Alberto Carlos Labastida Barrios
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alberto Carlos Labastida Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
II- Vista la certificación de cuenta, así como el estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia dictada el 11 de julio de 2023 en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio, promovido por Alberto Carlos Labastida Barrios, respecto de los actos que reclamó del delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a la fracción X, del artículo 15 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es de relevancia documental, por lo que será transferido al archivo de concentración una vez que cumpla tres años de haberse dictado la presente determinación [en la cual se ordena su archivo como asunto concluido]. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes, ni se apertura incidente se suspensión; además y que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
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II- R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Carlos Labastida Barrios, contra el acto que reclamó al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, por las razones expuestas en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a Alberto Carlos Labastida Barrios, contra el acto que reclamó al la Registradora Integral adscrito a Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, por las razones expuestas en la consideración séptima de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración octava de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración novena de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
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II Agréguese el oficio con anexo, mediante el cual rinde su informe justificado la autoridad responsable siguiente: N°AutoridadSentido1 Registradora Integral adscrita a la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, en esta ciudad. Cierto En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y anexo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en el que oficio que se provee. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que exhibe la autoridad oficiante, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En efecto, toda vez que en esta propia fecha se ordena dar vista a las partes con el oficio y anexo que hoy se provee; con el objetivo de que las partes tengan conocimiento de lo anterior con la anticipación a que alude el párrafo segundo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, se dispone a diferir anticipadamente la audiencia constitucional del presente asunto, señalada para tener verificativo a las 12:00 del 28 de junio de 2023; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las 11:35 del 11********************. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio, y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados. Notifíquese.
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II Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a la Registradora Integral Adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, a efecto de que rinda su informe justificado, siendo que el oficio 13432/2023 se notificó el 30 de mayo de 2023. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las 12:00 del 28 de junio de 2023, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista.
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