Alberto Antonio Cruz Muñoz y Otros.

Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
452/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Alberto Antonio Cruz Muñoz y Otros.
  • Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  • Alberto Antonio Cruz Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó contra la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que no les irroga perjuicio. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales correspondientes. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda. ARCHIVO De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en comento. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo referido. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, inciso c) del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del expediente. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a las autoridades responsables Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: Autoridad responsable Sentido del informe Auto 1. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), residente en la ciudad de México. No es cierto 10/08/2021 2. Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad. No es cierto 2/07/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa Ofrecidas en el escrito de demanda, consistente en diversas documentales y la pericial en materia de impacto ambiental, acuícola y pesquero. 09/06/2021 2 Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Chiapas. Oficio 127DF/SGPA/UGA/DIRA/6746/2017 02/07/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa ofreció en su escrito inicial de demanda como prueba la pericial en materia de impacto ambiental, acuícola y pesquero, la cual se reservó proveer mediante proveído de nueve de junio del año en curso, hasta en tanto estuviera integrada la Litis constitucional, lo que en el caso acontece; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desecha la misma, en virtud que lo que trata de probar con dicha probanza no tiene relación con la litis en este juicio de amparo por los motivos que a continuación se expresan. Efectivamente, atendiendo al principio de la idoneidad de las pruebas, las cuales si bien no se encuentran establecidas plenamente en la Ley de Amparo, es recogido por el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitidas, deben "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como lo establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como las antes mencionadas, cuando de su desahogo se viera, desde luego y sin dudas, que nada puedan probar con la litis, tal y como acontece en la especie. Se dice lo anterior, pues del escrito de ofrecimiento de pruebas, se advierte que el citado medio de convicción va encaminado a acreditar los posibles daños ambientales, pesqueros, acuícolas, económicos y sociales que se presenten con el proyecto denominado como "Ampliación Granja Acuicola Malpaso"; lo cual, no tiene relación con el acto que reclamado, que lo es -la emisión de la autorización de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular (MIA-P) para el proyecto denominado "Ampliación Granja Acuícola Malpaso" (Proyecto), en favor de la empresa "Acuagranjas Dos Lagos, S.A. de C.V.", en el trámite número 07/MP-0180/11/17, proyecto número 07CH2017PD081-, esto es, que este órgano jurisdiccional únicamente resolverá sobre la constitucionalidad o inconsntitucionalidad de la resolución reclamada. Por lo tanto, se reitera que dicha probanza no es idónea para demostrar existencia del acto; por lo que su desahogo únicamente retrasaría la integración del presente asunto, contraviniendo el principio de celeridad procesal que rige el artículo 17 constitucional. Por la razones que contiene, resulta aplicable la tesis aislada I.1o.A.14K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero 2006, página 1888, registro 175823, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia". Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos; en tal virtud, se cierra dicha fase. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 452/2020-V, promovido por Alberto Antonio Cruz Muñoz, Adalberto León López, Alejandro Lara López, Antonio Álvarez López, Antonio Cruz Zaragoza, Aaron Álvarez Moreno, Adoni López Gómez, Erwin Álvarez Domínguez, Alfredo Guillermo Hernández Bonifaz, Diego Hernández García, Enrique Hernández García, Enrique Palacios Alegría, Francisco Díaz Velázquez, Fernando Mendoza Alamilla, Ramiro Velasco Estrada, Rogelio Palacios Alegría, Guadalupe Gary Mendoza Alamilla, Valentín Cruz Muñoz, Mateo Esteban Rodas, Virsavid Rivas Mayorga, Gregorio Julián Cruz Hernández, José Luis Álvarez López, Antonio Cruz Muñoz, Aaron Álvarez Correa, Edvin Otoniel Martínez Villatoro, Adulfo Gómez Díaz, Enoc Hernández Gómez, Venancio López Juárez, Veidi Álvarez Correa, Araceli Ruedas Sánchez, Gudiel Gómez Vázquez y Luis Gómez Castellanos. R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y recibido en este Juzgado el ocho siguiente, Alberto Antonio Cruz Muñoz, Adalberto León