Albertina Huerta Salazar

Expediente 409/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
409/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2018

Partes del expediente

  • Albertina Huerta Salazar
  • José Jorge Ochoa López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda interpuesta; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al UNO DE JUNIO DE DOS MIL VENTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida conjuntamente por Albertina Huerta Salazar y José Jorge Ochoa López, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 409/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: El auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del Juicio Especial Hipotecario 1642/2016-VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del acuerdo de doce de abril de la presente anualidad, en el cual se tuvo por ratificado el dictamen pericial valuatorio del perito tercero en discordia. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado contrario sensu, disposiciones que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo de expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por otro lado, el artículo 107, fracción IV, establece que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos supuestos, a saber: Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto al punto II (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como: a). Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b). Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Amparo en el que podrá reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia número P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De igual forma, se han establecido algunas excepciones al criterio general referido, como es el caso de los actos dictados después de concluido el juicio, que tienen autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; dentro de éstos actos se encuentra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del rubro y texto: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Así como en la tesis de tenor literal: "LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.-El inciso segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo puede interponerse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo y que hasta entonces se reclaman las violaciones cometidas durante el procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, la liquidación de la totalidad o de la parte de una sentencia, que condena a pagar una cantidad ilíquida, constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, pero no es, rigurosamente hablando, la ejecución de la propia sentencia; en términos generales, las sentencias importan un título que trae aparejada ejecución, cuando el interesado no elige la vía de apremio, según lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; y para que pueda despacharse ejecución, se necesita que lo que se exija ejecutivamente, sea una cantidad líquida, ya que el artículo 446 del citado código prohíbe dictar auto ad exequendum por cantidad ilíquida; de modo que el incidente o artículo para resolver sobre la liquidación ordenada por una sentencia, no es la ejecución de la propia sentencia, sino un medio previo para hacerla ejecutable. Además, el artículo 515 del Código de Procedimientos Civiles establece el procedimiento que debe seguirse para fijar la cantidad por la que ha de decretarse la ejecución, cuando la sentencia o parte de la misma, condena a pagar una cantidad ilíquida, y tal procedimiento concluye con la resolución del Juez; y como su decisión no tiene más recurso que el de responsabilidad, según lo previene el propio artículo, es inconcuso que si se reclama en amparo la resolución que niega a la parte quejosa el derecho de rendir pruebas en el incidente de liquidación de rentas e intereses, promovido en ejecución de sentencia y la resolución que aprobó dicha liquidación, la demanda no es notoriamente improcedente, ya que, suponiendo, sin conceder, que se tratara de ejecución de sentencia la demanda no pudo ser desechada, puesto que se endereza contra la última resolución que se dictó en el procedimiento establecido, por el mencionado artículo 115, y esta resolución no tiene más recurso que el de responsabilidad, el cual no puede producir efecto alguno de los que enumera la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, no puede modificar, confirmar ni revocar la decisión del Juez que fijó la cantidad por la cual debe decretarse la ejecución. También constituye una excepción la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Se invoca la tesis que reza: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS.-El arresto no puede ser considerado propiamente como un medio para ejecutar el fallo en un asunto civil, pues deben distinguirse los casos en que hay que hacer cumplir una simple determinación judicial, de aquellos en que se trata de ejecutar una verdadera sentencia, ya que para lo primero es para lo que el legislador ha establecido las medidas de apremio, en tanto que para lo segundo, ha dictado disposiciones relativas a ejecución de sentencia, previendo en ellas, dentro de lo posible, todos los obstáculos o dificultades que pudieran presentarse, para que tengan la debida solución. Igualmente, otra excepción sucede tratándose de actos en ejecución de sentencia cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Se cita la jurisprudencia P./J. 108/2010, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Aquí, sobre este tópico, es relevante subrayar que en el auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 1642/2016-VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del diverso auto de doce de abril de la presente anualidad, en el cual se tuvo por ratificado el dictamen pericial valuatorio del perito tercero en discordia, por lo que se colige que el acto no afecta la libertad, patrimonio o cualquier otro derecho sustantivo. Por tanto, no nos encontramos en la hipótesis de excepción antes destacada, pues como se dijo no se afectan derechos sustantivos del quejoso en el acto reclamado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte los siguientes antecedentes: 1. Rómulo Rodríguez Caballero, demandó en la vía especial hipotecaria a los aquí quejosos, por el incumplimiento del contrato de mutuo con intereses, celebrado entre el demandante y el quejoso José Jorge Ochoa López, por la suerte principal de la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago de intereses moratorios. 2. En dos de febrero de dos mil diecisiete, José Jorge Ochoa López, dio contestación a la demanda formulada en su contra, oponiendo las excepciones que consideró pertinentes y reconociendo el incumplimiento del contrato celebrado. 3. Mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el remate del bien inmueble en garantía. 4. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, los aquí quejosos interpusieron conjuntamente recurso de apelación, en contra de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por lo que tal medio de impugnación fue radicado bajo el toca 1852/2017, del índice de la Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 5. Una vez resuelto el recurso de apelación, el Juez de lo civil, en veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó la apertura de la sección de ejecución, de igual forma, nombró a solicitud del perito tercero en discordia para que emitiera su dictamen pericial valuatorio. 6. En once de abril de dos mil dieciocho, el perito tercero en discordia designado emitió su dictamen pericial, ratificándolo al día siguiente -doce del mismo mes y anualidad-. 7. Los aquí quejosos Albertina Huerta Salazar y José Jorge Ochoa López, interpusieron recurso de revocación, mismo que fue desechado de plano por la autoridad responsable. Bajo ese contexto, tenemos que la primera hipótesis no se actualiza, pues en el caso, los quejosos Albertina Huerta Salazar y José Jorge Ochoa López, son parte demandada en el Juicio Especial Hipotecario 1642/2016-VII; por ende, los promoventes se encontraban integrados en la relación procesal; es decir, no tienen la calidad de terceros extraños a juicio, además de que al ser parte demandada en el juicio natural, ya fueron oídos y vencidos en juicio, pues José Jorge Ochoa López refiere que lo demandó Rómulo Rodríguez Caballero; y Albertina Huerta Salazar manifiesta que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio natural, aunado a ello, manifiestan que reconocieron el incumplimiento del contrato celebrado con el demandante Rómulo Rodríguez Caballero, por lo que el cumplimiento de las sentencias no deben obstaculizarse con la promoción de múltiples amparos, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, en la que estará en aptitud de promover la acción constitucional. En el mismo sentido, resulta claro que no se actualiza la segunda hipótesis, en virtud de que auto de veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente 1642/2016-VII, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a través del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos, en contra del diverso auto de doce de abril de la presente anualidad, en el cual se tuvo por ratificado el dictamen pericial valuatorio del perito tercero en discordia, no se trata de una resolución que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio, pues el Juez no se pronunció en relación a la resolución definitiva en que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se analizó la procedencia del recurso en el que los promoventes se inconformaron sobre el dictamen pericial valuatorio realizado por el perito tercero en discordia, dentro del juicio natural. Situación que deriva en la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, puesto que que, como se apuntó, cuando se trata de violaciones cometidas tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo contra la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo (la que lo aprueba o desaprueba), pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número VI.2º.C. J/253, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. También apoya lo anterior la tesis II.2o.C.389 Cde rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Socorro Ochoa Huerta, Gabriela Ochoa Huerta y Elba Alicia Huerta Muñoz, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no cuentan con su respectivo registro único. REPRESENTANTE COMÚN. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Albertina Huerta Salazar; en el entendido que los quejosos podrán designar otro representante si así consideran conveniente a sus intereses, en el transcurso de trámite del presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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