Alberto Carlos Labastida Barrios
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo
- Alberto Carlos Labastida Barrios
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que el siete de junio del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número 313/2023 de su índice. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que las partes del presente juicio fueron debidamente notificadas de los proveídos de veintiocho de abril y diecisiete de mayo de la presente anualidad, respectivamente. En consecuencia, previa autorización de consulta del expediente electrónico, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, en Turno, para la substanciación del recurso de revisión que hizo valer ***autorizado de la parte quejosa Alberto Carlos Labastida Barrios, contra del auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés; en virtud de ello, se ordena remitir el original del escrito de agravios mediante oficio que se gire al respecto. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta remitido por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por este Juzgado Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en comento.****************************************Por lo anterior, córrase traslado con copia del escrito de expresión de agravios a las partes y, una vez que se encuentren debidamente integrados, dispóngase los autos electrónicos de este asunto al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del citado recurso.****************************************Finalmente, hágase las anotaciones y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuentan signado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable citada. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las siguientes: Copia certificada del expediente administrativo que integra la solicitud 23220008164. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. Mismas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, téngasele como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en su oficio que se recibe; así como por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que precisa en la comunicación de cuenta. Ahora, conviene señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios ingresado para su inscripción el veinticinco de julio de dos mil veintidós, correspondiente a la parcela 480 del Ejido Tres Reyes, municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica únicamente la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso que se analiza, de las documentales aportadas por la autoridad responsable en su informe justificado, se desprende que dejó de surtir efectos en la esfera jurídica del quejoso el acto reclamado, consistente en la omisión de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios ingresado para su inscripción el veinticinco de julio de dos mil veintidós, correspondiente a la parcela 480 del Ejido Tres Reyes, municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo. Se afirma lo anterior porque hasta a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se había emitido la calificación registral, lo que se corrobora con el informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo y sus anexos, en el que refirió que fue hasta el veinte de abril de dos mil veintitrés, en que dio respuesta a la solicitud número 23220008164 relativo al contrato de enajenación de la parcela 480 del ejido Tres Reyes, municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, presentada por el quejoso el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la que determinó emitir calificación registral negativa. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia en cita, pues el acto reclamado dejó de existir, en razón de que el veinte de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable emitió la calificación registral presentado por el quejoso el veincinco de julio de dos mil veintidós; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, sin que sea necesario esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que la actualización de la causa de improcedencia y sobreseimiento es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio constitucional. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que en el caso, se torne útil la "vista a las partes" que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado antes recibido, pues, como quedó visto, la omisión de la autoridad de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios, ha sido superada con todos sus efectos desde el momento en que la responsable emitió la negativa del servicio registral, al no cumplir la solicitud las condiciones que exige para ello la ley de la materia. Tomando en cuenta además que, la negativa de calificación registral contenida en el informe justificado emitido en autos por la autoridad responsable que, no es como tal, el supuesto previsto en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que cuando la autoridad en su informe complemente los aspectos de fundamentación y motivación reclamados en la demanda, deberá correrse vista a la parte quejosa para manifieste su deseo de ampliar la demanda; esto es así, porque tal decisión no deriva propiamente del ejercicio de un derecho de petición autónomo - aunque el acto originario se trate de una omisión - , ni se reclamó alguno por falta de fundamentación y motivación, sino el nuevo acto - negativa de calificación registral -, deviene de un procedimiento administrativo de enajenación en forma de juicio, respecto del cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha definido postura como se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 801, registro digital 160116, décima época, cuyo título y texto, don del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Por ello se sostiene que deviene innecesario correr vista a las partes con el informe y sus anexos, ya que la cesación es manifiesta e indudable y ningún medio justifica esperar a resolver hasta la audiencia el juicio si se obtiene el mismo resultado hasta aquí alcanzado, ya que tampoco se priva del derecho defensa a la parte quejosa de ofrecer pruebas, pues; como se dijo, la cesación del acto reclamado, es insuperable y nada puede variar la decisión hasta aquí alcanzado respecto de la omisión originalmente reclamada, por el contrario, proseguir el juicio hasta la audiencia final, trastocaría el principio de expedites procesal y justicia pronta, contenidos en el numeral 17 de la Carta Magna. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés. Háganse las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Reyna Oliva Fuentes López, Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistida de la licenciada Silvia Esteffany Alpuche Betancourt, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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