Alberto Antonio Cayetano Jiménez
Expediente 1271/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Antonio Cayetano Jiménez
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, comunica el contenido del auto de primero de diciembre de dos mil veintitrés, a través del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la quejosa contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, asimismo informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, el cual registró bajo el número Q.C. 491/2023. Notifíquese por por lista a la promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa ****, mediante el cual, interpone recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101 segundo párrafo de la Ley de Amparo, remítase por separado y de forma física, el informe justificado, e infórmese al Tribunal Colegiado que conozca del citado recurso, que es cierto el acto que se reclama, sin embargo el mismo fue dictado conforme a las disposiciones legales de la Ley de Amparo; y que el expediente electrónico en que se actúa, se encuentra vinculado para la substanciación del recurso en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
*CITATORIO.- Se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "México, Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite el expediente 1610/2023 formado con la demanda presentada por *******, por propio derecho, en contra de los actos que reclama de ******, de lo que se toma conocimiento y se procede a proveer: Infórmese al oficiante que se comparte el criterio relativo a que se surte la competencia de un Juzgado en Materia Civil para conocer del asunto, en tal virtud, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada; acúsese recibo. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 1271/2023-I, y con número de NEUN 33735841. PERSONALIDAD Se tiene a ******, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto contra los actos que reclama de ******. ACTO RECLAMADO De la lectura a la demanda se advierte que la quejosa controvierte el dictamen de aclaración de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, identificado con el número de caso ******,emitido por equipo de aclaraciones de*****. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De la demanda de amparo se advierte de modo notorio y manifiesto que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo anterior debido a que el acto impugnado no es un acto de autoridad. En efecto, los preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la transcripción que antecede, se obtiene que las causas de improcedencia puede resultar de alguna disposición de la ley; asimismo, que es autoridad responsable la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el dictamen de aclaración de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, identificado con el número de caso ******, emitido por el equipo de aclaraciones de ******. Del párrafo que antecede se advierte que los actos reclamados derivan de un contrato celebrado entre particulares, atento a ello la aquí quejosa señala como responsable a un particular, a saber: ******. Al respecto, el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la sociedad mercantil señalada como responsable *******, no tiene ese carácter para los efectos de este juicio de amparo, ya que los actos que se le atribuyen no se encuentran en un plano de supra a subordinación en relación con la parte peticionaria de amparo, pues tales conductas no pueden ser consideradas como de aquéllos actos emitidos de manera unilateral, con facultad de imperio y respecto de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de la parte promovente. La afirmado tiene sustento en el concepto de autoridad responsable, la cual parte de la distinción entre actos de particulares en estricto sentido y los que no lo son, siendo que contra aquéllos realizados por particulares será improcedente el juicio de amparo, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable se ha transformado a través del tiempo, quedando en la actualidad definidas las notas distintivas de los actos de autoridad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar certeza de cuáles son los mismos. En tal sentido, la jurisprudencia emitida en la Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre 2011, sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la jurisprudencia transcrita, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es así, que se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a los entes de gobierno y en contadas excepciones a un particular, esto, únicamente cuando los vincule con la parte impetrante de amparo una relación de supra a subordinación, en la que dicha parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En el presente caso, se está en presencia de actos derivados de una póliza relativa a un seguro de gastos médicos, de lo anterior se advierte que dicho acto incumbe exclusivamente a la quejosa y a las particulares que señala como responsables, atento a ello, ambas partes actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias existen normas generales que crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, como es la vía ordinaria civil, o bien los procedimiento establecidos en la Ley de Instituciones de Seguros y fianzas. Es así, que la relación existente entre las sociedades mercantiles y la aquí quejosa, no corresponde a una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, al derivar de la contratación de un seguro que deviene en un acuerdo de voluntades entre particulares, que aunque fuera de adhesión se debe entender como un acuerdo entre particulares. Atento a lo expuesto, es evidente que en la emisión de los actos materia del presente asunto, las sociedades mercantiles no actúan en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que no les recae tal carácter, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, únicamente, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, no así cuando la relación existente provenga de una relación contractual como es el caso. Corolario de lo expuesto resulta notoria y manifiesta la improcedencia del presente juicio, debido a que los actos reclamados no resultan ser de autoridad, por ello, a las sociedades mercantiles señaladas como responsables no les reviste tal carácter. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la impetrante, el que indica. Se tienen por autorizadas a los profesionistas y demás personas que menciona, únicamente en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de amparo, ya que las primeras personas mencionadas, no acreditan que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, aunado a que no se proporcionan los datos correspondientes con los que lo confirme, requisito que además de ser exigido por el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual resulta necesario para corroborar la no existencia de homónimos en dicho sistema. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXVIII/2007, registro 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXVI, octubre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." Así como, el criterio V.2o.64 C, registro 194829, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 833, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)." CONSULTA ELECTRÓNICA Como lo solicita, se le autoriza la consulta del expediente, vía electrónica, a través del usuario ******, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, se ordena darlo de alta en el rubro correspondiente, en términos de lo establecido en los artículos 3°, 26 y 30 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita."
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