Alberto Cruz Haro

Expediente 152/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
152/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Alberto Cruz Haro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se agrega notificación. Cúmplase.

  2. Principal

    Se agrega notificación. Cúmplase.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado del Despacho de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Nuevo Laredo, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la responsable, las que acompaña al oficio de cuenta. En otro orden, del estado procesal que guardan los presentes autos, en especial de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Juan Antonio Medina González, reclama de la autoridad responsable, esencialmente, la omisión de emitir la resolución relativa al proyecto de inejercicio que le fue planteado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017. En el mismo orden, del informe con justificación y su anexo, remitidos por el Agente del Ministerio Público Encargado del Despacho de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Nuevo Laredo, que en este acto se tuvieron por recibidas, se desprende que el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió sobre la solicitud de autorización para determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017 (fojas 64 a 76). A las aludidas constancias remitidas por la responsables se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, de la que se desprende la actualización manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, como enseguida se expone. Cierto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de tal forma que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Preceptos que a continuación se trascriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La causal de mérito alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente, cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos constitucionales quebrantados en su perjuicio. Lo anterior es así, porque conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige. En el presente sumario, la parte quejosa, reclamó del Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Nuevo Laredo, la omisión de emitir la resolución relativa al proyecto de inejercicio que le fue planteado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017. Sin embargo, de las constancias allegadas al presente juicio de amparo por dicha autoridad responsable se advierte que en fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Director General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, resolvió sobre la solicitud de autorización para determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017 (fojas 64 a 76), y por lo cual, según lo vertido en la copia certificada del oficio 4214/2019, el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad de Investigación Número Dos de esta ciudad, decretó el diecisiete de junio de este año, el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen (foja 61). De ahí que, resultaría ocioso esperar al dictado de una sentencia de amparo en los presentes autos, en la que en su caso, se ordene a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado del Despacho de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Nuevo Laredo, a emitir la resolución relativa al proyecto de inejercicio que le fue planteado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017, puesto que como se vio, la solicitud relativa ya fue resuelta (aunque por diversa autoridad). Así, una eventual concesión del amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que sería ocioso obligar a la responsable a actuar en torno la solicitud de autorización para determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017, cuando ya se dictó la resolución correspondiente. Por ende, debe concluirse que resulta improcedente el presente juicio de amparo, en virtud de que los efectos de una eventual concesión de amparo, ya quedaron materializados al resolverse lo relativo a la solicitud de autorización para determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación de origen, tal y como si en su caso, se hubiera concedido la protección constitucional. En apoyo de lo anterior se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, página 119, Séptima Época, registro 237687, que dice: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 9, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197245, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Sin que pase desapercibido que la resolución relativa a la solicitud de autorización para determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación NUC/221/2017, no haya sido emitida por la propia autoridad responsable, sino por una diversa; empero, ello no causa perjuicio alguno al solicitante de amparo en virtud de que su pretensión fue satisfecha, ya que lo que buscaba era que se resolviera sobre dicho tópico, lo cual, como se vio, así aconteció. No obsta para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, se advierte una causal de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable, la cual con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, de ahí que a nada práctico conduciría diferir la audiencia a fin de respetar dicha vista, pues de cualquier manera el resultado sería el mismo. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las relatadas condiciones, se deja sin efecto la fecha que se encontraba señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, esto es, las nueve horas con treinta y tres minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve (foja 34). Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Por medio de lista se notifica a la parte quejosa, la resolución de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en virtud de no haber atendido el aviso de dieciocho de los corrientes; en cuyo auto se decreto el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional.

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