Alberto Concha Perea
Expediente 374/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Concha Perea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la jueza Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, así como con los remitidos mediante auto de diecisiete de agosto pasado, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá correrse traslado con copia de dichas documentales, y así asentarse expresamente en la notificación respectiva; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el particular con base en los datos y elementos que existen en autos. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la secretaria Leticia Antonio Rosas, quien autoriza y da fe.
- Principal
...Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de agosto pasado, remite copia certificada del acuerdo de doce de agosto del presente año, dictado en el expediente penal 329/2016, de su índice, en el que se aprecia que dejó insubsistente la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva de once de marzo de dos mil veintiuno, por consecuencia, señaló las diez horas del veinticinco de agosto del año en curso, para tener verificativo la audiencia de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el quejoso y dio vista a las partes a efecto de que pueden ofrecer medios de pruebas pertinentes; por lo que se tiene en vías de cumplimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que una vez sea celebrada la audiencia señalada el veinticinco de agosto del año en curso, dentro del expediente penal 329/2016, de su índice, remita las constancias respectivas. Apercibida que de no cumplir o bien informar el impedimento legal que tenga para ello, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de agosto pasado. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 374/2021; al tenor de los siguientes: A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el 05 de abril de 2021, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Alberto Concha Pérea, presentó demanda de amparo contra actos de autoridad. SEGUNDO. Despacho del juicio de amparo. El 06 de abril de 2021, se registró la demanda en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo indirecto ****, se admitió a trámite, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y previo trámite, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 37, 107, fracción IV, 108 y 124 de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un órgano de amparo en materia mixta, correspondiente a esta jurisdicción, y por ende, penal, respecto de actos con ejecución material en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso Alberto Concha Pérea, reclama de la Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: La resolución de 11 de marzo de 2021, dictada en el expediente penal 329/2016, de su índice, en la que resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso Alberto Concha Pérea, sustituyéndola por las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica mensual y la exhibición de una garantía económica, previstas en el artículo 155, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERA. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. La demanda de amparo se presentó oportunamente, toda vez que de las constancias que obran en el expediente de origen, se aprecia que la resolución reclamada se notificó al quejoso y su defensor particular el 11 de marzo de 2021; notificación que surtió efectos, conforme al numeral 82, párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al día hábil siguiente, esto es, el 12 de marzo siguiente. Por tanto, el plazo para acudir a esta instancia constitucional comprendió del 16 de marzo al 08 de abril de 2021, descontando sábados y domingos, así como el 15 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril, todos de 2021; al haber sido inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo se presentó el día 05 de abril de 2021, es claro, que se realizó oportunamente, en términos del numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. CUARTA. Certeza del acto reclamado. La Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales remitidas por la Juez responsable como justificación a su informe, consistentes en el duplicado de la causa penal 329/2016, de su estadística; con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º. QUINTA. Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de inejercitabilidad ni este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna de ellas, que deba ser estudiada oficiosamente. SEXTA. Estudio. Los conceptos de violación ameritan el siguiente análisis. La juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 329/2016, que se instruye al quejoso Alberto Concha Perea, por el delito de uso de documento falso, cometido en perjuicio de José Luis Camacho Aquino y de la sociedad, dictó resolución incidental de 11 de marzo de 2021, en la que declaró procedente sustituir la medida de prisión preventiva por las diversas medidas cautelares de presentación periódica y exhibición de una garantía económica, previstas en el artículo 155, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Contra tal determinación, el quejoso formuló los motivos de desacuerdo siguientes: En su primer motivo de desacuerdo arguye medularmente que la resolución reclamada, si bien sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva, por las medidas de presentación periódica y otorgamiento de una garantía económica; estima que éstas dos últimas medidas cautelares son innecesarias, lesivas, excesivas y desproporcionales, carentes de una debida fundamentación y motivación; pues la responsable inobservó el artículo 19 de la Constitución Federal, y los dispositivos legales 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su segundo concepto de violación argumenta que no quedó demostrada la necesidad de la cautela, ni el riesgo de fuga, o peligro para la víctima, sociedad o testigos; y que por el contrario se acreditó que cuenta con un núcleo familiar, que vive con su esposa e hijos; que ha tenido un buen comportamiento antes y después del hecho; que no cuenta con antecedentes penales, que tiene un modo honesto de vivir; y que tiene arraigo en el lugar del juicio; lo que hace desproporcional y lesivas las medidas cautelares que le fueron impuestas. En su tercer motivo de inconformidad alega medularmente que la resolución reclamada es ilegal, porque la responsable no justifica la necesidad de la cautela, toda vez que de las constancias del juicio de origen no se desprende riesgo alto, riesgo procesal, riesgo de fuga, riesgo de sustracción, o algún peligro para el ofendido o para la sociedad; ni tampoco representa obstáculo para el desarrollo de la investigación; que no tiene antecedentes penales; que cuenta con una familia e hijos; y que la representación social no demostró algún riesgo procesal o peligro de fuga de su parte. En su cuarto motivo de desacuerdo aduce sustancialmente que la responsable al dictar la resolución reclamada, en la que le impuso las medidas cautelares de presentación periódica y exhibición de una garantía económica, no realizó un ejercicio de proporcionalidad, un test de razonabilidad y un ejercicio de ponderación, ya que no tomó en cuenta sus argumentos, pruebas, la naturaleza, gravedad y circunstancias del hecho que la ley señala como delito, ni el grado de probabilidad en su comisión. En su quinto concepto de violación arguye que la autoridad responsable no funda ni motiva, porque a pesar que el informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares, en su diagnóstico de 4 de diciembre de 2019, establece en su mayoría, riesgos bajos respecto al peligro de sustracción y riesgos para la víctima, resultan necesarias la imposición de las dos medidas cautelares, esto es, la presentación periódica y la exhibición de una garantía económica. En su sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo motivos de desacuerdo alega medularmente que la autoridad responsable, al resolver la incidencia planteada, no solamente debió apoyarse en el informe de riesgo que se le practicó, sino también, en las pruebas que exhibió en la audiencia de revisión de medida cautelar, pues las mismas robustecen el arraigo con el que cuenta y que no representa peligro de sustracción; consecuentemente, estima que las medidas cautelares que le fueron impuestas no están justificadas, toda vez que la responsable omitió justificar porque son las menos lesivas; y que por ello se violan los artículos 1, 2, 5, 8, 9, 11, 17, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los numerales 1, 4, 14, 16, 18 , 19 y 20 de la Carta Magna; y los dispositivos legales 2, 4, 6, 11, 12, 19, 113 fracciones I y XVIII, 153, 154, 155, 156 al 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. Máxime, aduce, el quejoso, que la responsable omitió realizar un test de proporcionalidad y razonabilidad entre sus derechos fundamentales de debido proceso, libertad y presunción de inocencia; y los hechos que se le incriminan; de ahí concluye, que no se le debió imponer las dos medidas cautelares de las que se duele; por eso pide se apliquen a su favor los principios pro persona, interpretación convencional, debido proceso legal, in dubio pro reo y de excepcionalidad; y que solicita el uso y efectividad del parámetro de regularidad constitucional de los derechos humanos. Los sintetizados conceptos de violación, los cuales se analizan conjuntamente, dado su estrecha relación, suplidos en su deficiencia, conforme al numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al ser la parte quejosa, el imputado, son sustancialmente fundados. Para justificar la decisión anterior, es conveniente, narrar los antecedentes más relevantes que dieron origen al acto reclamado. La juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, en auto de 08 de julio de 2019 (foja 698, del duplicado de la causa penal), requirió al aquí quejoso Alberto Concha Pérea, para que dentro del término de tres días a su legal notificación, se pusiera a disposición de ese órgano jurisdiccional, bajo los efectos del auto de formal prisión dictado en ese asunto; para ello, el aludido