Alberta Vergara Ortiz
Expediente 378/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alberta Vergara Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintiuno. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Visto el estado de autos, se advierte que el treinta de enero y seis de febrero del presente año, mediante circulares números SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que se tomó como medida regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, entre las que se estableció la forma y términos en los que se debía dar trato a los asuntos tramitados previamente a la entrada en vigor del indicado acuerdo; además, se ordenó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades indicadas en el mismo. Por otra parte, en la fracción II de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que los días dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, serían inhábiles pero laborables bajo el esquema de trabajo contenido en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, 3 y 4 del indicado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el cual se suspendieron plazos y términos; asimismo, se estableció que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión de los plazos y términos y, por ende, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto. SE RECIBE TESTIMONIO. Téngase recibido el comunicado de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual remite la resolución de once de febrero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca 275/2020; acúsese el recibo de estilo correspondiente y estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." NOTIFIQUESE." Remítase a la superioridad el acuse de que se trata vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 10983/2020, por el cual se rindió informe justificado e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa, en contra del proveído que desechó la demanda de amparo; mismo que fue registrado con el número 275/2020. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el escrito presentado por ..., parte quejosa en este juicio de amparo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer la ocursante en contra del proveído de trece de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la Materia remítase copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que corresponda, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el trece de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por..., al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, téngase recibido el escrito signado por Alberta Vergara Ortiz, por el cual cumple parcialmente con la prevención formulada en proveído de cinco de noviembre del año en curso. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la misma, de la que se advierte su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo anterior se colige que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría sus facultades. Bien, en la especie, la quejosa se duele del auto emitido por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, en el expediente 187/2020/1C, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Manuel Cruz Cervantes Amieva, en su carácter de endosatario en procuración de Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro, en el que se admitió la demanda ejecutiva mercantil; determinación que refiere el disidente vulnera sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. No obstante, conforme con el marco legal transcrito, previo a instar el presente juicio constitucional, la parte quejosa debió agotar contra el auto de exequendo reclamado, el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. El indicado numeral, así como el normativo 1339 del aludido cuerpo legal aplicable, establecen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. [.] Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. [.]" De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, en materia comercial, únicamente serán apelables en caso de que así lo fuera la sentencia definitiva, y que tal medio de defensa procederá contra ésta en negocios cuyo monto sea mayor a $682,646.89 (Seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal -monto que anualmente será actualizado-; mientras que el numeral 1334 dispone que los autos que no fueren apelables, y los decretos, serán recurribles mediante revocación. En el caso, del escrito aclaratorio signado por la quejosa, en cumplimiento a la prevención formulada por este juzgado, se tiene que la suerte principal del negocio de origen no excede de la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), circunstancia que lo coloca dentro de los llamados asuntos de cuantía menor, contra los que resulta improcedente la apelación conforme a la invocada codificación, mas no el recurso de revocación mencionado, que resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. En tales condiciones, la parte agraviada se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 157, Tomo XXXII, septiembre de 2010, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Así como en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Civil, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Sin que pase inadvertido la jurisprudencia 6/2010 emitida por el propio órgano colegiado, localizada en la página 114, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.", puesto que de la integridad del mismo si bien se desprende que tal acto resulta de imposible reparación, lo cierto es que tal circunstancia no lo excluye per se del principio de definitividad que caracteriza a este medio de control constitucional. Ello conforme a la jurisprudencia 11/2018 del Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página 8, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que para arribar a tal determinación, se toma en cuenta que la parte quejosa dijo tener la calidad de demandado en el juicio de origen y que éste se encontraba en la etapa procesal de contestación de la demanda, razón por la cual está obligada a interponer los recursos que procedan previo a plantear la instancia constitucional. Sin que en el caso, la justiciable se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza mercantil, en la que no se controvierte la libertad personal o se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se trata de personas extrañas al procedimiento; ni el recurso o medio de defensa a que se ha hecho mención, se sujeta a interpretaciones adicionales ni su fundamento legal es insuficiente para que la impetrante del amparo pueda determinar cuál es el idóneo, debido a que el contenido del referido numeral 1334 no requiere una exégesis en su contenido. Por tanto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente.
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