Alberto Barrera Zaldivar
Expediente 506/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Alberto Barrera Zaldivar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el capítulo 7, sub punto 7.42, del manual de referencia el presente asunto es susceptible de depuración, pues se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por lo que se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que 2 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 3 procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 506/2022, promovido por Alberto Barrera Zaldivar, contra los actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad y otras autoridades. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. A continuación la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 03-07 2 Auto de radicación, se decreta suspensión de plano, se manda ratificar demanda y se previene. 08-18 3 Auto admisorio 41-45 4 Emplazamiento a las autoridades responsables. 46 4 Autoridad inexistente 47 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. Niega 76-77 2 Directora de Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad. Niega 59-60 3 Representante Local del Instituto Nacional de Migración, encargado del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, con sede en esta ciudad. Niega 53-54 4 Suboficial de la Guardia Nacional, con sede en esta ciudad. Niega 49-51 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La secretaria hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. Documental 77 2 Directora de Área responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI de esta ciudad. Documental 60 3 Representante Local del Instituto Nacional de Migración, encargado del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, con sede en esta ciudad. Documental 54 4 Parte quejosa Documental 7 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre la etapa de ALEGATOS, y la Secretaria hace constar que únicamente los formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito [fojas 65 a 69], por lo que se le tiene por precluido tal derecho a las partes restantes, con lo anterior se cierra este período. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 506/2022.. 506/2022 R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Alberto Barrera Zaldivar, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, asignándosele el número 506/2022, del libro de gobierno respectivo; asimismo, en auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, previo cumplimiento de la prevención efectuada al quejoso, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede y concluye con la emisión de la presente sentencia (fojas 41 a 45). En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1) Suboficial de la Guarda Nacional, 2) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, 3) Delegado Federal del mencionado Instituto y 4) Directora de Área de la Estación Migratoria Siglo XXI, todos con residencia en esta ciudad, los siguientes: Detención, privación de la libertad y/o aseguramiento. Incomunicación. La orden de deportación o Expulsión. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable 1) Suboficial de la Guardia Nacional, con residencia en Tapachula, Chiapas, ya que así lo manifestó al rendir su respectivo informe con justificación y de plano (fojas 25 a 26, 49 a 51) sin que al efecto la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara tal negativa. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de dicha autoridad responsable no produce la improcedencia de la vía constitucional, lo cierto, es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio de amparo. De igual forma, cabe destacar que en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos que reclama la parte quejosa; sin que la documental que anexó a su demanda de amparo, la cual se valora de conformidad con los artículos 133, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pueda ser considerada para tal efecto, pues no se encuentra encaminada a demostrar la existencia de los actos reclamados. Máxime que en el informe rendido por las diversas autoridades señaladas como responsables, se advierte atribuyen la detención de la parte quejosa a Agentes Federales de Migración Comisionados a realizar funciones de Control Migratorio adscritos a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas; por ende, puede presumirse que el 1) Suboficial de la Guardia Nacional, con residencia en Tapachula, Chiapas, no tuvo intervención En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución de los referidos actos reclamados; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ellos, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. También, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, número veinte, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 2) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, 3) Delegado Federal del mencionado Instituto y 4) Directora de Área de la Estación Migratoria Siglo XXI, todos con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de su contenido se advierte que el quejoso Alberto Barrera Zaldivar, fue alojado en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, levantando su presentación en esa dependencia el día veintisiete de abril de dos mil veintidós, debido a que se resolvió el procedimiento aperturado a su favor en términos del artículo 111, fracción V, otorgándole documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas_mediante_oficio_INM/ORCHIS/JUR/9484/2022; por consiguiente, deben tenerse por ciertos los actos reclamados atribuidos a dichas potestades. Lo anterior, también se encuentra corroborado con las documentales enviadas por las autoridades responsables como complemento de su informe justificado, consistentes en copia certificada del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, de Alberto Barrera Zaldivar, como acompañante de Roxana Reyes Martínez. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atendiendo a dicho principio, analizada la demanda y el juicio de amparo en su integridad, se tiene que con relación a las autoridades responsables 2) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, 3) Delegado Federal del mencionado Instituto y 4) Directora de Área de la Estación Migratoria Siglo XXI, todos con residencia en esta ciudad, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Así las cosas, de las constancias enviadas por las autoridades responsables, se advierte que Alberto Barrera Zaldivar, como acompañante de Roxana Reyes Martínez, obtuvo documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, mediante oficio INM/ORCHIS/JUR/9484/2022; documento del que se desprende que fue liberado de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, derivado del procedimiento migratorio que se le inicio en términos del artículo 111, fracción V, de la Ley de Migración; con ello, dejó de surtir efectos la detención, privación de la libertad y/o aseguramiento, incomunicación, así como cualquier orden de deportación o expulsión. Por tanto, desaparecieron los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, es inconcuso que en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto en cuanto a dichos actos reclamados, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta elsobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación a Alberto Barrera Zaldivar, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables ahí señaladas, por los motivos expuestos en el tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no transcurre en su integridad el lapso de ocho días a que se refiere el artículo 1171 de la Ley de Amparo, entre el día siguiente a la fecha en que surtió efectos la notificación practicada al quejoso, con la cual se le dio vista con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración, Encargado del Departamento Jurídico de la 1 "Artículo 117. (.) Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado". Oficina de Representación del INM en Chiapas, con sede en esta ciudad; y que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, está señalada para este día. DIFERIMIENTO Por lo tanto, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo tal evento procesal. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Representante Local del Instituto Nacional de Migración, Encargado del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación en Chiapas y anexos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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