Alberto David Rubio Zamora

Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
829/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Alberto David Rubio Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado en la misma fecha, quedando comprendido dicho plazo del seis al trece de los citados mes y años, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo signada por Alberto David Rubio Zamora, contra los actos que reclama del Director del Centro Penitenciario "El Castillo", con residencia en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 829/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" En la especie, el promovente señala como acto reclamado la omisión por parte del Director del Centro Penitenciario El Castillo, con sede en esta ciudad, de admitir y resolver la petición administrativa formulada -en similares términos- el uno y once de septiembre del presente año, con apoyo en el artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, con la finalidad de que reciba la atención médica quirúrgica que requiere derivada de sus padecimientos nasales por diversas lesiones que presenta, conforme los estudios que le fueron practicados vía resonancia magnética. Ahora bien, una vez examinado el acto concreto de autoridad de los que se dice afectado el quejoso y los antecedentes plasmados en el escrito de cuenta, es posible advertir en forma indudable y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. El numeral transcrito resguarda el principio de definitividad en materia administrativa, el cual impone a la parte quejosa la obligación de agotar los juicios, recursos o medios de defensa legal que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; antes de acudir al juicio constitucional, el cual por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio descansa en el hecho de que el amparo es la vía extraordinaria final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el quejoso, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello impide la utilización de la acción constitucional de amparo. Sobre el tema que nos ocupa, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el establecido ante la omisión de atender y resolver una petición administrativa formulada ante la autoridad penitenciaria, por lo que de no hacerse esto llevaría a declarar la improcedencia del juicio en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En la propia ejecutoria, la Primera Sala explicó qué debe entenderse, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por condición de internamiento, en aras de generar certeza de cuáles son las "omisiones en sus condiciones de internamiento" que los quejosos privados de su libertad deben reclamar a las autoridades correspondientes a través del mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Así, de una interpretación sistemática de los artículos 3°, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30 todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, definió que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, y señaló como ejemplo, entre otros, a la prestación de servicio médico o asistencia médica. En esa tesitura, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, establece un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad, sus familiares o defensores, entre otros, para formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria, las cuales pueden ser carácter urgente o no urgente. Y en caso de que la autoridad penitenciaria, no resuelva dentro del término legal lo solicitado, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, conforme lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas y, en caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en la ley en cita y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de dicha autoridad Penitenciaria. Como puede verse, dichos mecanismos contienen dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o ante el juez de ejecución respectivo las omisiones inherentes a la falta de atención a sus peticiones. Por tal motivo, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, como lo es la falta de atención a su escrito de petición administrativa para obtener los servicios médicos especializados que requiere, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal. El criterio en cuestión se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2018, registro 2018548 . DESECHAMIENTO. Así, al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustentó la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la referida ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Heriberto Rangel Méndez y Gilberto Sánchez Moreno, quienes tienen sus cédulas profesionales 2250006 y 7965866, debidamente reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". Asimismo, se le tiene señalando los correos electrónicos despachorangel@gmail.com.mx y licgilbertosanchez@hotmail.com.mx, a fin de entablar comunicaciones no procesales. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.

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