Alberto Badillo Badillo

Expediente 608/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
608/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Alberto Badillo Badillo

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO TRES AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a resolver de plano si existe o no imposibilidad para que la autoridad responsable dé cumplimiento al fallo protector pronunciado en el expediente en que se actúa. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K, de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de dos mil dieciocho, tomo II, a fojas 1739, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." En efecto, los artículos 193, párrafo cuarto y 196, párrafos segundo y quinto, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." De tales dispositivos se colige que, una vez que se reciba el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido el plazo otorgado a las partes, con el desahogo de la vista o sin ella, el órgano de amparo dictará una determinación fundada y motivada en la que declare si la sentencia fue o no acatada, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Cuando se estime que la sentencia no fue cumplida, no se acató total o correctamente o resulta imposible su cumplimiento, el órgano jurisdiccional deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, siguiendo para ello las reglas a que se contrae el artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente, debe tenerse presente que el quince de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí: "1. Cite a las partes a una audiencia, en especial al defensor particular Jesús Emmanuel Herrera Gallardo, incluso haciendo uso de los medios de apremio que tiene a su alcance, sin que sea óbice a ello si continúa o no teniendo el carácter de defensor del imputado, a fin de que en la misma lo requiera para que manifieste ser licenciado en derecho, declare el número de registro con el que cuenta ante el Tribunal y el correspondiente a su cédula profesional, debiendo instruir al encargado de la sala para cotejar los datos proporcionados con las identificaciones exhibidas el día de la audiencia inicial de imputación celebrada el nueve de mayo de dos mil veinte y su continuación de trece siguiente, incluso observando si sus rasgos fisionómicos coinciden con la identificación que presentó en aquéllas y, hecho que sea, le informe el resultado de tal cotejo de manera tal que quede registro de ello en la videograbación de la referida audiencia. 2. En caso de que Jesús Emmanuel Herrera Gallardo no cuente con registro ante la autoridad responsable, lo requiera para que exhiba original o copia certificada de su cédula profesional, una identificación oficial y comprobante de domicilio, a fin de que se verifique ante la Dirección General de Profesiones la autenticidad de la cédula profesional y la identidad del exhibiente. 3. De no lograrse la comparecencia del referido defensor, una vez habiendo hecho uso de los medios de apremio que estime necesarios, requiera en audiencia al encargado de sala a fin de que verifique si Jesús Emmanuel Herrera Gallardo cuenta con registro de cédula profesional ante la autoridad responsable y, de ser el caso, constate si la información de identificación que obra en dicho registro, en particular sus rasgos fisionómicos, coincide con la identificación que presentó en las referidas audiencias de nueve y trece de mayo del año próximo pasado o, en caso de no contar con ellas, con los rasgos físicos de las personas que aparecen en el video de las mismas. 4. En caso de que no se pueda acreditar que el defensor señalado es licenciado en derecho o abogado, dado el principio de continuidad que rige a la audiencia inicial en términos de los artículos 307, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordene la reposición del procedimiento a partir del inicio de la misma, para el efecto de que: a. Se lleve a cabo nuevamente y -sin soslayar las restantes formalidades que no son materia de la presente concesiónrequiera al imputado a fin de que designe defensor y que éste acredite su profesión al inicio de la audiencia, o le sea nombrado un defensor público, en términos de los artículos 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los lineamientos expuestos en la presente sentencia. b. Hecho lo anterior, deberá continuar con la audiencia, por sus demás etapas y dictar las determinaciones que procedan. 5. En caso de que sí se acredite que el defensor que compareció a la audiencia inicial y su continuación es licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional, entonces, convalide lo actuado en aquéllas, en el entendido que a partir de la declaratoria que en tal sentido pronuncie la autoridad responsable, empezará a transcurrir el término legal para la promoción del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. La anterior concesión es así, puesto que la violación procesal no consiste en la ausencia comprobada de defensor en la audiencia, sino en la falta de certeza de que la persona que se ostentó como defensor particular, tuviera la calidad de profesional del derecho, como requisito para brindar defensa técnica adecuada al imputado, lo que es jurídicamente conveniente, con el fin último de una real y efectiva defensa legal que permita estar en posibilidades de hacer frente a la imputación; lo que sin duda alguna se incumple si la asistencia es proporcionada por persona que no reúna la citada característica, incluso tratándose de alguien de confianza del imputado. De manera que sería impráctico conceder el amparo para que omitiendo realizar el requerimiento y la indagatoria mencionados, sin más se repusiera el procedimiento; pues pudiera ser que realmente el imputado sí estuvo asistido de abogado, titulado como licenciado en derecho, con cédula profesional, y no obstante quedara insubsistente esa diligencia en la que no existió violación alguna al derecho de defensa, vulnerándose con la reposición el derecho fundamental de justicia expedita, consagrado en el artículo 17 Constitucional. [..] Lo anterior, en la inteligencia que la presente resolución no conlleva a que la autoridad responsable decrete la libertad del quejoso, pues además de que la concesión de amparo no es lisa y llana, sino para efectos de solventar la violación procesal acaecida, por las razones ya dadas a conocer, tampoco debe pasar inadvertido que -frente a una eventual reposición del procedimiento- aquél fue puesto a su disposición, ante lo cual es aplicable el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según el cual deberá permanecer como detenido hasta en tanto no se resuelva nuevamente si será o no sometido a una nueva medida cautelar. La concesión del amparo se hace extensiva por lo que respecta al acto de ejecución atribuido al Director del Centro Penitenciario Estatal de San Luis Potosí, toda vez que la ejecución de un acto declarado inconstitucional también importa una violación de derechos fundamentales." Luego, en proveído de cuatro de marzo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto al oficio y anexo recibidos en este Juzgado de Distrito el tres de marzo del año en curso, remitido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede San Luis Potosí, mediante el cual informó que se decretó el sobreseimiento total de la causa penal RI/SLP/CP-236/2020, seguida en contra de Orlando Daniel Vinaja Acevedo, por el ilícito de violencia familiar, cometido en agravio de Liliana Guadalupe Ramírez García, lo anterior, hasta en tanto se causara ejecutoria. En ese orden, en proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se ordenó dar vista a las partes, con el referido oficio y anexos, sin que hayan realizado manifestación alguna. En ese sentido, como de las constancias que integran el presente sumario se desprende que existe una imposibilidad material para que se pueda dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de lo informado por la autoridad responsable, esto es, que en fecha catorce de julio de dos mil veinte, se celebró audiencia de suspensión condicional del proceso dentro de la causa penal RI/SLP/CP-236/2020, en la cual se otorgó el perdón al quejoso Orlando Daniel Vinaja Acevedo, acompañando el oficio dirigido a la Coordinación General de Medidas Preliberaciones, y sanciones restrictivas de la libertad, así como el proveído dictado el diecinueve de enero del año en curso, mediante el cual decretó el sobreseimiento total de la citada causa penal seguida en contra del aquí quejoso, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Liliana Guadalupe Ramírez García, constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, al satisfacer los extremos ahí exigidos. Siendo las anteriores razones y circunstancias ajenas a la voluntad de la autoridad obligada al cumplimiento, por las cuales deviene imposible restituir la situación que imperaba antes de la violación que generó el fallo protector, como en la especie acontece; máxime que fue voluntad propia de las partes de esa manera concluir el juicio de origen. En consecuencia, con fundamento en el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo se declara que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo último, en relación con el diverso 193 de la Ley de Amparo, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Amparo, a partir de la notificación que se realice del presente proveído, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Noveno Circuito, para que determine lo conducente; hecho lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a las partes; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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