Alberto Alejandro Sarabia Llanes

Expediente 1317/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1317/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Alberto Alejandro Sarabia Llanes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá su destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existe documento original exhibido por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA IV.- Vista la cuenta que antecede, agréguese a éstos autos el informe justificado rendido por el oficio signado por del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con un anexo consistente en copias certificadas de constancias del expediente 219/2019. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. ALBERTO ALEJANDRO SARABIA LLANES, reclama esencialmente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de requerir pago y embargo en el juicio laboral de origen 219/2019. HECHOS. Del informe justificado, y sus anexos que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se dictó el auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral de origen. 2. Constancia de notificación del acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la quejosa en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de requerir pago y embargo en el juicio laboral de origen 219/2019. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su oficio de cuenta, antes relatadas y valoradas, se aprecia que el veinte de enero de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dictó acuerdo de requerimiento de pago y embargo. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de la Junta responsable, de requerir pago y embargo en el juicio laboral de origen 219/2019 y de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el veinte de enero de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo correspondiente al requerimiento de pago y embargo el cual fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, es decir, posterior a la presentación de este juicio de amparo; en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la omisión reclamada, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto déjese sin efectos la misma. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia del rubro y tenor literal siguiente: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA IV.- Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día doce de enero del año en curso, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudaron los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado; comuníquese a las partes que en el presente asunto se han reanudado los términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se acuerda: toda vez que aún se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que rinda su informe de ley, otorgado en los presentes autos, siendo que con motivo de la suspensión de labores mencionada en el párrafo anterior, el oficio de a la autoridad responsable se entregó hasta el día doce del mes y año en curso; por tal motivo, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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