Alberto Campos Aguero

Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
569/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Alberto Campos Aguero

Actuaciones

  1. Principal

    V- Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión pública por videoconferencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emitida dentro del conflicto competencial 17/2022, de su índice, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para conocer del juicio de amparo promovido por Alberto Campos Agüero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Remítanse los autos a la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún." Ahora, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno, así como en el Libro de Gobierno de Comunicaciones Oficiales Recibidas que lleva este Juzgado de Distrito, y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    V- Agréguese el oficio 6419/2022, del actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el cual, transcribe el proveído de 4 de agosto del año en curso, emitido en el Conflicto Competencial 17/2022 donde se advierte que recibió en conflicto competencial el juicio de amparo 880/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, y se da aviso a este juzgado federal, para que dentro del plazo de tres días, exponga lo que estime pertinente. En atención al aviso dado, se expone a la Superioridad que en proveído de 12 de julio al año en curso, respetuosamente este juzgado expuso los argumentos por los que disintió de los planteados por el juzgado declinante, cuyo argumento toral estriba en que la emisión del acto reclamado (falta de emplazamiento) se ubica en la ciudad de Chetumal, que es la capital del Estado de Quintana Roo, dado que es dicha autoridad responsable quien incurrió en la falta de hacer de la que se duele el quejoso. Sin embargo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, reitera que no comparte las consideraciones y fundamentos por los cuales se declinó la competencia, en virtud de que para el caso de asuntos donde la materia de reclamo sea la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, de emplazarlo al juicio agrario 9/2013 y su acumulado 2950/2013 de su índice; respecto de lo cual, cabe destacar, de la demanda de amparo se advierte la afirmación en el sentido de ser ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo. Empero, no debe soslayarse que la parte quejosa no solo reclama esa omisión, sino también reclama las órdenes de desalojo, desposesión, lanzamiento o cualquier tipo de mandamiento que tenga por objeto privarlo total o parcialmente de los derechos ejidales que tiene respecto de los certificados parcelarios 2045, Z4 P1, 1882 Z1 P1 y 1881 Z1 P1, de parcelas ubicadas en el ejido Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez en Tulum, Quintana Roo, y su ejecución, lugar donde sí ejerce jurisdicción el juzgado declinante, actos que se eluden considerar en el planteamiento de la incompetencia. Por tanto, la falta de emplazamiento y restantes actos que conllevan actos de ejecución no se actualizan en esta jurisdicción, sino en donde han de ejecutarse, por ende, no se comparte la idea de que por el hecho de que la autoridad responsable tenga su domicilio en esta ciudad, se asuma como presupuesto para declinar la competencia, pues lo cierto es que el emplazamiento que se reclama se omite realizar en el lugar donde dice estar avecindado el afectado y los actos materiales en contra de la posesión que defiende son respecto de unas parcelas ubicada en Tulum, Quintana Roo, esto es, dentro de la jurisdicción del órgano declinante, y donde este Juzgado Primero de Distrito no tiene jurisdicción, de lo que se concluye que es competente para conocer del juicio el Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda. Aunado a que, cuando en una demanda de amparo se reclaman actos que sí tengan ejecución y otros que no lo tienen, al interpretar el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, -pero de igual contenido al del 37 de la vigente- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que ante la falta de regulación expresa para el caso, la competencia se finca a favor del juez de amparo que previno de la demanda. Lo anterior quedó asentado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.),2 siguiente a saber: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO" Registro digital: 2003502, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 22/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Tipo: Jurisprudencia. Por lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mantiene la postura establecida en el acuerdo de 12 de julio de 2022, de no ser en el caso el juzgado competente, pues de considerarse que el acto como lo plantea el juzgado declinante no requiera ejecución material, eludiendo a los que sí lo tienen, de todas maneras conforme lo establecido en el numeral 37 en su párrafo tercero de la Ley de Amparo, es competente el juez de distrito declinante en cuya jurisdicción se ha presentado originalmente la demanda. Notifíquese.

