Albertina Isabel Zárate Lima
Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Albertina Isabel Zárate Lima
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos y devolución de documentos. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto del cual se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese electrónicamente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve *******por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 296/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. ( Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, los actos que se reclaman en el presente asunto, según se advierte de la demanda de amparo, es la aprobación, expedición, sanción y aplicación del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis; con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, del citado oficio se advierte que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dio contestación a la petición que realizó el quejoso en cuanto a que su cuota pensionaria no se estaba incrementado adecuadamente y al efecto, la citada autoridad le indicó que en virtud de que su pensión por jubilación le fue otorgada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para determinar el incremento de su cuota pensionaria resultaba aplicable el artículo 8 de del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al de Régimen del Artículo Decimo transitorio del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tal como se advierte de las imágenes que se reproducen: Así, a través del oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó al quejoso que su cuota pensionaria se incrementa conforme al artículo 8 de del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al de Régimen del Artículo Decimo transitorio del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho numeral, tal como lo expresó la autoridad pensionaria, dispone lo siguiente: "Artículo 8. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del 1o. de enero de cada año. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. De no ser posible la identificación del puesto que correspondería al pensionado, partir de la información oficial proporcionada por las dependencias y entidades al 15 de diciembre de cada año, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará como criterio el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior, publicado en el mes de enero." Entonces es dable establecer que los incrementos a la cuota pensionaria del peticionario del amparo están regidos por la referido porción normativa y, en su caso, de existir alguna irregularidad en los incrementos que el pensionado estima deben aplicarse a su pension, deberá examinarse si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ha aplicado adecuadamente lo dispuesto en dicho artículo. Esto es, para verificar si la cuota diaria de pensión del quejoso se ha incrementado conforme a lo previsto en ley, se debe realizar un escrutinio en el que se compare la cuota diaria fijada en la concesión de pensión y se determine si a partir del uno de enero de cada año, dicha cuota se ha incrementado conforme al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor -cuyo aumento se expresa en un porcentaje-; o bien, si el incremento en dicho índice fue menor al aumento otorgado de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, deberá corroborarse que la cuota pensionaria se haya aumentado conforme a estos últimos. Por tanto, es dable establecer que a través del oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no aplicó ni expresa como tampoco tácitamente el artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en tanto que dicho numeral prevé lo siguiente: "Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por: [..] III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes." En efecto, en el mencionado oficio no se observa que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado haya establecido que el incremento de la pensión jubilatorio de la quejosa se rige por lo establecido en la referida Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, ni que esté sujeto a la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización; sino que, como se explicado, que el correcto -a decir de la autoridad- o incorrecto -según sostiene el quejoso- incremento de la cuota pensionaria deviene de lo previsto en el artículo 8 de del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al de Régimen del Artículo Decimo transitorio del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, puede establecerse que el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, no constituye un acto de aplicación de artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, en tanto que no materializa lo previsto en dicha norma; pues conforme a lo expresado por la propia autoridad que lo emitió, los incrementos de la cuota pensionaria -sean estos correctos o no- se rigen por lo previsto en una diversa disposición legal. Sobre el particular, es aplicable la tesis 3a. XXXVI/94 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 206604, que dice: "Octava Época Materias(s): Constitucional, Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Junio de 1994, página 243 ACTO DE APLICACION. LO CONSTITUYE AQUEL EN QUE SE ACTUALIZA Y APLICA EL SUPUESTO NORMATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE MOTIVE O NO EL ACTO. Constituye acto de aplicación de una disposición legal aquel por el que la autoridad ejecutora actualiza y aplica a un particular el supuesto normativo, al requerirle el cumplimiento de la obligación consignada en la norma, independientemente de que exprese o no las razones por las que considere aplicable dicha norma, pues ello constituiría, en todo caso, sólo un problema relativo a si el acto está o no motivado legalmente, pero no de inaplicabilidad de la disposición normativa". Sin pueda establecerse que haya ocurrido una aplicación tácita -es decir, no expresa- pues para ello resultaría necesario que la autoridad pensionaria se hubiera limitado a señalar que los incrementos a la pensión de la quejosa eran correctos, sin haber indicado de forma clara y precisa la norma que rige dichos incrementos. Es decir, en tanto la autoridad pensionaria expresa claramente cuál es la norma aplicable para determinar los incrementos de la cuota pensionaria de la quejosa, no puede establecerse que una diversa norma se ha aplicado de forma tácita, pues se reitera, para ello se precisaría que la autoridad no indicara qué norma se aplica al caso concreto. Así, toda vez que el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, no constituye un acto de aplicación de la norma general reclamada, a saber, del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, en el caso no se está en el supuesto de excepción del principio de definitividad; de ahí que deba verificarse si contra dicho acto debía agotarse un recurso ordinario. Es ilustrativa sobre este