Alberto Eduardo Hinostroza Orihuela

Expediente 1531/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1531/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Alberto Eduardo Hinostroza Orihuela
  • Alberto Eduardo Hinostroza Orihuela y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de febrero de dos mil veintitrés. Firme no presentada. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa ****; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Firmeza sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa ****, hubieran recurrido el proveído de veintinueve de diciembre del año próximo pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No obran documentos originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Oficios devueltos. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los sobres devueltos por el servicio de mensajería "Estafeta", del cual puede advertirse que no fue posible entregar los oficios 43753/2022, 43754/2022 y 43755/2022 dirigidos a las autoridades Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Dirección General de Control y Verificación Migratorio del Instituto Nacional de Migración y Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de migración, todas con sede en Ciudad de México, por la razón: "cambio de domicilio". Reenviar oficios. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, reenvíense los oficios antes mencionados y comisiónese al Actuario de la adscripción, a fin de que a la brevedad remita los mismos a las autoridades antes mencionadas; cerciorándose de ser los domicilios actuales y correctos de las autoridades a quienes van dirigidos. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de enero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese para los efectos legales conducentes y sin mayor proveído el oficio de cuenta, rendido por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, virtud que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por una parte sobreseyó fuera de audiencia el juicio y por otra se tuvo por no presentada la demanda que nos ocupa. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su oficio. Correo electrónico. Téngase a la autoridad proporcionando el correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx por lo que se instruye a los actuarios adscritos que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto lo de cuenta, y toda vez que en proveído de veintiséis de octubre de la presente anualidad, se requirió al promovente ****, informara sobre el paradero del directo quejoso, o en su caso, presentara en este órgano jurisdiccional al mismo, a efecto de que manifestara, si ratificaba o no la demanda promovida en su favor, manifestando por escrito acordado mediante auto de tres de octubre de dos mil veintidós, que desconocía el paradero de los quejosos ****, o bien sea cierto o no se encuentren detenidos en las instalaciones migratorias de esta ciudad o bien en alguna otra de las dependencias del Instituto Nacional de Migración. .No presentada. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dado que al día de hoy los quejosos ****, no han ratificado la demanda de amparo que se promovieron a su favor, la cual fue precisamente por cuestiones de internamiento o incomunicación en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, y dada la inexistencia de dicha privación y/o alojamiento; aunado a que la parte promovente no desahogó el requerimiento que se le formuló en acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, en sentido de señalar que desconoce el lugar de ubicación de los citados quejosos; de conformidad con lo establecido por el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, lo procedente es tener por no presentada la demanda de amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación al quejoso *****, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de los quejosos queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****En el caso, al quejoso ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: ****Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. ****De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar alojada en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual puede concluir con su deportación o retorno. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, acordadas por este juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se advierte que el veintiuno de septiembre del año en curso, se otorgó al ahora gestor del amparo ****, la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se les restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional, en relación a los quejosos de trato ********* Se dejan sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se deja sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de dieciséis de septiembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las trece horas con cincuenta minutos del día de hoy veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." En el entendido de que el promovente del amparo sí señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, mismo a quien la parte quejosa en el momento de su ratificación autorizó para oír y recibir notificaciones. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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