Alberto Ahued Gasca

Expediente 512/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
512/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Alberto Ahued Gasca

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la cual se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Primero de lo Civil, con sede en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 307/2016 (681/2016), del índice de este juzgado, con las constancias relativas a la notificación del proveído de veintisiete de junio del año en curso, al quejoso ---------- dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente. Ahora bien, de la certificación que antecede se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso de marras a fin de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, le transcurrió del doce al catorce de los corrientes, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de veintisiete de junio del presente año, dictado dentro del presente juicio y con apoyo en la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para recibir y oír notificaciones en esta ciudad.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio que signa la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ---, contra actos que reclama del Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de dicha demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital; por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo. Acúsese recibo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 512/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.]" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." Del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues de la demanda de garantías y anexos, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual modifica la determinación asumida por el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, dentro de la audiencia auxiliar de veinte de abril del año en curso, derivado del juicio oral ordinario -----, para el efecto de que el juez de origen, requiriera al hoy quejoso, para que en el término de tres días, realizará propuestas de la institución educativa en la que habría de inscribir a los menores ---, de apellidos ---, en el próximo ciclo escolar, de acuerdo a los lineamientos del convenio que vincula a la partes, apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, se le aplicarían los medios de apremio previstos por el artículo 60 de la Ley de Amparo y, una vez hecho lo anterior, si las partes no se ponían de acuerdo respecto a dicho tópico, el juez de la causa elegiría la institución educativa respectiva, atendiendo al interese superior de los menores referidos. Sin embargo, como del propio acto reclamado se desprende, dichos actos no constituyen la última determinación dictada para cumplir con el convenio dictado en el expediente de origen, ya que para que el presente juicio de amparo sea procedente, se requiere que el acto reclamado sea la determinación que "aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente." Ahora bien, para mayor compresión de lo señalado, el suscrito juzgador estima conveniente puntualizar que en los juicios como del que deriva el acto reclamado, la autoridades instructoras en todo tiempo están en condiciones de modificar por causas supervinientes las resoluciones relacionadas con los derechos de los menores, ya que las mismas son de tracto sucesivo o periódico, es decir, solo implica que la condena tenga una duración indeterminada, más no que no sea factible dictar una resolución que tenga por cumplida la sentencia, en la medida de que si varían las condiciones que llevaron al Juez a dictar las medidas dictadas en primer término, o surge una causa superviniente, se estará en condiciones en emitir una nueva resolución, ya que resolver lo contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva. Consecuentemente, en el caso que nos atañe, la resolución que en todo caso afectaría los derechos sustantivos del quejoso, sería en donde, una vez hechas sus propuestas respecto a la institución educativa en la que los mencionados menores habrían de cursar el ciclo escolar 2016-2017, y que éste no llegara a un acuerdo con su contraparte, respecto a dicho tópico, el juez instructor, determinara en definitiva en qué institución educativa habrían de ser inscritos ---, de apellidos ---. Además, el acto reclamado solo trae como consecuencia que siga el trámite de la ejecución del juicio de origen, por lo que no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria antedicha, momento en el cual podrá impugnar todas aquellas violaciones, que le hayan dejado sin defensa durante la fase ejecutiva. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de un convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo, que en el caso lo constituiría la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo convenido o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenar el archivo definitivo del expediente; o en el presente caso, la determinación del juez de origen, respecto de la institución educativa en donde los menores ---, de apellidos ---, habrán de cursas el ciclo escolar 2016-2017; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que sea el juez de origen quien se pronuncie respecto a la institución educativa en donde los mencionados menores habrán de ser inscritos, para que, se esté presencia de la última resolución respecto a dicho tópico, para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que el acto que se reclama fue emitido en ejecución de sentencia en el juicio de origen del que emana el acto reclamado, en el que el quejoso tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Asimismo, se tiene al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona en su libelo constitucional. Luego, toda vez que se advierte de autos como domicilio del quejoso ---, el ubicado en ---, el cual se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de Partido Civil, en turno, con sede Salamanca, Guanajuato, para que, en auxilio de las labores de este juzgado, y en el ámbito de su jurisdicción ordene al personal a su cargo, para que se constituya en el citado domicilio y le notifique el presente proveído. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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