Alberto Armando Medina Montes
Expediente 1567/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alberto Armando Medina Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte sobreseyó, y por otra, negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, negó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado y anexos presentados por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y el agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan las autoridades mencionadas en primer y último lugar, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Emplazamiento a parte tercera interesada. De las constancias que se atienden, se advierte que les resulta el carácter de terceros interesados a Ana Paola León Rivera y Ricardo Antonio Molina Muñoz; así como la agente del Ministerio Público auxiliar de la Unidad de Investigaciones Especializada adscrita a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, respectivamente. En tal virtud, emplácese a las señaladas en primero término por conducto de su asesor jurídico adscrito al Juzgado Oral responsable; asimismo, gírese oficio al agente tercero interesado a fin de emplazarlo a juicio; en la inteligencia que en términos de lo dispuesto por los artículos 26 fracción I, inciso b), 27 y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá notificarles el auto de radicación, así como el presente proveído, haciéndoles entrega de una copia de la demanda, en los términos señalados en los citados preceptos. Notifíquese; por oficio a la autoridad tercera interesada, personalmente a las terceras interesadas y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, celebran la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda, los informes previos presentados por el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, la agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y el agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión, todas con sede en esta ciudad, registrados con folios 19203, 19132 y 19139. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los informes previos rendidos por las señaladas autoridades responsables, todas con sede en esta ciudad; y tómense en consideración en la presente resolución incidental. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1567/2021; y, I. Antecedentes 1. A petición de Alberto Armando Medina Montes, por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las responsables informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, II. Competencia 2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que tramita el juicio en lo principal. III. Precisión de los actos reclamados 3. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados por el peticionario de amparo se hace consistir en: La orden de detención, comparecencia y/o citación librada en su contra, así como su ejecución. 4. Asimismo, el quejoso solicitó la suspensión definitiva del acto reclamado para efectos de que no se ejecute alguna orden de captura en su perjuicio, hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. IV. Negativa de suspensión respecto a una autoridad 5. La autoridad responsable agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar negó la existencia del acto reclamado, toda vez que así se advierte de su informe previo. 6. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por lo que hace al acto y la autoridad anteriormente mencionada. 7. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." 8. Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." 9. Por ende, lo que procede es negar la suspensión definitiva del acto reclamado a la citada autoridad. V. Certeza de los actos combatidos 10. El juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y el agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado del Departamento de Órdenes de Aprehensión, al rendir informe, aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues al efecto, el señalado en primer término, indicó que el dieciocho de noviembre del año en curso, libró orden de aprehensión en contra de Alberto Armando Medina Montes, por su posible participación en el hecho que la ley señala como delitos de feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 263 Bis 1, fracciones III, IV y V, en relación con los artículos 10 y 69, todos del Código Penal para el Estado de Sonora; al igual que el diverso ilícito de lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro la vida, previsto y sancionado en los artículos 242 y 243, fracción II, de la propia ley sustantiva penal para el Estado de Sonora, todo ello en concurso real de delitos; lo que confirmó la autoridad ejecutora en su respectivo informe. VI. Procedencia de la medida suspensiva 11. En principio es indispensable determinar, si en la especie, se actualizan los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva solicitada, dicho numeral se transcribe a continuación. "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." 12. En el presente asunto, lo previsto en la fracción I del precepto invocado está satisfecho, ya que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar del acto privativo de libertad que se pretende ejecutar en su contra. 13. Por lo que hace al segundo de los requisitos aludidos, que establece que la suspensión es improcedente cuando un acto afecta el interés público o social; al efecto debe decirse que la privación de la libertad debe ser excepcional y por ello la sociedad está interesada en que tal situación acontezca siempre que se haya analizado previamente que la orden de aprehensión, detención o presentación sea constitucional. 14. Sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad de aquél, en una apreciación sobre la credibilidad objetiva del derecho del solicitante, se estima procedente otorgar la medida cautelar, respecto de la ejecución de la orden detención, comparecencia y/o citación de libertad al quejoso, pues al confrontar la trascendencia del derecho del peticionario y el interés de la sociedad, se llega a la conclusión que de no conceder la suspensión provisional se causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa, ya que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se considera que no se contraviene el interés social. 15. En relación con la ejecución material de la orden de aprehensión reclamada cuya naturaleza corresponde a medidas restrictivas de la libertad, atento a lo dispuesto en el Título VI, Capítulo III, Sección I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se acuerda: 16. Si el delito o delitos por los que se sigue el procedimiento o proceso relativo al quejoso no se encuentra contemplado en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que no ameriten prisión preventiva, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de aprehensión reclamada por parte de las autoridades señaladas como responsables 17. En tanto que si el delito o delitos por los que se instruye proceso al solicitante de amparo es de aquéllos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal, la suspensión sólo se concede para el efecto de que la quejosa quede a disposición del órgano judicial de amparo en el lugar donde esté recluido y a disposición del juez de la causa para los efectos de su continuación, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Amparo. VII. Requisito de efectividad 18. Con fundamento en el artículo 162, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se impone al quejoso la obligación de presentarse dentro del plazo de tres días, ante el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, para que en su caso, rinda su declaración preparatoria y para la práctica de las diligencias necesarias para la continuación del procedimiento, el cual no es susceptible de suspenderse por ser de orden público. 19. La suspensión referida surte sus efectos de inmediato, sin embargo, en términos del numeral 136 de la ley de la materia, su permanencia está supeditada a que dentro del plazo de cinco días la parte quejosa exhiba garantía por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se fija de manera discrecional, por no contar con mayores datos que los proporcionados en la demanda e informes previos, y servirá para garantizar la posible reparación del daño, así como para que el quejoso no se sustraerá de la acción de la justicia; en el entendido que dicha garantía se fija con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo. 20. Asimismo, la garantía se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida suspensional y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva de la parte quejosa, en relación con el posible procedimiento penal o carpeta que se le siga; además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. 21. El monto de la garantía impuesta se fija con base en la facultad discrecional que puede ser ejercida por este operador jurídico, ante la inexistencia o insuficiencia de datos o elementos de prueba que permitan advertir de forma objetiva, una cuantificación específica de la posible reparación del daño dentro de la causa penal 4783/2021, del índice del Juzgado responsable. 22. En la inteligencia que si la garantía se presenta en billete de depósito, este deberá contener en el apartado correspondiente a "concepto de billete", la leyenda: "se autoriza al Secretario Técnico para que reciba información de este billete". Lo anterior, conforme al numeral 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. 23. Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con la obligación, dejará de surtir sus efectos la suspensión y el acto reclamado podrá ejecutarse. 24. La suspensión referida en cuanto a su duración, producirá efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente. 25. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve 27. Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Alberto Armando Medina Montes, contra los actos y autoridad precisados en el punto III y IV, de esta resolución. 28. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Alberto Armando Medina Montes, contra los actos que reclama a las autoridades que se precisaron en el capítulo V, por las razones expuestas en el considerando VI y bajo el requisito de efectividad descrito en el apartado VII de esta resolución. 29. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. 30. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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