Alberto de Jesus Gomez Sulu
Expediente 1203/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto de Jesus Gomez Sulu
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, SE ACUERDA: se tiene por recibido en la oficialía de partes de este Juzgado del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, su oficio 13359, de data veinticuatro de noviembre del presente año y el testimonio de la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por ese Tribunal en el toca 183/2017, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre pasado, por este Juzgado, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja." Con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha resolución. ACÚSESE RECIBO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio 12100, de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que dio entrada al recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado el veintinueve de septiembre del presente año. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito de Jorge Armando Moguel Sumarraga, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso **********, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre del presente año. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la parte quejosa, y envíese el original del escrito de expresión de agravios, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para la sustanciación del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, a veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *****, en contra del acto que reclama del Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, SE ACUERDA: Fórmese expediente, regístrese con el número 1203/2017-III-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano de jurisdicción federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza causal de improcedencia derivada de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por cuanto que el Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 189/2006, del índice del Juzgado Primero de Distrito en la entidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo. Tales preceptos disponen: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]." Por su parte, el artículo 5 de la propia ley establece lo siguiente: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Ciertamente, cuando a un Municipio del Estado de Yucatán se le atribuye que omitió cumplir una sentencia condenatoria, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, tal y como se sostiene en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 699, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2007066, que por identidad de razón se estima aplicable al caso, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Esto es así, porque en el procedimiento mercantil de origen, el ayuntamiento demandado mantiene una relación de igualdad con el quejoso -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución de la sentencia condenatoria en favor del peticionario del amparo, lo que evidencia, que en tal procedimiento, el Ayuntamiento de mérito, no actúa con el carácter de autoridad, por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó una sentencia definitiva que debe cumplir obligatoriamente, a través de la vía ordinaria instituida en la ley aplicable para ese fin. Se afirma lo anterior, porque será en el procedimiento de ejecución de dicho juicio, donde se estará en aptitud de requerir el pago del adeudo al Ayuntamiento, en su carácter de demandado obligado, lo que según manifestó en su demanda, se acordó favorablemente por el Juez Federal en proveído de veintidós de septiembre del año en curso. Al igual que podrá exigir el cumplimiento de lo decidido en la sentencia, pues la autoridad judicial del conocimiento está legalmente facultada para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089). Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el contenido de la jurisprudencia que invoca, de rubro "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Lo anterior, toda vez que en el caso particular dicho criterio jurisprudencial no resulta aplicable al caso concreto, si se tiene presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, no forma parte de la administración pública de la Federación, ni de las entidades federativas, contra las que dicho precepto prevé que no podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia invocada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, en contra del acto que reclama del Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, los señalados en su escrito de demanda. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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