proceder, la tesis aislada 2a. CXIX/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193279, de contenido: "Novena Época Materias(s): Constitucional Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 263 AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO NO MATERIALIZA LOS SUPUESTOS NORMATIVOS. El artículo 73, fracción XII, párrafo tercero de la Ley de Amparo, establece la opción de que, con motivo del primer acto de aplicación de una ley, se acuda desde luego al amparo contra ésta, o bien, después de agotar los medios ordinarios de defensa; sin embargo, cuando el acto que se señala como de aplicación no materializa los supuestos normativos de la ley, no se surte la hipótesis de la opción mencionada y, por tanto, en contra del acto concreto deben agotarse los medios ordinarios de defensa por no estarse en el caso de la excepción al principio de definitividad. Asentado lo anterior, se estima que respecto del oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, en el que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó a la quejosa que su cuota pensionaria se incrementa conforme al artículo 8 de del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al de Régimen del Artículo Decimo transitorio del Artículo Décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, el juicio constitucional es improcedente en contra actos de autoridades administrativas (distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que deban ser revisados de oficio, o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa, con los mismos alcances que prevé la propia ley y, sin exigir mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el de la suspensión provisional. Sin embargo, se prevé que no existe obligación de agotar tales medios de defensa y, por tanto, se puede acudir directamente al juicio de amparo, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Como se puede observar, la disposición referida constituye un reflejo del principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, según el cual, la intervención de la justicia constitucional solo puede ocurrir en casos excepcionales; es decir, una vez que los medios de defensa ordinarios han sido insuficientes para remediar la transgresión a los derechos del gobernado. Así, para cumplir con el aludido principio, tratándose de actos administrativos, deben agotarse todos los recursos o juicios disponibles, antes de acudir a la instancia constitucional; lo anterior, siempre que el medio de defensa supere todos y cada uno de los siguientes requisitos de idoneidad previstos en la Ley de Amparo: Se suspendan los efectos del acto de oficio o mediante la interposición del medio de defensa. La medida suspensional tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo. No se exijan mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva. No se establezca un plazo mayor que el fijado para el otorgamiento de la suspensión provisional. El recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Adicionalmente, también se prevén otros supuestos, ajenos a la idoneidad del recurso o juicio, que permiten el acceso al juicio constitucional sin agotar los medios ordinarios de defensa; a saber, cuando: El acto reclamado carece de fundamentación. Solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ahora, en el caso que nos ocupa, se tiene que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -antes Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-. En el numeral 3 de este último ordenamiento, se dispone que el mencionado juicio procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se establecen. En particular, la fracción VII del artículo mencionado, estipula que el juicio contencioso administrativo federal procede en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden de ideas, es dable estimar el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encuadra en el supuesto de actos administrativos que se dictan en materia de pensiones civiles, con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en tanto que se trata de una determinación administrativa vinculada con una pensión a cargo del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En particular, debe recordarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se reclama la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, por lo que debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en tanto que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XX (antes 73, fracción X) de la Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2003874 Décima Época Materias(s): Común, Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988. PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, a través de la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), de rubro: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD"; se corrobora que a través del juicio de nulidad de que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los gobernados están en aptitud de controvertir el correcto incremento de su cuota diaria de pensión y que, incluso, conforme a las reglas que rigen dicho juicio ordinario, la carga de la prueba corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asentado que el juicio de nulidad de que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente contra el acto aquí reclamado, en la medida que es una resolución definitiva en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde ahora establecer si el citado juicio cumple con los requisitos de idoneidad previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, basta recordar que el Alto Tribunal de la Nación ya ha definido que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Este razonamiento está comprendido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011289, de epígrafe: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En esas condiciones, es dable establecer que en el caso analizado, en contra del acto reclamado consistente en el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la parte quejosa estaba constreñida a agotar, antes de acudir a la instancia de amparo, el juicio contencioso previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En relación con los razonamientos antes vertidos, este Juzgado de Distrito no inadvierte que de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de epigrafe "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA", en el auto inicial no es dable realizar un examen exhaustivo para determinar la improcedencia de la acción de amparo respeto de una norma general; sin embargo, en el presente caso -contrario a lo señalado en el referido criterio- para determinar la inadmisiblidad del juicio de amparo este órgano jurisdiccional no se ha realizado un análisis para determinar si la norma reclamada es autoaplicativa o heteroaplicativa, ni se han interpretado las normas generales reclamadas como tampoco los conceptos de violación que se esgrimen en su contra, sino que simplemente se constató si la norma reclamada se materializó en el acto señalado como de aplicación, a fin de establecer si debía o no agotarse el principio de definitividad. