Alberto Cota Quiñonez
Expediente 165/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/05/2017
Partes del expediente
- Alberto Cota Quiñonez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se agrega a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 46/2017, de la que se aprecia que el referido Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena acusar el recibo de estilo correspondiente y realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual transcribe el proveído que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por ********, en su carácter de autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la ley de la materia; a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de marzo del actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de dicho recurso, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado que le corresponda para su substanciación. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el auto que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y por ende, no hay partes en el asunto.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *******: 1. Congreso del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali. 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, con domicilio en Mexicali. 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali. 4. Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali. 5. Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali. 6. Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. 7. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. 8. Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California. 9. Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Ensenada con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 165/2017-III-A. DESECHAMIENTO En tales condiciones, una vez analizado integralmente el escrito inicial de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente. Establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece el siguiente tenor: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, la parte quejosa reclama: - El cobro del Derecho de Alumbrado Público (D.A.P.), con motivo del acto concreto de aplicación del artículo 1 y 15 ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; derivado de los ulteriores actos de aplicación consistentes en los avisos-recibos, expedidos por los periodos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis al cinco de enero de dos mil diecisiete y del cinco de enero al tres de febrero, ambos de dos mil diecisiete, correspondientes al número de servicio 010 120 410 259, a nombre del aquí quejoso. En este orden de ideas, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de amparo de manera extemporánea, aun tomando como punto de partida el segundo de los avisos-recibos que presenta el quejoso como actos de aplicación en perjuicio del quejoso de las disposiciones reclamadas. De la interpretación íntegra y literal de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se aprecia que el legislador estableció diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente recibida; la primera de ellas, se refiere a la hipótesis que el quejoso hubiese sido notificado del acto reclamado; la segunda, cuando ha tenido conocimiento de éste o de su ejecución; la tercera, cuando se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, la cuarta, tratándose de un amparo contra una ley autoaplicativa, en cuyo caso, el término empieza a contar a partir del día siguiente al de su entrada en vigor. Así, si la norma se reclama como autoaplicativa, el término para la promoción del amparo será de treinta días hábiles siguientes a que entró en vigor la ley; sin embargo, si la norma se reclama con motivo del primer acto concreto de aplicación, el término para promover la instancia constitucional, será siempre de quince días hábiles siguientes al primer acto de aplicación en perjuicio del particular. También, existe la posibilidad que, aun cuando una ley sea reclamable con motivo de su sola entrada en vigor (autoaplicativa), no se tendrá por consentida sino hasta que, una vez actualizado el primer acto de aplicación, tampoco se impugne su inconstitucionalidad dentro de los quince días siguientes a que ocurrió aquél. En ese sentido, se desprende que, tratándose de leyes autoaplicativas, existen dos momentos para instaurar la instancia constitucional, ya sea dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, o bien, dentro de los quince posteriores al primer acto de aplicación; sin embargo, si la acción constitucional no se ejercita por el particular en cualquiera de estos dos momentos, la norma legal se tendrá por consentida y, por ende, operará la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, antes indicado. En el presente caso, como se expuso, la parte quejosa reclama el artículo 1 y 15 ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio Fiscal de 2017, como heteroaplicativas, es decir, a partir del primer acto de aplicación en su perjuicio, por lo que el término para presentar la demanda de amparo es de quince días, los cuales se contarán a partir del día siguiente a aquél en que se aplicó al particular la norma reclamada de inconstitucional, lo que aconteció al momento en que recibió el aviso de recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad a su nombre y del cual se advierte el cobro del derecho de alumbrado público. Luego, si derivado del contrato con número de servicio 010 120 410 259, se expidió un recibo con período de facturación del cinco de enero al tres de febrero de dos mil diecisiete, donde se contiene un cobro de $1,584.79 (un mil quinientos ochenta y cuatro pesos con setenta y nueve centavos 79/100 moneda nacional) por concepto de Derecho de Alumbrado Público, recibido por el quejoso el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de la manifestación contenida en la demanda de amparo, la cual constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, es esa fecha la que debe tomarse como punto de partida para realizar el cómputo del término de los quince días con que contaba la parte quejosa, el cual comenzó a transcurrir a partir del día siguiente a aquél en que se dio el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa; esto es, del veintiuno de febrero al trece de marzo de dos mil diecisiete, con deducción de los días diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo todos del año en curso, por ser inhábiles; por lo que si la demanda de amparo, fue presentada el quince de marzo siguiente, según se advierte del sello de recepción de dicho documento en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, ello conduce a estimar el consentimiento de los actos reclamados por no haberse ejercido la acción constitucional dentro del plazo que para ello contempla la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 113/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 294, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 174532, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos". Es igualmente aplicable la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 445, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso". Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgado que en términos del artículo 79 fracción I, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además que la acción de amparo puede válidamente ejercitarse en contra del segundo o ulterior acto de aplicación, si éste se funda en leyes igualmente declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país; sin embargo, en el caso no se está en aptitud de aplicar la suplencia de la queja, pues para ello se requiere que el juicio de amparo resulte procedente, ya que la suplencia de la queja no tiene el alcance de hacer procedente un juicio de amparo que no lo es; además de que, en el caso a estudio, la impugnación contra el acto de aplicación no se efectúa dentro de los quince días siguientes a que aconteció, requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional, en contra del segundo o ulterior acto de aplicación. No obstan las manifestaciones del quejoso en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, cuando acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que se le aclarara el cobro por la cantidad de $1584.79 (mil quinientos ochenta y cuatro pesos 79/100), y fue informado de que dicho cobro no correspondía a la comisión, sino que derivaba de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada para el año fiscal de dos mil diecisiete, pues como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 113/2006 transcrita anteriormente, el pago del Derecho de Alumbrado Público es de naturaleza heteroaplicativa, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, y si el aquí quejoso conoció del monto del derecho que aquí reclama el dieciocho de febrero de la presente anualidad, día en que recibió el aviso-recibo respectivo, es a partir de ahí en que debe contarse el plazo para su impugnación. Por lo que con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que aquí se analiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ******; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así también, se autoriza con las facultades que señala el artículo 24 párrafo segundo de la ley de la materia a ******, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a *****, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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