Alberto Acosta Calzada
Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Alberto Acosta Calzada
- Alberto Acosta Calzada y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales conducentes. Archivo y anotaciones Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente principal. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de tres años, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda, en relación con el punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la carátula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, alguno de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo general citado. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese a la quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida el oficio remitido por el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, con sede en Xochitepec, Morelos, por medio del cual remite copia certificada del juicio de amparo indirecto ****, de su índice; e informa que el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de defensor público federal, en representación de ****, contra actos del juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero y otras autoridades; que admitió por cuanto hace al acto reclamado al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigesimoprimer Circuito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), dentro de los juicios de amparo bajo el número ***. Se asume competencia En tal virtud, comuníquese al citado órgano jurisdiccional que este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, asume el conocimiento del presente asunto por cuanto hace a la negativa de conceder el traslado voluntario del quejoso ****, del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", al Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo tanto, acúsese de recibo a la superioridad del referido oficio, así como las copias certificadas del juicio de amparo ****. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro **, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La negativa de conceder el traslado voluntario del quejoso ****, del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", al Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora bien, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Atento a lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. En ese orden, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado consiste en la negativa de conceder el traslado voluntario del quejoso ****, del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", al Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, en el toca penal ***, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigesimoprimer Circuito, con residencia en Acapulco, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, confirmó la resolución recurrida el trece de abril del mismo año, emitida dentro de la causa penal ***y su acumulado ****, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, relativo a la determinación del juez de no conceder al quejoso el traslado que solicitó. Por tanto, en el caso particular, el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la negativa de conceder el traslado del quejoso a diverso Centro de Readaptación Social, el cual ha sido sustituido procesalmente por la resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en segunda instancia; lo que motiva a que el juicio de amparo no sea procedente. En las relatadas condiciones, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis aislada con número de registro 302396, quinta época, misma que precisa: "SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS, CUANDO SE RECLAMA TAMBIEN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Se da el caso de improcedencia establecido en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo; cuando se combaten en el juicio de garantías, simultáneamente, las sentencias de primera y segunda instancia, pues la de la primera cesa en sus efectos al pronunciarse la de la segunda; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con respecto a la sentencia de primera instancia." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.92 K, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 165870, novena época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA la demanda de amparo. Se tiene como correo electrónico de contacto. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como correo electrónico el indicado, a efecto de establecer contacto con la parte quejosa en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Domicilio y expediente electrónico. Por otra parte, en base a lo establecido en los numerales 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "********************", para tal efecto, se ordena a la Oficial Judicial "A" realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notificaciones vía electrónica. En otro contexto, como lo solicita la parte quejosa, efectúense las notificaciones vía electrónica; bajo el usuario "********************". En ese sentido, con fundamento en los artículos 3°, 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al promovente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que las que no deriven de determinaciones o resoluciones que se ajusten a alguna de las hipótesis que establece el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia; habrán de ser notificadas mediante la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, en virtud de que la notificación en forma electrónica se homologa a la notificación personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), con número de registro 2020082, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2247, Junio de 2019, Tomo III, Materia Común, Décima Época, la cual establece: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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