Alberto Alonso Ramírez Huerta

Expediente 1917/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1917/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Alberto Alonso Ramírez Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se agrega ocurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe de Departamento de Trámites y Servicios del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante el cual da cumplimiento a los solicitado en auto de uno de julio del dos mil diecinueve, y para tal efecto informa que el inmueble de la propiedad de las aquí quejosas Patricia Watanabe Topete y Mónica Watanabe Topete, si es un monumento Histórico y cuenta con un registro en el Catálogo Nacional de Jalisco. Ahora bien, en relación a lo anterior se le reconoce el carácter de tercero interesado a Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien deberá ser emplazado al presente juicio de amparo, por medio de oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE 27/09/2019, QUE DICE: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince, en la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Adán González Rodríguez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad que fue señalado de la forma siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, le atribuyo dicha calidad de ordenadoras y ejecutoras a las siguientes: Directora de Procedimientos Internos Administrativos y Laborales, quien actúa en funciones de órganos de Control Interno y/o Instructora de la Dirección de Seguridad Municipal de Tala, Jalisco. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TALA, JALISCO. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE TALA. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TALA, JALISCO. OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE TALA, JALISCO. H. PLENO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL AYUNTAMIENTO DE TALA, JALISCO. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE TALA. IV.- ACTO QUE RECLAMO DE CADA AUTORIDAD: a) De la responsable 1 reclamo la suscripción del citatorio de fecha 13 de mayo de 2015; la tramitación, substanciación, auxilio e intervención bajo cualquier modalidad en el desarrollo del procedimiento administrativo de responsabilidad para separarme del cargo, derivado del inminente cese, de mis funciones policiacas, y sus consecuencias legales, sin haberme notificado aun los motivos específicos de un procedimiento previo. b) De las autoridades 2 a 8, les reclamo la tramitación, substanciación, auxilio e intervención bajo cualquier modalidad en el desarrollo del procedimiento administrativo que se me pretende instaurar de responsabilidad (separación) en el ámbito de sus respectivas competencias, la afectación al proyecto de vida derivada del procedimiento que se me instruye, la indemnización pecuniaria a manera de reparación por el menoscabo psicológico, emocional derivado de la instauración de un procedimiento con pruebas superfluas (.). De igual forma de las responsables, la retención de mis pagos desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 21 de abril de 2015, los cuales han sido retenidos injustificadamente, afectando con ello la estabilidad familiar y sano desarrollo de mis dependientes". Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los artículos 1, 4, 5, 14, 16 Y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de diez de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda; se otorgó a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló alegato ministerial, y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. Previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional y el cuatro de noviembre de dos mil quince se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: ".PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de garantías 1151/2015, con razón de lo expuesto en el considerando tercero, respecto de la responsable que ahí se cita, a la que se le reclamó lo sintetizado en el considerando segundo, inciso c). SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ADÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, contra los actos precisados en el considerando segundo, incisos a) y b) de esta sentencia, imputados a las autoridades referidas en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando que antecede, para los efectos precisados en la parte final del mismo.". Inconforme con dicha determinación la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, misma que por razón de turno, tocó su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que en sesión de ocho de febrero de dos mil diecisiete determinó que por cuestión de turno, no le correspondía conocer de dicho medio de impugnación, y ordeno remitir los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual aceptó la competencia declinada y en sesión de cuatro de marzo de dos mil diecinueve emitió resolución en el sentido de revocar la sentencia recurrida y ordeno reponer el procedimiento para los siguientes efectos: "a. Se deje insubsistente la celebración de la audiencia constitucional. b. Se requiera a la parte quejosa para que aclare su escrito de demanda respecto al acto reclamado que hizo consistir en "la retención de mis pagos desde el 1 de noviembre de 2012 hasta el 21 de abril de 2015", para tal efecto, precisará: 1. Si laboró o no durante ese periodo, y en caso de que no, dirá la razón correspondiente; 2. Si con motivo de la retención, requirió por su pago a alguien, precisando circunstancias de modo, tiempo y lugar, y qué respuestas