Alberto Chacon Rodriguez
Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Alberto Chacon Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 20, fracción II, del capítulo sexto, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Chacón Rodríguez, por conducto de su apoderado legal ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 566/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El normativo anterior impone la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Por otra parte, resulta conveniente precisar lo siguiente: Los actos que pueden ser reclamados en el juicio de amparo, según su naturaleza se clasifican en: 1. Positivos. Los que representan un hacer de las autoridades. Dentro de estos se encuentran aquellos con efectos negativos, los cuales se materializan cuando la autoridad se rehúsa a acceder a las pretensiones que le fueron formuladas; y con efectos prohibitivos cuando imponen una obligación de no hacer. 2. Negativos. Implican un no actuar de la autoridad (omisión o abstención de hacer). Ahora, los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dan la pauta para identificar cuál es el objeto del juicio de amparo, así como quiénes tienen el carácter de autoridad responsable. Además, cabe recordar que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones y que tendrá la calidad de autoridad en el juicio, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones; sin embargo, de la lectura a la demanda que nos ocupa, particularmente de la ponderación de lo señalado en los capítulos destinados a la precisión del acto reclamado en contraste con los antecedentes del mismo, no es factible identificar en qué consiste la conducta de autoridad -o de particular equivalente a la de autoridad-, contra la que se solicita la tutela constitucional, habida cuenta que lo que se designa como actos reclamados a la autoridad responsable son los siguientes: Sin embargo, en el capítulo de los antecedentes refiere: En ese contexto, existe incongruencia entre los actos reclamados y los antecedentes que narra, que no permite identificar cuáles son los actos que reclama; por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción III, ambos de la ley de la materia, se previene a la parte quejosa dentro del mismo término de cinco días, aclare su demanda y señale en concreto el auto de autoridad que reclama. 1. Indique si lo que atribuye al tribunal laboral es la omisión de acordar el escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés. 2. De no ser esto lo que impugna precise expresamente cuál es la afectación que resiente su poderdante y que impide la continuación del procedimiento laboral. De igual forma narre los antecedentes de los actos que reclama de manera cronológica y congruente. Sustenta lo expuesto la tesis integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En la inteligencia de que el escrito de desahogo, deberá ser realizado por quien promueve la demanda al ser el titular de la acción, motivo por el cual los autorizados no pueden desahogar tal prevención, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no les constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda. Aclaración que deberá exhibir con copias suficientes para la tramitación del juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley de Amparo; a saber, una para la autoridad responsable, una para cada una de la parte tercera interesada y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el lapso indicado, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia; es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Asimismo, por señalados el correo electrónico ********************así como el número telefónico ********************, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales en caso de que éste órgano jurisdiccional lo estime necesario. Con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar y notificarse del presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, al usuario ********************, que corresponde a ********************, lo que se verificó en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0)". Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.
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