Alberto Cantera Cerezo
Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alberto Cantera Cerezo
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Alberto Cantera Cerezo, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-VII
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 725/2021-VII-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal tenor, vista la demanda promovida por Alberto Cantera Cerezo contra un acto de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se acuerda: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Alberto Cantera Cerezo, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al examinar la demanda de amparo se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" La actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la legislación de la materia. Tiene aplicación la tesis aislada P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, el acto reclamado por el quejoso Alberto Cantera Cerezo consiste en la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que dirimió el recurso de reclamación que interpuso contra el auto de diez de marzo del mismo año, emitido a su vez en el juicio de nulidad de origen. En ese tenor, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró el promovente en el escrito de demanda, se desprende que en el acto reclamado, la autoridad responsable determinó declarar infundado el agravio hecho valer por el actor en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó la prueba testimonial en el juicio génesis; por tanto, dicha actuación no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen (esto es, la sentencia que se emita en el juicio de nulidad), si ésta es favorable a los intereses del quejoso, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlo a través del juicio de amparo directo como violación procesal, como lo dispone el ordinal 170 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio. En ese sentido, tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la resolución que ponga fin al juicio, en términos de lo dispuesto en el arábigo 174 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo del citado acto se vulneraron los derechos de la parte quejosa, trascendiendo tal transgresión al resultado del juicio. Sin que en el caso se advierta que se trate de un acto que pudiera tener una ejecución de imposible reparación, porque no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, o en los tratados internacionales en los que México es parte, sino simplemente, en su caso, derechos adjetivos meramente intraprocesales. Al caso encuentra apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 3a./J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Parte V, Primera Parte, pagina 236, que por igualdad de razón, sostiene: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25, página 52)." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Alberto Cantera Cerezo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Haya número 473, fraccionamiento Parque los Encinos, código postal 42185, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tiene al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alid Zuldeyre Orihuela Verdugo, Carlos Enrique Nieblas Beltrán, Juan José Bernal Guerra, Marcela Edith Bermúdez Lugo, Sevigne Patricia Guadalupe Salas Peña y José Alberto Bustamante Gutiérrez, únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Servin Arias; lo anterior, en atención a que este último no acreditó encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; además, no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). De igual manera, como lo refiere el promovente, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a María Adriana Mena Valdez, Manuel Tadeo Córdova Barrón, Francisco Alberto Ceballos Rodríguez, Carlos Alberto Cruz Paz, Jorge Aníbal Estrella Banda, Bryan Karim Fuentes Duran, Oscar Ricardo Lara Rodríguez, Javier Antonio Haro Cerpa y Janet Olivia Juárez Jiménez. PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico alid.z_orihuela@hotmail.com, a fin de que personal de este juzgado federal establezca el contacto respectivo, en caso de ser necesario. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 21 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la realización de los trámites correspondientes para permitir la consulta del expediente electrónico que derive de este juicio al usuario "ALIDORIHUELA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitudes de copias...M-VII
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de CATORCE de JUNIO de 2021, en el/la que se determinó:...EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 725/2021-VII-A; asimismo, se ordena realizar la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tal tenor, vista la demanda promovida por Alberto Cantera Cerezo contra un acto de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se acuerda: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Alberto Cantera Cerezo, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, al examinar la demanda de amparo se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" La actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la legislación de la materia. Tiene aplicación la tesis aislada P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, el acto reclamado por el quejoso Alberto Cantera Cerezo consiste en la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que dirimió el recurso de reclamación que interpuso contra el auto de diez de marzo del mismo año, emitido a su vez en el juicio de nulidad de origen. En ese tenor, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró el promovente en el escrito de demanda, se desprende que en el acto reclamado, la autoridad responsable determinó declarar infundado el agravio hecho valer por el actor en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que desechó la prueba testimonial en el juicio génesis; por tanto, dicha actuación no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen (esto es, la sentencia que se emita en el juicio de nulidad), si ésta es favorable a los intereses del quejoso, y en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlo a través del juicio de amparo directo como violación procesal, como lo dispone el ordinal 170 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio. En ese sentido, tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la resolución que ponga fin al juicio, en términos de lo dispuesto en el arábigo 174 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo del citado acto se vulneraron los derechos de la parte quejosa, trascendiendo tal transgresión al resultado del juicio. Sin que en el caso se advierta que se trate de un acto que pudiera tener una ejecución de imposible reparación, porque no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, o en los tratados internacionales en los que México es parte, sino simplemente, en su caso, derechos adjetivos meramente intraprocesales. Al caso encuentra apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 3a./J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Parte V, Primera Parte, pagina 236, que por igualdad de razón, sostiene: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25, página 52)." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Alberto Cantera Cerezo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 1, fracción I, párrafo tercero, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario del Portal de Servicios en Línea, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realice de manera electrónica y que tenga firma electrónica vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Haya número 473, fraccionamiento Parque los Encinos, código postal 42185, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. AUTORIZADOS. Se tiene al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alid Zuldeyre Orihuela Verdugo, Carlos Enrique Nieblas Beltrán, Juan José Bernal Guerra, Marcela Edith Bermúdez Lugo, Sevigne Patricia Guadalupe Salas Peña y José Alberto Bustamante Gutiérrez, únicamente para oír y recibir notificaciones a Eduardo Servin Arias; lo anterior, en atención a que este último no acreditó encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; además, no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). De igual manera, como lo refiere el promovente, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a María Adriana Mena Valdez, Manuel Tadeo Córdova Barrón, Francisco Alberto Ceballos Rodríguez, Carlos Alberto Cruz Paz, Jorge Aníbal Estrella Banda, Bryan Karim Fuentes Duran, Oscar Ricardo Lara Rodríguez, Javier Antonio Haro Cerpa y Janet Olivia Juárez Jiménez. PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al promovente proporcionando la cuenta de correo electrónico alid.z_orihuela@hotmail.com, a fin de que personal de este juzgado federal establezca el contacto respectivo, en caso de ser necesario. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 21 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la realización de los trámites correspondientes para permitir la consulta del expediente electrónico que derive de este juicio al usuario "ALIDORIHUELA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitudes de copias...VII
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- Alberto Carlos Alvarez Téllez260/2022
- Alberto Castelán Gómez488/2020
- Alberto Dorantes Cervantes1494/2021
- Alberto Fracisco Nava Plascencia113/2017
- Alberto Giovani Flores Rangel196/2021
- Alberto Gómez Chávez989/2021