Alberto Alejandro Lara Flores
Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Alejandro Lara Flores
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; dieciséis de mayo de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza, firma y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 27 DE ABRIL DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato; veintisiete de abril de dos mil veintidós. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 490/2022-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Alberto Alejandro Lara Flores, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E.L.R. III. Autoridades responsables. Juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad, y otra autoridad. IV. Acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado el siguiente: "La omisión de proporcionar fechas para convivencias supervisadas de acercamiento paulatino, restitución y fortalecimiento de la relación paterno filial de la menor de E.L.R. con su progenitor, mismas que fueron decretadas en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio oral ordinario sobre alimentos 398/2022-F." V. Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se determina que es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En la especie, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación literal de las porciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando, entre otras cosas, se actualiza alguna causal por disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Asimismo, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando los actos que se reclaman no sean de imposible reparación, es decir, cuando no hay una afectación material a los derechos sustantivos contenidos en marco de constitucionalidad. Ahora bien, en el caso concreto, como ya se anticipó, la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de proporcionar fechas para convivencias supervisadas de acercamiento paulatino, restitución y fortalecimiento de la relación paterno filial con su menor hija de iniciales E.L.R., mismas que fueron decretadas en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio oral ordinario sobre alimentos 398/2022-F. Esto es, se reclaman actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio que no ocasionan a la parte quejosa, un perjuicio de imposible reparación, pues no hay ninguna afectación material - directa e inmediata- a derechos sustantivos, sino únicamente pueden considerarse lesivos de derechos adjetivos o procesales, contra los cuales el juicio de amparo resulta improcedente, pues las convivencias fueron decretadas el diecinueve del mes año en curso, por lo que se encuentra en vías de cumplirse ya que han transcurrido ocho días en que se están gestionando por el Centro de convivencias del Sistema para el desarrollo integral de la familia en esta ciudad. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, agosto de 1992, página 11, registro digital 205651, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En efecto, la violación que alega la parte quejosa a su derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, por no proporcionar fechas para las convivencias supervisadas de acercamiento paulatino, restitución y fortalecimiento de la relación paterno filial con su menor hija de iniciales E.L.R., mismas que fueron decretadas en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio oral ordinario sobre alimentos 398/2022-F, únicamente tiene consecuencias de carácter adjetivo o procesal, que por sí mismas no generan un perjuicio de imposible reparación. Siendo que, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 1186, registro digital 184249, que en su rubro y texto rezan lo siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Establecido lo anterior, es de señalarse que los actos motivo de reclamo en este juicio, no constituyen actos que resulten de imposible reparación, sino actuaciones relacionadas con los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que si bien, inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento o las cargas que en el mismo les son atribuidas; también lo es, que cuando se logra su objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales, dado que la violación procesal de que se duele desaparecerían ua vez que la responsable fije las fechas de convivencias. Ello es así, toda vez que la afectación que provoca no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, puesto que la omisión de la que la parte quejosa se duele no es autónoma del procedimiento, ni menos aún, se advierte que exista una abierta dilación del proceso o su paralización total. Se afirma tal aserto, pues la dilación procesal reclamada consiste en la aparente falta de pronunciamiento de la responsable sobre proporcionar fechas para las convivencias supervisadas de acercamiento paulatino, restitución y fortalecimiento de la relación paterno filial del quejoso con su menor hija de iniciales E.L.R., mismas que fueron decretadas en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós en el juicio oral ordinario sobre alimentos 398/2022-F; no obstante, dichas convivencias ya fueron decretadas, aunando a que dicha determinación es de carácter reciente, por lo que se debe dar oportunidad a girar y enviar los oficios correspondientes con el objeto de dar continuidad al procedimiento, lo que hace evidente que los efectos del acto impugnado no se han materializado en su esfera jurídica. De ahí que no se considera la existencia de una abierta dilación del proceso o su paralización total, en tanto que el promovente puede hacer valer sus respectivos derechos y cargas procesales ante la juez responsable, a efecto de impulsar la continuación al asunto; lo cual, en la especie, no se advierte que haya acontecido. Es aplicable la citada tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." A efecto de comprender el alcance de la hipótesis de excepción relativa, cabe decir que los conceptos de abierta dilación del procedimiento o su paralización total, se refieren propiamente a una inactividad procesal que se prolonga en forma excesiva, al grado de hacer nugatorios los derechos fundamentales de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Carta Magna, donde se prevé el deber de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia en los plazos y términos fijados por el legislador en la ley procesal ordinaria. Lapso el anterior de máximo ocho días, que no se considera excesivo al grado de constituir una abierta dilación del procedimiento y menos su paralización total, pues incluso el quejoso, al ser parte formal en el expediente de origen, estaría en condiciones como lo hizo, de solicitar al juez responsable que provea lo conducente; siendo por ello, que de ninguna forma resulta procedente el juicio de amparo. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos. por las partes, no constituye en sí mismo, una denegación de justicia, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido en representación de un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Cabe invocar la Tesis Constitucional, Común XXVII.3o.130 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2390 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2390, Décima Época, Registro digital 2018164, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.". VI. Domicilio y autorizados. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Reyes Durán López y Guillermo Ochoa Vargas, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral y su correlativo 24 ambos de la ley de la materia a Gustavo Figueroa de la Cruz y Luis Fernando Durán Torres, por no contar con dicho registro y por así haberlo solicitado. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las notificaciones personales que en este juicio se realicen deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de abril de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario que autoriza, firma y da fe.
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