López, Alejandro Lara López, Antonio Álvarez López, Antonio Cruz Zaragoza, Aaron Álvarez Moreno, Adoni López Gómez, Erwin Álvarez Domínguez, Alfredo Guillermo Hernández Bonifaz, Diego Hernández García, Enrique Hernández García, Enrique Palacios Alegría, Francisco Díaz Velázquez, Fernando Mendoza Alamilla, Ramiro Velasco Estrada, Rogelio Palacios Alegría, Guadalupe Gary Mendoza Alamilla, Valentín Cruz Muñoz, Mateo Esteban Rodas, Virsavid Rivas Mayorga, Gregorio Julián Cruz Hernández, José Luis Álvarez López, Antonio Cruz Muñoz, Aaron Álvarez Correa, Edvin Otoniel Martínez Villatoro, Adulfo Gómez Díaz, Enoc Hernández Gómez, Venancio López Juárez, Veidi Álvarez Correa, Araceli Ruedas Sánchez, Gudiel Gómez Vázquez y Luis Gómez Castellanos, presentaron demanda de amparo contra las autoridades y los actos que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Admisión y trámite. Por auto de nueve de junio de este año, se admitió la misma, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por tanto, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Cabe precisar que en el auto citado con antelación, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de los promoventes Sebastián Gómez López, Domingo Díaz Ovando y Lorenzo Olvera Rubio; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertido del análisis integral de la demanda: Autoridades responsables: 1. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), residente en la ciudad de México y; 2. Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad Actos reclamados: La emisión de la autorización de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular (MIA-P) para el proyecto denominado "Ampliación Granja Acuícola Malpaso" (Proyecto), en favor de la empresa "Acuagranjas Dos Lagos, S.A. de C.V.", en el trámite número 07/MP-0180/11/17, proyecto número 07CH2017PD081. TERCERO: Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la 1. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), residente en la ciudad de México y 2. Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad; por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba alguna para desvirtuar las negativas advertidas. Dichos informes gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, puesto que las autoridades responsables gozan de la presunción de veracidad, y en los autos no existen constancias que indique lo contrario, es decir, la parte quejosa no allegó prueba plena y con documento idóneo tendiente a desvirtuar dichas negativas, no obstante corresponderle la carga de la prueba. Circunstancia que se corrobora con la documental anexada al informe justificado rendido por la autoridad responsable titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad, consistente en el oficio 127DF/SGPA/UGA/DIRA/6746/2017, que contiene la resolución del expediente número 127.245.711.1.MIAP/2017, pues de la misma no se advierte la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto denominado "Parque Acuícola", en favor de la empresa "Acuagranjas Dos Lagos, S.A. de C.V.". En ese contexto, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia y acceso a la información pública y notificación por el fenómeno de salud COVID-19. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Antonio Cruz Muñoz, Adalberto León López, Alejandro Lara López, Antonio Álvarez López, Antonio Cruz Zaragoza, Aaron Álvarez Moreno, Adoni López Gómez, Erwin Álvarez Domínguez, Alfredo Guillermo Hernández Bonifaz, Diego Hernández García, Enrique Hernández García, Enrique Palacios Alegría, Francisco Díaz Velázquez, Fernando Mendoza Alamilla, Ramiro Velasco Estrada, Rogelio Palacios Alegría, Guadalupe Gary Mendoza Alamilla, Valentín Cruz Muñoz, Mateo Esteban Rodas, Virsavid Rivas Mayorga, Gregorio Julián Cruz Hernández, José Luis Álvarez López, Antonio Cruz Muñoz, Aaron Álvarez Correa, Edvin Otoniel Martínez Villatoro, Adulfo Gómez Díaz, Enoc Hernández Gómez, Venancio López Juárez, Veidi Álvarez Correa, Araceli Ruedas Sánchez, Gudiel Gómez Vázquez y Luis Gómez Castellanos, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a la 1. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), residente en la ciudad de México y 2. Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista, la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes en auto de diez de agosto del año en curso respecto de la vista del informe rendido por la autoridad responsable. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional y que aún no transcurre el término concedido a las partes en proveído de diez de agosto del año en curso, respecto del informe rendido por la autoridad responsable; por tanto, no media el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que el diferimiento de una audiencia, dada su trascendencia, no amerita su notificación; por tanto, se ordena notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Iván Yovanny Oviedo García, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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