Alberto Alias Alonso
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alberto Alias Alonso
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica y firma electrónica del Actuario Judicial del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria de veinticinco de junio del año en curso, dictada por el Pleno de dicho Tribunal, en el expediente C.C.A. 12/2021, relativo al conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que dicho órgano colegiado consideró competente para conocer del juicio al homólogo federal. De lo anterior se toma conocimiento. Sin que haya lugar a acusar recibo de estilo, toda vez que al ser remita la resolución vía interconexión, este emite dicha constancia una vez acontecido su envío. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuaderno como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Al tratarse de un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer de la demanda, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso j), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio con evidencia criptográfica y firma electrónica del Actuario Judicial adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual transcribe el proveído de dos de junio del año en curso, del que se desprende que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de esa ciudad y este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el número 12/2021. De lo anterior se toma nota. Notifíquese. Jesús Peralta Rodríguez.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso 10960/2021 por el que se le devolvió el original del juicio de amparo 981/2020-V y anexos, de su índice; asimismo, informa que remitió dicho expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que resuelva el conflicto competencial. De lo anterior se toma nota. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio 13321/2021, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 981/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***y otros, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y diversas autoridades, en cumplimiento al auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el referido expediente, en el que declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del citado asunto, declinando competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 267/2021. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sostiene esencialmente en el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, que el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en turno, tiene competencia legal por razón de territorio para resolver del asunto, dado que de las constancias que obran en autos, se observa que la parte quejosa, en esencia, reclama la omisión de entregar de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destinados a los habitantes del municipio de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), Oaxaca; pues enfatizó que de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa relató, entre otros hechos que: "El siete de septiembre de dos mil diecisiete, el municipio de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), fue afectado por un sismo de intensidad 8.2 y diversas réplicas, dejando derrumbes en inmuebles de ese poblado, lo que incluyó pérdidas en el patrimonio de varias familias. La Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Oaxaca y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, banca de desarrollo (BANSEFI), en la sede de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, suscribieron a nombre de los quejosos, contratos de depósito bancario a la vista para la dispersión de programas gubernamentales y las tarjetas de débito Bansefi a cada uno, donde se depositó, únicamente, la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Con anterioridad a la presentación de la presente demanda, los pobladores de la citada comunidad promovieron diversos juicios de amparo y, ante la imposibilidad material de presentar a cada uno de los pobladores a las oficinas de los juzgados de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, para ratificar la demanda de amparo, tomando en cuenta su nivel económico y social, así como la mayoría de edad, se tuvieron por no presentadas las demandas en cada uno de esos asuntos." Ahora, en el caso, se estima que quien debe conocer de la demanda de mérito, lo es el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien previno en el conocimiento del asunto, por las siguientes consideraciones: Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en la especie, interesa destacar el referente a la competencia por territorio, por ser precisamente la materia de la presente controversia. La competencia territorial es la que distribuye las facultades para juzgar entre órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio las establece el artículo 37 de la Ley de amparo que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del anterior precepto derivan tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio, a saber: Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Para dilucidar el presente asunto, debe precisarse bajo que regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubican los actos reclamados, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica de los mismos a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer el asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En consecuencia, para determinar bajo que regla o reglas de competencia por razón de territorio se ubica el presente juicio de amparo, en razón de la naturaleza jurídica de los actos, es necesario precisar que los quejosos Alberto Alias Alonso y otros, reclamaron: "La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibiéramos de manera completa los recursos del Fondos de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los suscritos pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo ("Ranchu Gubiña") Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 M.N. (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por persona, en términos del anexo IV "Atención de la vivienda" de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en relación con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, y las Reglas Generales del FONDEN, para la reconstrucción y reparación de los inmuebles de nuestra propiedad que fueron dañados como consecuencia del terremoto sucedido el 7 de Septiembre de 2017 y las miles de réplicas siguientes..." Ahora bien, es cierto que los actos reclamados consistentes en la continua afectación en la que se encuentran los inmuebles de su propiedad con motivo de la falta de entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para la reconstrucción y reparación de dichos predios ubicados en el municipio zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, constituye un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo, sin embargo, resulta claro que dichos actos no son los únicos que se reclaman en la demanda de amparo. Así es, como se destacó con antelación, en la especie, los peticionarios del amparo señalaron también como actos reclamados las omisiones de las autoridades para tomar acciones inmediatas, reales y eficaces para que reciban de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales destinados a los pobladores del municipio de Unión Hidalgo (Ranchu Guviña), Oaxaca, actos que hasta este estado procesal, no se advierte que requieren de ejecución material. