Alberto Andre Ramos Vallejo

Expediente 1004/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 42 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1004/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Alberto Andre Ramos Vallejo
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se recibe oficio, sin mayor pronunciamiento. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato, por medio del cual remite el diverso signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, al que se anexa, a su vez, el comunicado enviado por la Titular de la Dirección de lo Contencioso Administrativo y Laboral adscrita a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar, por el que refiere rendir informe justificado en representación del Titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, con residencia en la Ciudad de México. No obstante, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el siete de marzo del año en curso se dictó sentencia definitiva en el presente expediente. Causa ejecutoria sentencia. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Destacando que las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión; ello, de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14 y 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la medida cautelar, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia (depuración, incidente). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informe previo, sin mayor trámite. Agréguese a los autos sin mayor trámite, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Consejo de Salubridad General, por medio del cual refiere rendir informe previo en representación del Presidente del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México; lo anterior, toda vez que mediante interlocutoria de veintiséis de enero de la presente anualidad se resolvió respecto de la suspensión definitiva en el presente expediente por lo que ve a la citada autoridad responsable. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 1004/2021, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de las partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda de amparo promovida por el menor de iniciales A.A.R.V., por sí y a través de sus progenitores Jaime Alberto Ramos Trujillo y María Soledad Vallejo García; 2. Auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno por el que se admitió a trámite la demanda de amparo; 3. Constancia de notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación; 4. Informes justificados de las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Michoacán, Delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado de Michoacán y Presidente Municipal de la ciudad de Morelia, Michoacán, todas con residencia en esta ciudad, así como Titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con residencia en la Ciudad de México; y, 5. Asimismo, se da cuenta con el contenido del punto número "1" de la certificación que obra al inicio de la presente, de la cual se desprende que al rastrear las piezas de correspondencia acelerada "ESTAFETA" que contienen los oficios 26342/2021, 26343/2021, 26344/2021, 26351/2021, derivados del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, así como 33948/2021 de treinta y uno de diciembre de esa misma anualidad, dirigidos a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y, Presidente del Consejo de Salubridad General -en su denominación correcta-, a través de la página https://www.estafeta.com/Herramientas/ Rastreo, las cuales cuentan con números de rastreo 1250352744, 2108558159, 2522218613, 3211464172 y 3659407216, por su orden, aparece que las primeras cuatro fueron entregadas el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno a las once horas con cincuenta y dos minutos, doce horas con doce minutos, doce horas con tres minutos y doce horas con doce minutos, por su orden; mientras que, la última de ellas, fue entregada el once de enero de dos mil veintidós a las once horas con cincuenta minutos. Asimismo, que tampoco obra acuse de recibo del oficio 3402/2022, derivado del proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual se ordenó emplazar a la autoridad responsable Presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México y se le requirió su informe justificado, mismo que fue remitido por correspondencia ordinaria, a través del Servicio Postal Mexicano, como se corrobora con la guía de seguimiento de fecha catorce de febrero del año en curso. En este sentido, la secretaria da cuenta de la falta de informe justificado de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Presidente del Consejo de Salubridad General, no obstante encontrarse notificadas de los oficios por medio de los cuales se les requirió el mismo. Por otra parte, se hace constar que tampoco obra el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, ni acuse de recibo del oficio por medio del cual se le requirió el mismo, pues como se advierte de la certificación de cuenta, éste fue enviado vía correo ordinario, por conducto del Servicio Postal Mexicano, lo que se corrobora con la copia simple de la relación de envío de catorce de febrero de dos mil veintidós. A lo anterior, la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos; y, por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo téngase por omisas en rendir su informe justificado a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y, Presidente del Consejo de Salubridad General. Sin que sea óbice a que en este acto se resuelva también respecto de la autoridad responsable Presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, pese a que, el oficio a través del cual se le solicitó su informe justificado fue enviado por conducto del Servicio Postal Mexicano el catorce de febrero de la presente anualidad, en virtud a las consideraciones que enseguida se expondrán. Abierto el periodo probatorio: La secretaria hace constar que únicamente la parte quejosa y el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán exhibieron medios de prueba. Acto seguido, la Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales, ofrecidas por la quejosa, anexas a su escrito inicial de demanda, así como las diversas exhibidas por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, sin que exista pendiente prueba por desahogar. Cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formulando alegatos, y por perdido el derecho de las demás partes de formularlos. Se cierra el periodo de alegatos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1004/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el menor de iniciales A.A.R.V., por sí y por conducto de sus progenitores Jaime Alberto Ramos Trujillo y María Soledad Vallejo García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de autoridad que estimó violatorios de los artículos 1º, 4º y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola bajo el número 