Alberto Camacho Gúzman

Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Alberto Camacho Gúzman
  • Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes...

  2. Principal

    1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES Y SU OPERANCIA. Tomando en consideración que el día diecinueve de los actuales feneció el plazo fijado en las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 en las que se regresó temporalmente al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del citado Consejo que disponía la suspensión de los plazos y términos con ciertas salvedades, se levanta la suspensión antes indicada en este juicio. Ello, destacando además que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que dicho levantamiento implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. 2. Notificación. De lo asentado en la certificación de cuenta se observa que, la parte tercera interesada Instituto Mexicano del Seguro Social no ha sido notificada del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, con el que se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector. Por lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que podrá enviarse mediante el uso de los medios electrónicos, practíquese dicha notificación a la referida parte.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. 1. EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, así´ como el estado de autos, y en atención a que transcurrió el plazo legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para interponer recurso revisión, hubieren interpuesto dicho medio de impugnación en contra de la resolución constitucional que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alberto Camacho Guzmán, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. En el entendido que la responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad jurisdiccional carece de legitimación para interponer recurso de revisión. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, derivada de la contradicción de tesis 44/98-PL, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, se impone requerir mediante oficio a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sea notificado de este auto, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector y envíe las constancias que así lo acrediten. En ese orden, no se omite señalar que los efectos de la concesión de amparo, consisten en que la autoridad responsable realice lo siguiente: "(.) 1. Deje insubsistente la resolucio´n interlocutoria de liquidacio´n de laudo de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio laboral 61/2016, de su i´ndice; y 2. Dicte otra en la que: a) Deje intocado lo que no fue materia de este fallo constitucional, y lleve a cabo la cuantificacio´n de la pensio´n definitiva por invalidez a favor del quejoso, con base en las disposiciones normativas vigentes al momento en que emitio´ el laudo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, esto es, conforme a la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete. (.)" Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo otorgado; o bien no comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa por la cantidad de $8688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), que corresponden al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para todo el país, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Lo anterior, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que en el caso sea procedente requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 192 de la Ley de Amparo, dado que la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, carece de superior jerárquico, por desempeñar una función jurisdiccional con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, además de facultades y atribuciones propias que le permiten cumplir con la sentencia de amparo, con total independencia y autonomía. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." 2. INFORMA QUE DIO CUMPLIMIENTO. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 1202/2020, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, por el que manifiesta que da cumplimiento al fallo protector, al efecto realizó lo siguiente -previo a quedar firme la sentencia de amparo-: 1) Comunica que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente laboral 61/2016. 2) Remite copia certificada de la resolución interlocutoria emitida en el incidente de liquidación el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en el referido juicio. Ahora bien, tomando en consideración de que la potestad responsable dictó la citada resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo que establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso de revisión correspondiente. Además, la sentencia de amparo causa ejecutoria por la correspondiente declaración judicial y tambien ésta puede darse una vez que se resuelva el recurso de revisión respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, como se dijo inicialmente no ha lugar a tener por válidas las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que se emitieron antes de que hubiera causado ejecutoria la resolución constitucional dictada en el presente asunto. Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia 39/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes. De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria. En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal." Notifíquese.

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