Albaro Suárez Ortega
Expediente 1317/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1317/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Albaro Suárez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-1317/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo IV-1317/2023 promovido por ********************, por conducto de su representante legal Carlos Ulises Salgado Pérez, contra actos de la Jueza Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo le reviste el carácter de terceras interesadas a Ana Luz Rodríguez Zavala, por sí y en representación de las menores de iniciales ******************** y ********************, las que se encuentran debidamente emplazadas a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Jueza Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como por la autoridad responsable; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 955/2023 recibido por este juzgado el dieciséis de octubre de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1317/2023-IV, promovido por ********************, por conducto de su representante legal Carlos Ulises Salgado Pérez, contra actos de la Jueza Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el seis de octubre de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, por conducto de su representante legal Carlos Ulises Salgado Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a la que le reclamó el siguiente acto: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable se reclaman las determinaciones tomadas en la audiencia preliminar de fecha 20 de septiembre de 2023, dentro del expediente ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa versa, las que para poder ser abordadas se enlistan de la siguiente forma: A) Señalar una guarda y custodia provisional de las menores A. P. y L. F., ambas de apellidos S. R., en adelante las menores, en favor de la C. Ana Luz Rodríguez Zavala; y no dictar una guarda y custodia compartida; B) La determinación de imponer una cantidad líquida y específica adicional la que viene otorgando en autos, equivalente a cubrir directamente la colegiatura de una de sus hijas de nombre L.F.S.R.; y, C) La determinación de conceder una pensión alimenticia provisional del 15% quince por ciento adicional en favor de la C. Ana Luz Rodríguez Zavala. (.)." En ese escrito, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 3.1, 3.2, 5, 6.2, 8 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, la admitió; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; reconoció el carácter de tercera interesada en términos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo a Ana Luz Rodríguez Zavala, por sí y en representación de las menores de iniciales ********************, y ********************, de las que ordenó su emplazamiento; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia civil (familiar) con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, de los cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de guarda y custodia, y alimentos, en favor de las menores de iniciales ******************** y ********************, así como la relativa a la pensión alimenticia en favor de ********************, todas de manera provisional, en la etapa de revisión de medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias, llevadas a cabo en la audiencia preliminar de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa número ******************** del índice de la responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Contrario a lo indicado por la agente del Ministerio Público de la adscripción, en su pedimento, es cierto el acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, confirmó su existencia, motivo por el cual se tiene por acreditado plenamente en el presente asunto. Además, su certeza se corrobora con la copia certificada de las constancias que remitió la responsable, relativas al expediente ordinario familiar oral sobre divorcio sin expresión de causa número ******************** del índice de la responsable, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional no advierte causal de improcedencia invocada por las partes ni de oficio se observa alguna, por ende, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo con los conceptos de violación hechos valer. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes del acto reclamado con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ana Luz Rodríguez Zavala, por propio derecho, promovió en la vía ordinaria oral familiar, demanda de divorcio sin expresión de causa en contra de ********************, así como las prestaciones relativas a alimentos, guarda y custodia y convivencia de menores, en los términos siguientes: "(.) 1. La disolución del vínculo matrimonial que nos une a la suscrita y al señor ÁLVARO SUÁREZ ORTEGA, para lo cual manifiesto mi voluntad expresa para divorciarme. 2. La guarda y custodia de mis menores hijas A. P. Y L. F. DE APELLIDOS S. R. 3. El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia para la suscrita y mis menores hijas A. P. Y L. F. DE APELLIDOS S. R., a cargo del demandado. 4. Se decrete la convivencia entre las menores A. P. Y L. F. DE APELLIDOS S. R. y el señor ÁLVARO SUÁREZ ORTEGA. 5. El pago de una INDEMNIZACIÓN de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio por encontrase satisfechos los extremos del artículo 258 del Código Familiar del Estado. 6. El pago de los gastos y costas que erogue la tramitación del presente juicio. (.)." Como hechos señaló, entre otros, los siguientes: "(.) .el deudor alimentista ÁLVARO SUÁREZ ORTEGA, cuenta con los medios suficientes para proporcionarlos, como así ocurre, ya que el mismo labora como médico especialista en otorrinolaringología, en el ISSSTE . así como médico particular en el consultorio número 703-B del Hospital Ángeles de esta ciudad, aunado a ello tengo conocimiento de que tiene una clínica denominada AUVIBEL, la cual se ubica en el Boulevard Arriaga Rivera 583-A, de la colonia Chapultepec Norte de esta ciudad. En razón de lo anterior es que el nivel de vida que nos ha proporcionado el demandado ha sido bueno, actualmente nuestras menores hijas estudian en escuela particular, siendo el instituto LOMAS, A.P.S.R., está inscrita en el 1er tercer grado de bachillerato, lo que acredito con la constancia de estudio expedida por la Directora de dicha Institución, y adjunta como ANEXO; L.F.S.R., cursa el quinto grado de educación primaria en el Colegio LOMAS, lo que se acredita con la constancia de estudios expedida por la Directora de dicha Institución (ANEXO). (.) Por otro lado, el monto que se eroga de manera mensual para satisfacer las necesidades más apremiantes de las menores y de la suscrita son las que a continuación se describen: Despensa $6,800.00 M/N Servicios $1,000.00 M/N Terapia $7,200.00 M/N Alimentos fin de semana $2,400.00 M/N Esparcimiento $1,500.00 M/N Gasolina $2,400.00 M/N Gas $700.00 M/N Mantenimiento $600.00 M/N Renta $6,000.00 Colegiaturas $6,035.00 Inscripciones $16,150.00 Debiendo señalar que mi menor hija L.F., cuenta con una beca del 50% por parte de la Institución Educativa a la que asisten, en virtud de que la misma en la que laboro y es una de las prestaciones que se me otorgan. (.) SEXTO. Al habernos casado bajo el régimen de separación de bienes, no se hace necesario señalar quien deberá administrar los bienes adquiridos durante el matrimonio, sin embargo, en términos de lo que dispone el numeral 258 del Código de la materia, corresponde a la suscrita hasta el 50% de todos los bienes muebles, inmuebles y numerarios adquiridos dentro del matrimonio, por lo que así se solicita, al estar casados bajo el régimen de separación de bienes, al haberme dedicado la suscrita preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de mis menores hijas y de mi aún esposo, así como al no haber adquirido bienes propios por haber privilegiado el crecimiento económico y profesional de mi aún cónyuge, como habrá de acreditarse en el sumario." De igual manera, anexó propuesta de convenio. Como medios probatorios ofreció, entre otros: a) La de informes, que debería rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. b) La confesional a cargo del demandado. c) La testimonial que desahogarían José Cruz Rodríguez Zavala, Paulina Flores Correa y María de los Ángeles Correa Espinoza. De igual forma, solicitó se fijara pensión provisional a su favor y el de sus menores hijas; se determinara garantía alimentaria; y, se estableciera el domicilio conyugal como domicilio de la promovente y las menores de edad. 2. El ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Noveno Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que por razón de turno conoció de la demanda precisada en el párrafo anterior, la registró con el número de expediente ********************, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, designó tutora especial para las menores de edad de iniciales A.P. y L.F., ambas de apellidos S.R., y la intervención correspondiente del Ministerio Público adscrito En ese proveído, decretó como medida cautelar de fijación de pensión alimenticia provisional a favor de las infantes, el 40% de las percepciones que obtenía el demandado, por lo que ordenó girar oficio al Director de Recursos humanos de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que en el plazo de tres días, en caso de que el deudor alimentista laborara para dicha institución, realizara el descuento antes indicado, la que se entregaría por conducto de su progenitora. De igual manera, ordenó girar oficio al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Morelia del Servicio de Administración Tributaria, al Director del Registro Público Raíz y Comercio en el Estado, al Ayuntamiento de Morelia y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de obtener información sobre la capacidad económica del deudor alimentario. 3. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, la parte demandada dio contestación a la incoada en su contra, en los términos siguientes: "(.) Se da respuesta en correlación a los arábigos señalados por la actora de la siguiente manera: Al 1.- Se manifiesta conformidad, por lo tanto, no existe oposición alguna en cuanto al a disolución del vínculo matrimonial. Al 2.- Respecto de la guarda y custodia de las menores, me opongo, toda vez que, en atención al interés superior de las menores, que debe ponderar en todos los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, se considera más apto y apegado a derecho que la guarda y custodia sea de forma compartida, proponiendo que, para materializarlos, las menores estén una semana con la actora y otra semana con el que suscribe o en su defecto, que sean de quince días con la actora y quince días con el que suscribe. Al ahondar en la situación, para cualquier menor tener que estar con un progenitor u otro genera un escenario completo, ya que por la madurez con la que cuentan las infantes, no comprenden la situación en la que se encuentra derivado del conflicto de los adultos, como es el caso, motivo por el cual, se considera que el escenario más benéfico para las menores sería una custodia compartida que les permita a las menores percibir que aunque la relación de pareja de sus progenitores haya terminado, siguen velando cada uno por ellas, generado así el menor daño psico emocional de las infantes. Al 3.- Respecto al pago y aseguramiento de una pensión alimenticia para la actora y las menores. Derivado de que la actora ha plasmado dos prestaciones en este arábigo en lugar de hacerlo por separado se da respuesta de la siguiente forma. 3.1. Respecto de la pensión alimenticia de la actora. Como lo ha señalado la actora en su escrito inicial, ella cuenta con una actividad laboral que le permite obtener sus propios ingresos y solventar sus gastos, señalando una cantidad que percibe de manera mensual, citando el artículo 452, fracción III, del Código Familiar aplicable, sin embargo, dicho artículo habla de un tema distinto y no cuenta con fracciones. Aunado a lo anterior, como se advierte del hecho QUINTO que expone la actora, se insiste, se advierte que ella cuenta con una actividad laboral que está en una edad productiva y que no tiene ninguna discapacidad o problema de salud, que le impida generar sus propios ingresos o que la sitúe en el supuesto de necesitar alimentos, motivo por el cual, se considera que la situación particular, no se ajusta a los supuestos establecidos por la norma para que sea decretada en su favor una cantidad por concepto de alimentos. No se omite manifestar que su narración es contradictoria, ya que señala que tienen una actividad laboral, misma que ha desempeñado desde que inició el matrimonio, sin embargo, pretende afirmar que se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de las menores, manifestación por demás falaz, ya que, se insiste, de sus propias manifestaciones y como ha ocurrido en realidad, la actora cuenta con una actividad laboral y NO SE HA DEDICADO PREPONDERANTEMENTE AL HOGAR NI AL CUIDADO DE LAS MENORES. Desvirtuando con su propias manifestaciones la pretensión que alude y a la vez a los testigos ofertados y lo que pretenda sustentar con ellos. (.) 