Alberto Arcadia Lares

Expediente 385/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
385/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2015

Partes del expediente

  • Alberto Arcadia Lares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de mayo de dos mil quince, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA PARA CONOCIMIENTO DEL QUEJOSO ALBERTO ARCADIA LARES, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASI COMO EN EL PRTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EL PROVEÍDO QUE SE MENCIONA.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovida por ALBERTO ARCADIA LARES; el que se ordena agregar en autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al órgano jurisdiccional que conozca del amparo, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sentado lo anterior, de los escritos de demanda de amparo y aclaratorio, se advierte que ALBERTO ARCADIA LARES, reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, lo siguiente: ".A la autoridad responsable le reclamo el acuerdo de fecha 29 de abril de 2015, dictado por la responsable, con motivo de la demanda laboral que promoví contra el ahora tercero perjudicado OPERADORA TORNAZ DE MAZATLÁN, S.A DE C.V., y registrada con el expediente laboral JE4/12/1349/2011, mediante el cual la autoridad responsable no se apegó a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo establecido en los artículos 730 y 1006 de la ya mencionada." ".De la autoridad responsable reclamo el acuerdo de fecha 25 de marzo de 2015, mismo que fue notificado el 29 de abril del presente por conducto del actuario adscrito a la autoridad responsable a mi apoderado legal, (fecha en que tuve conocimiento del acto) y acuerdo que fue dictado por la autoridad responsable, con motivo de la demanda laboral que promoví en contra el ahora tercero perjudicado OPERADORA TORNAZ DE MAZATLAN S.A. DE C.V. y registrada con el expediente laboral JE4-12-1349/2011; mediante la cual la autoridad responsable no se apegó a lo que establece la Ley Federal del Trabajo fundamentado en los artículos 730 y 1006 de la mencionado imperativo laboral, ya que con fecha 13 de enero y 25 de marzo de 2015, solicite a la autoridad responsable que se levantara acta circunstanciada de los hechos, ya que el apoderado legal del tercero perjudicado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifestó que los testigos JUAN MANUEL GUERRA ROSAS y LEONARDO DERAS GARCIA se encontraban imposibilitados para comparecer a la audiencia a rendir su declaración, argumentando que ambos se encontraban delicados de salud, y para acreditar la ausencia de los testigos este exhibió certificados médicos signados de fecha 22 y 23 de enero de 2014, expedidos por los supuestos médicos ERNESTO ALONSO OSUNA CASTRO y ROBERTO CASTRO RESENDEZ, con cédulas profesionales números 754152 y 8388563, respectivamente, el primero, egresado del Instituto Educativo Universidad Autónoma de México a nombre del testigo JUAN MANUEL GUERRA y, el segundo. Egresado de la Universidad de Guadalajara, a nombre de LEONARDO DERAS GARCIA, respectivamente, y en el cual se aprecia conforme al registros de la Secretaria de Educación Pública correspondiente al Registro Nacional de Profesionistas, que las diversas cédulas profesionales con números 754152 y 8388563, corresponden a la profesora en educación primaria MARIA DE LA CRUZ CHAN FLORES y la segunda a la licenciada en administración BEATRIZ GONZALEZ MENDOZA y no a los doctores que supuestamente emitieron tales certificados, por lo que es evidente que el apoderado legal del tercero perjudicado presento documentos falsos a la autoridad responsable y esta al tener conocimiento de tales hechos no se apegó a lo establecido a los numerales 730 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo, ya que la autoridad responsable manifestó en el acuerdo en mención que dejaba a salvo mis derechos para que lo haga valer en la instancia correspondiente, cuando la misma Ley Laboral establece que "Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria, puedan constituir la comisión de un delito, la Junta levantará un acta circunstanciada vía turnara al ministerio público, para los efectos conducentes." situación que en el caso que nos ocupa la misma autoridad responsable no realizo el acta circunstanciada de hechos a pesar de haberle demostrado con pruebas que los certificados médicos son falsos y constituyen un delito." Al respecto, quien esto resuelve advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracciones III y XXII, todos de la ley de la materia, preceptos que disponen: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo." Lo anterior, ya que de los antecedentes de la demanda se advierte que el peticionario de amparo promovió el juicio laboral JE4/12/1349/2011, ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, contra la fuente de trabajo denominada OPERADORA TORNAZ DE MAZATLÁN, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la reclamó el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado de que dice fue objeto. Así, durante la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la empresa demandada, por conducto de su representante legal, ofertó prueba testimonial a cargo de JUAN MANUEL GUERRA ROSAS, FÁTIMA RUBÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ y LEONARDO DERAS GARCÍA, solicitando se les citara por conducto de la Junta responsable. El treinta de abril de dos mil doce, la citada Junta laboral, admitió la probanza y señaló fecha para su desahogo. Llegada la misma, y en virtud de que los testigos no fueron localizados en los domicilios proporcionados; la Junta responsable requirió a la empresa demandada para que señalara el domicilio correcto, apercibiéndola que de resultar falso, debería presentarlos personalmente, o de ser omisa, se le tendría por desierta dicha prueba. Previos diferimientos, el veinticuatro de enero de dos mil catorce, en la diligencia de desahogo de pruebas, el representante legal de la empresa demandada, bajo protesta de decir verdad manifestó que los deponentes se encontraban imposibilitados para asistir por razones de salud, exhibiendo certificados médicos a nombre de JUAN MANUEL GUERRA ROSAS y LEONARDO DERAS GARCÍA, expedidos por los doctores Ernesto Osuna Castro y Roberto Castro Resendiz, las cuales fueron objetadas para la parte actora hoy quejosa, por tal razón, la Junta Laboral, señaló nueva fecha. En la data fijada, nuevamente, bajo protesta de decir verdad, el citado representante legal, manifestó que el testigo JUAN MANUEL GUERRA ROSAS, no pudo comparecer a la audiencia por motivos de salud, y exhibió constancia médica expedida por el doctor Alejandro Jesús Herrasti Chavarri. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, el ahora quejoso promovió incidente criminal en términos del artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo, bajo el argumento de que la empresa demandada presentó documentos falsos para justificar la inasistencia de los testigos, ya que, al realizar una consulta a la página Web de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al Registro Nacional de Profesionistas, pudo constatar que las cédulas visibles en los certificados médicos exhibidos, pertenecen a diversas personas, y no a los supuestos doctores Ernesto Osuna Castro y Roberto Castro Resendiz, por lo que solicitó a la Junta responsable declarara desierta dicha prueba, y procediera en términos del artículo 730 de la Ley Federal del Trabajo, dando intervención a la agente del Ministerio Público con los hechos delictivos a efecto de que procediera a hacer la investigación correspondiente, y en su momento, ejerciera acción penal con quien resultara responsable. En proveído de uno de abril de dos mil catorce, la responsable dio vista a la demandada con lo anterior, y sin emitir pronunciamiento alguno, el veintidós de abril de dos mil catorce, desahogo la prueba testimonial a cargo de JUAN MANUEL GUERRA ROSAS y LEONARDO DERAS GARCIA; y el treinta de junio siguiente, desecho de plano el INCIDENTE CRIMINAL, bajo el argumento que no se encuentra en los supuestos previsto en la Ley Federal del Trabajo. Por escrito de trece de enero de dos mil quince, el autorizado de la parte quejosa solicito nuevamente a la Junta responsable, que de conformidad por el artículo 730 de la Ley Federal del Trabajo, levantara un acta circunstanciada respecto de los hechos delictivos en que había incurrido el representante legal de la fuente de trabajo demandada y diera vista al Agente del Ministerio Publico a fin de que se realizara la investigación correspondiente. En respuesta, por auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, la autoridad responsable acordó que se dejaban a salvo los derechos a la parte actora para que los hiciera valer en la instancia correspondiente; esta última determinación, constituye el motivo de reproche en el presente juicio de amparo, pues el amparista alega que le causa perjuicio ya que la responsable omitió apegarse a lo establecido en el precepto legal antes señalado y tomar en consideración su solicitud y las pruebas con las que demuestra que las personas que supuestamente expidieron los certificados de los testigos no son profesionistas médicos, y por ende, declarar desierta la prueba testimonial de referencia. En tal supuesto, resulta evidente que tal determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación; lo anterior, en la medida que sus consecuencias (firmeza en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, y su posterior valoración), no producen afectación directa e inmediata a alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución en favor del peticionario de amparo, sino que, en todo caso, únicamente afecta sus derechos adjetivos o procesales, y en el eventual caso de que se produjera esa afectación formal, puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta; que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o por diversos motivos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. En tales condiciones, es inconcuso que será hasta que se dicte sentencia, cuando se podrá saber si tal cuestión le ocasionó un agravio y en su defecto, podrá reclamarla como violación procesal en amparo directo contra el laudo que se dicte, en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción III, en relación con la XXII, y 174 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que dicha sentencia le fuera adversa; pero no es reclamable a través del amparo biinstancial. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia visible en la página 551, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia común, Novena Época, que dice: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías." Así también, la Jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1992, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Finalmente, la jurisprudencia visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia común, Décima Época, de contenido: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de la materia, aplicado en sentido contrario, y con apoyo en el numeral 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintidós de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por ALBERTO ARCADIA LARES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 385/2015 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACLARACIÓN DE DEMANDA Ahora bien, antes de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado de este proveído, aclare su demanda respecto de lo siguiente: Deberá precisar el acto reclamado, ya que del capítulo respectivo de su demanda se advierte que se refiere al auto de veintinueve de abril de dos mil quince, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el expediente JE4-12-1349/2011. Sin embargo, de la lectura de su demanda, se advierte que hace referencia a un diverso auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, que desechó de plano el incidente criminal promovido contra la parte demandada. Asimismo, deberá especificar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto. El promovente presentará las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para que sean agregadas con las de su escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al respecto, las Jurisprudencias 35/2001 y 36/2001, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con la presente prevención dentro del lapso indicado, la demanda se tendrá por no presentada conforme a lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, y como lo solicita, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Jesús Eduardo Álvarez Serrano y Rosa Luna Hernández. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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