Alberta Hernández Netzahuatl

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Alberta Hernández Netzahuatl

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, tres de octubre de dos mil veintidós. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Alberta Hernández Netzahual; mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos que obran en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y en razón de que el mismo ya se encuentra concluido, se dejan a disposición de la promovente los documentos que refiere en su escrito de cuenta, previa copia copia certificada que se deje en autos, autorizando para que los reciba a las personas que señala, previa razón de entrega que se agregue a los autos para constancia. En ese sentido, a fin de que los documentos puedan ser entregados personalmente al quejoso o a las personas que autorizó en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo invocado, corre a su cargo el que a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita, sobre todo si se considera que de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General 21/2020 precitado, la jornada presencial es de cinco horas en el órgano jurisdiccional. Ahora, dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se pone a disposición del promovente, el teléfono 241 418 81 90 extensión 1308 con la licenciada Sonia López Márquez, a fin de que se comuniquen una vez obtenida la cita señalada en el párrafo que precede. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Alberta Hernández Netzahuatl; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que no obran en autos.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Se radica demanda Vista la demanda de amparo que promueve Alberta Hernández Netzahual, por derecho propio, contra actos de la Comisión Nacional de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 921/2022-6. Desechamiento Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. De esta forma, lo manifiesto se da si el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que si se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta que los actos reclamados por la quejosa son los siguientes: Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Como se aprecia de las normas transcritas, el juicio de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Del texto de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del alto tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con lo anterior, las relaciones jurídicas pueden clasificarse en: de coordinación, de supra-subordinación y de supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra-ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En torno a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 citada consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, la interpretación lógica y sistemática del artículo 5 transcrito, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Por tanto, la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se dará con base en el tipo de relación jurídica que ejerza el ente público o privado frente a los particulares, que necesariamente debe ser cuando éste actúe en relaciones jurídicas de "supra a subordinación", es decir, aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, actuando los primeros en un plano superior a los segundos. Por ello, debe atenderse al caso concreto y analizarse si dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí, de manera unilateral, la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública. En esa línea, en relación con el carácter de "autoridad" que la aquí quejosa le atribuye a las autoridades responsables Comisión Nacional de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) y Organismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala (O.P.D.), por haber ordenado la suspensión de sus derechos sindicales, percepciones ordinarias, extraordinarias, prestaciones económicas y de seguridad social, impuesto como sanción al ser miembro del citado sindicato, al derivar dicha sanción de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen la vida interna de dicho ente, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para los efectos de procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, sino a partir de la norma general respectiva que determinará las funciones a las que debían sujetarse los miembros del órgano de gobierno del sindicato aludido. En la especie, la quejosa expresamente señaló como acto reclamado la determinación tomada por la Comisión Nacional de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), relativa a la aplicación de medidas cautelares consistentes en la suspensión de derechos sindicales, así como su expulsión del referido sindicato, según su dicho; destacando que la referida comisión carece de facultades para ello. Lo que pone de manifiesto que, en este caso, las autoridades señaladas como responsables carecen del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues, aun cuando la comisión señalada como responsable, puede tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no es autoridad para efectos del juicio de amparo porque no actúa por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización, los cuales no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales; por tanto, los actos de esas entidades sindicales no pueden ser impugnados en la vía de amparo. Máxime que las controversias entre un sindicato y sus directivos con un agremiado serán resueltas por la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; en cuyo procedimiento el sindicato no acude como autoridad. Es aplicable, por analogía, la tesis XXVI.2 A (10a.), sustentada por la Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, de rubro siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO" Asimismo, por las razones que la informan, cobra aplicación la diversa tesis XVI.1º.T.34 L, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, número de registro 2012204, visible en la página 2524, de rubro y texto al tenor siguiente: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." De igual forma, resulta aplicable por analogía, respecto de la autoridad señalada como responsable ejecutora Organismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala (O.P.D.), el siguiente criterio: "TERCERO INTERESADO. EL PATRÓN NO TIENE ESA CALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN FUE DEMANDADO, SI EN TAL PROCEDIMIENTO SE ESTÁ DILUCIDANDO ENTRE DOS O MÁS SINDICATOS LA TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PUES DE HACERLO SE ATENTARÍA EN CONTRA DEL LIBRE EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL, EXCLUSIVA DE LOS SINDICATOS. Los artículos 123, apartado A, fracción XXII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, fracción XXII y 133, fracciones V y VII, de la Ley Federal del Trabajo, así como lo dispuesto en el "Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" y el "Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva" prevén, entre otros supuestos: I) Que los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deben garantizar, entre otros, los principios de representatividad de las organizaciones sindicales, certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo, así como que para ello, incluyendo la elección de dirigentes, se llevarán a cabo elecciones donde los trabajadores votarán de manera personal, libre y secreta; II) Que al proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de sindicación, se mejoran las condiciones de trabajo y se garantiza la paz; III) Que, por ello, los trabajadores y patrones tienen derecho de constituir organizaciones o afiliarse a ellas, a fin de proteger y mejorar sus derechos e intereses; IV) Que el Estado y sus autoridades, están obligados a abstenerse de realizar actos u omisiones que tiendan a limitar el derecho de sindicación o restringir el ejercicio de la libertad sindical, y que la legislación nacional no debe menoscabar esos derechos o interpretarse de tal forma que contraríe tales principios; V) Que los trabajadores y patrones deben gozar, en la constitución, funcionamiento y administración de una organización sindical, de una adecuada protección para el ejercicio de la libertad sindical, evitando que entre ellos exista injerencia en el disfrute del derecho de sindicación y ejercicio de libertad sindical, sea que se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros; VI) Que esos actos de injerencia pueden considerarse aquellos que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores pero controladas por los patrones; y, VII) Que está prohibido a los patrones y sus representantes intervenir de cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir la formación o desarrollo de cualquier actividad sindical, mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Por lo anterior, en el juicio de amparo indirecto la parte patronal no tiene el carácter de tercero interesado, aun cuando en el juicio laboral de origen se le haya tenido como demandado. Ello, aun tomando en consideración lo previsto en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues atendiendo a las normas arriba referidas, si en dicho juicio ordinario, dos o más sindicatos están disputando la titularidad del contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores, de reconocerle al patrón la calidad de tercero interesado en el juicio de amparo indirecto, atentaría contra el derecho de sindicación y ejercicio de la libertad sindical, al permitir que éste tenga injerencia en la vida interna de los sindicatos contendientes, siendo que dichos principios buscan el mejoramiento de los derechos laborales de los trabajadores, amén de que la titularidad de uno u otro no le irroga ningún perjuicio." Sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda relativa. Además, el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, no implica que se vulnere el contenido del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a), CCLXXV/2012 (10ª) y LXXXIV (10ª), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Porfirio Díaz, número quince, interior tres, colonia centro de la ciudad de Tlaxcala; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hugo Gaspar García Domínguez, América Ramírez Mimientzi, Aranzazu Sánchez Martínez y Karina Zamora Jiménez por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Daniela García Galindo por no contar con dicho registro. Se autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones vía electrónica. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones, a través de la FIREL, por medio del usuario que refiere, en el entendido que aun cuando la parte quejosa haya señalado diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, las mismas se le harán vía electrónica como lo solicitó expresamente. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Atender protocolos y lineamientos de salud Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente -vía electrónica- a la promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

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