estudio, ya se realizaron los avalúos, así como la audiencia de remate, y éste quedó aprobado el veintiuno de mayo de dos mil ocho, fecha en que fue celebrada la audiencia de remate en primera almoneda. Sin que, en su caso, la hoy apelante haya solicitado en esta etapa, previa a la audiencia de remate, un reavalúo del bien inmueble hipotecado. De ahí que carece de razón al aducir que se modificó el precio del inmueble de manera sustancial durante el término de once años que transcurrió desde el último avalúo y hasta la fecha de aprobación del remate, pues contrario a lo manifestado, la audiencia donde se aprobó el remate en primera almoneda, se verificó el veintiuno de mayo de dos mil ocho. Ciertamente, el avalúo del bien raíz materia de la litis fue presentado por el perito de la demandada, el veintisiete de noviembre de dos mil siete, al cual se allanó el ejecutante, por lo que en auto de dos de abril de dos mil ocho se ordenó sacar en remate en primera almoneda ese inmueble, teniendo verificativo la audiencia correspondiente el veintiuno de mayo de ese año. Por ende, se dice que no transcurrió un término de once años entre el avalúo y la audiencia de remate en primera almoneda, ya que en ese lapso ni siquiera transcurrieron seis meses; luego, el costo del inmueble, sí reflejaba su valor real en el momento en que se aprobó y adjudicó el bien hipotecado. (.)". Atento a lo antes expuesto, la Sala responsable cumplió con los efectos de la concesión del amparo establecidos en los incisos b) y c). Entonces, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió el amparo, y lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar acatamiento, se advierte que se ha cumplido en su totalidad el fallo protector, en virtud de que la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 630/2019, en su lugar, emitió una nueva en la que atendiendo a la totalidad de los agravios planteados y partiendo de las consideraciones establecidas en la sentencia de amparo, dejó de considerar que el avalúo presentado en la audiencia de remate no era apto en relación al tiempo transcurrido entre la adjudicación y su aprobación y, con plenitud de jurisdicción, dictó otra resolución en la que resolvió lo que en derecho consideró procedía. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida en su totalidad sin excesos ni defectos. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso la presente resolución, a fin de que de no estar conforme con la anterior determinación, se encuentre en condiciones de interponer el recurso que establece la ley de la materia. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO del presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el Capítulo Séptimo, del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General Conjunto, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la depuración en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos la razón levantada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a dicho promovente el auto citado con antelación, así como el presente proveído, en términos de la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista al quejoso. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, QUE DICE:"CIUDAD DE MÉXICO, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Sala responsable realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, dése vista al quejoso por un plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente al quejoso".

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Sala responsable realiza manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, dése vista al quejoso por un plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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