Alberto Damián Chan García
Expediente 394/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto Damián Chan García
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintisiete de abril del año que transcurre, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, ... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.---...
- Principal
CITATORIO.- MESA I.- Vista la cuenta que antecede, para conocimiento de las partes, SE ACUERDA: agréguese a éstos autos los informes justificados rendidos por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado por sí y en suplencia del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, a juicio de la suscrita, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual, los actos reclamados, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, pues la quejosa reclama de las autoridades responsables, la falta de interés jurídico, expeditez procesal, exceso de tiempo para procurar justicia en la querella y/o denuncia instaurada por el delito de robo de vehículo y los que resulten de los mismos, en autos de la carpeta de investigación número ********************, acto que puede impugnar en sede ordinaria, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el recurso previsto en el numeral 258 de dicho ordenamiento jurídico. Tales preceptos jurídicos establecen como un derecho de las víctimas, la posibilidad de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Asimismo, que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. Ahora bien, no obstante que tal numeral no establece expresamente la procedencia del recurso contra omisiones del Ministerio Público en su labor investigadora, lo cierto es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido que cuando el Ministerio Público no se pronuncia sobre los resultados de tal actividad (porque no se encuentra realizándola o bien ha cesado de actuar en ella), con el paso del tiempo, esa abstención produciría el mismo efecto que el de una resolución expresa de desistimiento o inejercicio de la acción penal. Partiendo de ahí, es evidente que contra tal inactividad u omisión, debe proceder el recurso previsto en el artículo 258 del Código citado, pues tales actos se equiparan a una determinación de no ejercicio de la acción penal, de la cual, en caso de inconformidad por parte de los afectados, deberá conocer un Juez de Control. Máxime que la Sala en cuestión, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, determinó que una interpretación funcional y extensiva de las disposiciones normativas citadas, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea un Juez de Control que revise su legalidad. Así como que tal circunstancia, conduce que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 citado, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Finalmente, no se soslaya que la procedencia del recurso provenga de una interpretación adicional de los preceptos normativos invocados, ya que ésta proviene del Máximo Tribunal Constitucional, quien ha determinado, al resolver la contradicción de tesis aludida, que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el medio de defensa aludido. No sobreseer en el caso en particular, implicaría mayores perjuicios para el peticionario de amparo, toda vez que la sentencia que en su caso llegara a dictarse sería en el mismo sentido que la presente determinación ya que la causa de improcedencia invocada ha sido establecida, como se ha dicho, al resolverse la contradicción de tesis aludida, retrasado la oportunidad del quejoso de obtener una respuesta favorable a sus pretensiones en la vía correspondiente. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, la cual, debido a lo anterior, se deja sin efectos.
- Principal
MESA I.- Vista la certificación que antecede, SE ACUERDA: toda vez que de la constancia actuarial de cinco de abril de dos mil dieciocho, se advierte que la Actuaria de este Juzgado de Distrito, no le fue posible hacer la entrega del oficio 9363/2018, dirigido a la Fiscal Investigador Especial Número Uno del Ministerio Público, con residencia en esta ciudad, debido a que no existe la citada autoridad en dicha dependencia; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de cuatro de abril del actual, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene por inexistente a la citada autoridad señalada como responsable, y se suspende toda comunicación procesal con aquella, para todos los efectos legales correspondientes. Finalmente agréguese a los presentes autos el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual solicita que se resuelva conforme a derecho el presente juicio; lo anterior, sin perjuicio de que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, dígase a la ocursante que se accede a su solicitud de copias de la resolución que ponga fin al presente juicio, la cual se le expedirá en el momento procesal oportuno.
- Principal
MESA I.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, todos con residencia en esta ciudad, con tres copias de la misma y un anexo en copia simple. Radicación. Con el original de la demanda, fórmese el expediente correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 394/2018-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107 fracción II, 108 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO de que se trata. Informe justificado. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Autoridades responsables. Señálese a la parte quejosa que si el Actuario Judicial de la adscripción asienta la razón en el sentido de devolver los oficios por inexistencia de la autoridad destinataria, al no poder entregarlos, o la devolución de piezas postales por el mismo motivo, se tendrán por inexistentes tales autoridades responsables y se mandará suspender toda comunicación procesal con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, así como 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria. Sin perjuicio que con posterioridad y ante la existencia de la participación de una nueva autoridad, la parte quejosa amplié su demanda. Lo anterior, de conformidad con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, toda vez que es a la parte quejosa quién tiene la obligación de señalarlas con exactitud. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental, la cual se tiene por admitida y desahogada en sus propios términos dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional relativa. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el proporcionado en su escrito inicial de demanda. Autorizados. Se tiene como su autorizado a Jorge Luis Torres Sánchez, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional, sí se encuentra registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante este Juzgado, en virtud de que la presente demanda versa en materia penal. Transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Documentos. Finalmente, este Juzgado estima conveniente precisar a las partes, que los documentos que exhiban o que llegaran a exhibir en original, no podrán ser devueltos, toda vez que del artículo 122 de la Ley de Amparo, así como el artículo 280 del Código supletorio, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente.
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