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por razón de territorio del Juez que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra previsto por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del Juez de Distrito. Así ya lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Jurisprudencia 1a./J. 17/2014, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible a página 500, del Libro 6, Mayo de dos mil catorce, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora, de conformidad con el contenido integral, armónico del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material; entre tanto, otros actos también señalados como reclamados no requieren ejecución material; serán competentes para conocer del asunto en su integridad tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado que quiere ejecución, como el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda atendiendo a los actos reclamados que no requieren ejecución material. En ese sentido, existe igualmente criterio en cuanto al tema relativo a qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, es el relativo a que es posible que en un mismo amparo coexistan las dos reglas de competencia, es decir la de los actos que sí requieren ejecución material; pero que ante la falta de regulación expresa para definir a cuál de los dos jueces resultan competentes por la concurrencia de dichas reglas, debe atenderse entre otras a privilegiar la facilitación del acceso a la justicia del quejoso. El criterio en comento se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Libro XX, mayo de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, correspondiente a la décima época, con número de registro 2003502, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Sin que pase inadvertido que la jurisprudencia en cita interpreta la Ley de Amparo abrogada, así como el tema que nos ocupa no se refiera al embargo de cuentas bancarias; sin embargo, se considera que en la especie sirve de referencia para dilucidar el tema relativo a si es posible que dos Jueces de Distrito puedan resultar legalmente competentes por razón de territorio para conocer de una misma demanda de amparo por actualizarse una regla de competencia a favor de uno de ellos que obedece a la ejecución material de uno de los actos reclamados, y al mismo tiempo actualizarse otra regla de competencia a favor de otro juzgador que a su vez atiende a los actos que no requieren ejecución material; así como para conocer la tendencia actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de dicha temática y su solución. Conforme a la consideración tomada en el párrafo anterior, este órgano de control constitucional, considera que, se deben atender los principios introducidos en la reforma constitucional en derechos humanos en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, concretamente con el principio interpretativo pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que todas las autoridades deben realizar la interpretación que más favorezca al derecho de los quejosos. De ahí que ante la falta de regulación sobre el tema relativo a qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de una demanda de amparo en el que se reclaman tanto actos que no requieren ejecución material como otros que sí requieren de tal ejecución, no debe optarse sin mayor análisis por la regla de competencia establecida para los actos que requieren ejecución material, sino considerar las dos reglas, es decir que pueden coexistir tanto la fijada para los que no requieren tal ejecución, como la diversa establecida para los que sí requieren esa ejecución. Se considera así porque en el tema de la competencia, al encontrarse involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para las partes, de tal suerte que al considerar que es posible que en ese caso concurran las dos reglas en comento, entonces podrá establecerse la competencia prefiriendo la regla que resulte más benéfica para la parte quejosa, como posteriormente se hará en el presente proveído, lo cual sin duda privilegia el mencionado derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo relativo al principio pro persona, resulta oportuno citar la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 799 del libro XIII, octubre de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, correspondiente a la décima época, la cual es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." Luego, ante la falta de regulación expresa para el caso, éste órgano jurisdiccional, en observancia del principio pro persona establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, estima que la competencia por territorio debe prevalecer a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, a saber, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En efecto, si bien es cierto que la propia Ley de Amparo en su artículo 37, señala que será el Juez competente el que tenga la jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución o trate de ejecutarse, es decir, en la localidad en que se encuentre el domicilio de los hoy quejosos, ubicado en el municipio de Unión Hidalgo (Ranchu Guviña), Oaxaca, criterio que podría servir de referencia para establecer la competencia del presente asunto, en el sentido de considerar competente a este Juzgado de Distrito, por ser el lugar donde se afectó el domicilio de los impetrantes de amparo. También es cierto que no es acorde al principio de interpretación pro persona elegir la regla de competencia aplicable para los actos que requieran ejecución o que se hayan ejecutado, esencialmente porque atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado su demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia relacionados con el asunto (Ciudad de México), en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto de este juzgador de amparo involucrado (por ejercer jurisdicción en Unión Hidalgo [Ranchu Gubiña], Oaxaca), dado que los promoventes optaron por acudir ante él y no a este del territorio relacionado, por tanto, en la especie debe prevalecer la regla de competencia aplicable para los actos que no requieren de ejecución material, es decir, la que establece que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Se comparte el criterio sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 17/2015, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en su jurisprudencia I.16o.A.9 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 25, de diciembre de dos mil quince, tomo II, visible a página 1223, de la décima época, con número de registro 2010698, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." Cabe señalar que los criterios invocados resultan aplicables al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, puesto que su contenido no se opone a la Ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Resulta pertinente precisar que similar criterio sostuvo el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en relación con la determinación de la competencia planteada, en su resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el conflicto competencial CCA 2/2018 (CCA 1/2018), relativo al Juicio de amparo 498/2017 del índice de este Juzgado, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México. También se invoca como hecho notorio el juicio de amparo 12/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por Dominga Martínez Espinoza, de la cual se advierte que por acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve, no se aceptó la competencia declinada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, razón por la cual el Juez declinante insistió en su incompetencia, remitiendo el expediente al Tribunal de Alzada para la substanciación de conflicto competencia, el cual le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual lo radicó con el número C.C.A 11/2019, quien por ejecutoria de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve determinó que quien debía conocer de la demanda de amparo debía ser el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al ser quien previno en el conocimiento de la demanda inicial. Asimismo, se trae a la vista el diverso juicio de amparo 44/2020, de la estadística de esta sede judicial, en el cual no se aceptó la competencia declinada por el Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de la demanda promovida por Alfredo Rodríguez Ocelotl, lo cual dio origen a un conflicto competencial del cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por ejecutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 8/2020, consideró que en términos del tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos omisivos que no requieren ejecución material, la competencia para conocer del asunto se surtía en favor del Juzgado que previno en el conocimiento del asunto. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo tercero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase a la autoridad jurisdiccional declinante los autos originales del juicio de amparo 981/2020, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Alberto Alias Alonso y otros, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y de diversas autoridades; lo anterior, previa copia certificada que de la demanda de amparo y demás constancias pertinentes, se deje en este expediente; solicitando el acuse respectivo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Cúmplase
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