obtuvo. c. Se ordene la notificación personal a la parte quejosa del informe justificado rendido por las autoridades responsable, corriéndosele traslado con los anexos del mismo, a fin de que esté en aptitud de ampliar su demanda, en caso de que así lo considere, o que tenga oportunidad de desvirtuar el mismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. d. Requiera a la parte quejosa, para ver si es su deseo ampliar la demanda respecto de los actos realizados por el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. e. Hecho lo anterior, seguido el juicio por sus etapas, resuelva con plenitud de jurisdicción la litis constitucional.". En proveído de quince de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio correspondiente y se ordenó dar cumplimiento a los puntos resolutivos expuestos por la autoridad, asimismo se ordenó la notificación personal de la parte quejosa del referido auto. En proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, al no haber realizado manifestaciones por parte del quejoso, se ordenó continuar con el procedimiento del juicio de amparo; asimismo, en dicho proveído se comunicó a las partes el cambio de titular; y por último, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el diverso Acuerdo General 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, debido a que se reclama un acto en materia administrativa, con ejecución material dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", aplicables por identidad de razones. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda en relación con las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama: El procedimiento administrativo de separación 02/2015, incoado en contra del quejoso, con motivo de haber faltado injustificadamente a sus labores, cuatro días seguidos, del 23 veintitrés al 26 veintiséis de marzo de dos mil quince. El procedimiento administrativo de separación 04/2015, incoado en contra del solicitante del amparo, debido al resultado no aprobado en los exámenes de control y confianza. La retención de sus pagos desde el 1° uno de noviembre de 2012 dos mil doce, hasta el 21 veintiuno de abril de 2015 dos mil quince. TERCERO. Oportunidad. La quejosa fue notificada del acto reclamado el veintiséis de mayo de dos mil quince, por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veintiocho de mayo al diecisiete de junio del propio año; en tal virtud, si la demanda de amparo se presentó el veintiséis de mayo de dos mil quince en cita, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se estima que ello ocurrió dentro del término que la Ley dispone. CUARTO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables la Directora de Procedimientos Internos Administrativos y Laborales; el Presidente Municipal; el Oficial Mayor; el Pleno de la Comisión de Honor y Justicia; el Director General de Seguridad Pública; el Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco; y, Síndico, por sí y en representación del señalado Ayuntamiento, al rendir sus informes con justificación negaron la existencia del acto que se le reclama consistente en consistente en la retención de sus pagos, precisado en el inciso c) del considerando segundo, que antecede. Como el referido actos es de naturaleza positiva y la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa planteada, se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto de los actos atribuidos a esa autoridad en particular, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que de las constancias de autos no se advierte que la referida autoridad haya tenido participación alguna en los actos reclamados que resultaron existentes, lo cual robustece la negativa que realizó. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables la Directora de Procedimientos Internos Administrativos y Laborales; el Presidente Municipal; el Oficial Mayor; el Pleno de la Comisión de Honor y Justicia; el Director General de Seguridad Pública; el Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco; y, el Síndico, por sí y en representación del señalado Ayuntamiento, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de los actos que se reclaman sintetizados en los incisos a) y b), del considerando segundo, por lo que se tiene por cierto para efectos del presente juicio de amparo. Robustece lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que así se corrobora con la documental consistente en las copias certificadas que la propia autoridad acompañó al informe de mérito, documental a la que se le concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del enjuiciamiento civil federal aplicado supletoriamente a la ley de la materia. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, las responsables en comento, sostienen que se actualizan las causas de improcedencia previstas por las fracciones X, XIII y XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, bajo los argumentos, respectivamente, de que en el presente juicio de amparo se reclaman, en esencia, los mismos actos que se impugnaron en el diverso juicio 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco. Luego, debido a que el propio quejoso manifiesta, en su demanda de garantías que continúa en sus funciones operativas, y finalmente, porque, dicen, al no haberse dictado la resolución de cese del aquí quejoso, por tanto, consideran, han cesado los efectos del acto reclamado, incluso se han dictado acuerdos en los que se ordena abstenerse de emitir la resolución pertinente, debido a la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión