Alberta Delgado Juarez
Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alberta Delgado Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 131 a 134), mismo que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 3. Esmeralda Sierra Bravo, Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II, en apoyo a su informe justificado consistentes en copia cotejada de lo que afirma se trata de todo lo actuado en la carpeta de investigación 10897/2018/ZC de su estadística, se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria y, en atención a su contenido, téngasele informando que dicha autoridad exactora no realizó registro alguno respecto de la multa impuesta en proveído de veintiocho de mayo pasado (fojas 120 y 121), a Esmeralda Sierra Bravo, Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II; de lo que esta autoridad queda enterada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Alberta Delgado Juárez y, en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por 3. Esmeralda Sierra Bravo, Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II, mediante el cual refiere dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, y anexa copia cotejada de lo que afirma se trata de todo lo actuado en la carpeta de investigación 10897/2018/ZC. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al oficio de mérito; y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Puebla "1" del Servicio de Administración Tributaria y, en atención a su contenido, infórmesele que este órgano de amparo no cuenta con mayores datos de Esmeralda Sierra Bravo, y como se le dijo en proveído de veintiocho de mayo del año en curso (fojas 120 y 121), dicha funcionaria se encuentra adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, en virtud de que la misma se desempeña como Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Mesa II. Aunado a ello, dígase a la Administradora oficiante que dicha autoridad exactora es la competente para hacer efectivas las multas impuestas y decidir conforme a sus facultades, si determina la condonación; o en su caso, la prescripción de los créditos que se generen, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, por lo que, queda a su arbitrio decidir el destino de tales medidas de apremio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación." En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos, este juzgador advierte, de oficio, la actualización de causales de sobreseimiento e improcedencia, por lo que se provee: De la lectura de la demanda de amparo presentada por Alberta Delgado Juárez (fojas 2 a 5), así como de su escrito de ampliación (fojas 64 a 66) se aprecia que la quejosa reclamó del 1. Fiscal General del Estado de Puebla, y 2. Directora General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada, la omisión de dar respuesta a su escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 137 y 138 del anexo I), en el que solicitó: a) Se diera a su defensor particular intervención en la carpeta de investigación 10897/2018/ZC. b) Se le señalara día y hora para que le fuera recabada su entrevista. c) Se le otorgaran copias cotejadas de la mencionada carpeta de investigación. Y, de la 3. Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Mesa II: El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, recaído a su petición de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación 10897/2018/ZC, donde le negó su solicitud de tener acceso a tal indagatoria, así como a expedirle copias cotejadas de ésta (foja 139 del anexo I). Ahora, en relación con el acto atribuido al 1. Fiscal General del Estado de Puebla, y 2. Directora General de Coordinación de Unidades de Investigación Especializada, consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve; las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado (fojas 40 a 46 y 78), sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa; en consecuencia, ante tal inexistencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, respecto del acto analizado. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otro lado, en cuanto al acto atribuido a la 3. Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Mesa II, consistente en la negativa de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, respecto de sus solicitudes de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en el sentido de tener acceso a la carpeta de investigación 10897/2018/ZC y expedirle copias cotejadas de ésta; se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Justamente, el precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de autos se aprecia que en el proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve la 3. Agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Mesa II, negó parcialmente sus solicitudes contenidas en su escrito de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, atinentes a darle acceso a la carpeta de investigación 10897/2018/ZC, y entregarle copias cotejadas de la misma; pues las condicionó a que Alberta Delgado Juárez, aquí quejosa, compareciera a "rendir su declaración" en su calidad de "posible imputada" Sin embargo, de las constancias remitidas por la aludida responsable, se aprecia que la quejosa ya compareció ante aquella, se le recabó su entrevista, designó defensora particular (quien aceptó y protestó el cargo) y se les permitió -a ambas- acceso a la aludida carpeta de investigación; al margen de que la propia Alberta Delgado Juárez, en su entrevista de diez de abril de dos mil diecinueve, manifestó, en lo que interesa, que el día anterior, se le habían entregado las copias cotejadas de la carpeta de investigación 10897/2018/ZC, y que solicitaba nuevamente copias de la misma, porque al revisar el original de la indagatoria, se percató de que faltaban algunas actuaciones. Así, se estima que tales circunstancias destruyeron los efectos de los actos reclamados aquí analizados, pues si bien la autoridad responsable no los revocó, lo cierto es que dejaron de afectar la esfera jurídica de la quejosa como si se hubiera otorgado el amparo, pues no dejaron huella alguna, de ahí que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de esos actos, porque ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en la presente contienda constitucional, respecto del acto mencionado en este punto. Y, por ende, se dejan sin efecto las nueve horas con cuarenta minutos del siete de junio de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 116 vuelta); pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
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