peticionario debía internarse voluntariamente en la otrora Penitencia Central del Estado, o bien, exhibir las garantías que le fueron fijadas en la resolución de 14 de junio de 2018, para gozar de su libertad caucional; o incluso, si a su derecho conviniera, promover la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; con el apercibimiento que de ser omiso se libraría orden de reaprehensión en su contra. Posteriormente, en proveído de 18 de octubre de 2019 (fojas 711-714, del duplicado expediente penal), se admitió a trámite el incidente de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva promovida por el defensor particular del aquí peticionario de amparo; y se dio vista con dicha incidencia a la parte ofendida y al representante social adscrito al Juzgado Cuarto Penal del Distrito del Centro. Seguidamente, la juez responsable emitió acuerdo de 10 de diciembre de 2019 (foja 792, del duplicado de la causa penal), en el que tuvo informando a la delegada Regional de Medidas Cautelares que entregó el diagnóstico de riesgos procesales de 04 de diciembre de 2019, al agente del Ministerio Público de la adscripción y a la defensa del procesado. Asimismo, la autoridad judicial responsable señaló las 10:00 horas del 15 de enero de 2020, para llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la defensa del procesado; citando a las partes a dicha audiencia. El 15 de enero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar prevista en el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la asistencia de la agente del Ministerio Público adscrita, del imputado y su defensor particular; y sin la asistencia del ofendido José Luis Camacho Aquino. En dicha audiencia, las partes debatieron lo de su interés; y una vez concluidas sus intervenciones, el juez Cuarto Penal del Distrito del Centro, citó para el dictado de la resolución respectiva. El juez Cuarto Penal del Distrito del Centro, dictó resolución incidental de 16 de enero de 2020, en la que resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por las siguientes medidas cautelares: a) presentación periódica mensual del imputado ante el órgano jurisdiccional; y b) exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 10,000.00). Tal resolución incidental, fue impugnada a través del juicio de amparo indirecto 188/2020 del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien, en resolución de 21 de enero de 2021, concedió la protección constitucional, entre otras cosas, para que se repusiera el procedimiento; y una vez finalizado el debate respectivo, el juez de la causa, en ese mismo acto, de forma oral, en audiencia pública, con asistencia de las partes, y con libertad de jurisdicción emitiera la resolución correspondiente, asentando la hora en que finalizara dicha actuación; y para el supuesto que estimara procedente la sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, debía aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La aludida sentencia de amparo, quedó firme al no haber sido recurrida por las partes a través del recurso de revisión, por lo que, en cumplimiento a ella, la juez Cuarto Penal del Distrito del Centro, en proveído de 04 de marzo de 2021, señaló las 10:30 horas del 11 de marzo de 2021, para llevar a cabo la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; citando a las partes interesadas a dicha audiencia. A las 10:30 horas del 11 de marzo de 2021, se celebró la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, la que comenzó en la fecha y hora antes mencionada, y concluyó a las 16:00 horas de ese mismo día, en la que la juez responsable en presencia de las partes que intervinieron en el asunto, dictó la resolución incidental en la que declaró procedente la incidencia de mérito, y sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva al procesado Alberto Concha Pérea, por las siguientes medidas cautelares: a) presentación periódica del procesado ante el Juzgado de origen; y b) exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 10,000.00); la cual, refirió la responsable, ya había sido exhibida por el peticionario de amparo mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2020. La determinación anterior de 11 de marzo de 2021, constituye el acto aquí reclamado. Pues bien, como se adelantó son fundados los motivos de inconformidad que formuló la parte peticionaria de amparo, habida razón que la resolución reclamada, no está debidamente fundada y motivada, toda vez que la responsable no justificó las razones o motivos por los cuales impuso al quejoso Alberto Concha Pérea, las medidas cautelares de presentación periódica ante el Juzgado Cuarto Penal del Distrito del Centro, así como la exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 10,000.00). En ese sentido, el numeral 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Asimismo, los numerales 153 y 156 del cuerpo normativo en consulta disponen que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; y que corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. De igual forma, el numeral 156 del cuerpo normativo