Alberto Cano Espinoza
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- Alberto Cano Espinoza
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente, Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa Alberto Cano Espinoza; respecto a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintitrés de diciembre pasado; en la que se le requirió para efecto de que precise si a la fecha fue notificado de alguna determinación emitida por el Juez responsable con el propósito de citarlo para la audiencia de formulación de imputación, en la causa penal 3463/2020, y número único de caso 04-2020-29353, que se instruye en su contra; esto con motivo de la ejecución de la resolución emitida en el toca penal número N-0450/2022, del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con residencia en Mexicali; a lo que en contestación a la misma manifiesta lo siguiente: "en fecha 19 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 19:45 horas, fui notificado de determinación emitida por la Juez señalada como responsable, con el propósito de citarme a audiencia de formulación de imputación, a las nueve horas del día veintiocho de diciembre del dos mil veintidós, en la causa penal 3463/2020 y numero de caso 04-2020-29353, que se instruye en mi contra con motivo de la resolución emitida en el toca penal número N-0450/2022, del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California." Ahora bien, precisado lo anterior y en concordancia con lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo se advierte que éste encamina su reclamo contra los actos que reclama de los Magistrados Integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y otra autoridad, que hace consistir en: Resolución de fecha 12 de diciembre de 2022, del toca penal número N-0450/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Miguel Antonio Loza Guinuez, con carácter de víctima en contra de la determinación que decretó la improcedencia de señalar nueva fecha para la celebración de audiencia inicial de formulación de imputación, de fecha 24 de agosto de 2022, por la Licenciada Verónica Carolina Cataño González, Jueza de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en la causa penal número 3463/2020, y número único de caso 04-2020-29353, que se institruye a los imputados Alberto Cano Espinoza y Rafael López Barrera, por el hecho que la ley describe como delito de fraude, por considerar que viola mis garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. De la segunda autoridad señalada como responsable en su calidad de ordenadora reclamo la ejecución de la Resolución antes mencionada, como lo es la revocación de la resolución de fecha 4 de agosto del 2022, en la causa penal 3463/2020, y número único de caso 04-2020-29353, que se institruye a los imputados Alberto Cano Espinoza y Rafael López Barrera, por el hecho que la ley describe como delito de fraude. Asimismo, de la segunda autoridad señalada como responsable en su calidad de ejecutora reclamo las resoluciones subsecuentes que llegara a dictar. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Los preceptos citados señalan textualmente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Así se desprende de la tesis LVII/2004, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, que dice: Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no trastocan derechos fundamentales, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. Ahora, a fin de abordar el caso que nos ocupa, cabe señalar que el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. Así, el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si en la especie se reclama la determinación del toca penal número N-0450/2022, en contra de la determinación que decretó la improcedencia de señalar nueva fecha para la celebración de audiencia inicial de formulación a imputación, en la causa penal número 3463/2020, instruida en contra de la parte quejosa (y otro), así como la ejecución de la resolución referida. Es decir, como consecuencia, la procedencia para señalar fecha para audiencia inicial, y la nulidad del auto de no vinculación a proceso dictado en favor del promovente del amparo y la citación correspondiente, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues esa actuación en específico no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de sus derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse en su caso el auto de vinculación a proceso que de ser procedente a criterio del Juzgador se emita en su contra, si es que existe violación que trascienda en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, el siguiente criterio, que es de rubro y contenido siguiente: En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la parte quejosa verá limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer clara la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sustenta esta determinación la jurisprudencia J/13, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 538, registro 202290, cuyo texto es el siguiente: A mayor abundamiento, es menester precisar que la intención subyacente de la parte quejosa consistente en evitar que en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala responsable se judicialice la carpeta de investigación y la formulación de la audiencia inicial, no resulta factible para tornar procedente la instancia constitucional; pues como ya se explicitó, la judicialización de la indagatoria no implica automáticamente que se estime idónea para sujetar al quejoso a una investigación formalizada, y la realización de la audiencia de imputación sin detenido tampoco coloca al impetrante en un contexto vulnerable; máxime que, conforme a las características y atributos procesales y sustantivos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, establecidos tanto en la Constitución Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Juez debe, previo a escuchar a las partes en igualdad de condiciones, resolver de manera razonable y ponderada, si se colman los extremos para estimar viable la continuación del proceso penal, lo que puede ocurrir o no. Aunado a que la parte quejosa estará en plena aptitud de manifestar ante el Juez de Control lo que estime conveniente a sus intereses, ofrecer los datos de prueba que considere oportunos, y alegar respecto del valor de aquéllos; todo bajo la protección de una defensa legal adecuada que debe garantizar aquél. En ese sentido, resulta patente la improcedencia del presente juicio de amparo; pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Lo que ocurre en el caso, pues como ya se dijo, se verificará la afectación de imposible reparación, en su caso, sí y solo sí, se emite una resolución que vincule a la parte quejosa al proceso penal sujetándola a una investigación formalizada respecto del ilícito que se le imputa. Es aplicable por las consideraciones jurídicas que expone, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, con registro digital 2018828, del tenor literal siguiente: De ahí que, al no advertir este órgano jurisdiccional una transgresión directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V del mismo ordenamiento, aplicada esta última en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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