Alberto Delgado Pedroza

Expediente 2084/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2084/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Alberto Delgado Pedroza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de febrero de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, proceda a dictar resolución en el incidente de sustitución patronal presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; dentro del expediente laboral ********************; a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante comunicado del Presidente Especial de la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, que resolvió el incidente de sustitución patronal en el juicio laboral ********************, declarándolo improcedente. Con lo anterior, en proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad responsable atendió los efectos para los cuales se concedió el amparo; pues dictó la interlocutoria que resolvió el incidente de sustitución patronal en el juicio laboral ********************. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, uno de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84 todos de Ley de Amparo, para que las parte legitimada se inconformara con la sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil veintitrés, y así, hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya realizado, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en la sentencia, citada se concedió el amparo a la parte quejosa. En ese sentido, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ". SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, proceda a dictar resolución en el incidente de sustitución patronal presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; dentro del expediente laboral ********************; a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. ..." Ahora bien, por auto de dieciocho de enero del año en curso, se reservó proveer respecto de lo informado por la autoridad responsable hasta en tanto causara ejecutoria, en consecuencia, se levanta la reserva decretada en dicho, y se provee: Se da vista con cumplimiento. En tal virtud, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de cinco de diciembre de dos mil veintitrés, en la que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal en autos del juicio laboral de origen, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correrle traslado con el comunicado y anexos de cuenta; para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente Especial de la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al que acompaña un legajo de copias certificadas con las que da cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada en autos; y, atento al estado que guardan los autos, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria el mencionado fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2084/2022, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal, contra actos de la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el siete de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; ********************, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previsto en el artículo 14 y 17 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós; previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2084/2022; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este juzgado federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: - La omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de sustitución patronal hecho valer dentro de los autos del juicio laboral ********************. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado, pues así lo confesó la autoridad responsable por conducto de su Presidente Especial, al rendir su informe justificado en el sentido de que era cierto que aún no ha dictado resolución sobre el incidente de sustitución patronal, presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral ********************; sin anexar a su informe constancias certificadas debido a la aceptación del acto, de ahí que deba tenerse por cierto dicho acto; por lo que queda acreditada la omisión denunciada. De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles34 aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sostiene el quejoso, en esencia, que la Junta responsable viola lo establecido en el artículo 763 de la Ley Laboral aplicable; toda vez que la Junta del conocimiento ha sido omisa en resolver el incidente de sustitución patronal; ello al haberse desahogado la audiencia incidental el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, ordenó reservar los autos para el dictado de la interlocutoria respectiva, tal y como lo aceptó en el informe justificado rendido en autos, dejando el juicio totalmente inactivo, siendo que, en el caso, la propia Ley establece que el proceso del derecho del trabajo será, entre otros, inmediato. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que la inconformidad del peticionario la hace depender en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la legislación ordinaria, lo que esencialmente implica que se tenga en cuenta que se duele de una afectación al derecho fundamental de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la autoridad responsable ha retardado el desarrollo normal y oportuno del juicio natural o, en este caso, de la incidencia planteada en este. Así, el acto en estudio que por esta vía se combate consiste en la omisión de emitir resolución interlocutoria respecto del incidente de sustitución patronal presentado por el quejoso el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral ********************. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los artículos 762, fracción II, y 763 de la Ley Federal de Trabajo, disponen: "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De los preceptos legales en consulta se advierte, entre otras disposiciones, ".Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." En la especie, la Junta responsable, al rendir su informe justificado, manifestó la certeza del acto reclamado, siendo esto que a la fecha no ha resuelto el incidente de sustitución patronal planteado en los autos del juicio de origen. Por tanto, es inconcuso que la Junta responsable ha soslayado lo previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, porque desde la fecha en que reservó los autos para resolver el incidente señalado en el párrafo que antecede (nueve de diciembre de dos mil veintiuno, según manifestación de la autoridad responsable), no ha dictado la interlocutoria que le resuelva. De lo que se sigue que el acto reclamado vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 Constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Bajo esa línea argumentativa, tenemos que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, estable lo siguiente: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". El precepto trascrito dispone la obligación de la autoridad responsable de dictar resolución en el acto en que concluya la diligencia respectiva. Precisado ello, tenemos que, en el caso, no obstante que la audiencia incidental fue celebrada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tal y como lo confesó la autoridad responsable, a la fecha en que rindió su informe no había acordado la citada resolución; incluso, a la fecha en que se dicta la presente sentencia no existe noticia de que la hubiese resuelto, no obstante de haber trascurrido más de veinticuatro de meses desde que se celebró. En ese orden de ideas, el actuar de la Junta responsable, resulta contrario a las obligaciones que prevé la ley, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia, toda vez que ha sido omisa en resolver el incidente de mérito. De lo que se sigue que el acto reclamado vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, reconocido por el artículo 17 Constitucional, al constituir un obstáculo para que se imparta justicia, dentro de los plazos previstos en la ley. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos a situaciones ordinarias de carga de trabajo; es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo, hoy en día es un hecho notorio que esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma (exceso en la carga de trabajo) deberán justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 182160, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, Materia(s): Laboral, página 226, de rubro texto: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, proceda a dictar resolución en el incidente de sustitución patronal presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; dentro del expediente laboral ********************; a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado de la Octava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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