Alberto Acuña Reyes

Expediente 340/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
340/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Alberto Acuña Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Alberto Acuña Reyes, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 340/2019-I-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD , se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Tampico, Tamaulipas, lo siguiente: La omisión de dictar acuerdo sobre las pruebas relacionadas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinte de marzo del presente año, en el expediente laboral 373/2/2017. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. En ese sentido, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, a su vez en concatenación con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400. Ahora bien, las normas jurídicas de fuente legislativa aludidas en el párrafo anterior, establecen lo siguiente:. De lo anterior, se advierte que la última fracción del artículo 61 citado, no establece un motivo concreto de improcedencia, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, ya sea de fuente legislativa o de fuente jurisprudencial -lo que sucede con la fracción X del numeral 107 de la Ley de Amparo y con las Jurisprudencias con números de registro 2011580 y 2019400-. Del análisis de lo expuesto, tenemos que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose como tal, aquellos que son susceptibles de afectar directa o indirectamente derechos sustantivos, los cuales consisten en los bienes que se identifican con la vida, tales como los patrimoniales que surgen de las relaciones de la familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, entre otros; a diferencia de los denominados adjetivos, que son reglas para obtener del Estado la garantía del goce de aquellos bienes de la vida, pues tales derechos no tienen por sí mismos objeto propio de ejercicio. De ahí que las violaciones procesales no pueden impugnarse vía amparo indirecto, pues depende de que su violación llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, y es cuando éstas deben ser combatidas mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o auto que ponga fin al juicio. Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. Derivado de la anterior Jurisprudencia, se estableció, como regla general, la notoria improcedencia del juicio de amparo en contra de omisiones para acordar alguna promoción o algún acuerdo que repercuta en la prosecución del juicio de origen, a menos que del contenido de la demanda de amparo, se advirtiera una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en cuyo caso el controvertido constitucional sería procedente. Bajo ese contexto, en la actividad jurisdiccional, quedó a criterio de los Juzgadores lo que debía entenderse por "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total"; sin embargo, a partir del cuatro de marzo del presente año, se considera de aplicación obligatoria, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro y texto que se cita :"AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. En tal virtud, queda de manifiesto que el Máximo Tribunal del país, en concreto su Segunda Sala, estableció que se actualiza la excepción referida en párrafos precedentes, esto es, la abierta dilación del procedimiento, cuando transcurran 45 días de calendario, contados desde el fenecimiento del plazo en el que se debió dictar el acto procesal cuya omisión se reclama. En ese orden de ideas, el promovente reclama la omisión de proveer sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinte de marzo del presente año, en el expediente laboral 373/2/2017. Por consiguiente, el plazo de cuarenta y cinco días naturales aún no fenece, pues si las pruebas fueron ofrecidas en la audiencia de veinte de marzo del año en curso, es evidente que se debió proveer sobre su admisión o desechamiento en esa misma data, por lo que en la presente fecha, únicamente han transcurrido seis días de calendario; de ahí que, al tenor de la Jurisprudencia citada en párrafos precedentes, no existe dilación abierta en el procedimiento laboral 373/2/2017. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Alberto Acuña Reyes. Con la anterior determinación no se desconoce que en el capítulo de antecedentes narrado bajo protesta de decir verdad el impetrante haya establecido: "Es el caso que el día 20 DE MARZO de 2018, se celebró la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS."; sin embargo, del anexo que adjuntó a su escrito de demanda se adquiere conocimiento que la fecha correcta del auto de ofrecimiento y admisión de pruebas es veinte de marzo de dos mil diecinueve; lo que únicamente constituye un error que en nada incide para proveer en los términos en que se hizo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a su apoderado, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Juan Pablo Israel Hernández Lara, Humberto Valdivieso López, Lucia Cedillo Gómez, Daniel Celis Alvarado y Jorge Alberto Trejo García, dado que la quejosa es parte actora en el procedimiento laboral de origen. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano