Alberto Cerón Torres

Expediente 1226/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1226/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Alberto Cerón Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, conforme lo establece el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    SENTENCIA.- ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables; así como por lista a la parte quejosa y al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, en términos del artículo 26, fracciones II, inciso a); y, III de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Carlos Alberto García López, que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la celebración de la audiencia constitucional. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la ampliación de demanda de amparo, sin que a la fecha la parte quejosa hubiese presentado escrito alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa, por el que pretende ampliar su demanda de amparo en contra de los actos que a continuación se insertan: "(.) (.)" Antes de acordar lo conducente, se precisa que el artículo 111 de la Ley de Amparo vigente, que prevé la figura jurídica de la ampliación de la demanda de amparo, la cual confiere a la promovente de amparo un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de este derecho debe sujetarse a determinados requisitos, establecidos como presupuestos procesales para su procedencia; entre ellos, que no se haya cerrado o integrado la litis; o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos aparezcan datos no conocidos por el quejoso; en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado; se adviertan actos distintos de los originalmente reclamados, o en su caso, se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero para ello debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y anexos, se advierte que esencialmente la parte quejosa señala como acto reclamado: "(.) (.)" En ese sentido, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese contexto, en relación con los actos reclamados consistentes en el oficio DRMVM/GC/0417/2021 de ocho de julio de dos mil veintiuno así como sus efectos y consecuencias, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217 ambos de la Ley de Amparo. El primero de los preceptos referidos establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, prevé: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatorio para estas tratándose de la que decrete el pleno, y demás para los Pleno de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgado de distrito, tribunales militares administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito en obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito en obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efectos en perjuicio de persona alguna." El artículo ante citado, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida, entre otros órganos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, y demás tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, así como tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En ese sentido, la razón de la improcedencia anunciada, se encuentra ilustrada en la jurisprudencia 2017817, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." De una interpretación a dicho criterio, se observa que no es procedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto respecto de la contestación que el funcionario o empleado público emita a la petición, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el por el instituto en su carácter de administrador de fondos, por lo que el quejoso deberá estarse a los establecido en los artículo 52 y 53 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En ese sentido, dicho criterio obligatorio establece la improcedencia del juicio de amparo en contra del oficio DRMVM/GC/0417/2021 de ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se dio atención a los escritos de petición de veinte de abril y quince de junio de dos mil veintiuno, presentados por la parte quejosa en los que en esencia solicitó una aclaración y corrección respecto al crédito hipotecario que le fue otorgado; así como, se le informara la aplicación de la cobertura de seguro de daños respecto a su contrato de crédito de vivienda, respectivamente. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha la ampliación de demanda propuesta por el quejoso, con fundamento en los artículos 61, fracción XXII y 217, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que este órgano jurisdiccional, por acuerdo de cuatro de noviembre del presente año, haya dado vista para ampliar con el oficio DRMVM/GC/0417/2021 de ocho de julio de dos mil veintiuno, toda vez que, en el referido auto, se hizo de su conocimiento que la ampliación de demanda no prejuzgaba sobre la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos que se reclamen, puesto que tal aspecto debía ser analizado en el momento procesal oportuno, circunstancia que en la especie se realizó. Ello en razón de que como ya se analizó en los párrafos previos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es improcedente la ampliación respecto de la contestación que el funcionario o empleado público emita a la petición, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el por el instituto en su carácter de administrador de fondos. Ahora bien en cuanto hace a los siguientes actos: "(.) (.)" A efecto de acordar lo conducente, debe precisarse que en este juicio de amparo se admitió a trámite esencialmente en contra de la omisión en emitir la resolución correspondiente en el recurso de inconformidad con número RC.METR 6/2021, así como la omisión de contestar los escritos petitorios de veinte de abril y quince de junio de dos mil veintiuno. En ese tenor, la ampliación de la demanda de amparo es una institución que confiere a la parte quejosa un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada nuevas autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación, distintos a los originalmente planteados; sin embargo, su admisión se encuentra condicionada a que esas nuevas cuestiones guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Así, dado que los actos que pretende reclamar en vía de ampliación consisten en: (.) (.)" Como se advierte la imagen ante insertada, la quejosa señala como nuevos actos reclamados la omisión en dar contestación al diverso escrito petitorio de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, así como la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria de la Comisión de Inconformidad del Instituto del Fondo de Ahorro Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, actos que son ajenos a la litis en el presente asunto, pues es trata de una petición y una resolución diversas a las inicialmente señaladas que guardan autonomía. Expuesto lo anterior, se estima que los actos reclamados propuestos en la ampliación de demanda que presenta no derivan de la omisión en dar contestación a los escritos petitorios de veinte de abril y quince de junio de dos mil veintiuno ni en la omisión de resolver el recurso de inconformidad con número RC.METR 6/2021, y lo cierto es que se trata de actos que no guardan relación con los primigeniamente reclamados en la demanda de amparo; por tanto, este juzgado únicamente analizara dichos actos. Máxime que mediante oficio DRMVM/GC/0417/2021 de ocho de julio de dos mil veintiuno y la resolución del recurso de inconformidad con número RC.METR 6/2021, se encuentran atendidos los escritos petitorios de veinte de abril y quince de junio y de escrito de recurso de inconformidad de diez de septiembre, todos de dos mil veintiuno. En ese sentido, no procede la ampliación de demanda sobre dichos actos, toda vez que a través de ésta la parte quejosa puede incorporar a la litis constitucional ya iniciada nuevas autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; pero su ejercicio se encuentra sujeto, al cumplimiento de determinados requisitos de procedencia establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo: Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en artículo 17 de esta Ley. De conformidad con lo anotado, la parte quejosa puede ampliar la demanda de amparo por tener conocimiento de nuevos actos o autoridades y formular diversos conceptos de violación, siempre y cuando guarden relación con los actos inicialmente planteados, apreciar lo contrario implicaría que todos aquellos actos que no estén vinculados a los reclamados pudieran ser objeto de una nueva ampliación de demanda, cuestión que no es dable de acontecer jurídicamente. Es aplicable al caso, la tesis VI.2o.C. J/240, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1339, Tomo IX, enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS." En mérito de lo anterior, en atención a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial, dado lo expuesto en párrafos que anteceden y en virtud de que se promueve una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, previa copia certificada que obra en autos, se ordena remitir el escrito de ampliación de mérito a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente y el Juez que por razón de turno conozca de aquélla acuerde lo que en derecho corresponda. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), del Tribunal Pleno, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5 de rubro y texto siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Finalmente, glósese a los autos el escrito de la parte quejosa registrado con el folio 21618, atento a su contendido, téngase por realizadas las manifestaciones a título de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de tomarlos en el momento procesal oportuno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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