3.2. Respecto del a pensión alimenticia de las menores. Respecto a dicha prestación en el acuerdo inicial se advierte que se han determinado los alimentos provisionales en su favor, a lo que el que suscribe no tiene oposición, sin embargo, se manifiesta que si la guarda y custodia se determinada compartida, cada progenitor debería cubrir todas las necesidades que tengan las menores cuando se encuentran bajo el cuidado correspondiente, es decir, cuando las menores estén con la actora, ella deberá cubrir las necesidades de las mismas y cuando esté con el que suscribe, se cubrirán todas las necesidades por parte del signante. En atención a lo anterior, se propone que los gastos de las menores como son inscripciones, útiles escolares, uniformes, al igual que temas de (sic) para la atención de salud, como consultas y compra de medicamentos sea en partes iguales, es decir, que la actora cubra el 50% y el que suscribe el otro 50%. (.) Al 4.- Respecto a que se decrete la convivencia del que suscribe con las menores. Partiendo que lo más benéfico para las menores es una guarda y custodia compartida, desde la óptica del que suscribe, las convivencias que señala la actora no serían procedentes, toda vez que las menores estarían conviviendo durante una semana o en su defecto durante quince días seguidos con cada uno de sus progenitores. (.) Al 5.- Respecto a la indemnización de hasta un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, aduciendo que se colman satisfechos los extremos del artículo 258 del Código Familiar del Estado. Existe oposición respecto a este tópico, como ya se ha manifestado anteriormente, lo anterior, toda vez que la fracción II no se encuentra satisfecha y es desvirtuada incluso por la actora, toda vez que desde que dio inicio el matrimonio, la actora ha tenido actividad laboral al igual que el que suscribe, como ella misma lo ha manifestado, por lo que los consortes al formar un núcleo familiar en el que los dos trabajan, los dos estuvieron en medida de sus posibilidades al cuidado del hogar y de las menores, CIRCUNSTANCIA QUE QUEDA DEMOSTRADA CON LA CONFESIONAL FICTA QUE REALIZA LA MISMA ACTORA, y será robustecida con la respuesta vía informe que dé el Instituto Educativo LOMAS. Al 6.- Respecto al pago de los gastos y costas que se eroguen por la tramitación del presente juicio. Se manifiesta oposición a este punto, toda vez que el que suscribe no actúa de manera temeraria, ejerciendo las excepciones y defensas con estricto apego a la norma." Informó que además de las menores antes citadas, también tenía otro menor de iniciales Á.S. S., el que nació el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En cuanto a los hechos se advierte lo siguiente: "(.) Ahora bien, en relación con lo que manifiesta la parte actora de que laboro como médico especialista en otorrinolaringología en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es cierto que laboro en dicha institución de la cual percibo un salario aproximado de $28,000.00 . mensuales, con relación a que laboré como medico particular en el consultorio 703-B del Hospital Ángeles de esta ciudad, es cierto que estuve laborando en ese consultorio, sin embargo, no tuve muchas consultas, tan es así que el 21 de diciembre de 2022, se me pidió la entrega del consultorio por baja productividad, tal como lo acredito con la documental privada que anexo a la presente; por otro lado, es falso que el suscrito sea socio de una clínica denominada AUVIBEL, por lo cual desde este momento procesal le arrojo la carga de la prueba a la parte actora. Como pruebas ofreció: a) La documental vía informe a cargo del Instituto Educativo Lomas, antes denominado Instituto Pedagógico Cumbres de Morelia, a efecto de que informara la antigüedad de la actora, sus percepciones ordinarias y extraordinarias que percibía por su actividad laboral, así como los horarios que debía cubrir. b) El original del acta de nacimiento a nombre del menor de iniciales Á.S. S., con número 2991, libro 1, de la oficialía 08 de Morelia, Michoacán. c) Las documentales privadas de veinte de julio, veinticinco de octubre y veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, las dos primeras sin firma, en hoja membretada del Hospital Ángeles, en la que indicaron que al no haber llegado al 100% de su productividad, le cobrarían $8,390.50 y $5,400.00 pesos, respectivamente, mientras que el último documento sí se encuentra signado, al parecer por el Director General del Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán, en el que le notificaron que en los próximos 30 días hábiles le correspondería la entrega del consultorio B703, ubicado en dicho nosocomio, en virtud de que su contrato finalizaba el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. d) Un recibo de nómina con certificación digital y código QR, a nombre de Ana Luz Rodríguez Zavala, del departamento: "profesores", puesto: "profesor", correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, del que se observa un sueldo total de $4,380.00 pesos, expedido por el Instituto Pedagógico Cumples de Morelia, asociación civil. 4. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora dando contestación oportuna a la incoada en su contra y ofertando pruebas. 5. Mediante oficio número DAyF/SP/JSPT/DPI/0380/2023, de quince de febrero de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Prestaciones e Incidencias, de la Jefatura de Servicios de Prestaciones de la Subdirección de Personal de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que a partir de la quince de febrero de dos mil veintitrés procedería a la aplicación del descuento correspondiente al 40% del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias previas deducciones de ley, del demandado. 6. Por oficio IRYCEM/SJ/DC/RPP/1057/2023 de tres de marzo de dos mil veintitrés, el jefe del Departamento de lo Contencioso del Instituto Registral y Catastral en el Estado, informó que no encontró constancia de la constitución de la moral Clínica Auvibel Centro Médico, sociedad anónima de capital variable, ante la Secretaría de Economía. 7. Mediante oficio SFA/SSI/DR/SICV/DCV/00635/2023, de uno de marzo de dos mil veintitrés, el jefe del Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, informó que localizó en el Sistema Estatal Vehicular, un (sic) registro a nombre de ********************: Placa Marca Línea/tipo/color Serie Modelo Vigencia PTD241B Fiat Fiat500/hatchback/rojo 3C3CFFFH6DT673318 2013 2022 PTD244B Seat León cupra/ hatchback/ blanco nevada VSSBE75F3JR108270 2018 2022 PUH475B Volkswagen Jetta GLI/sedán/blanco puro 3VW4E6BU9LM051601 2020 2022 8. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte demandada ofreciendo la escucha de las menores hijas de las partes, la que se desahogó el diecisiete de mayo de ese año, de la que se advierte lo siguiente: "(.) JUEZA: ¿Quién te lleva a la escuela? LA MENOR DE INICIALES ********************: Mi mamá. JUEZA: ¿Siempre has vivido ahí? LA MENOR DE INICIALES ********************: Sí. (.) JUEZA: ¿Ahí es donde tus papás vivían juntos? LA MENOR DE INICIALES ********************: Sí. JUEZA: ¿Entonces el que se separó fue tu papá? LA MENOR DE INICIALES ********************: Sí. (.) JUEZA: ¿Tú mamá te lleva a la escuela? LA CITADA MENOR: (Asiente con la cabeza) JUEZA: ¿y Ella te recoge? LA CITADA MENOR: Algunos días, cuando veo a mi papá, mi papá, y cuando no veo a mi papá, es mi mamá. (.) JUEZA: ¿Qué días ves a tu papá? LA CITADA MENOR: Martes, jueves y el domingo en la casa. JUEZA: ¿A qué hora pasa por ustedes el domingo? LA CITADA MENOR: Eso depende, pero es como entre tres y media, y cuatro. JUEZA: ¿y ese mismo domingo las regresa a su casa? LA CITADA MENOR: Sí. JUEZA: ¿A qué hora? LA MENOR: No tenemos horario, pero es como entre ocho. JUEZA: Los martes y jueves que te recoge a las dos cincuenta y cinco, cuando sales de la escuela, ¿a qué hora te lleva a tu casa? LA MENOR: Sí, en la noche, que es como igual a las ocho. JUEZA: ¿Nunca te has quedado a dormir en su casa? LA MENOR: Una vez. JUEZA: ¿Si tu pudieras elegir tus horarios de convivencia?, primero, ¿Te gustaría a quedarte a vivir con tu mamá? LA MENOR: Ah sí. JUEZA: ¿Estás a gusto? LA MENOR: Ahorita sí. JUEZA: ¿Si tú pudieras elegir tus horarios de convivencia, te gustaría que siguieran siendo estos? LA MENOR: Sí. JUEZA: ¿Estás cómoda con estos horarios? LA MENOR: Sí. (.) JUEZA: ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Tú mamá?, y te recogen igual que tu hermana alternadamente, ¿los martes y jueves te recoge tu papá?, y ¿los domingos va por ustedes? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: Sí. JUEZA: ¿Tú estás a gusto con esta convivencia? ¿Te gustaría que fuera más, te gustaría que fuera menos? ¿Cómo te gustaría? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: Estoy normal. JUEZA: ¿Estás a gusto?, ¿Estás tranquila? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: Sí. JUEZA: ¿No te inquieta nada? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: No. (.) JUEZA: ¿Estás a gusto viviendo con tu mamá? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: Sí. JUEZA: ¿Estás a gusto conviviendo en esta forma con tu papá? LA MENOR DE INICIALES L.F.R.S.: Sí. JUEZA: ¿No tienen ustedes alguna solicitud que hacer? LAS DOS MENORES: No. (.)." 9. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, se desahogó la prueba testimonial a cargo de tres testigos de nombres José Cruz Rodríguez Zavala, Paulina Flores Correa y María de los Ángeles Correa Espinoza, quienes señalaron lo siguiente: PREGUNTAS: "DÉCIMA PREGUNTA. Que diga si sabe y le consta a qué se ha dedicado durante el matrimonio la señora Ana Luz Rodríguez Zavala. (.) DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Que diga el testigo si sabe y le consta quién se hace y se ha hecho cargo durante el matrimonio del cuidado de las menores A.P. y L.F.S.R. (.)." José Cruz Rodríguez Zavala: "(.) DÉCIMA PREGUNTA. Al hogar y también tiene un trabajo de medio tiempo, mientras las niñas están en la escuela es maestra da clase en un colegio que se llama Lomas, creo que más de 10 años, tal vez quince. (.) DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Ana Luz Rodríguez Zavala. Paulina Flores Correa: "(.) DÉCIMA PREGUNTA. Ama de casa y maestra del Colegio Lomas, me consta desde los 11 once años que tengo de casada. (.) DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Ana Luz Rodríguez Zavala. (.)." María de los Ángeles Correa Espinoza: "(.) DÉCIMA PREGUNTA. A su casa, sé que da clases en una escuela por las mañanas, que yo me doy cuenta desde hace como 5 cinco años. (.) DÉCIMA QUINTA PREGUNTA. Su mamá Ana, lo sé porque tengo convivencia con ellas. (.)." 10. El diez de julio de dos mil veintitrés, la representante legal del Instituto Pedagógico Cumbres de Morelia, asociación civil, informó que la parte actora se encontraba laborando en dicha institución a partir del uno de diciembre de dos mil diez, además que recibía de nómina quincenal la cantidad de $3,854.00 pesos y anexó para acreditar lo anterior un recibo de nómina a nombre de la actora, correspondiente del dieciséis al treinta de junio de dos mil veintitrés. 11. El veinte de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que se enunció la litis; se tuvo a las partes ofreciendo medios probatorios; se ordenó girar oficio a la Administración de Torres de Consultorios para que informara si el accionado continuaba rentando un consultorio, precisando la mensualidad que erogaba por ello; y se revisaron las medidas cautelares, aseguramiento y precautorias decretadas, así como decisión de las solicitadas en dicha audiencia, en los siguientes términos: "(.) La parte actora solicita que continúe la custodia a favor de sus menores hijas y un aumento de la pensión alimenticia señalada en autos. La parte demandada hace uso de la voz a fin de que se decrete régimen de convivencia compartido, se reduzca la pensión alimenticia otorgada y se modifique la guarda y custodia. Las representaciones sociales solicitan que la custodia provisional se fije a favor de su progenitora Ana Luz Rodríguez Zavala, se oponen a la custodia compartida porque afectaría el desarrollo de sus actividades escolares; asimismo solicitan que la pensión alimenticia se incremente hasta un 50% . de las mismas. Por ello, tomando en cuenta las solicitudes hechas por las partes y la representaciones sociales, se determina que no existe algún elemento que justifique la forma en la que vienen viviendo las menores A.P. y L.F.S.R., al lado de su progenitora, por ello se determina que la custodia provisional será al lado de su progenitora, que seguirán conviviendo de forma libre y abierta con su papá, por tanto, no se fija ningún régimen de visitas y convivencia riguroso. La pensión alimenticia de un examen superficial de las constancias que tienen en autos, se advierte que el señor ********************, posiblemente tenga otro ingreso adicional al del ISSSTE virtud de que él mismo exhibió constancias de pagos de rentas expedidos de la Administración de Torre de Consultorios, de los que se presume que tiene otra fuente de ingresos, así como las informaciones que remitieron el SAT y los bancos, por tanto, se considera que adicional al porcentaje que se le viene descontando directamente de su fuente laboral otorgue una cantidad líquida y específica adicional a la viene otorgando en autos, equivalente a que cubra directamente la colegiatura de una de sus hijas de nombre L.F.S.R., asimismo, respecto a la pensión alimenticia que solicita la parte actora, este Tribunal se aparta del criterio adoptado el diecisiete de julio del presente año y en atención a la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro 2026170, de rubro: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR Y AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO.", se revierte la carga de la prueba del obligado alimentario, para que acredite que la actora no se dedicaba preponderantemente a actividades del hogar, por lo que se le concede una pensión alimenticia provisional del 15% quince por ciento adicional, en consecuencia, se ordena girar oficio a fin de que se aumente dicho porcentaje, medio de comunicación que se deja a disposición de la parte actora. Asimismo, se da nueva cuenta con el escrito de fecha 21 veintiuno de agosto del presente año que signa el mandatario jurídico del demandado licenciado Carlos Ulises Salgado Pérez, por lo que se le tiene haciendo sus manifestaciones, sin embargo, dígasele que es un hecho notorio que al momento en que un menor ingresa a un nuevo ciclo escolar, se hace un gasto extraordinario que no puede ser considerado dentro de la pensión alimenticia ordinaria que se está otorgando, por ello, se le requiere al demandado para que exhiba el pago de la cantidad solicitada en autos por la parte actora con motivo del nuevo ciclo escolar al que ingresaron las menores de edad involucradas en este asunto. (.)." Proveído que constituye uno de los actos impugnados en la presente instancia constitucional. Hasta aquí la narrativa de antecedentes. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa resultan en una parte fundados y, en lo restante, infundados, suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que fueron solicitados. Consideraciones previas Primeramente, cabe señalar que, en el caso, está de por medio el interés superior de las terceras menores de edad de iniciales ******************** y ********************, y el acto reclamado deriva de un expediente del orden familiar, específicamente, respecto a la negativa de la medida cautelar en cuanto a una custodia provisional compartida, y el otorgamiento de un pago adicional por concepto de alimentos provisionales, al establecido en el acuerdo inicial del proceso de origen. Por lo que el análisis que se realizará respecto a la constitucionalidad del acto que se impugna, será en suplencia de las menores de que se trata y ponderando su interés superior, como lo autoriza el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación, los que se estudiarán de manera temática en tres partes (identificados con los números romanos I, II y III), por cuestión de técnica jurídica y así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." I. Guarda y custodia a) Síntesis de la primera parte de los motivos de disenso En la primera parte de los motivos de disenso, el quejoso refiere que la responsable viola en su perjuicio y de las menores, la obligación de velar por el interés superior de estas últimas, ya que si bien es cierto que la madre de ellas, en su escrito inicial, solicitó la custodia provisional, también lo hizo él en su contestación, aunque de manera compartida, es decir, maximizando ese interés superior de las infantes. Manifiesta que la guarda y custodia provisional compartida es más benéfica y menos lesiva para el desarrollo de las menores que la determinación de que solo uno de sus progenitores tenga la referida custodia como lo señaló la responsable. Lo que sostiene al referir que desde el inicio del procedimiento de origen a la actualidad, las menores conviven con su progenitor de manera libre y voluntaria tres o cuatro días a la semana, incluso, que es cada vez más recurrente que hay fines de semana que pernoctan en su domicilio. Ello, dice, con la finalidad de que las menores no sientan que uno de los progenitores es quien vela por ellas y que, a manera de aligerarles cualquier proceso psicológico, quede establecido legalmente que sus dos progenitores siguen velando por ellas, con independencia de estar separados. Argumentos que, como se adelantó, resultan fundados. Se explica. b) Marco legal Interés superior del menor Al respecto, se precisa que el interés superior del niño está sustentado en los artículos 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 3°, 9°, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establecen: "Artículo 3°. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. (.) Artículo 9°. 1. Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. (.) Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. (.) Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. (.) Artículo 27. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados." De lo anterior se advierte que el interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. La aparición de ese concepto supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlo y cuidarlo, buscando siempre su mayor beneficio posible, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, cuya función es clara y explícitamente de orden público e interés social. Dentro de este marco conceptual, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableció los medios para garantizar la protección de los infantes, para los cuales, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas para garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, así como garantizar el interés superior del menor. De esta manera, para atender ese principio, el ejercicio de los adultos no podrá en algún momento ni bajo alguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se estableció como obligación para todas las autoridades involucradas en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de las medidas necesarias para su bienestar. Para ello se toman en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes u otras personas que sean responsables de estos, así como el deber y obligación de la comunidad, en general, de todos los integrantes de la sociedad, de respeto y auxilio en el ejercicio de sus derechos. El concepto de riesgo y sus implicaciones en las relaciones paterno-materno-filiales Ahora, cabe mencionar que nuestro Máximo Tribunal ha reiterado que el principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que estos se coloquen en una situación de riesgo. En este sentido, la Primera Sala ha señalado que el concepto de riesgo se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un niño o niña sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier niño o niña está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no solo cuando se evite una situación perjudicial. Al hilo de esa conceptualización de riesgo, la Primera Sala ya ha expresado en diversos precedentes que, en los casos en que se involucren derechos de niños y niñas, como lo es el de la guarda y custodia, debe demostrarse la existencia de un riesgo probable y fundado para determinar que un progenitor no es apto para tenerla, pero, se insiste, precisamente con fundamento en el interés superior de menor debe probarse dicho riesgo. Los anteriores razonamientos se encuentran recogidos en la tesis siguiente: "Registro digital: 2005919 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538 Tipo: Aislada DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Al resolver el amparo en revisión 910/2016, la Primera Sala del Alto Tribunal, sostuvo que la regla general es que ambos progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos e hijas, no obstante, los defectos y carencias que acompañan necesariamente la condición humana. Lo contrario, la falta de aptitud, debe demostrarse, pues con ello se afectan los derechos y la esfera jurídica de los niños y niñas involucrados. Indicó que no tenía duda que no existe un modelo de padres y madres ideales, acabado y perfecto, una especie de arquetipo ante el cual contrastar la conducta específica de los progenitores, con el fin de determinar si se está o no ante un buen padre o madre, y si, con base en esa imagen ejemplar, sean justificables o no ciertas restricciones en las instituciones protectores de la infancia, como lo es la guarda y custodia. Abundó en que es preciso sopesar si las conductas desempeñadas por los progenitores -que siempre constituyen un ejemplo, ya sea positivo o negativo y que necesariamente marcan la personalidad de los niños y niñas- son susceptibles de actualizar un riesgo probable y fundado. Afirmó que lo que sí debe existir es un grado de probabilidad para determinar que efectivamente ciertas conductas ponen en riesgo a un niño o niña, con la razonable proyección a futuro de que la conducta sea de tal manera perniciosa que afecte sus derechos. El criterio que ha de presidir la decisión que en cada caso corresponda adoptar en casos similares, a la vista de las circunstancias concretas, debe ser necesariamente el del interés prevalente de niños y niñas, ponderándolo con el de sus progenitores, que aun siendo de menor rango, no por ello resulta desdeñable. Agregó que en aquellas situaciones en las que deba dirimirse a cuál de los padres debe otorgarse la custodia individual de la niña o niño, el juzgador debe tomar en cuenta que las circunstancias familiares son siempre cambiantes y que el otorgamiento de la guarda y la custodia a uno u otro progenitor no puede tomarse como un sistema de recompensas. Ello porque lo importante siempre es priorizar el interés del niño o niña cuyos derechos estén en juego. Así, lo que ha de primar es aquel sistema que en el caso se adapte mejor al niño o a la niña y a su interés, no al de sus progenitores. En ese contexto, se debe priorizar la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, tal como lo indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en los términos siguientes: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." Esto es, señaló que el niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, o sea, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo cuidan, la que, afirmó, era necesaria para desarrollar seguridad, confianza y el sentimiento de sentirse querido. También refirió que las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica, el que se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no solo para el desarrollo socio emocional, sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña. Derecho de los menores a expresar su opinión Por su parte, el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión no se trata de una cuestión nueva en la jurisprudencia de la Corte. La Primera Sala, en diversos asuntos, ha señalado que el derecho de niños y niñas a ser escuchados comprende dos elementos: i) el derecho a expresar la opinión; y ii) a que ésta sea tomada en cuenta en función de la madurez; derecho que está reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También indicó que su participación constituía una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría, incluso, ir en detrimento de su interés superior. En ese sentido, señaló que tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la convivencia de la admisión de su declaración o testimonio ofrecida por las partes. Así, la citada Primera Sala señaló que dicha participación del menor está sujeta a valoración judicial, la que no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que dé cauce a su derecho. También indicó que la premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Criterio que se encuentran en la siguiente tesis: "Registro digital: 2009010 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 12/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 383 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo. En esencia, el derecho de los niños y niñas a ser escuchados busca brindarles una protección adicional, por lo cual, se constituye en una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimientos que puedan afectar sus intereses, debiendo tenerse en consideración que este derecho se debe ejercer de forma progresiva, sin que ello dependa de una edad predeterminada que pueda aplicarse en forma generalizada a todos los menores, sino que debe analizarse en cada caso, según la madurez del menor. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2022471 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil, Constitucional Tesis: 1a. LI/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 951 Tipo: Aislada JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN. Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre; sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al menor de edad, aparentemente en razón de su temprana edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Justificación: El derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 12 destacando que el ejercicio de ese derecho del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso, las formas más apropiadas de propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe garantizarse el derecho del menor de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernan, como en el caso de su guarda y custodia, las cuales, además, le deben ser comunicadas también de manera clara y asertiva." Revisión de las medidas cautelares Por su parte, el artículo 996 del Código Familiar del Estado de Michoacán, establece que las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, podrán ser modificadas en la audiencia preliminar, y que las resoluciones que recaigan en la revisión y la concesión de medidas en la audiencia preliminar serán irrecurribles. De igual manera, el artículo 1062 del Código Familiar de la entidad refiere, que las resoluciones provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva y que las resoluciones firmes dictadas en negocios de alimentos, entre otros, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias. De lo expuesto, se advierte que en las disposiciones que rigen la materia del asunto de origen, se encuentra determinado los momentos y las formas en que pueden establecerse y modificarse las medidas cautelares, entre la que se encuentra la de guardia y custodia provisional dictada en el juicio de origen; y que uno de estos momentos podrá ser en la audiencia preliminar, lo cual estará sujeto a que la circunstancias que la originaron hubieran variado. Operatividad de las medidas provisionales de guarda y custodia Se hace notar que las medidas cautelares en el sistema jurídico nacional, revelan la inmensidad de situaciones que se pueden presentar en los procesos en los que se ventilan, que hace difícil, si no es que imposible, que la previsión humana, inclusive de los legisladores más expertos y sabios, pueda prever y darles solución mediante reglas consignadas en preceptos legales, si se toma en cuenta, además, la dinámica de la vida y de la diaria realidad en la que están inmersas estas cuestiones. De manera que resultan un campo fértil para el cultivo de las facultades discrecionales, incluso las de gran amplitud, ya que sin ellas se entorpecería, sin lugar a duda, la misión del Juez y la satisfacción de los fines perseguidos en estas materias, con la impartición de justicia. Efectivamente, las medidas cautelares son mecanismos flexibles autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas, para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Se cita como apoyo a lo anterior el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2012425 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.4o.C.4 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2653 Tipo: Aislada MEDIDAS CAUTELARES. CONCEPTO, PRESUPUESTOS, MODALIDADES, EXTENSIÓN, COMPLEJIDAD Y AGILIDAD PROCESAL. La doctrina y el funcionamiento de las medidas cautelares en el sistema jurídico nacional, revelan la inmensidad de situaciones que se pueden presentar en los procesos en los que se ventilan, que hace difícil, si no es que imposible, que la previsión humana, inclusive de los legisladores más expertos y sabios, pueda prever y darles solución mediante reglas consignadas en preceptos legales, si se toma en cuenta además, la dinámica de la vida y de la diaria realidad en la que están inmersas estas cuestiones, de manera que resultan un campo fértil para el cultivo de las facultades discrecionales, incluso las de gran amplitud, ya que sin ellas se entorpecería, sin lugar a duda, la misión del Juez y la satisfacción de los fines perseguidos en estas materias, con la impartición de justicia. Efectivamente, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Son de extensa variedad, en la que encuentra diferencias específicas que exigen la adaptación, conforme a su flexibilidad, la potestad judicial expresa y discrecional, de sus alcances, duración, efectos, así como de la fase procesal en la que se adoptan, ya sea de plano o incidentalmente, dentro de un proceso cautelar sumario o sumarísimo, transformable para la eficacia de la medida, según sus características, utilidad práctica y finalidad, en donde es admisible una resolución interina de cautela, de carácter ultra sumario, sujeta a modificación, revocación o al cese de sus efectos, conforme a pruebas supervenientes, medios de impugnación, la contracautela; y una definitiva con duración máxima a la conclusión del proceso principal en curso o inminente del que es instrumental. Pueden pedirse o decretarse de oficio, una vez satisfechos sus presupuestos esenciales de la buena apariencia de un derecho (fumus boni iuris) y el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora) y tramitarse sólo con la intervención de quien las solicita o con la necesaria e indispensable intervención de la parte contra quien se dirigen, según el examen valorativo racional del Juez. Existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, de manera que habrá casos en los que ese derecho tendrá que aplazarse, pero sólo el tiempo estrictamente necesario para impedir la frustración de los fines perseguidos con la medida solicitada, conforme a su naturaleza." Custodia compartida Por su parte, es necesario destacar que el principio de corresponsabilidad parental del que deriva la figura jurídica de custodia compartida; la cual no se encuentra explícitamente contemplada en el Código Civil del Estado; sin embargo, ello no implica que no pueda ser aplicada en un asunto familiar, debido a que el interés superior de los menores, por regla general, podría verse más protegido cuando la guarda y custodia se comparte preservando una esfera de derechos más adecuadas y completa para el menor y armonizando los derechos del padre y de la madre. En ese sentido, de forma general, sí es dable establecer que en algún procedimiento familiar, existe la posibilidad de que los infantes puedan quedar bajo el cuidado de ambos progenitores; a más de que el modelo de la custodia compartida reporta ventajas tales como que: "elimina el binomio vencedor vencido en los procesos judiciales de disolución del vínculo matrimonial o marital, en tanto la co-parentalidad mantiene a los progenitores en contacto constante con los hijos y participan activamente de su crianza y cuidados, mientras la custodia exclusiva en algunos casos propicia el conflicto y la alienación." Circunstancia que así fue determinada por la Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia T 384/18, la cual sustentó en la opinión de psicólogos docentes de la facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Precedente que se cita como fuente de conocimiento y mero criterio orientador, en términos del artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y en el que se sustentó el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, al emitir la tesis III.1o.C.2 C (11a.), de rubro: "CUSTODIA DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE. TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA CONFLICTO ENTRE LOS PADRES SOBRE AQUÉLLA, DEBE EVALUARSE LA POSIBILIDAD DE QUE SEA COMPARTIDA, A FIN DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA, CONFORME A LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CASO Y CONSIDERANDO EL DERECHO COMPARADO. " c) Caso concreto Ahora, en el caso concreto, en específico, de la resolución emitida en la audiencia preliminar de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la etapa de revisión de medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, en específico, el pronunciamiento de la responsable en cuanto a la guardia y custodia provisional, determinó que no existía algún elemento que justificara la modificación de la forma en la que vivían las menores de iniciales A.P.S.R y ********************, al lado de su progenitora, pues desde el inicio se reveló tal circunstancia, lo que fue corroborado por ellas, al ser "llamadas" para pedir su opinión, quienes en la audiencia correspondiente señalaron que tenían una sana dinámica con ambos, y que veían libremente a su papá. Por esas razones, determinó que la custodia provisional sería al lado de su progenitora, por lo que seguirán conviviendo de forma libre y abierta con su papá; en ese sentido, señaló que no fijaba algún régimen de visitas y convivencia riguroso. d) Decisión Consideraciones que se estiman, por insuficientes, no se encuentran ajustadas a derecho, debido a que la Jueza responsable no justificó ni realizó valoración judicial del porqué estimaba que no era prudente decretar una custodia provisional compartida por ambos padres, y solo fijarla a favor de su progenitora; puesto que únicamente indicó que no existía algún cambio que justificara modificar la forma en la que estaban viviendo tales menores. Tampoco ponderó el mayor beneficio para las hijas de las partes o analizó las constancias, circunstancias particulares o medios de convicción aportados hasta ese momento, entre los que se encuentran la escucha de las menores, en la que refirieron de manera sustancial su deseo de continuar viviendo con su madre, pues se encontraban a gusto y "tranquilas", así como que no deseaban -hasta ese momento- ampliar el tiempo de convivencias con su padre; las testimoniales desahogadas, en las que los atestes afirmaron que las citadas infantes siempre estuvieron al cuidado de la parte actora. Lo que debió realizar para identificar si en el juicio existía algún cambio de las circunstancias en la forma en la cual habitan las menores quejosas con su madre o la relación que tenían con su padre, pues atendiendo a la naturaleza y los derechos fundamentales de las infantes que se encuentran involucrados, era necesario que, en atención a su interés superior, debía realizar el raciocinio del por qué llegó a tal conclusión y explicar con argumentos lógicos jurídicos cómo es que al continuar habitando tales infantes únicamente con su madre era lo más benéfico para ellas, y no así una custodia compartida, en la cual ambos padres asistirían a sus hijas de forma total, en la proporción que les correspondiera. Lo que era necesario, en virtud de que tratándose de aquellos asuntos en que se encuentran involucrados menores de edad, se debe atender a que las circunstancias familiares son siempre cambiantes y que la valoración debe llevar a analizar si lo expresado por las menores responde a una voluntad real de mantener la guardia y custodia provisional con solo uno de sus progenitores o, por el contrario, si con los elementos con que se cuentan al momento, se podría establecer una guardia compartida. Actividad que no efectuó la Jueza responsable, aún y cuando el momento oportuno para verificar tales circunstancias era precisamente en la audiencia preliminar, en la etapa de revisión de medidas cautelares, lo anterior sumado a que, en esa audiencia, la propia juzgadora reconoció que no había decretado previamente la guardia y custodia provisional. En consecuencia, debió realizar una valoración aún más exhaustiva de las constancias que integran el procedimiento de origen, para precisar si por el tiempo que éstas se han desenvuelto desde antes del inicio del procedimiento, un cambio del lugar en que se desenvuelven para ser alternado con su progenitor, a su juicio, podría afectar la forma en que las citadas menores desarrollaban su vida social, la mecánica familiar que actualmente desenvolvían, los horarios de su escuela, actividades extraescolares o cualquier otra que advirtiera del expediente de origen, así como el posible riesgo que conllevaría sustraerlas de dicha dinámica. Lo anterior para evitar algún cambio emocional -posible afectación en su desarrollo-, y la viabilidad de la forma en que se ejercería la guarda y custodia provisional a partir de dicho momento, por ende, no bastaba que únicamente refiriera de manera simple que "no existía un cambio de circunstancias". Incluso, se observa que no precisó desde qué momento tomaba en consideración para estimar que no existía tal cambio de circunstancias, si previamente afirmó que no las había decretado. Tampoco citó los artículos en los que se sustentó para emitir su determinación. Es así, porque se deben tener en cuenta todos los elementos para establecer si efectivamente hay o no una permanencia de las condiciones que le dieron origen, y si ameritaba su modificación o debía seguir vigente que solo la madre tuviera la guarda y custodia hasta en tanto se resolviera el asunto en definitiva, en atención al interés superior de las menores. En ese sentido, se encontraba autorizada para pronunciarse de manera total en cuanto a la guarda y custodia provisional, procurando proteger en todo momento el sano desarrollo de las infantes. De esta manera, se insiste, la revisión de la medida referida no refleja algún ejercicio argumentativo suficiente de la responsable, con base en las características del caso y, sobre todo, priorizando el interés superior de las menores que debe imperar en la prosecución del asunto. De ahí lo fundado de la primera parte de los motivos de disenso vertidos por el quejoso, por lo que lo procedente es conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Cabe precisar que no es posible abordar el estudio del fondo del asunto en cuanto a determinar la guardia y custodia provisional, al no satisfacer el acto reclamado cabalmente los requisitos de legalidad y certeza jurídica que para la emisión de una determinación de tal naturaleza exige el artículo 16 constitucional y que, por razón de orden, deben estudiarse preferentemente. En la inteligencia de que quien suscribe no le está permitido sustituirse en el criterio de la autoridad responsable y apreciar directamente las pruebas aportadas tanto por la actora como por el