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la declaratoria que realiza este Juzgado de Distrito en cuanto a la improcedencia del jucio de amparo contra el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo del año en curso, del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; permite que el justiciable todavía esté en aptitud de acudir a la instancia ordinaria -en donde cuenta con un plazo de treinta días hábiles para promover el juicio de nulidad- y no pierda la oportunidad de impugnar dicho oficio y, en su momento, controvertir a través del juicio de amparo directo la constitucionalidad de las normas que realmente se le aplicaron para establecer los incrementos a su cuota diaria de pensión. Al margen del motivo de improcedencia advertido, de igual manera se observa una diversa causa que torna inejercitable la acción de amparo. Así es, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." En relación con esta causa de improcedencia es nesario recordar que de los artículos 17, fracción I, 18, 19 y 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo, se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir: 1) si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien 2) si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer supuesto, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate. Es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas. En la segunda hipótesis, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días. En el presente caso se reclama la la aprobación, expedición, sanción y aplicación del artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil dieciséis; con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el oficio SP/DPSH-267/2021 de cinco de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, la parte quejosa expresa bajo protesta de decir verdad que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del referido oficio. Esta manifestación constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el entendido de que en el juicio de derechos fundamentales es válido tomar en consideración la confesión de alguna de las partes, siempre que se haga de forma espontánea. Resulta ilustrativa, la tesis aislada 2a. XXXVI/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice "Época: Décima Época Registro: 2009209 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Página: 1710 PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. TIPOLOGÍA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTRUMENTO DE PRUEBA PROHIBIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. En el referido precepto se señala que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la relativa a la confesional por posiciones; en este sentido, la teleología de dicho precepto implica la intención del legislador en cuanto a prohibir la absolución de posiciones, con el objeto de provocar la aceptación de hechos imputados a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo o sobre hechos propios del quejoso que el tercero interesado pretende desvirtuar mediante la respuesta a preguntas específicas. Bajo este contexto, el objeto de dicha restricción es que las partes en el juicio de amparo no se interroguen entre sí, en la inteligencia de que en el juicio de amparo no se prohíbe expresamente la confesional espontánea, como la derivada de manifestaciones que se presentan al rendirse el informe con justificación o tratándose del quejoso, precisiones sobre el acto reclamado, como puede ser la fecha en la que se hizo sabedor de éste." Ante estas condiciones es dable establecer que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación de la norma legal que reclama desde el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, el referido oficio se fundamenta, entre otras normas, en lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en el artículo 38 dispone lo siguiente: "Artículo 38. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación porcorreo certificado la que conste en el acuse de recibo." Luego, es dable establecer que si la parte quejosa reconoció que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, le fue notificado el oficio en el que refiere se le aplicó la norma general reclamado, a partir del día hábil siguiente comenzó el término de quince días con que contaba para presentar su demanda de amparo. Por tanto, dicho término de quince días transcurrió del veinticinco de marzo al diecinueve de abril de dos mil veintiuno; dado que se exceptuan los días veintisiete y veintiocho del mismo mes, así como tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril, por haber sido sábados y domingos, y el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, que fueron declarados inhábiles por el Consejo de la Judicatura Federal. No obstante, como la parte quejosa presentó su demanda de amparo hasta el veintiuno de abril de año en curso, por lo que resulta inconcuso que presentó dicho ocurso de forma extemporanea, con lo que consinitó tácitamente los actos que reclama; incluso, si se estimara que la notificación del oficio reclamado surtió efectos al día siguiente -soslayando al aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo- el término de quince días para promover la demanda de amparo habría fenecido el veinte de los actuales. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la propia ley, y XX, ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al expediente electrónico con el usuario stephanjoel. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita el promovente, con apoyo en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 55, 57 y 58 del acuerdo general en cita, se ordena que este proveído y todos los subsecuentes, cuya notificación no se ordene por lista, le sean notificados electrónicamente. En virtud de lo anterior, dado que la parte quejosa señaló expresamente que las determinaciones de carácter personal se le notifiquen a través de la vía electrónica, resulta innecesario pronunciarse respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Autorizado en amplios términos. Por otra parte, se tiene como autorizado en amplios términos a Stefan Joel Mejía Alarcón, toda vez que cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente como autorizados para efectos de oír y recibir notificaciones a **************** por no contar con dicho requisito. Proporciona correo electrónico y número telefónico, como medios de comunicación no procesales. Por otra parte, se tienen como medios de contacto de la parte promovente - únicamente para ser localizada - el correo electrónico y número telefónico que proporciona; lo anterior, como una forma especial y expedita de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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