en consulta señala que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución; y que para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable, y que en la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. También, los numerales 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen los supuestos en que se considera existe peligro de sustracción del imputado; peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. Así, el numeral 168 del código adjetivo penal en consulta dispone que para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga (fracción I); el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste (fracción II); el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal (fracción III); la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas (fracción IV); o el desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales (fracción V). Por otra parte, el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales preceptúa que para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba (fracción I); Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos (fracción II); o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación (fracción III). Asimismo, el dispositivo legal 170 del invocado Código Adjetivo Penal dispone que la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Pues bien, en el caso, de la lectura de la resolución reclamada se aprecia que la juez Cuarto Penal del Distrito del Centro al analizar el peligro de sustracción del imputado, tomó en consideración el oficio SSPO/SPRS/UMECA/VC/5847/2019, de 04 de diciembre de 2019, en el que se contiene el diagnóstico de riesgos aplicado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado; así como los datos de prueba consistentes en: dos constancias de estudios a nombre de Leonado y Alberto, de apellidos Concha Ortiz; expedida la primera por el colegio Valladolid, de 10 de marzo de 2021, en la que se hace constar que el menor Leonardo Concha Ortiz, cursa el primer grado en ese colegio; y la segunda expedida por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 123, de 09 de marzo de 2021, en la que se hace constar que el menor Alberto Concha Ortiz, cursa el segundo semestre de educación media superior en dicha institución; copia certificada del acta de matrimonio entre el procesado Alberto Concha Pérea y Nallely Ortiz Jiménez, expedida el 09 de marzo de 2021, por el oficial itinerante del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y copias certificadas de las actas de nacimiento de los menores Leonardo Concha Ortiz y Alberto Concha Ortiz, la primera expedida por el oficial itinerante del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; y la segunda expedida por el segundo oficial itinerante de San Pedro Totolapa, Tlacolula, Oaxaca. Datos de prueba, con los cuales, la juez responsable consideró que el aquí quejoso Alberto Concha Pérea, cuenta con arraigo en la ciudad de Oaxaca de Juárez y en el Estado de Oaxaca, de donde es originario y vecino; pues arribó a la conclusión que el aludido imputado tiene un domicilio fijo, cuenta con una familia y dependientes económicos como son su esposa y sus dos menores hijos. Asimismo, la juez penal responsable al continuar analizando el peligro de fuga del aquí quejoso, estimó que, si bien es cierto, la pena que pudiera llegar a imponerse al procesado es elevada; tal criterio no puede considerarse útil para estimar que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, pues en la causa penal no existen indicios de ello; más aún que debía considerarse que el imputado se encuentra amparado bajo el principio de presunción de inocencia, dado que en la causa penal de origen no se ha dictado sentencia. De igual forma, la responsable consideró que en los autos de la causa penal no existe dato que cause convicción en el sentido que el procesado Alberto Concha Pérea, haya tenido un comportamiento que incline a pensar que pueda evadirse de la acción de la justicia. También, la autoridad judicial responsable determinó que de acuerdo al diagnóstico de riesgo elaborado por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado, no existe dato de desacato o inobservancia de diversa medida cautelar. De todo lo expuesto, la juez penal responsable, en la resolución que constituye el acto reclamado, concluyó que no existe peligro de sustracción del procesado Alberto Concha Pérea. Además, dicha responsable al estudiar el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, determinó que no obran en autos elementos que permitan presumir que el procesado Alberto Concha Pérea, pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba; tampoco que pueda influir en otras personas como son los testigos o peritos para que informen falsamente, se comporten de manera reticente, o pueda inducir a otros para realizar tal comportamiento; y menos que pueda intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los servidores públicos que participan en el proceso. Asimismo, la juez Cuarto Penal del Distrito del Centro, al analizar el riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad, determinó