  3. Principal

    V- Agréguese el oficio de la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que remite copia autorizada del acuerdo de veinte de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 880/2020 de esa estadística, del que se advierte que insiste en declinar competencia para conocer del asunto y remitió los autos del citado juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, a fin de que se integre el correspondiente conflicto competencial; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales subsecuentes. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    V- Se tiene por recibido el oficio firmado por la actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, y anexos que acompaña consistentes en el expediente original relativo al juicio de amparo 880/2020, promovido por Alberto Campos Agüero, en su carácter de ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez, así como del acuerdo de 1 de julio de 2022, de cuyo contenido se advierte que estima carecer de competencia para seguir continuar conociendo del referido juicio de amparo. En tal virtud, se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 569/2022-V-A. De las constancias que integran el presente asunto, se advierte por auto de 1 de julio de 2022, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia para continuar conociendo de la indicada demanda de amparo por el acto que la parte quejosa hizo consistir en lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio agrario 9/2013 y su acumulado 2950/2013, del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y como consecuencia todo lo actuado en el juicio, incluidas las órdenes de desalojo, desposesión, lanzamiento o cualquier tipo de mandamiento que tenga por objeto privarlo total o parcialmente de los derechos ejidales que tiene respecto de los certificados parcelarios 2045, Z4 P1, 1882 Z1 P1 y 1881 Z1 P1, del ejido Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, y su ejecución. Lo anterior, al concluir que el acto reclamado se traduce en una omisión [falta de emplazamiento a juicio] por parte de la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, cuya residencia se encuentra en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo; por tanto, aplicable en sentido contrario el criterio jurisprudencial 2a./J. 110/2013 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Este Juzgado de Distrito, respetuosamente disiente de los argumentos expuestos y no comparte las consideraciones y fundamentos por los cuales se declina la competencia. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Ahora, para el caso de asuntos donde la materia de reclamo sea la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, pues mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como de las normas procesales que en cada materia contemple tal obligación; violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. Así lo puntualizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y concluyó que la competencia para conocer del amparo indirecto en el que se reclama la omisión de emplazar al juicio, se surte en favor del juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde habrá de llevarse a cabo la correspondiente notificación. Esto al tenor de la jurisprudencia 2a./J.17/20221, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se 1 Registro digital 2024553, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 17/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Jurisprudencia. obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo.". El anterior criterio es el que estima aplicable para el caso concreto y no el diverso citado por el Juzgado Cuarto de Distrito, que incluso se refiere a la reclamación del emplazamiento por vicios propios y no por su ausencia. Es destacable precisar que no se deber perder de vista que lo que el quejoso reclama es la falta de llamamiento al juicio de origen, lo cual es el motivo por el que acude al juicio de amparo. Por lo que al margen de referencias o conceptos sobre la denominación con que se atribuiría a su condición de parte procesal dentro del juicio, lo cierto es que esa circunstancia no puede ser tomada como limitante para atender en su integridad el acto con relación al interés del demandante de amparo. Así, la falta de emplazamiento al demandado, es lo que a primera vista, podría entenderse como el incumplimiento al deber de notificar a quien necesariamente, por tener intereses afectados- es parte procesal. No obstante, la jurisprudencia invocada también se estima aplicable para este asunto, pues aún sin definirse si el quejoso es o no "parte demandada", no podría soslayarse su reclamo original, el que se concentra precisamente en que la autoridad responsable lo debe llamar a juicio y ahí es precisamente cuando cobra vigencia el supuesto fáctico establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en esta ciudad, de emplazarlo al juicio agrario 9/2013 y su acumulado 2950/2013 de su índice; respecto de lo cual, cabe destacar, de la demanda de amparo se advierte la afirmación en el sentido de ser ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo. No solo eso, la parte quejosa también reclama las órdenes de desalojo, desposesión, lanzamiento o cualquier tipo de mandamiento que tenga por objeto privarlo total o parcialmente de los derechos ejidales que tiene respecto de los certificados parcelarios 2045, Z4 P1, 1882 Z1 P1 y 1881 Z1 P1, de parcelas ubicadas en el ejido Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez en Tulum, Quintana Roo, y su ejecución, lugar donde sí ejerce jurisdicción el juzgado declinante, actos que elude considerar en el planteamiento de la incompetencia. Por tanto, la falta de emplazamiento y restantes actos que conllevan actos de ejecución no se actualizan en esta jurisdicción, sino en donde han de ejecutarse, por ende, no se comparte la idea de que por el hecho de que la autoridad responsable tenga su domicilio en esta ciudad, se asuma como presupuesto para declinar la competencia, pues lo cierto es que el emplazamiento que se reclama se omite realizar en el lugar donde dice estar avecindado el afectado y los actos materiales en contra de la posesión que defiende son respecto de unas parcelas ubicada en Tulum, Quintana Roo, esto es, dentro de la jurisdicción del órgano declinante, y donde este Juzgado Primero de Distrito no tiene jurisdicción, de lo que se concluye que es competente para conocer del juicio el Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda. Aunado a que, cuando en una demanda de amparo se reclaman actos que sí tengan ejecución y otros que no lo tienen, al interpretar el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, -pero de igual contenido al del 37 de la vigente- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que ante la falta de regulación expresa para el caso, la competencia se finca a favor del juez de amparo que previno de la demanda. Lo anterior quedó asentado en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.),2 siguiente a saber: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo 2 Registro digital: 2003502, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Civil, Tesis: 1a./J. 22/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, Tipo: Jurisprudencia. párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad.". Sumado a lo anterior, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, ponderado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia invocada, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado la demanda de amparo ante la jueza de Distrito que previno de la demanda, permite presumir fundadamente que resulta ser de más fácil acceso material para el justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un juez con jurisdicción en la localidad donde se ubican las parcelas que defiende involucradas en un juicio donde no fue emplazado en el sitio donde están las parcelas en litigio, y no al del otro territorio relacionado, donde sólo tiene su sede la autoridad responsable. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por Alberto Campos Agüero, en su carácter de ejidatario del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y en atención a lo solicitado, ténganse como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joaquín Antonio Burgos Pacheco y Elmer Adrian Rodríguez García y en términos restringidos del citado numeral a Angélica Jáuregui Alarcón y Enrique Barrios Medina, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese por lista y por oficio al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo.

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