deudor alimentario, pues esa facultad está prohibida, porque el juicio de amparo no es una segunda instancia en dichos procedimientos, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual el órgano jurisdiccional federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades responsables. Sirve de apoyo, por similitud jurídica, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se consulta en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio diciembre de 1990, página 186, registro 224555, intitulado: "JUECES DE DISTRITO. NO PUEDEN SUSTITUIRSE EN EL CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y APRECIAR DIRECTAMENTE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Al juez de Distrito no le está permitido substituirse en el criterio de la autoridad administrativa y apreciar directamente las pruebas aportadas por los particulares en los procedimientos administrativos que se tramiten en los términos de los artículos 189 y siguientes de la Ley de Invenciones y Marcas, pues esta facultad le está prohibida al juzgador por no ser el juicio de amparo una segunda instancia en dichos procedimientos administrativos, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades estatales. En tal virtud, únicamente puede resolver si la autoridad responsable transgredió o no las normas que regulan la recepción, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes en el procedimiento oficioso. Es decir, como órgano de control constitucional, vía conceptos de violación el juzgador federal de amparo, sólo debe examinar si en el caso que se somete a su consideración, la autoridad responsable violó o no las leyes reguladoras de las pruebas o bien si existió o no alteración de los hechos, más en forma alguna substituirse a la autoridad administrativa en la valoración de las multicitadas pruebas. En tal virtud, si el a quo consideró fundado, pero inoperante, un concepto de violación que se endereza en contra de una omisión de la responsable respecto de un ofrecimiento de pruebas y aduce como motivo que la inoperancia se apoya en la circunstancia de que admitida la prueba por la responsable, ésta de cualquier manera emitirá una resolución desfavorable a los intereses del particular, es claro que está sustituyendo su criterio al de la autoridad administrativa en la valoración de las pruebas, cuando actuando como órgano de control constitucional, sólo puede examinar si el acto reclamado viola o no las garantías individuales invocadas por el quejoso, esto es, si en materia de pruebas, la autoridad administrativa aplicó las reglas fundamentales de la prueba, si existió o no una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan dicha materia o en la fijación de los hechos, o que la apreciación o valoración fue contraria a la lógica, etc; mas no sustituir su criterio al de la autoridad responsable, para valorar en forma directa las multicitadas pruebas, pues con ello trastoca el sistema de probanzas que rige en el derecho patrio. Por otro lado, la jurisprudencia aplicada por el juez de Distrito para declarar fundados pero inoperantes sus conceptos de violación, no es aplicable en el caso de que se trata y por tanto con apoyo en la misma no debió declarar inoperantes los conceptos de violación de mérito. En efecto, si bien la exposición de los precedentes que formaron la tesis jurisprudencial en estudio, revela que no se refieren únicamente a cuestiones de derecho sino que también existe por parte de la Suprema Corte de Justicia una apreciación directa de las pruebas no analizadas por las autoridades responsables, empero la multicitada tesis sólo es aplicable en amparo directo porque las autoridades responsables, invariablemente deben ser órganos de control de legalidad (tribunales administrativos o civiles como en el caso) y el acto reclamado es un acto jurisdiccional, es decir de la misma naturaleza de los actos del juzgador de amparo, de tal manera que no existe realmente una sustitución en las facultades dichos órganos de control de legalidad por parte de los tribunales federales de amparo, sino solamente hay un despliegue de una misma función: La de juzgar o decir el derecho. Pero no puede ser aplicable en los amparos indirectos administrativos en los cuales la autoridad responsable si bien es un órgano de Estado, empero su función es la administrativa, es la de emitir actos administrativos y no jurisdiccionales y en estas condiciones, el que el juez de amparo realice una apreciación directa de las pruebas ofrecidas en un procedimiento administrativo, implica materialmente una verdadera sustitución de funciones propias de las autoridades administrativas, lo cual se encuentra vedado para el órgano de control constitucional, quien sólo puede analizar, en uso de sus facultades jurisdiccionales, si en el caso concreto sometido a su potestad, hubo o no transgresión de garantías individuales en relación con las normas reguladoras de las pruebas." II. Pensión alimenticia provisional a favor de las menores a) Síntesis de los conceptos de violación En otra parte de sus conceptos de violación, la parte quejosa indica que en cuanto a la determinación de imponer una cantidad líquida y específica adicional que venía otorgando en autos, equivalente a cubrir directamente la colegiatura de una de sus hijas, la responsable violó en su perjuicio y de su diverso menor hijo de iniciales A.S.S., lo establecido en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 444, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán. Lo anterior al indicar que para decretar alimentos provisionales se debió atender a la posibilidad de quien los da, pues dentro del expediente obra la constancia de que el demandado es trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y obtiene por tal actividad un ingreso aproximado de $28,000.00 a $30,000.00 pesos mensuales, lo que afirma es su única fuente de ingresos. Refiere que a partir de lo decretado en el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se le descuenta el 40% de sus percepciones como pensión alimenticia provisional en favor de sus menores hijas, sin embargo, para el pago de la cuota adicional antes referida, no se tomó en cuenta que también tiene otro hijo menor de edad, de iniciales A.S.S., a quien tiene agregado a su núcleo familiar, pues vive tanto con él como con la madre de dicho menor, aunado a que en la audiencia preliminar se estableció que tiene problemas del corazón y debe atenderse. También dice que los recibos exhibidos en la contestación de demanda se hace referencia a que tenía el consultorio 703-B en el Hospital Ángeles, sin embargo, no tuvo muchas consultas, tanto es así que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se le pidió la entrega del consultorio por baja productividad, y se aportaron las documentales al respecto; incluso, dice, es falso que fuera socio de una clínica denominada AUVIBEL. Por ende, indica que la responsable no fundó y motivó su determinación, pues no bastaba que realizara un examen superficial. De igual manera, afirma que en la resolución impugnada se inobservó que ya estaba realizando el descuento del 40% de las percepciones del quejoso, que dicho descuento fue señalado por alimentos provisionales, entre el que se encuentra el rubro de educación, tal como lo establece el artículo 443, fracción II, del Código Familiar del Estado. Argumentos que, como se adelantó, resultan infundados. Veamos. b) Marco legal Disposición internacional y consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuando al derecho de alimentos Al respecto, es importante señalar que no se puede hablar del derecho a la satisfacción de los alimentos, sin entender que éste permite a su vez disfrutar y ejercer a cabalidad el diverso derecho a tener un nivel de vida adecuado, pues no es factible obtener si no se satisface plenamente el primero. En efecto, el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que por respeto a la dignidad de los seres humanos, los Estados parte han reconocido que un derecho fundamental de toda persona, es acceder a un nivel de vida adecuado, el cual no es posible alcanzar si no se goza de buena salud, alimentación, vestido, vivienda y educación. Por tanto, el derecho a la alimentación es fundamental e imprescindible para alcanzar un nivel de vida adecuado, pues ese derecho no solo implica la satisfacción de las necesidades alimenticias, sino que, además, conlleva brindar lo necesario para la salud, la vivienda y el vestido; y, tratándose de menores de edad, también implica brindarles lo necesario para alcanzar un determinado nivel de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 410/2014, determinó que la importancia que la alimentación juega en la vida de las personas, el Estado Mexicano asumiendo la obligación contraída en el Tratado Internacional mencionado, en el artículo 4° Constitucional, reconoció el derecho de las personas a tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que enfatizó tratándose de los menores de edad, pues con relación a ellos, el precepto constitucional no solo reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, sino que además, indicaba que se debe satisfacer su salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Atendiendo a lo anterior, precisó que era claro que el derecho a los alimentos, no solo comprendía la comida como tal (alimentos en estricto sentido), sino que además, implicaba satisfacer las necesidades de vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad; y tratándose de menores, este derecho también abarcaba, entre otros aspectos, la obligación de cubrir los gastos necesarios para su educación proporcionándoles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias particulares. Lo que -dijo- resultaba lógico, pues si se tenía en consideración que la alimentación contribuía a la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, era evidente que los alimentos no se podían limitar al mero ámbito alimenticio, sino que debían amparar las necesidades más básicas de las personas. Así, refirió que los alimentos se habían definido como el derecho que tienen los acreedores de ellos para obtener de sus deudores, todo aquello que era indispensable no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad y calidad de vida. En esa lógica, en virtud de la trascendencia que los alimentos tenían en la dignidad de las personas, se decía que la obligación de proporcionar alimentos era un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra, por ello, su cumplimiento era de orden público e interés social. Precisó que al resolver el amparo directo en revisión 3929/2013, esa Sala señaló que a diferencia de lo que ocurría con la obligación alimentaria entre parientes -que surgía como consecuencia de la solidaridad humana entre personas de una misma familia-, la obligación que surgía de los progenitores en relación con sus hijos se desprendía directamente del ejercicio de la patria potestad. En este último supuesto, la obligación alimentaria surgía como resultado de un mandato expreso derivado del párrafo décimo del artículo 4° de la Constitución Federal, que vinculaba a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor, por lo cual era posible afirmar que la obligación alimentaria recaía de forma solidaria tanto en el padre como en la madre, pues no cabía duda que conforme al principio de igualdad entre los progenitores constituía una obligación compartida sin distinción de género. Así, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había determinado que respecto a las cargas familiares era a los dos progenitores a quienes, en igualdad de circunstancias, les correspondía responsabilizarse tanto de las tareas del hogar, cuidado de los hijos, como de su manutención, por tanto, existía libertad de los progenitores para delimitar de común acuerdo las funciones y responsabilidades de cada uno respecto a las obligaciones inherentes al ejercicio de la patria potestad para con sus ascendientes, resultando indudable que ambos padres se encontraban obligados a cumplir con la institución alimentaria de forma igualitaria y, por tanto, solidaria. Al respecto, destacó que era importante establecer que, a diferencia de los alimentos entre parientes, la obligación alimentaria de los padres para con los hijos revestía una fisonomía particular y se regía por normas específicas que contemplaban su singularidad, como era el que no fuera necesario acreditar la necesidad del alimentarlo, pues ésta se presumía. c) Caso concreto Ahora, en el caso concreto, en específico de la resolución emitida en la audiencia preliminar de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la etapa de revisión de medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, la autoridad responsable determinó la imposición de una cantidad líquida y específica adicional a la establecida sobre el 40% de las percepciones obtenidas como trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, equivalente a cubrir directamente la colegiatura de una de sus hijas de iniciales ******************** Ello al indicar que el demandado, aquí quejoso, posiblemente tenía otro ingreso adicional al del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, virtud a que exhibió constancias de pagos de rentas expedidos de la Administración de Torre