que del informe presentado por el evaluador de Medidas Cautelares, se establece que existe riesgo bajo para la víctima, que no hay datos para cuantificar el riesgo en cuanto a los testigos; y que para la comunidad existe riesgo medio. Con todo ello, la juez penal responsable arribó a la conclusión que era procedente sustituir la prisión preventiva, dado que el procesado Alberto Concha Pérea, no reporta un riesgo de sustraerse del procedimiento, pues al tener arraigo en el lugar de su residencia, que es donde se tramita el proceso, no existe la posibilidad de que pudiera ocultarse o abandonar su residencia; además de que el cambio de medida cautelar tampoco representaba un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, ni mucho menos un riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad; y su lugar, determinó imponerle las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la presentación periódica ante el órgano jurisdiccional y la exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 10,000.00). Ahora, de la audiencia de revisión de la medida cautelar llevada a cabo el 11 de marzo de 2021, se advierte que la representación social adscrita al Juzgado Cuarto Penal del Distrito del Centro, en su exposición verbal, en un primer momento, argumentó que, en caso, de emitirse resolución favorable al aquí quejoso Alberto Concha Pérea, en el incidente de revisión de medida cautelar, se le impusiera la prisión preventiva prevista en el numeral 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y posteriormente, solicitó se le impusieran las diversas medidas cautelares establecidas en las fracciones I -presentación periódica-; II -exhibición de una garantía económica-; y V -prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez-, del invocado numeral. En efecto, en la audiencia de revisión de la medida cautelar, en la intervención de la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto Penal del Distrito del Distrito del Centro, se lee: "En tercer término y en el remoto caso de que se llegue a emitir una resolución favorable al peticionario incidentista, desde este momento solicitó se le imponga la prisión preventiva prevista en el artículo 155 fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser la adecuada para prevenir la obstaculización en el desarrollo del proceso como hasta ahora lo efectuado el activo del delito (.) como último punto manifiesto que al no existir otra oportunidad de solicitar medidas cautelares que en un momento dado puedan fijársele al imputado, es procedente se le decrete las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en sus fracciones I, II y V, toda vez que se advierte del diagnóstico de riesgo emitido por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Oaxaca, el procesado cuenta con un familiar radicado en los Estados Unidos, precisamente en el Estado de Texas, me reservo mis derechos para seguir interviniendo en la presente audiencia(.)" Como se observa, la agente del Ministerio Público que intervino en el desahogo de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva llevada a cabo el 11 de marzo de 2021, solicitó para el caso que se declarara fundado el incidente de revisión de la aludida medida cautelar de prisión preventiva; que se impusieran al quejoso Alberto Concha Pérea, las medidas previstas en las fracciones XIV (prisión preventiva); I (presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe); II (exhibición de una garantía económica); y V (prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez) del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, la juez responsable al decidir sobre la imposición de las nuevas medidas cautelares antes mencionadas, en sustitución de la prisión preventiva, no fundó ni motivó porque debía imponerse al solicitante de amparo Alberto Concha Pérea, la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la presentación periódica del procesado, pues se limitó a señalar que dicha presentación sería los días treinta de cada mes o el día siguiente para el caso de que fuera inhábil, feriado o no laborable; y que constituiría prueba idónea de esa presentación que el procesado estampe sus firmas en el libro de control de procesados que se lleva en el Juzgado Cuarto Penal del Distrito del Centro. Lo anterior, sin justificar porque debía imponerse dicha medida cautelar. Ello, a pesar que el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, la juez penal responsable al imponer al quejoso Alberto Concha Pérea, la diversa medida cautelar consistente en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional ($ 10,000.00); argumentó que la misma era idónea debido al nivel de riesgo y monto apropiado, pues se tomó en cuenta el peligro de sustracción del imputado; y además, que tal garantía resulta proporcional a la capacidad económica del procesado, dado que es licenciado en derecho y trabaja de manera habitual. Sin embargo, dicha parte de la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación por ser incongruente internamente, pues como se