Alberico Rodríguez Carredano

Expediente 778/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
778/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Alberico Rodríguez Carredano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción - dado que se negó la suspensión definitiva. Como lo dispone el Capítulo Decimosegundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y una vez que transcurran tres años, procédase a la destrucción del presente asunto. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrida la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto ES DESTRUIBLE -una vez transcurran tres años- al haberse SOBRESEIDO en el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que, en el presente se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  3. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por XXXX, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional.

  4. Incidental

    En cumplimiento a lo ordenado en esta misma data en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por XXXXX, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de las demandas de amparo; en él se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuye, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro en Puebla Capital, señalados como autoridades responsables en el presente asunto, se ordena su notificación mediante un sólo oficio correspondiente en el *****; a través del Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. Se le apercibe que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cincuenta días de salario. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, para la audiencia incidental. Ahora, en principio es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: [...] Del contenido de los preceptos trascritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados que hace consistir en: Las órdenes de; Detención, Aprehensión, y Su ejecución. Con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo SE CONCEDE en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo de las citadas órdenes, hasta en tanto se decida con los datos que se obtengan en el incidente en que se actúa si se le debe o no conceder la suspensión definitiva, y sus términos. Sin embargo, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal o procedimiento para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, este juzgador en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la ley de la materia, y con apoyo en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 33/96 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, páginas 226 y 227, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. Estima procedente fijar a la parte quejosa las medidas de efectividad siguientes: 1. Acorde con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo, y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable si aceptara la existencia del acto reclamado, y en su caso rinda su declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde al criterio establecido por la Jurisprudencia 1o/J.149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 371, de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. Lo anterior, con independencia de que el impetrante de garantías tiene expedito su derecho a fin de comparecer inmediatamente ante la autoridad que lo requiera, para el caso de que tenga la certeza de que esta última haya emitido en su contra el acto privativo de libertad que combaten a través del juicio de amparo del cual se deriva el incidente de suspensión en que se actúa; lo anterior, a fin de privilegiar la naturaleza sumarísima del presente procedimiento y con el fin de evitar que, en su caso, se continúe transgrediendo su derecho humano de seguridad jurídica; aunado a que la exigencia de presentarse ante la autoridad, que lo requiera, lo es a efecto de que no se sustraiga de la acción de la justicia; empero, se estima que, en todo caso, no existe impedimento legal a fin de que se presenten con antelación ante la autoridad, que lo requiera. 2. Deberá de otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos), en el término de cinco días, contado a partir de que surta efecto la notificación de este proveído. La citada garantía podrá presentarse en cualquiera de las formas establecidas por la ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es: "con el objeto de que continúe surtiendo efecto la suspensión provisional, en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo formado con la demanda promovida por XXXX, pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. La garantía se fija de manera discrecional y al prudente arbitrio de este juzgador, en atención a que se desconoce el delito por el cual pudieren haberse librado no sólo una orden de detención o aprehensión, sino potencialmente seis que corresponde al número de autoridades señaladas como responsables ordenadoras (jueces), lo que de suyo implica que de existir estas seis órdenes deberá estar obligado y sujeto a igual número de procesos penales. Cantidad que es la que a criterio del suscrito permite asegurar que en caso de no obtener sentencia favorable el aquí quejoso este Juzgado estará en aptitud jurídica y material de ponerlo a disposición de las autoridades que lo reclame. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 1ª./J. 16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 226, Tomo V, mes de Mayo de 1997, del Semanario Judicial y su Gaceta, de la Novena Época de rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir efecto sin necesidad de previo acuerdo. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención, siempre y cuando tenga relación con la causa seguida en su contra. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la medida cautelar concedida dejará de surtir efecto, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Ahora, si el delito del que se le estima como probable responsable da lugar a prisión preventiva oficiosa a que refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que, en el supuesto de que sea aprehendido, quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que ve a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y al del juez del proceso para su continuación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, la medida cautelar concedida no surtirá efecto y por consiguiente no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprenda en la comisión de flagrante delito, ni surtirá efecto respecto de los actos posteriores a su concesión. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el momento de rendir su respectivo informe previo solicitado, en apartado expreso, manifiesten el cumplimiento exacto e inmediato que den a la concesión de la suspensión, una vez recepcionado el oficio de conocimiento, apercibiéndoles que en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, del ordenamiento jurídico en cita, que dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a aquella estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior, no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase a su costa la copia que solicita del presente proveído, previa toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. Como lo solicita, se comisiona a la Oficial Judicial "C" para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario alexalva, para la consulta del expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través de los usuarios citados en el párrafo precedente. Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II, del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. Por otra parte, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, por no contar con registro en el citado sistema. Ello, tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que menciona en el de cuenta, el cual será utilizado únicamente cuando este órgano jurisdiccional lo estime necesario. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a la autoridad responsable en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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