derivado del precitado juicio de garantías, del índice del juzgado homólogo. Razones, todas éstas, por las que insisten el presente juicio constitucional, deviene improcedente. Al respecto, es de decir que de la consulta que se realiza al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este juzgador advierte la sentencia dictada en el juicio de amparo 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco, mismo que se trae a colación como hecho notorio, para los efectos legales a que haya lugar. Ello, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y atento a lo determinado en la jurisprudencia 74/2006 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 24/2005, que a la letra señala: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Asimismo, cobra aplicación la tesis de la Décima Época, identificada como (V Región) 3o.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la página 2181, libro 21, de agosto de dos mil quince, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.- De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". Ahora bien, de la referida sentencia dictada en el juicio de amparo 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero homólogo, se lee que los actos reclamados en el mismo, fueron las órdenes verbales tendientes a cesar en sus funciones al aquí quejoso, así como impedir que ejerza las mismas; no así la instauración de algún procedimiento seguido en su contra. Por lo que la respectiva causa de improcedencia, esto es, la contenida en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es de desestimarse. También es de desvirtuar la improcedencia que las responsables hacen derivar de las manifestaciones de voluntad del quejoso, que dicen, entrañan el consentimiento del acto reclamado, derivado del propio señalamiento que se formula en la demanda inicial de demanda, relativo a que el solicitante del amparo continúa en sus funciones operativas. Se dice que es de desestimar dicha causal, porque el hecho de que se indique que continúa laborando, de manera alguna implica que se consientan los procedimientos administrativos instaurados en su contra; pues, precisamente por el temor de que lo cesen o separen del desempeño de sus funciones laborales, es que impugna la instauración de dichos procedimientos. De igual modo, es de desestimar la diversa causa de improcedencia del presente juicio de garantías, relativa a que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que no se ha dictado la resolución de cese del aquí quejoso, incluso, porque se han dictado acuerdos en los que se ordena abstenerse de emitir la resolución pertinente, debido a la medida cautelar decretada en el incidente de suspensión derivado del juicio de garantías 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero homólogo. Como se anticipó tampoco asiste la razón a las responsables cuando formulan la citada aseveración, porque a fin de que cesen los efectos de determinado acto reclamado, es necesario que se destruya la acción atribuida a las responsables, para de esa manera se purgue la transgresión combatida; lo que en el caso no acontece, porque los procedimientos instaurados en su contra están vigentes. De ahí lo infundado de la causa de improcedencia en comento. Al haber quedado desvirtuadas las causas de improcedencia hechas valer por las responsables, y este juzgador no advertir la existencia de diversas que estudiar, procede analizar los conceptos de violación respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia, los cuales se dan por transcritos en obvio de repeticiones innecesarias, además de que no transgrede las normas que regulan el procedimiento y de acuerdo a lo señalado por la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 599, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". SÉPTIMO. Estudio y resolución del asunto. Resulta sustancialmente fundado el concepto de violación hecho valer, en el que el quejoso aduce que se viola en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ni la garantía de audiencia y defensa, éste suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en acatamiento a lo previsto por la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 12, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014203, del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". La anterior afirmación se formula en ese sentido al analizar los procedimientos de responsabilidad administrativo números 2/2015 y 04/2015, incoados en contra del quejoso, respectivamente, con motivo de haber faltado injustificadamente a sus labores, cuatro días seguidos, del 23 veintitrés al 26 veintiséis de marzo de dos mil quince, así como por haber resultado no aprobado en los exámenes de control y confianza. En efecto, de la integración del citado procedimiento de responsabilidad administrativo número 2/2015, cuyas copias certificadas remitidas por las responsables merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende para lo que aquí interesa evidenciar, lo siguiente: °El oficio 0340-03/D.S.P./2015, mediante el que el Director General de Seguridad Pública Municipal, le comunica y remite a la Directora de Procedimientos Internos, Administrativos y Laborales del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, cuatro actas administrativas elaboradas al aquí quejoso, con motivo de haber faltado injustificadamente del veintitrés al veintiséis de marzo del año en curso; asimismo le informó que tal conducta se estima causal de separación, por lo que solicitó