vio, la juez Cuarto Penal del Distrito del Centro, al determinar que era procedente sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, consideró que no existía peligro de sustracción del imputado, dado que estaba demostrado su arraigo en el lugar en que se sigue el procedimiento penal; por lo que, resulta incongruente, que posteriormente, para imponer la diversa medida cautelar de exhibición de una garantía económica por la cantidad de diez mil peso, cero centavos, moneda nacional ($10,000.00), la autoridad judicial responsable considerara que sí existe peligro de sustracción del imputado. Lo que se traduce en una falta de congruencia interna de la resolución reclamada, que consistente precisamente en que las consideraciones o afirmaciones que se contengan en una resolución no deben contradecirse entre sí o con los puntos resolutivos. Más aún que la juez responsable, al momento de decidir sobre la imposición de las nuevas medidas cautelares solicitadas por la agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia respectiva, solamente debió tomar en cuenta las argumentaciones que realizó dicha representación social, quien expuso que debían imponerse las medidas cautelares previstas en las fracciones I, II y V, del dispositivo legal 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el procesado cuenta con familiares radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente en el Estado de Texas. Lo anterior, habida razón que conforme al numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control al imponer una o más medidas cautelares deberá tomar en consideración la justificación que el Ministerio Público realice. Incluso, al resolver lo anterior, la responsable debe considerar -en respeto al principio de congruencia interna de las resoluciones judiciales- que al momento de analizar el peligro de sustracción del procesado consideró que el hecho que tuviera un hermano radicado en el extranjero, con quien el imputado mantiene comunicación esporádica, vía telefónica, no actualizaba dicho peligro de sustracción, toda vez que Alberto Concha Pérea, no cuenta con documentación para viajar al extranjero. En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder al quejoso Alberto Concha Pérea, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SÉPTIMA. Efectos del fallo protector. La juez Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, deberá: Dejar insubsistente la resolución de 11 de marzo de 2021, dictada en el expediente penal 329/2016, de su índice, en la que resolvió modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, sustituyéndola por las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica mensual y la exhibición de una garantía económica. Reiterar que es procedente que cese la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso Alberto Concha Pérea, al no haber sido materia de impugnación. Al momento de analizar si es procedente imponer al peticionario de amparo, la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad responsable, prevista en el artículo 156, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, justifique porque debe imponerse tal medida, tomando en cuenta las argumentaciones de la agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. Al estudiar si es procedente imponer al quejoso Alberto Concha Pérea, la medida cautelar de exhibición de una garantía económica, tome en consideración que al resolver sobre el cese de la prisión preventiva, consideró que no existe riesgo de sustracción del aludido imputado; incluso, que el hecho que el imputado tenga un hermano en el Estado de Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica, no actualiza dicho riesgo de sustracción al no contar con documentación para viajar al extranjero. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que corresponda, en relación con las medidas cautelares de presentación periódica del imputado y de exhibición de una garantía económica, previstas en el artículo 155, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 1º fracción I, 73, 74, 75, 77 fracción I, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo. S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alberto Concha Pérea, en términos de la consideración sexta y para los efectos precisados en la consideración séptima de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo resuelve y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado, con el secretario Jaime Gabriel Ruschke, quien autoriza y da fe.
- Principal
"... Agréguese el oficio de la juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y anexos que acompaña; mediante el cual, en atención al requerimiento de dos de junio de dos mil veintiuno, remite copia certificada de las constancias solicitadas, mismas que obran dentro de la causa penal ********, de su índice. Por tanto, ....... se tienen por ofrecidas las documentales que remite la autoridad oficiante; las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno....., con su contenido, dése vista a las partes..."
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