Alberto Chama Flores
Expediente 589/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberto Chama Flores
- ALBERTO CHAMA FLORES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 252 a 255), donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales consistentes en los discos digitales formato (DVD), así como las copias certificadas de diversas constancias que integran la causa penal 386/2019, que remitió 1. Joanna Karina Perea Cano, entonces Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, así como al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, devuélvansele los mismos a la cita autoridad responsable, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno ordene a quien corresponda acuse el recibo correspondiente.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL AUTORIZADO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE octubre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 243 y 244), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando dicha vista el defensor particular de los directos quejosos. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que -en lo que interesa- en la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 49 a 85), se concedió el amparo para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por los directos quejosos Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas, y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, para que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Joanna Karina Perea Cano, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos la continuación de la audiencia inicial celebrada el dieciséis de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 386/2019; y en su lugar la reponga a partir del momento en que se concedió a la defensa de los aquí quejosos la oportunidad para pronunciarse respecto los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso de los imputados; continúe con el debate y siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales; b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas, y Erik Eduardo Rojas de la Rosa. En el entendido que deberá ser la Jueza Joanna Karina Perea Cano, quien presida la continuación de la audiencia inicial y, en su momento, resuelva la situación jurídica de los imputados, ya que fue dicha servidora pública quien conoció de la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso correspondiente." (Fojas 82 vuelta y 83). Dicha sentencia fue confirmada mediante ejecutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en autos del amparo en revisión R-197/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 145 a 218). Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 219 a 220), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En ese sentido, por oficio 30043/2019, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 240), la jueza responsable informó a este órgano de control constitucional que, en audiencia de esa fecha, dejó sin efectos la continuación de la audiencia inicial de seis de junio de dos mil diecinueve, celebrada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Luis Eduardo Jiménez Martínez, quien fungía con el carácter de juez de control, en la causa penal 386/2019 y, en su lugar, ordenó reponer la misma a partir del momento en que se concedió a la defensa de los imputados la oportunidad para pronunciarse respecto de los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso. Y, en esa misma audiencia, dictó auto de vinculación a proceso contra los directos quejosos, y notificó de ello a los peticionarios de amparo, defensa particular y fiscal. Lo que se corrobora con la reproducción del contenido del disco versátil formato DVD que contiene la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Además, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: 1. La jueza responsable, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la continuación de la audiencia inicial de seis de junio de dos mil diecinueve, celebrada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Luis Eduardo Jiménez Martínez. 2. Resolvió, con plenitud de jurisdicción, la situación jurídica de Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, vinculándolos a proceso a las diecisiete horas con trece minutos del propio diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, como sigue: Por lo que hace a Eduardo Salvador Pablo, Alberto Chama Flores y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. En cuanto a José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León y Alexander Ibáñez Robles, por su probable participación (a título de autores materiales), en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. En lo atinente a Marco Antonio León Robles y Gustavo Rojas Rojas, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Y, en relación con Samuel de la Rosa Pineda y Lucio Navor Pardo Villeta, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el artículo 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. 3. Asimismo, remitió las constancias relativas al desahogo de la precitada audiencia donde, además, notificó a las partes de su resultado. En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No es obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el defensor particular de los aquí quejosos en el sentido de que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo -en suma- porque no valoró los datos de prueba vertidos por esa defensa. Sin embargo, tales afirmaciones devienen infundadas, en virtud de que son tendentes a controvertir el fondo de la decisión reclamada, lo que no puede ser analizado en el presente controvertido constitucional, pues entre los efectos del fallo amparador, se dio libertad de jurisdicción a la jueza responsable para que resolviera la situación jurídica de los directo quejosos, sin que este órgano de control jurisdiccional realizara pronunciamiento alguno respecto de cómo debía llevar a cabo el análisis del material probatorio que en su momento ofertaran las partes. Por lo que no es factible que esta autoridad analice los aspectos pretendidos por el defensor en cita, ya que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional sobre el fondo del asunto, lo que no formó parte de los efectos del fallo protector..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 243 y 244), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando dicha vista el defensor particular de los directos quejosos. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que -en lo que interesa- en la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve (fojas 49 a 85), se concedió el amparo para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por los directos quejosos Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas, y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, para que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Joanna Karina Perea Cano, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: a. Deje sin efectos la continuación de la audiencia inicial celebrada el dieciséis de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal 386/2019; y en su lugar la reponga a partir del momento en que se concedió a la defensa de los aquí quejosos la oportunidad para pronunciarse respecto los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso de los imputados; continúe con el debate y siguientes etapas de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de procedimientos Penales; b. Con libertad de jurisdicción resuelva la situación jurídica de Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas, y Erik Eduardo Rojas de la Rosa. En el entendido que deberá ser la Jueza Joanna Karina Perea Cano, quien presida la continuación de la audiencia inicial y, en su momento, resuelva la situación jurídica de los imputados, ya que fue dicha servidora pública quien conoció de la formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso correspondiente." (Fojas 82 vuelta y 83). Dicha sentencia fue confirmada mediante ejecutoria de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en autos del amparo en revisión R-197/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 145 a 218). Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 219 a 220), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En ese sentido, por oficio 30043/2019, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 240), la jueza responsable informó a este órgano de control constitucional que, en audiencia de esa fecha, dejó sin efectos la continuación de la audiencia inicial de seis de junio de dos mil diecinueve, celebrada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Luis Eduardo Jiménez Martínez, quien fungía con el carácter de juez de control, en la causa penal 386/2019 y, en su lugar, ordenó reponer la misma a partir del momento en que se concedió a la defensa de los imputados la oportunidad para pronunciarse respecto de los datos de prueba y motivos expuestos por el fiscal para solicitar la vinculación a proceso. Y, en esa misma audiencia, dictó auto de vinculación a proceso contra los directos quejosos, y notificó de ello a los peticionarios de amparo, defensa particular y fiscal. Lo que se corrobora con la reproducción del contenido del disco versátil formato DVD que contiene la audiencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Además, en cuanto a la valoración de la videograbación de la audiencia de mérito, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: 1. La jueza responsable, el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la continuación de la audiencia inicial de seis de junio de dos mil diecinueve, celebrada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Luis Eduardo Jiménez Martínez. 2. Resolvió, con plenitud de jurisdicción, la situación jurídica de Alberto Chama Flores, Marco Antonio León Robles, Eduardo Salvador Pablo, Samuel de la Rosa Pineda, Lucio Navor Pardo Villeta, José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León, Alexander Ibáñez Robles, Gustavo Rojas Rojas y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, vinculándolos a proceso a las diecisiete horas con trece minutos del propio diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, como sigue: Por lo que hace a Eduardo Salvador Pablo, Alberto Chama Flores y Erik Eduardo Rojas de la Rosa, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. En cuanto a José Guadalupe Navarro Fulido, José Julián Pérez León, Manuel Ulises Cota León y Alexander Ibáñez Robles, por su probable participación (a título de autores materiales), en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. En lo atinente a Marco Antonio León Robles y Gustavo Rojas Rojas, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Y, en relación con Samuel de la Rosa Pineda y Lucio Navor Pardo Villeta, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de: Portación de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; con las agravantes a que se refiere el penúltimo y último párrafo del numeral 83, de la ley indicada. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el artículo 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la citada ley especial. 3. Asimismo, remitió las constancias relativas al desahogo de la precitada audiencia donde, además, notificó a las partes de su resultado. En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. No es obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el defensor particular de los aquí quejosos en el sentido de que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo -en suma- porque no valoró los datos de prueba vertidos por esa defensa. Sin embargo, tales afirmaciones devienen infundadas, en virtud de que son tendentes a controvertir el fondo de la decisión reclamada, lo que no puede ser analizado en el presente controvertido constitucional, pues entre los efectos del fallo amparador, se dio libertad de jurisdicción a la jueza responsable para que resolviera la situación jurídica de los directo quejosos, sin que este órgano de control jurisdiccional realizara pronunciamiento alguno respecto de cómo debía llevar a cabo el análisis del material probatorio que en su momento ofertaran las partes. Por lo que no es factible que esta autoridad analice los aspectos pretendidos por el defensor en cita, ya que ello implicaría emprender un nuevo análisis constitucional sobre el fondo del asunto, lo que no formó parte de los efectos del fallo protector.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por Fidel Martínez Lezama, defensor particular de los directos quejosos, con el que realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, resérvese acordar sobre su contenido hasta en tanto transcurra el plazo concedido a las partes en auto de dieciocho de octubre del presente año, y este órgano de control constitucional se pronuncie respecto a si está o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto.
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