Alberta Robles Ramírez
Expediente 1158/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 36 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Alberta Robles Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido el acuerdo dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el proveído de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, lo anterior, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del aludido acuerdo general. Devolución cuaderno de pruebas. Por último, toda vez que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se ordenó formar un cuaderno de pruebas, al resultar innecesaria la retención del mismo, devuélvase a la autoridad remitente, a efecto de que sea ella quien acuerde lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL CITATORIO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta y revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario se aprecia que, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar a la tercera interesada **, así como acreditara haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificada oportunamente para ello, según se puede apreciar de la constancia de notificación de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, ni haber manifestado alguna imposibilidad o impedimento para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo **. En ese tenor, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio alguno, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, ni manifestó ninguna imposibilidad para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento, el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados en relación con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin efectos fecha de audiencia constitucional. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Vista la certificación secretarial de cuenta y revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario se aprecia que, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar a la tercera interesada **, así como acreditara haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificada oportunamente para ello, según se puede apreciar de la constancia de notificación de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, ni haber manifestado alguna imposibilidad o impedimento para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo **. En ese tenor, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio alguno, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, ni manifestó ninguna imposibilidad para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento, el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados en relación con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin efectos fecha de audiencia constitucional. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que signa la Encargado de la Coordinación de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda Pública, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, comunica que no se localizó domicilio respecto de la tercera interesada **; agréguese el comunicado de cuenta a los presentes autos, para que surta sus efectos legales correspondientes. Cabe mencionar que diversas autoridades informaron que no localizaron domicilio alguno respecto de la referida tercera interesada, por lo que la búsqueda de la tercera ya fue agotada. En consecuencia, toda vez que para la correcta integración del sumario en que se actúa es indispensable que la totalidad de las partes se encuentren emplazadas y, considerando que este juzgado de Distrito efectuó una exhaustiva búsqueda para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada **, sin éxito alguno; se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós y se ordena el llamamiento a juicio de dicha personal por medio de edictos. Por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y su diverso 22 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días, legalmente computados, realice lo siguiente: (i) Comparezca ante este juzgado de Distrito a recoger los edictos referentes al llamamiento a juicio de la tercera interesada **; (ii) Haga entrega de los mismos para su publicación; y, (iii) Acredite ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendentes para publicarlos). (iv) Una vez que se realicen las publicaciones, deberá exhibir un tanto de éstas a este órgano jurisdiccional, a fin de realizar el conteo del término respectivo. Para lo cual deberá exhibir a este juzgado los comprobantes correspondientes, o bien, acreditar la imposibilidad económica que tenga para realizar el pago de tales publicaciones; la anterior prevención es con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se procederá a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo que nos ocupa, de conformidad con el citado canon 27, fracción III, inciso b), toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, apercibimiento que subsiste para el caso de no agotar las demás obligaciones impuestas. Sustentan la anterior determinación los criterios jurisprudenciales de contenido literal siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN.1 Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Es aplicable el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso". Así las cosas, con el objeto de permitir lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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