Alberto Cruz Reyes
Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Cruz Reyes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que adjunta la resolución de siete de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciada en el amparo en revisión 41/2023, interpuesto por **********, en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, así como el juicio de amparo en que se actúa y tres discos en formato DVD; ejecutoria que en sus puntos resolutivos señaló: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto y autoridad a los que esta ejecutoria se refiere. Notifíquese..." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, asimismo, glósese a los autos originales el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. 2. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional. 3. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo. 4. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo quinto, en el artículo 17, fracción III) inciso a), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES CONSERVABLE. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado Acuerdo General. 5. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 6. Calificación del original del incidente de suspensión. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 20, fracción III) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se negó la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su destrucción, se determina que el incidente de suspensión debe permanecer por separado del presente juicio. En consecuencia, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, se ordena depurar el expediente judicial y el incidente de suspensión en los términos ahí precisados. 7. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). 8. Precisión de relevancia documental. Por último, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental, con apoyo en los artículos 12, 14 y 15 del citado acuerdo general lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del citado Acuerdo. 9. Devolución de discos. Ahora bien, debido a que se advierte que el Juez de Control con sede en Cuautitlán, Estado de México, remitió tres discos en formato DVD, al rendir su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad; sin que sea necesario que acuse recibo de las mismas, pues para este órgano de control constitucional, es suficiente el sello de recibo de la citada autoridad, el cual hará las veces de acuse. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónica Tercero interesado Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1133/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta Juzgadora de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: IV. ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RESPECTO A LA ADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.- Se reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, la admisión de los medios de prueba del Agente del Ministerio Público, así como de la asesoría jurídica, mismas que se desarrollaron en la audiencia intermedia de fechas 10 y 15 de agosto de la presente anualidad, dentro de la causa penal 1625/2022, instruida en contra del suscrito por el delito de lesiones culposas, en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales A.IG.B. B).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA; Se reclama la ejecución del acto reclamado a la autoridad consistente en el proceso que se me sigue por la probable comisión del delito señalado dentro del auto de apertura a juicio oral emitido en fecha 15 de agosto de la presente anualidad, en la que en fecha 04 de septiembre del año en curso, la fecha notificado a mi defensor particular que la misma quedó radicada bajo la causa penal 399/2023, del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 4. Causal de improcedencia advertida. Así, esta Juzgadora advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario y el diverso 107, fracción III, inciso b), Constitucional, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI (.). Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) De esta transcripción se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, únicamente, cuando se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tanto el incido b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional, como la fracción V, del artículo 105 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no podrían destruirse con la resolución del asunto. Es decir que los efectos de esos actos no pueden ser remediados fácticamente con el sólo hecho de que quien sufre la violación procesal obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que únicamente provocan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por el contrario, los actos reparables o de posible reparación, son los que únicamente son susceptibles de afectar los denominados derechos adjetivos o procesales, es decir, aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias de esos actos se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de naturaleza procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto que establece una pensión alimenticia provisional o definitivos, aquellas que impliquen la privación de la libertad, entre otras. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, como la vida o la libertad, siempre y cuando y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, ese acto además, produzca efectos de imposible reparación, es decir que la afectación sea actual, ya que cuando ésta depende del resultado del juicio, el amparo tampoco será procedente. Al caso se invoca la tesis IV.2o.C. J/2, de la Décima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, página 1539, de rubro y texto siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA')., sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO., en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos ... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .... Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Lo anterior, permite colegir, que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues, en la especie, la resolución reclamada por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 1a./J. 23/2021 (11a.), estimó que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio de prueba sobre el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). Así, estimó que por regla general es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la exclusión de medios de prueba (no admisión en el auto de apertura a juicio). Lo anterior, se encuentra contenido en la referida jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), visible en la Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, Registro digital: 2023906 del siguiente tenor: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente. Sin que los medios de prueba excluidos en el presente asunto, se consideren como acto de imposible reparación, ya que no constituyen pruebas que impliquen una afectación a derechos sustantivos del quejoso, que conforme la resolución dictada en la contradicción de tesis invocada, son aquéllos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis, no sean de índole meramente adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado. De ahí que, la exclusión de pruebas no implica que necesariamente dentro del juicio de origen se emitirá una sentencia contraria a los intereses del quejoso, ya que el acto que se reclama en el presente juicio, como se precisó, no tiene una ejecución con efectos de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente tiene consecuencias procesales susceptibles de ser subsanadas en caso de dictarse una resolución favorable a los intereses de la parte quejosa, o en su caso, puede hacerse valer como violación procesal. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), de la Primera Sala, Undécima Época, Materia(s): Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Registro digital: 2023589, que señala: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un acto de imposible reparación y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de actos de imposible reparación. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un acto de imposible reparación, pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. 5. Desechamiento. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por **********. 6. Autorizados y domicilio. Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a **********, quien, una vez que inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional o proporcione el número de la misma para realizar su cotejo en el sistema correspondiente, que lo faculte para ejercer su profesión, se le reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. En términos del artículo 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas de este Juzgado. 7. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 8. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
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