Alberto Cuauhtémoc Reyes Martínez
Expediente 1713/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1713/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
Partes del expediente
- Alberto Cuauhtémoc Reyes Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Destino del expediente Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de amparo que promueve *****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1713/2022-I-C. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda y escrito de desahogo de prevención, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el acto consiste en: De la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca: 1. El auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, por el cual se reserva la entrega del cheque librado en cumplimiento al laudo, hasta en tanto transcurran quince días hábiles. DESECHAMIENTO. Sentado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b)Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". Luego, partiendo de la base que el acto reclamado lo constituye El auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, por el cual se reserva la entrega del cheque librado en cumplimiento al laudo, hasta en tanto transcurran quince días hábiles. En esas condiciones, se estima que dicha parte podía obtener la modificación y/o nulificación de dicha determinación, mediante el recurso de revisión. Lo que se sostiene en la medida que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establecía lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De lo que se sigue, que en contra de los actos dictados en la etapa de ejecución del laudo, procede el recurso de revisión. De ahí que, la parte quejosa estaba en aptitud de promover el recurso de revisión en contra del acuerdo tildado de inconstitucional, previo a la promoción del juicio que nos ocupa; lo anterior, dado que no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) del referido artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 45/2013 (10a., dictada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1508, Décima Época, que dice: "REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE PREVÉ ESTE RECURSO, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE A LAS LEYES BUROCRÁTICAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, GUERRERO, TAMAULIPAS Y PUEBLA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 34/2013 [10a.]). Si bien es cierto que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó el criterio sostenido en la tesis citada de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.", y que los artículos 6o. de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México y 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, establecen que lo no previsto en estas legislaciones en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria (con excepción del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que no contiene disposición similar), también lo es que no por ello puede considerarse que sea posible suplir la ley en un recurso no regulado por la propia legislación local, como lo es el de revisión contra los actos dictados en ejecución de laudos, convenios, etcétera, previsto en el artículo 849 de la legislación federal citada, pues si el ordenamiento legal que debe suplirse no sólo no prevé el recurso de que se trata, sino que tampoco señala la autoridad a quien corresponde resolverlo, es indudable que no puede aplicarse supletoriamente otro ordenamiento, pues éste nunca puede tener el alcance de dotar de facultades o definir a la autoridad que conocerá del recurso, aun cuando la supletoriedad sea una institución jurídica que tiene por objeto la integración normativa, ya que en materia de recursos debe estar expresamente señalada la supletoriedad legal sobre éstos; máxime que ello podría llevar a concluir que las actuaciones respectivas no son irrecurribles, o podría dejarse en estado de indefensión a las partes, de manera que no puede tenerse por instituido un recurso sino mediante ley que expresamente así lo ordene. De esta manera, el criterio que esta Segunda Sala ha sustentado en cuanto a la supletoriedad de leyes, debe entenderse bajo el concepto de que no opera tratándose de la regulación de los recursos que pueden hacerse valer, es decir, debe quedar acotado en el sentido de que es inaplicable en materia de recursos." Sin que obste que dicho precepto fue derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, debido a que de la demanda de amparo, se observa que el juicio natural fue iniciado el veinticuatro de mayo de dos mil doce, por lo que le resulta aplicable a las partes en dicho procedimiento laboral. Robustece lo anterior, la tesis VII.2o.T.4 L (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2637, Undécima Época, que es del tenor literal siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019. DEBE INTERPONERSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, PUES DICHO PRECEPTO SIGUE SIENDO APLICABLE PARA LOS ASUNTOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHA REFORMA EN LOS LUGARES DONDE AÚN NO HAYAN INICIADO FUNCIONES LOS TRIBUNALES LABORALES, FEDERALES Y LOCALES, ASÍ COMO LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN RESPECTIVOS. Hechos: Un trabajador promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución emitida en la etapa de ejecución del laudo por la presidenta de una Junta en la que se declaró improcedente decretar el embargo solicitado. El Juez Federal desechó de plano la demanda por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, considerando que no se agotó el recurso de revisión regulado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Contra esa determinación aquél interpuso recurso de queja argumentando, entre otras cuestiones, que el juicio laboral se promovió con posterioridad al inicio de la vigencia del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual se derogó dicho precepto legal. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe interponerse el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, pues dicho precepto sigue siendo aplicable para los asuntos tramitados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha reforma en los lugares donde aún no hayan iniciado funciones los Tribunales Laborales, federales y locales, así como los centros de conciliación respectivos. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que el aludido decreto, de conformidad con su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 2 de mayo de 2019, también lo es que de acuerdo con los transitorios séptimo y octavo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, y conforme a la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones vigentes antes de ello, hasta el inicio de funciones de los nuevos Tribunales Laborales, federales y locales, así como los centros de conciliación, lo que todavía no acontecía a la fecha de inicio del expediente generador del acto reclamado en el amparo indirecto mencionado. En el entendido de que, tratándose del Estado de Veracruz, Circuito al que pertenece este órgano jurisdiccional federal, es hasta el 3 de noviembre de 2021 cuando arranca formalmente la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral, según declaratoria del Senado de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre del mismo año, en cumplimiento al artículo sexto transitorio del decreto referido." En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho por ser notoriamente improcedente. Domicilio acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica únicamente al usuario "*****"; así como para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no así el domicilio físico que proporciona, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal.
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