de Consultorios, de los que se presumía que sí tenía otra fuente de ingresos, así como las informaciones que remitieron el "SAT" y diversos bancos. d) Decisión Consideraciones que se estiman se encuentran ajustadas a derecho. Se explica. Atendiendo al marco internacional y a las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de alimentos, antes sintetizadas, este Juzgado de Distrito obtiene que la obligación de darlos comprende diversos aspectos, entre los que se encuentra la satisfacción de las necesidades de vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad; y, tratándose de menores, este derecho también abarca, entre otros elementos, la obligación de cubrir los gastos necesarios para su educación proporcionándoles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias particulares. Luego, es cierto que dicha obligación recae, inicialmente, en ambos progenitores, sin embargo, el artículo 450 del Código Familiar del Estado de Michoacán, establece que el obligado de dar alimentos cumple con dicha obligación incorporando a su familia al acreedor alimentario, dado que ese supuesto se refiere al caso de que el deudor se encuentre satisfaciendo todas las necesidades de manera inmediata, esto es, cuando lo tenga materialmente bajo su cuidado dentro del círculo familiar, o esté bajo su guarda y custodia, supuesto en el cual se encuentra la actora, aquí tercera interesada. Por tanto, en el presente asunto, tal como lo determinó la Jueza de origen se presume que el acreedor tiene otra fuente de ingresos, en virtud de que obran en el expediente de origen diversas constancias de pago de rentas expedidos por la Administración de Torre de Consultorios del Hospital Ángeles, respecto del consultorio B703, así como la respectiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello en virtud de que no se encuentra acreditado que, como lo refiere el quejoso, a la actualidad no se encuentre otorgando consultas en tal lugar, dado que no exhibió alguna constancia de que, efectivamente, hubiera entregado el consultorio referido en el periodo señalado en el escrito de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Por ende, como lo dijo la responsable, al no tener una cantidad exacta de los ingresos extras que genera tal acreedor alimenticio por dichas consultas, es dable concluir que deba cubrir directamente la colegiatura de una de sus hijas. Lo anterior porque se presume que el 40% de las percepciones antes señaladas, no son el total de los ingresos que percibe el demandado, pues se infiere que tiene ingresos extras, por ende, ese adicional es acorde con su capacidad económica para otorgar alimentos. De ahí que se estime acertado que la Jueza responsable estableciera un pago adicional al descuento que se le está realizando por tal rubro, para que de esta manera se contemple la totalidad de los ingresos del quejoso y no solo una parte que corresponde a los que obtiene por su trabajo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En adición a lo anterior, este Juzgador estima que la existencia de otro hijo por parte del demandado no implica de manera necesaria y automática que se tenga que afectar la posibilidad económica provisional que le fue fijada, en virtud de que no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado. Ese hecho no es un factor que llevara a no ajustar la pensión que reciben sus actuales acreedoras, quienes son ajenas a las responsabilidades que asume el obligado alimentario frente a otros hijos. La ratio que surge de la jurisprudencia 8/2021 (11ª.), muestra que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha sido enfático al señalar que la sola prueba de la existencia de otros acreedores alimentarios es per se insuficiente para que proceda en automático la disminución de la pensión fijada para otro -o, como en el caso, que no se le condene al pago de un adicional por otros ingresos que presumiblemente tiene el deudor alimentario-, sino que se requiere de otras pruebas que justifiquen las necesidades de los otros hijos del deudor y que éste las ha cumplido para definir si cabe o no reducirla. Tal jurisprudencia es del siguiente tenor: "REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. FORMA DE RESOLVER LA ACCIÓN RELATIVA CUANDO SE FUNDA EN EL NACIMIENTO DE NUEVOS HIJOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discrepan sobre cómo debe resolverse la acción de reducción de pensión alimenticia cuando se funda en el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, pues para uno de esos tribunales, basta la demostración de ese hecho para que proceda la disminución, mientras que para el otro no es así, sino que se requiere además agotar otros medios de prueba, para determinar si la pensión fijada previamente debe reducirse. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se promueve la acción de reducción de pensión alimenticia alegando como causa de pedir el nacimiento de otro u otros hijos del deudor alimentario, no basta la prueba de ese nacimiento para proceder en automático a la disminución solicitada, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad rector de los alimentos, considerando las posibilidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de todos sus acreedores, el Juez ha de determinar el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores y, a partir de ahí, considerar si procede o no la reducción de la pensión que previamente se había fijado en favor de los demandados. Justificación: Lo anterior es así, porque atendiendo al principio publicístico que rige los procesos judiciales del orden familiar y al imperativo de tener como consideración primordial el interés superior de la niñez, el Juez familiar debe velar por que se respeten los derechos de los menores de edad involucrados, tanto los que fueron demandados, como aquellos cuya existencia se invoca como motivo para reducir la pensión alimenticia, y asegurarse de que sus derechos alimentarios sean respetados y satisfechos cabalmente. Para lo cual, a partir del análisis integral de los elementos para valorar las necesidades alimentarias de todos los acreedores, y la capacidad económica del deudor, se podrá determinar el importe de alimentos que corresponde a los acreedores de la pensión preexistente y el importe que el deudor destina para cubrir los alimentos de los nuevos acreedores, junto a la propia subsistencia del deudor, para definir si cabe o no hacer una reducción a la pensión alimenticia respecto de la cual se ejerció la acción." Ahora, por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional estima que para establecer que el deudor alimentario no esté obligado a realizar un pago adicional al porcentaje que se le descuenta con motivo del trabajo que realiza en el ISSSTE, con base en los posibles ingresos que recibe por la diversa actividad profesional que desempeña en el Hospital Ángeles, no basta con que afirme que sufre de una enfermedad cardiaca, sino que se requiere de otras pruebas que así lo justifiquen. En ese contexto, se estima que dicha parte de la resolución impugnada, se encuentra fundada y motivada, y resulta congruente, al haber observado los hechos en forma clara y precisa con las constancias que obran en el sumario primigenio, externó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto impugnado, de ahí que con dicho proceder, la responsable no transgredió el numeral 16 Constitucional. A mayor abundamiento no debe pasar inadvertido que los ingresos de la progenitora como profesora del "Instituto Pedagógico Cumbres de Morelia", evidenciados en autos, al mes de mayo de dos mil diecinueve, equivalían a aproximadamente $4,380.00 pesos quincenales (recibo de nómina número 129); y, por su parte, al uno de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso ostentaba tres unidades motrices, modelos 2013, 2018 y 2020, a su nombre, acorde al oficio terminación 635/2023, emitido por el Jefe del Departamento de Control Vehicular. Lo que denota indiciariamente un desequilibrio económico y mayor capacidad económica del quejoso que la que refiere y superior a la de la tercera interesada, incluso, a efecto de soportar, en mayor medida, la carga de aportar los alimentos a las menores. III. Pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora a) Síntesis de los conceptos de violación En la última parte de los conceptos de violación vertidos por el amparista, alega que la resolución reclamada le causa una afectación a sus derechos fundamentales en virtud de que la parte actora, aquí tercera interesada Ana Luz Rodríguez Zavala, no tiene por demostrada la necesidad y urgencia de los alimentos provisionales. En virtud de que en la demanda, contestación y las constancias que integran el expediente de origen, de manera clara y precisa se observa que no se ha dedicado preponderantemente al hogar, en virtud de que realiza funciones de profesora en el "Colegio Lomas", obtiene un ingreso propio y no tiene algún impedimento de salud o físico para generar su propios ingresos y cubrir sus necesidades, consta la antigüedad que tiene en aquella institución; aunado a que obra constancia de que tiene un inmueble registrado a su nombre. Argumentos que, como se adelantó, resultan infundados. b) Marco legal Juzgar con perspectiva de género Para arribar a la conclusión anterior, es pertinente destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales ha definido que la perspectiva de género constituye una categoría analítica que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". Es este orden de ideas, se estableció que la obligación de los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que, de él, surge la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Consecuentemente, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia, que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. De ahí que puede concluirse que su cumplimiento exige la aplicación de una metodología centrada en la necesidad de detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes -mas no necesariamente presentes- como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualquier tipo de cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Sobre el particular, se cita como apoyo la tesis aislada XXVII/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, página 443, que dispone: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -concepto_que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles -mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres." De igual manera, tiene aplicación la jurisprudencia 22/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo II, página 836, correspondiente al mes de abril de 2016, de la Décima Época, con registro digital 2011430, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." Pensión alimenticia compensatoria provisional Al respecto de una interpretación sistemática de los artículos 272, 273 y 288 del Código Familiar del Estado de Michoacán, se advierte que el derecho a los alimentos subsistirá a favor del cónyuge acreedor, por el mismo lapso de duración del matrimonio, siempre y cuando carezca de bienes o ingresos económicos suficientes para sufragar sus necesidades alimentarias y se extinguirá por vencimiento del mismo, o bien, cuando contraiga nuevo matrimonio, forme parte de alguna relación consensuada o le sobrevenga un hijo con persona diversa de su ex cónyuge. Entre las circunstancias a tomar en consideración para solicitar los alimentos, está la dedicación a la familia y la colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, así como los medios económicos de uno y otro, y sus necesidades, esto es, una pensión compensatoria. Así, en condiciones normales, la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse todos los medios y recursos necesarios para cubrir las necesidades de la vida en común y establecer las bases para la consecución de los fines del matrimonio. Pero, una vez decretada la disolución del matrimonio esta obligación termina y podría, en un momento dado, dar lugar a una nueva que responde a presupuestos y fundamentos distintos, la cual doctrinariamente ha recibido el nombre de "pensión compensatoria", aunque en la legislación de nuestro país se le refiera genéricamente como pensión alimenticia. Ahora bien, la doctrina la ha definido como un derecho personal del cónyuge que, ante una crisis matrimonial -separación o divorcio-, se encuentra en unas circunstancias que ésta le ha provocado un desequilibrio económico. Se constituye como un supuesto de resarcimiento de un daño objetivo, el desequilibrio económico, provocado por la separación y el divorcio, sin que pueda considerarse como un mecanismo igualador de economías. Por lo que, para el análisis de procedencia de una pensión alimenticia posterior a la disolución del vínculo matrimonial a favor de uno de los ex cónyuges, deben considerarse los elementos siguientes: a) Que los alimentos encuentren su origen en la solidaridad familiar, cuya obligación surge a raíz de que el Estado debe garantizar la igualdad y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio, de conformidad con el artículo 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También en un estado de necesidad la imposibilidad del acreedor de allegarse de los medios suficientes para solventarlos y el desequilibrio económico que suele acompañar las rupturas matrimoniales. b) El derecho a recibir alimentos sólo podrá constituirse en favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos, siempre que quede probado en mayor o menor grado su necesidad de tenerlos, según las circunstancias del caso, esto es, tomando en cuenta los acuerdos y roles adoptados explícita e implícitamente durante la vigencia del matrimonio. c) Para la fijación de alimentos se tomará en cuenta la capacidad para trabajar de los cónyuges y su situación económica, en torno a las facultades probatorias del juzgador, a fin de lograr un equilibrio si advierte cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico. No obstante, recae en el demandado la carga de acreditar que la acreedora tenía medios suficientes para subsistir ante la alegación de que ésta se dedicó preponderantemente (no únicamente) al cuidado del hogar. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 2026450 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XI/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, página 1647 Tipo: Aislada CARGA DE LA PRUEBA. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA FAMILIAR, CUANDO SE SOLICITE UNA PENSIÓN COMPENSATORIA EN SU VERTIENTE RESARCITORIA LA PARTE ACTORA GOZARÁ DE LA PRESUNCIÓN DE HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR O AL CUIDADO DE LOS HIJOS, Y CORRESPONDERÁ A LA PARTE DEMANDADA DESACREDITAR ESTA ASEVERACIÓN. Hechos: Una mujer demandó de su cónyuge la disolución del vínculo matrimonial y el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva. En apelación, la Sala determinó que la actora no contaba con derecho a gozar de una pensión compensatoria, en sus vertientes resarcitoria y asistencial. En vía de amparo directo, el Tribunal Colegiado determinó la procedencia de una pensión compensatoria únicamente en su vertiente resarcitoria, concediendo la protección federal para efecto de que la Sala dictara una nueva sentencia reconociendo este derecho. Contra ello, el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala resolvió que en los procedimientos de naturaleza familiar en los que se demanden esta clase de medidas de naturaleza resarcitoria bajo el argumento de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y/o al cuidado de los hijos -como es el caso de la pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria- asiste a la parte actora la presunción de haber realizado estas actividades, por lo que la carga probatoria se revierte al demandado, quien deberá demostrar un cúmulo suficiente de circunstancias que desacrediten los extremos de la acción resarcitoria, cuestiones que deberán ser evaluadas por el tribunal en turno con especial atención a las implicaciones que el género de las partes tenga dentro de la distribución de tareas domésticas. Justificación: Cuando el goce de un derecho se encuentra condicionado a la satisfacción de una determinada carga probatoria, ésta puede constituir un auténtico obstáculo para dicho goce. Así, al exigir a la parte actora la presentación de pruebas que no sólo resultan difíciles de adquirir, sino que, en muchos casos, no existen, la norma le impone una carga probatoria diabólica, cuyo efecto último es frustrar el acceso a la justicia y el goce de sus derechos sustantivos. En cambio, al revertirla al deudor, la carga probatoria resulta mucho más fácil de acreditar (por ejemplo, demostrando que fue una tercera persona quien desempeñó estas funciones). Asimismo, considerando la distribución tradicional que aún impera respecto de estas labores con base en estereotipos de género, tanto el deber de protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación consagrado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como el deber de juzgar con perspectiva de género, exigen la implementación de un remedio efectivo contra estas instancias de discriminación indirecta. En consecuencia, el establecimiento de una presunción en favor de la parte actora, cuando su acción se base en la dedicación preponderante a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, resulta necesario, en atención a sus circunstancias particulares de vulnerabilidad, para garantizar el acceso efectivo a la justicia y su impartición en condiciones de igualdad y con perspectiva de género." d) Para fijar los alimentos de manera proporcional, el juzgador deberá comprender el concepto de una vida digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto. Apoya, por identidad jurídica esencial las tesis siguientes: "Registro digital: 2008108 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CDXXXIX/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 238 Tipo: Aislada PENSIÓN COMPENSATORIA. EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PAGAR UNA PENSIÓN COMPENSATORIA CON INDEPENDENCIA DE LA CULPABILIDAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES. Esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que la obligación de dar alimentos derivada de una relación de matrimonio, desaparece al momento en que se declara disuelto el vínculo matrimonial; sin embargo, también se dijo que de esta ruptura puede surgir una nueva y distinta obligación que encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial. En este sentido, el surgimiento de esta obligación posterior a la disolución del vínculo matrimonial no depende del grado de culpabilidad que tenga alguno de los cónyuges en relación con la ruptura de la relación, pues la misma no posee una naturaleza de sanción civil. Por el contrario, esta obligación surge de una realidad económica que coloca al acreedor de la pensión en un estado de necesidad e imposibilidad de allegarse de los medios suficientes para su subsistencia. En consecuencia, no sólo no es contrario a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el artículo 288 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo establezca la obligación de pagar una pensión compensatoria con independencia de la culpabilidad de los cónyuges en la ruptura del vínculo matrimonial; sino que, por el contrario, la mencionada disposición es armónica con la naturaleza y alcances de la figura de la pensión compensatoria, lo que permite la consecución de los fines de la misma consistentes en la plena eficacia del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida digno de los cónyuges afectados por un desequilibrio económico post-marital." "Registro digital: 2008109 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a. CDXL/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 239 Tipo: Aislada PENSIÓN COMPENSATORIA. EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO. El artículo 288 del Código Familiar para el Estado de Michoacán establece como único destinatario de los alimentos a la mujer. Lo anterior se debe a que en sus orígenes la pensión compensatoria fue concebida como un medio para "compensar" las labores domésticas dentro del matrimonio que tradicionalmente eran realizadas únicamente por las mujeres y que les impedían realizar actividades por las que pudieran recibir una retribución económica. Sin embargo, es posible sostener que la sociedad mexicana ha evolucionado y paulatinamente se ha roto con el paradigma de que exclusivamente la mujer debe ser la encargada de las labores del hogar y del cuidado de los hijos. En esta lógica, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo impugnado debe ser interpretado en el sentido de que cualquiera de los cónyuges, independientemente de su género, puede ser acreedor de una pensión compensatoria, siempre y cuando su rol en la dinámica familiar lo coloque en una situación de necesidad derivada de un desequilibrio económico al disolverse el vínculo matrimonial. En atención a lo anterior, es claro que la pensión compensatoria no puede ser vista como un beneficio exclusivo de la mujer, sino que se trata de una obligación que se fundamenta en un deber tanto asistencial como resarcitorio, dirigida exclusivamente a sanear el desequilibrio económico entre los cónyuges que suele presentarse al momento de la disolución del vínculo matrimonial y a evitar que uno de éstos caiga en un estado de necesidad." Así, al tratarse de alimentos provisionales, es procedente acudir a lo establecido en la jurisprudencia 9/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo XXI Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2005, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)", donde se establece que la medida cautelar de alimentos tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve el juicio respectivo. En el caso, la pensión compensatoria encuentra su razón de ser en un deber tanto asistencial como resarcitorio derivado del desequilibrio económico que suele presentarse entre los cónyuges al momento de disolverse el vínculo matrimonial, en el que alguno de os dos quizás enfrente una desventaja económica que en última instancia incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades más elementales y consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado. De manera tal que para determinar la pensión alimenticia compensatoria provisional se debe tener en cuenta que la subsistencia de la obligación alimentaria entre ex cónyuges, parte del reconocimiento del posible desequilibrio económico que pudo sufrir uno de los miembros de la entonces pareja a partir de la distribución de funciones al interior del hogar que mermó su capacidad de allegarse de recursos para satisfacer sus necesidades, al mencionar que preponderantemente se dedicó al hogar y cuidado de los hijos, actividad que constituye un trabajo no remunerado. Lo anterior toda vez que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria que debe ser aliviada en la medida de lo posible por quien se benefició directamente de dicha distribución de funciones en el núcleo familiar. Es decir, que ante la afirmación de que uno de los cónyuges durante la existencia del vínculo matrimonial se dedicó preponderantemente (no así únicamente) a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, existe la presunción en su favor de la necesidad de recibir una pensión alimenticia compensatoria, al haberse generado un desequilibrio económico entre los cónyuges, pues durante el tiempo en que duró el matrimonio uno de ellos realizó las tareas domésticas -trabajo el cual no es remunerado- y el otro se benefició de ello. c) Caso concreto Ahora, en el caso concreto, en específico de la resolución emitida en la audiencia preliminar de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la etapa de revisión de medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, la autoridad responsable determinó fijar una pensión alimenticia provisional del 15% adicional. Ello al considerar que solo bastaba que la parte actora manifestara que se dedicó preponderantemente al hogar, por lo que se revertía la carga de la prueba al obligado alimentario. d) Decisión Razones de la responsable que se consideran acordes al marco constitucional y legal. Es así porque, contrario a lo indicado por el amparista, para determinar la pensión alimenticia compensatoria provisional, la actora incidentista contó con la presunción a su favor de necesitar alimentos, ya que adujo que no solo laboró como profesora en el Instituto Pedagógico Cumbres de Morelia, asociación civil, sino que también se dedicó a las labores del hogar y cuidado de sus hijas durante la existencia del vínculo matrimonial. Esto es, desempeñó una doble jornada, al abarcar esta última tanto el trabajo externo como el del hogar. De ahí que esa compensación puede darse a través del otorgamiento de una pensión alimentaria provisional en lo que se determina en sentencia definitiva, lo conducente, y es un derecho que no puede negarse por el solo hecho de que durante el matrimonio también haya trabajado fuera del hogar. Lo anterior puesto que el factor de hecho que impera en el presente permite apreciar que un gran sector de las mujeres labora en doble jornada, al trabajar fuera de casa tiempo completo y, además, al llegar al hogar y atender el cuidado de los hijos y del hogar, de modo tal que el hecho de laborar fuera no descarga de los deberes de cuidado que se dé al interior de la familia, y esa aportación a la familia que se hace con la "doble jornada" o "segundo turno" también tiene un valor económico y de costos de oportunidad que debe reconocerse y compensarse, a fin de cumplir con la finalidad que persigue la norma. Así las cosas, no basta que la parte quejosa afirme que la tercera interesada realizó actividades laborales durante el matrimonio para que se le niegue el derecho de recibir alimentos de manera provisional, pues si se dedicó también al cuidado del hogar y de sus hijas, se reitera, esto implica una doble jornada. Por otra parte, es de precisar que el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la tercera interesada demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijas, al no encontrarse fehacientemente desvirtuada en autos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el quejoso estima que la tercera interesada no tiene derecho a recibir alimentos, corresponde a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó de manera preponderante durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio. Apoya