se realizaran los trámites necesarios y correspondientes para darlo de baja. ° El acuerdo dictado el dieciséis de abril de dos mil quince, en el que se tuvo por recibido el oficio y anexos (actas administrativas) referidos en el párrafo que antecede, y se ordenó emplazar al elemento denunciado, aquí quejoso, así como correrle traslado con copias simples de todo lo actuado para que estuviera en posibilidades de imponerse de dichas actuaciones y formular la defensa pertinente en la audiencia de pruebas y alegatos. ° El acta de notificación personal practicada al solicitante del amparo, el veintiséis de mayo de dos mil quince, en la que se asentó que se le hizo saber el contenido del acuerdo dictado el dieciséis de abril de dos mil quince, referido en el párrafo que precede, para lo cual se formuló la respectiva transcripción del mismo, a cuyo término se asentó que "[.] se le corre traslado emplazándolo entregándole copias de todo lo actuado (.), para su conocimiento y para que prepare su legal defensa, informándoles (.) la fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos será este viernes 29 de mayo de 2015 dos mil quince a las 9:30 nueve horas con treinta minutos [.]". A final de dicha acta se observa la firma del solicitante del amparo, sin la debida manifestación de haber recibido el oficio que se le notificó, así como las cuatro constancias de inasistencia sin justificación, motivo de la instauración del procedimiento administrativo 2/2015, lo cual tampoco se advierte del documento denominado "acta de notificación personal" de diez de junio de dos mil quince en razón de que no contiene firmas de ninguna de las personas que se indica que intervinieron, ni mucho menos la entrega de constancias al aquí quejoso. °El acuerdo dictado el veintinueve de mayo siguiente, en el que se dio cuenta con razón de la medida cautelar decretada en el juicio de garantías 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero homólogo, la que se ordenó para efecto de que al aquí quejoso no se le dictara la resolución final en dicho procedimiento (2/2015), así mismo para que se le permitiera seguir laborando en el desempeño de sus funciones. Ahora bien, del análisis que se realiza a las actuaciones del diverso expediente administrativo de separación 4/2015, cuyas copias certificadas remitidas por las responsables merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende para lo que aquí incumbe demostrar, lo siguiente: ° El oficio número S.G.086/2015, de veinticinco de marzo de dos mil quince, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Tala, por medio del que comunicó a la Directora de Procedimientos Internos del citado Ayuntamiento, que el aquí quejoso, resultó no aprobado en las evaluaciones de Control y Confianza; adjuntándole el diverso oficio CESP/CEECC/RI/A 1134/2012, suscrito por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en el que se concluyó que el impetrante de garantías no aprobó en la evaluación para el control de confianza a fin de conservar su permanencia en una institución de seguridad pública; sin embargo, no se hizo de su conocimiento las pruebas a que fue objeto de evaluación y los resultados que con cada una de ellas se obtuvo, de cuyo conjunto arrojó como calificación el resultado de no aprobado en dicha evaluación. En efecto, tal como lo alega el solicitante del amparo, sólo se exhibió el oficio referido sin indicar ni demostrar qué exámenes le fueron practicados y en cuáles no obtuvo una calificación favorable, cuyos resultados arrojaron la precitada conclusión de no aprobado. Por lo que dicha conclusión resulta sin sustento probatorio; y al no habérselas mostrado, como se desprende de las constancias que obran en dicho procedimiento del que derivan los actos reclamados, de ahí que no se respetó su garantía de audiencia y defensa. ° El acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince, mediante el que la Directora de Procedimientos internos, Administrativos y Laborales, tuvo por recibido el oficio y anexos citados en el párrafo que antecede y, asimismo, ordenó remitir las actuaciones al Director General de Seguridad Pública, a efecto de que substancie el correspondiente procedimiento administrativo al aquí quejoso. ° Acta administrativa elaborada el veinticuatro de abril de dos mil quince, en la que se hizo constar, por el Director General de Seguridad Pública Municipal de Tala, Jalisco, conforme a la documentación recibida, que el aquí quejoso, resultó no aprobado en los exámenes de Evaluación y Control de Confianza, por lo que facultó a la Dirección de Procedimientos Internos Administrativos y Laborales de dicha entidad pública municipal, a substanciar el respectivo procedimiento administrativo de separación. ° Acuerdo de cinco de mayo del año en curso, en el que se tuvo por recibido el oficio 0418/D:S:P:/2015, mediante el cual, el Director de Seguridad Pública remitió el acta administrativa referida en el párrafo que precede, relativa a la no aprobación del solicitante del amparo de los exámenes de control y confianza, por lo que se ordenó emplazar al elemento en comento, aquí quejoso, así como correrle traslado con copias simples de todo lo actuado para que estuviera en posibilidades de imponerse de dichas actuaciones y formular la defensa pertinente en la audiencia de pruebas y alegatos. ° El acta de notificación personal practicada al solicitante del amparo, el veintiséis de mayo de dos mil quince, en la que se asentó que se le hizo saber el contenido del acuerdo dictado el cinco