Alberto Campos Hernández
Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Campos Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con la cual se da cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días, que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes que se encuentran legitimadas para ello, hubiesen interpuesto recurso de revisión, contra la resolución dictada en autos, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. archívese el expediente como asunto concluido. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. . . . , se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. . . . , hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Dese cuenta con lo determinado en el presente auto, en los cuadernos incidentales formados con motivo de la suspensión solicitada.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 693/2020-V, de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: . . . , se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción en el plazo de tres años, contado a partir de esta fecha, bajo los lineamientos precisados en dicho numeral, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva; mientras que el duplicado del cuaderno incidental, es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Debe decirse que el presente incidente de suspensión no se considera de relevancia documental. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de Ecatepec, Estado de México, a través del cual, rinde su informe justificado, negando la existencia del acto reclamado y remitiendo las constancias para acreditarlo. Ahora bien, del escrito de petición constitucional se aprecia que Alberto Campos Hernández, promovió la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, reclamando por parte de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Ecatepec, Estado de México, la omisión de emitir laudo, en el juicio labora SAE 123/2016, promovido por Alberto Campos Hernández, contra el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México. En tanto que, con el oficio de cuenta, el Presidente de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de Ecatepec, Estado de México, informó que en el presente juicio de amparo existe una notoria causa de improcedencia, toda vez que el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se emitió el laudo en el juicio de origen. Para robustecer lo anterior, remitió la copia certificada de la referida determinación y las constancias de su notificación; documentales que gozan de eficacia probatoria plena, por tratarse de documentos públicos, según lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en tanto que, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Documentales de las que se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil veinte), sí existía jurídicamente la omisión reclamada; sin embargo, el veintidós de septiembre del año en curso, se emitió dicha determinación. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de Ecatepec, Estado de México, de emitir laudo en el juicio de origen; sin embargo, la citada autoridad, informó y acreditó que la emisión de tal determinación se llevó a cabo el veintidós de septiembre pasado. Bajo ese contexto, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que la autoridad señalada como responsable había sido omisa en dictar laudo en el juicio de origen; lo cierto es, que al haber emitido dicha determinación, han cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" Luego, resulta necesario distinguir la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, en el caso, la omisión reclamada en el escrito de demanda de amparo, se traduce en una dilación procesal, cuya naturaleza es una abstención, misma que se encuentra entre los actos negativos. Consiguientemente, al momento en que la Sala responsables emitió laudo dentro del juicio labora SAE 123/2016, promovido por Alberto Campos Hernández, contra el Ayuntamiento de Atlautla, Estado de México, volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, se respetó el derecho que la parte quejosa consideró vulnerado, y se garantizó el cumplimiento del mismo, por lo que cesaron los efectos de la litis constitucional. . . . En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. . . . Aunado a que el auto emitido por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. . . . Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Campos Hernández, contra la omisión reclamada a la Sala Auxiliar de Ecatepec del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de Ecatepec, Estado de México, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causa que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por las autoridades responsables, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veinte.
- Incidental
Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Alberto Campos Hernández, contra el acto que reclama de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Ecatepec, Estado de México, por los razonamientos expuestos en la presente resolución.
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