1004/2021; por lo que se ordenó el emplazamiento a las autoridades responsables. Previos los trámites de ley, en esta propia fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional, quedando el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos de autoridades ubicadas donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, los cuales, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que consisten en los siguientes: La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir del treinta de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer al quejoso, con sus dos dosis, ante el ya regreso a clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2021, que inició el 30 de agosto de dos mil veintiuno, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. La omisión de llamarle, informarle o notificarle al quejoso o a sus progenitores, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, incluso antes del inicio de clases presenciales, treinta de agosto del año en curso, en nivel medio superior que es al nivel al que se encuentra inscrito el quejoso. La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que no haya recibido la vacuna. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Delegado Estatal en Michoacán de la Secretaría de Bienestar y Presidente Municipal de la Ciudad de Morelia, Michoacán, todas con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron expresamente la existencia de los actos reclamados, pues refirieron, en lo medular, que dentro de sus atribuciones no se encuentra la relativa a disponer sobre la aplicación de la vacuna al menor quejoso, dado que los órganos rectores facultados para la programación y aplicación del esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 son la Secretaría de Salud Federal y el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud de la entidad y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1, en cuanto autoridades sanitarias, de conformidad con el artículo 4º de la Ley General de Salud. De igual forma, el Titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con residencia en la Ciudad de México, negó la existencia de los actos reclamados, pues refirió que carece de facultades necesarias para llevar a cabo la aplicación de la vacuna solicitada por la parte quejosa, como se corrobora del contenido del artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Orgánico de dicha entidad paraestatal. Asimismo, deben tenerse por inexistentes los actos atribuidos a la autoridad responsable Presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México (en términos del acuerdo general por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve), dado que aun cuando no obra el informe justificado de la misma ni acuse de recibo del oficio por medio del cual se le requirió para que lo rindiera, sin embargo, de la revisión efectuada al documento denominado Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México, publicado en la página electrónica http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-deconsulta/, se desprende que no hay participación por parte del Presidente de la República en su emisión. En efecto, del citado documento se advierte que fue elaborado por el Secretario de Salud, el Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, y revisado por el Subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud en México -autoridades a quienes también se atribuyó el acto reclamado, conforme al considerando siguiente-. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados de las referidas autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Actos existentes. Por su parte, el Secretario de Salud del Estado de Michoacán y el Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Michoacán, negaron la existencia de los actos reclamados; no obstante, dicha negativa se ve desvirtuada del contenido de su propio informe, puesto que manifestaron textualmente lo siguiente: "(.) No obstante todo lo manifestado, he de señalar que mis mandantes citaron, por conducto de ese H. Juzgado, al menor a efecto que le fuera aplicada la primer dosis de vacuna anticovid 19, de la farmacéutica Pfizer, para el 03 de noviembre de 2022; respecto a la aplicación de la segunda dosis se informará y aplicará dentro del término medico permitido para tal efecto y se hará de conocimiento a su Señoría." QUINTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de la materia, se presumen ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y, Presidente del Consejo de Salubridad General, toda vez que no rindieron su respectivo informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificadas para tal efecto, como consta en autos. SEXTO. Causales de improcedencia. En este tenor, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, esta juzgadora considera que respecto al acto reclamado consiste en la exclusión del menor quejoso respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no deja ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El acto reclamado consiste en la exclusión del menor quejoso respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec, el cual ha sido autorizado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Por otro lado, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, las autoridades sanitarias anunciaron el registro para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder a ser inoculados contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec; lo anterior, fue anunciado en diversos medios de comunicación como lo es en la información que como hecho notorio se invoca: "Asimismo, es de hacer notar como hecho notorio que, del perfil oficial de Twitter de la Secretaría de Salud, se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. Además, se informa que gracias a la actualización que se llevó a cabo a la plataforma digital [mi vacuna] consultable en la página oficial http//:vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de consulta/ se advierte que los menores de edad de entre 15 a 17 años, sin comorbilidades ya pueden realizar su registro de vacunación para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19; asimismo pueden acceder a ella y registrarse el grupo etario de 12 a 17 años, que vivan con alguna comoborbilidad de las señaladas en la propia política, como lo son: Condiciones cardíacas crónicas Enfermedad pulmonar crónica Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo Enfermedad neurológica crónica Enfermedades endócrinas Inmunosupresión moderada a grave Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas Embarazo adolescente." Lo que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del numeral 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la vacunación a los adolescentes que cuentan entre quince y diecisiete años es una realidad, dado que en múltiples plataformas informativas se ha dado la difusión de tal acontecimiento, permitiendo a dicho grupo etario el acceso a la citada vacuna, en su primera y segunda dosis. De tal suerte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, existía el impedimento para que el menor quejoso pudiera ser vacunado; no obstante, en la actualidad dicho obstáculo ha sido nulificado por las propias autoridades, dando la apertura al registro para tal fin y, posteriormente, procediendo a la aplicación del biológico solicitado. Luego entonces, se tiene que para acceder a dicha vacuna, la parte quejosa debe efectuar los trámites solicitados; ello, a efecto de preservar el orden y control en la aplicación de citado biológico, dado que el juicio de amparo no puede constituir un medio por el que se permita la excepción a los trámites previstos por las autoridades, siempre y cuando estos resulten ajustados a derecho. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos de los actos que en esta vía se reclaman, pues la omisión legal para aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, quedó sin efectos, al haber sido aperturado el registro para la aplicación de la primera y segunda dosis de la citada vacuna a dicho sector poblacional; con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de las autoridades restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, pues a partir del momento en que las autoridades sanitarias del país incluyeron a los menores entre quince y diecisiete años, sin comorbilidades, en el programa de vacunación contra la COVID-19, cesó la omisión reclamada. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, respecto del acto reclamado consistente en la exclusión del menor quejoso respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), del biológico Pfizer-BioNTec. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;." En el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad ya señalada, pues al parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado, situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Es decir, se produce la causal en estudio cuando, respecto del acto reclamado el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad respecto del acto reclamado. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, es conveniente tener presente la tesis que sostiene el Pleno del más Alto Tribunal que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso que se analiza, se advierte que la parte quejosa consintió el acto reclamado con base en la siguiente consideración: En acuerdos dictados el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y el cuatro de enero de dos mil veintidós, dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informando que se señalaron las diez horas del ocho de diciembre de dos mil veintiuno y diez horas del doce de enero del presente año, para que el menor quejosa A.A.R.V. acudiera a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que se le aplicara la primera y segunda dosis de la vacuna anti COVID-19, previo consentimiento informado que firmaran los padres y/o representantes legales de éste, con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituyen un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo Del Décimo Noveno Circuito, de voz y contenido siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." Ante ello, este órgano jurisdiccional en proveídos de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa y dieciséis de febrero del año en curso, dictado en el presente expediente, requirió -por última ocasión a través del primero- a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se le notificaran los mismos, informara ante este juzgado si ya le había sido aplicada a la menor quejosa la primera y segunda dosis de la vacuna solicitada, debiendo exhibir, en su caso, copias certificadas de los comprobantes de vacunación relativos, o bien, sus originales, los que previo su cotejo le sería devueltos. Sin que a la fecha haya cumplido con los requerimientos formulados por este Juzgado de Distrito. En este orden de ideas, y ante la omisión del impetrante de cumplir con lo requerido, debe asumirse que existe consentimiento de éste sobre los actos reclamados, con lo que se demuestra un desinterés de la parte quejosa. Es decir, ante diversos requerimientos el resultado es una conducta pasiva, ante lo cual no queda sino contrastar los elementos con los que cuenta esta juzgadora, de lo que se obtiene que debe prevalecer lo relativo a que la quejosa ha consentido el acto de autoridad reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". Luego, no se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Se cita la Jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el menor de iniciales A.A.R.V., por sí y a través de sus progenitores Jaime Alberto Ramos Trujillo y María Soledad Vallejo García, de conformidad a lo establecido en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Desahoga requerimiento autoridad. Por recibido el escrito de cuenta, signado por José Eduardo Márquez Campos y Noé Díaz Munguía, apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de febrero pasado, informan que no encontraron constancia respecto a la aplicación de la vacuna al menor quejoso, relativo a las fechas señaladas en autos, veinticuatro de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintiuno, y doce de enero del año en curso; por lo que, se encuentran imposibilitados para hacer llegar la constancia relativa. Sin que de momento haya lugar a mayor pronunciamiento, hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento que le fue formulado en el aludido proveído de dieciséis de febrero pasado, para que exhibiera las constancias de aplicación relativas a la vacuna. Se da vista a la parte quejosa con fecha para vacuna. Por otra parte, informan que se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a efecto de que acuda el menor de iniciales A.A.R.V., acompañado de sus representantes legales, a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, con residencia en esta ciudad, (ubicada en la calle Plan de Ayutla número setenta y ocho, colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad), con la finalidad de que se le aplique la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19, refiriendo que, previamente a ello, los padres y/o representantes legales del menor quejoso deberán firmar el consentimiento informado. De todo lo cual esta juzgadora toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Consecuentemente, se ordena dar vista a la parte quejosa con lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con lo informado por la autoridad responsable. Se comisiona al actuario judicial. Para tal efecto, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que proceda a notificar de inmediato a la parte quejosa el contenido del presente proveído, en su domicilio señalado en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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