de mayo de dos mil quince, referido en el párrafo que precede, para lo cual se formuló la respectiva transcripción del mismo, a cuyo término se asentó que se le corría traslado y emplazaba, entregándole copias de todo lo actuado en el procedimiento relativo para su conocimiento y para que prepare su legal defensa, informándole, además, la fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, para el 29 de mayo de 2015 dos mil quince a las 10:30 diez horas con treinta minutos. Asimismo, se hizo constar que como antecedentes laborales disciplinarios se encontró la substanciación del diverso procedimiento administrativo 2/2015 (referido en líneas anteriores). Además se certificó que debido a la medida cautelar decretada en el juicio de garantías 2429/2012, del índice del Juzgado Tercero homólogo, en caso de iniciar o que se hubiera iniciado (a esa fecha) algún procedimiento administrativo de separación, se continuara con el mismo, pero se abstuvieran, las responsables, de dictar la resolución final en dicho procedimiento (4/2015), así mismo para que se le permitiera seguir laborando en el desempeño de sus funciones. A final de dicha acta se observa la firma del solicitante del amparo, sin la debida manifestación de haber recibido el oficio que se le notificó, así como la constancia que se levantó a efecto de hacer constar que no aprobó los exámenes de control y confianza, motivo de la instauración del procedimiento administrativo 4/2015, mucho menos los resultados de dichos exámenes. ° El acuerdo dictado el veintinueve de mayo de dos mil quince, en el que se hizo constar la incomparecencia sin causa justificada del aquí quejoso y por tanto, se le tuvo por perdido el derecho para ofrecer pruebas y alegatos, por lo que se ordenaron turnar los autos para emitir la respectiva resolución. Como se adelantó, es fundado el motivo de queja en el que el quejoso aduce, que se viola en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ni la garantía de audiencia y defensa. Bajo esa tesitura, resulta conveniente analizar el artículo 14 de la Carta Magna, el cual para lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Del numeral transcrito se advierten dos garantías fundamentales, a saber: a) la de previa audiencia y defensa y; b) la de legalidad. La primera de las garantías precitadas, consiste en que todo gobernado previo a cualquier acto de privación en sus derechos, propiedades o posesiones, debe ser llamado por un tribunal al respectivo juicio de donde emane el acto privativo, de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, para que pueda hacer valer sus defensas y oponer excepciones y que, en consecuencia, sea oído y vencido en juicio. Por la segunda garantía, entiéndase que todo acto de autoridad debe estar apegado al cuerpo legal expedido con anterioridad al acto jurídico; es decir, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, para que así pueda respetarse el principio de legalidad aludido. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia, consagrada en el precepto referido, obliga a las autoridades a que antes de la emisión de un acto privativo, debe seguirse un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, así como darle la oportunidad de ofrecer pruebas y realizar alegatos. Circunstancia que de no cumplirse, infringe la referida garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Ahora bien, retomando, de la precitada reseña de actuaciones, se evidencia que las responsables no cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento; por ende, transgredieron la garantía de seguridad jurídica al no otorgar correctamente la garantía de previa audiencia y defensa establecida en el artículo 14 Constitucional. Ello es así, porque al servidor público, hoy quejoso, no le dan la oportunidad de trabajar adecuadamente su defensa en las respectivas audiencias, inherentes a cada uno de los procedimientos administrativos de separación instaurados en su contra, esto es, el 2/2015 y 4/2015. En efecto, tal afirmación obedece, por lo que ve al primero de los procedimientos administrativos en comento, esto es, el 2/2015, a que de las referidas documentales si bien se advierte que al oficio 0340-03/D.S.P./2015, se adjuntaron cuatro actas administrativas levantadas al aquí quejoso, con motivo de haber faltado injustificadamente del veintitrés al veintiséis de marzo del año en curso, también lo es que no hay constancia fehaciente de que se hubiera corrido traslado con las mismas al aquí quejoso, para su conocimiento, pues en el acta de emplazamiento del procedimiento administrativo al que dieron origen las mismas, esto es, el 2/2015, se asentó que le dieron lectura al acuerdo mediante el que se tuvieron por recibidas las mismas. En otras palabras, no le hicieron saber las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que dichas constancias de inasistencia se levantaron. Tampoco, hay constancias fehacientes de que se hubiera corrido traslado con dichas documentales. Circunstancia demostrativa de que le privaron de la oportunidad de desvirtuar los señalamientos que se le imputan, respecto de la inasistencia injustificada a desempeñar sus labores. Luego, la transgresión a las formalidades del procedimiento, también se configura por lo que ve al segundo de los procedimientos administrativos en cita, esto es, el 4/2015. Ello, porque en la audiencia respectiva, no se advierte que le informaran con qué elementos de prueba se determinó en el oficio CESP/CEECC/RI/A 1134/2012, suscrito el dieciocho de octubre de dos mil doce, por el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que se obtuvo un resultado de no aprobado en la evaluación de control de confianza que se le practicara para conservar su permanencia dentro de una institución de seguridad pública. Así como tampoco, dicha circunstancia, se evidencia con ningún resultado anexó a dicho oficio. En otras palabras, no le hicieron saber el resultado de cada uno de los exámenes que se le practicaron en dicha evaluación y en cuáles de ellos no obtuvo un resultado satisfactorio que arrojara en su conjunto una calificación general de no aprobado. Tampoco, que se le corriera traslado con los exámenes a que fue objeto y sus respectivas evaluaciones y resultados. Circunstancia demostrativa de que le privaron de la oportunidad de desvirtuar los señalamientos que se le imputan, así como los parámetros y/o mediciones con las cuales las responsables determinaron que el impetrante de garantías resultó no aprobado para continuar en una institución de seguridad pública. Con mayor razón, porque de las documentales correspondientes al procedimiento materia del acto reclamado (el 4/2015) no se advierte que obren las mismas, ni mucho menos que se le hayan hecho del conocimiento al impetrante de garantías, en perjuicio del promovente de garantías y de su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, en particular, de su derecho de audiencia y defensa. Al respecto este juzgador considera pertinente citar la jurisprudencia número doscientos dieciocho, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta, Tomo I, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así también, la tesis número 1.70. A.41 K, sustentada en la Época citada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página un mil doscientos cincuenta y cuatro, Tomo XV, de enero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que apunta: "AUDIENCIA. CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a la0s que se unen, además las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas". En ese contexto, dado que los argumentos analizados resultaron fundados, procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. NOVENO. Efectos del otorgamiento de la tutela federal. En esas condiciones, al advertirse que en los procedimientos administrativos 2/2015 y 4/2015, no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 Constitucional, en perjuicio del quejoso, en específico su derecho de audiencia y defensa; procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que: a).- Se dejen sin efectos las audiencias de pruebas y alegatos celebrada a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil quince, dentro del procedimiento 2/2015. Y, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de mayo de dos mil quince, dentro del procedimiento 4/2015, y b).- Previo a fijar fecha para su celebración y continuación del procedimiento, se ordene que se informe al quejoso de manera personal, por lo que ve al procedimiento 2/2015, las circunstancias de modo tiempo y lugar de las cuatro actas administrativas de inasistencia injustificada a sus labores, corriendo el traslado correspondiente; así como, por lo que respecta al diverso procedimiento 4/2015, se informe al solicitante del amparo, de manera personal, de todos y cada uno de los exámenes a que se sometió en la evaluación de control de confianza que se le practicó con el fin de conservar su permanencia en una institución de seguridad pública. Así como los resultados de esos exámenes y que arrojaron la conclusión de no aprobado en esa evaluación, para lo cual se le deberá correr traslado con copia de dichas constancias, debiendo realizar todos los actos necesarios tendientes a que se le informe al solicitante del amparo de lo anterior. DÉCIMO. Publicación. Conforme lo establece el artículo 6° Apartado "A" fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de oponerse a la exposición de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Adán González Rodríguez, por los actos que quedaron precisados en el considerando segundo, inciso c), por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Adán González Rodríguez, contra los actos y la autoridad establecidos en el considerando segundo de este fallo y para los efectos precisados en el séptimo subsecuente. TERCERO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

  3. Principal

    Tribunal colegiado admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto en autos. Nota de registro de revisión principal. Se toma nota que se registró como revisión principal 289/2019-III; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Del análisis integral de los presentes autos se aprecia que en proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a aquel en que le fuera devuelto el exhorto que envió al Juez de Primera Instancia Mixto del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, con el objeto de emplazar a la parte demandada, lo informara a este órgano jurisdiccional. Sin embargo, al día de hoy, la responsable no ha informado nada al respecto, no obstante que fue notificada del acuerdo de referencia el veinticuatro de junio siguiente, según se aprecia de la constancia respectiva que obra en autos. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos las notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: Acredite que se emplazó a la parte demandada del juicio laboral 1423/2017/17-F de su índice. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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