lo anterior, la tesis número 10 C (10a.), que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2322, que es del tenor siguiente: "DIVORCIO INCAUSADO. SI EN LA SENTENCIA EL JUEZ ESTABLECE QUE TIENE DERECHO A RECIBIR ALIMENTOS EL CÓNYUGE QUE SE HUBIERE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR, ELLO NO GENERA UNA OBLIGACIÓN INMEDIATA PARA LOS CONTENDIENTES, SINO HASTA QUE SE DECLARE EN LA VÍA CORRESPONDIENTE. Si en un juicio de divorcio incausado el Juez responsable establece que tiene derecho a recibir alimentos el cónyuge que se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar, esta última consideración no puede tenerse como condenatoria para ninguno de los contendientes, pues hasta ese momento el derecho de los alimentos no se ha determinado si existe y si corresponde o no a alguno de ellos, ya que será en la vía correspondiente donde éste se declare y el consorte a quien se le demande la pensión alimenticia puede excepcionarse y destruir la afirmación de la parte actora de ese litigio. Esto es, podría demostrar que ésta no se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o cualquier otra circunstancia que haga improcedente ese reclamo." (Énfasis añadido) Así como la tesis número 143 C (10a.), que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2697, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio." Lo cual habilitó a la Jueza responsable para determinar la cantidad o porcentaje correspondiente, precisamente por el derecho humano comprometido y, en esa línea, la fundamentación y motivación de decisiones relacionadas con los derechos de alimentación como medida precautoria en favor de la cónyuge que afirmó que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: La tesis CCXXVIII/2018 (10a.), de registro 2018581, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 277, libro 61-diciembre de 2018, tomo I, materia civil, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "COMPENSACIÓN. SU RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LA DOBLE JORNADA LABORAL. La figura de la compensación permite que un cónyuge pueda tener la posibilidad de demandar del otro hasta un porcentaje de los bienes que hubieren adquirido en aquellos matrimonios celebrados bajo el régimen de separación de bienes siempre y cuando, durante éste, hubiera reportado un costo de oportunidad por asumir determinadas cargas domésticas y familiares en mayor medida. Así, la finalidad de la institución es reivindicar el valor del trabajo doméstico y de cuidado, largamente invisibilizado en nuestra sociedad, asegurando la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges. En ese sentido, el cónyuge que realizó doble jornada laboral, tiene derecho de acceder al mecanismo compensatorio. En otras palabras, el cónyuge que se dedicó a las tareas del hogar, pero que además salió al mundo laboral y realizó un trabajo remunerado no debe entenderse excluido de la posibilidad de acceder al derecho de compensación. Por el contrario, el tiempo y el grado de dedicación al trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos, deben ser ponderados a efecto de determinar el monto o porcentaje de la eventual compensación." A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que los ingresos de la progenitora como profesora del "Instituto Pedagógico Cumbres de Morelia", evidenciados en autos, al mes de mayo de dos mil diecinueve, equivalían a aproximadamente $4,380.00 pesos quincenales (recibo de nómina número 129); y, por su parte, al uno de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso ostentaba tres unidades motrices, modelos 2013, 2018 y 2020, a su nombre, acorde al oficio terminación 635/2023, emitido por el Jefe del Departamento de Control Vehicular. Lo que denota indiciariamente un desequilibrio económico y mayor capacidad económica del quejoso que la que refiere y superior a la de la tercera interesada, por ende, es el solicitante del amparo, quien debe soportar, en mayor medida, la carga de aportar provisionalmente los alimentos compensatorios para la tercera interesada ********************. Por esas razones resulta infundado la última parte de sus motivos de disenso. En tal virtud se niega el amparo únicamente por lo que ve a las medidas precautorias consistente en los alimentos en favor de las menores de iniciales ******************** y ********************, así como la relativa a la pensión alimenticia en favor de ********************. SÉPTIMO. Efectos. Al haber resultado por una parte infundados y en lo restante fundados los motivos de disenso en cuanto a la guardia y custodia provisional, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia preliminar celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, únicamente en la parte relativa a la revisión de medidas cautelares, en cuanto a la guarda y custodia, dentro del juicio ordinario familiar oral ********************. b) Dicte otra en la que reitere lo resuelto en tal audiencia sobre los alimentos provisionales y compensatorios a favor de las terceras interesadas; y, c) Con plenitud de jurisdicción, conforme a los lineamientos destacados en esta sentencia, de manera fundada y motivada, y justificando el interés superior de las menores, bajo la cual debe analizarse el asunto, se pronuncie nuevamente sobre lo determinado en la etapa de revisión de medidas cautelares, únicamente en cuanto a la guarda y custodia provisional. Finalmente, por lo que ve a las diversas manifestaciones que hacen valer a manera de alegatos la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que no forman parte de la litis, no invocó alguna causa de improcedencia ni existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, únicamente por lo que ve a las medidas precautorias consistente en los alimentos en favor de las menores de iniciales ******************** y ********************, así como la relativa a la pensión alimenticia en favor de ********************, por las razones expuestas en el sexto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, solo por cuanto ve a la guardia y custodia provisional por las razones expuestas en el sexto y para los efectos precisados en el séptimo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, Doy fe.GABK
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1317/2023, promovido por Álvaro Suárez Ortega, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por la Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión IV- 1317/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de octubre de la presente anualidad, ÁLVARO SUÁREZ ORTEGA, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la audiencia preliminar de veinte de septiembre del año en curso, dictada dentro del juicio sobre divorcio sin expresión de causa número 205/2022 del índice del Juez responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión DEFINITIVA solicitada en relación con los actos que se reclaman, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138 de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo suspensional. c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En el caso, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y de las violaciones aducidas, se advierte que el acto que se reclama no es de aquellos que pueden considerarse como suspendibles, lo que implica que en el caso no surte sus efectos la teoría de la apariencia del buen derecho. En efecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: ... IX. Se impida el pago de alimentos;.." Del precepto legal transcrito, se desprende que no procede conceder la suspensión que solicita la parte quejosa, pues se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, contempladas en el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Bajo ese contexto, si la fracción IX, del artículo 129, de la Ley de Amparo, es clara en prever que se considera que sí se sigue perjuicio al interés social o se contraviene el orden público cuando con motivo del otorgamiento de la suspensión, se impida el pago de alimentos; de ahí que, de concederse la medida suspensional, se traduciría en una contravención al orden público y al interés social; pues la sociedad está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que el acreedor perciba los alimentos a que tiene derecho. Lo anterior es así, pues en la especie, como ya se vio el quejoso pretende que se modifique la forma y monto de pago de los alimentos que fue determinada dentro del Juicio de origen, pues con independencia de las inconformidades de fondo vertidas en la demanda de amparo y que en su momento serán analizadas en el juicio de donde derivan estos incidentes, para determinar lo relativo a la medida suspensiva, debe atenderse no sólo al estado de necesidad de los acreedores, sino al riesgo al que se les pone al no cubrirles sus necesidades vitales en forma oportuna, pues ante esa eventualidad podrían recurrir a otros medios, como podría ser la obtención de créditos, limitando aún más su falta de solvencia. Consecuentemente, al estar la sociedad interesada en que los deudores alimentarios cubran oportunamente su obligación de pago, resulta inconcuso que de concederse la suspensión, se podrían causar perjuicios irreparables a la parte acreedora, ante su posible incapacidad para cubrir sus necesidades alimentarias adeudadas, aunado a que se inobservarían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos suficientes para proteger la subsistencia del acreedor alimentario y que constituyen un derecho establecido por la ley, por tanto, de concederse la suspensión se afectaría ese orden público y el interés social, todo lo cual conduce a concluir que para no ocasionar daños de esa naturaleza lo procedente es negar a la parte quejosa, la suspensión definitiva que solicita. En consecuencia, con los elementos que se tiene hasta el momento, es indudable que, en términos de la fracción IX, del artículo 129 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión que solicita el quejoso Álvaro Suárez Ortega, porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo específicamente al bien jurídico que tutela la institución del pago de alimentos. Para concluir en los términos anotados, no se soslaya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2014, sustentó la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2010137 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 56/2015 (10a.) Página: 1594 SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." De lo anterior se obtiene que el Juzgador tiene la libertad de ponderar atendiendo a la apariencia del buen derecho, si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentre justificación con las necesidades del acreedor y la suspensión no lo priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o bien, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, puesto que de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que el acreedor, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir. Sin embargo en el caso concreto no se cuenta con elementos de prueba que conduzca a realizar un análisis de la apariencia del buen derecho dado que no se acredita que las necesidades del acreedor se encuentren cubiertas, o que éste cuente con recursos diversos que permita su subsistencia. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 26, Volumen XLIV, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dice: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE LOS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, porque los perjuicios que tal suspensión causaría al acreedor alimentista serían irreparables. No obsta que se alegue que la pensión se determinó incorrectamente; que el Juez de determinado lugar la fijó en una cantidad menor; que el deudor alimentista ya haya estado consignando oportunamente, y que la acreedora la haya recogido en forma retardada, si no hay pruebas que así lo acrediten. Tampoco importa que no se haya tenido en cuenta las circunstancias que deban observarse para fijar el monto de la pensión de que se trate, porque parte de esas cuestiones, por la naturaleza del recurso de queja, no son de su materia, y en todo caso corresponderían al fondo del amparo, y además porque ni aun teniendo por cierto que la acreedora alimentista dejó acumular las pensiones alimenticias, podría concluirse que no tenía necesidad de percibir los alimentos." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a ÁLVARO SUÁREZ ORTEGA, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. SE APERSONAN TERCEROS INTERESADOS Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por********************, atento a su contenido, téngasele apersonándose dentro de la presente instancia constitucional. SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro aspecto, téngasele señalando como domicilio procesal el que indica y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala, virtud que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como constancia el oficio de cuenta signado por el Titular de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de trece de octubre de la presente anualidad se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Alan Fernando Moreno Loaiza253/2023
- Alan Guillermo Vera López696/2021
- Alan Josué Zaragoza Domínguez766/2022
- Alan Plata Cruz512/2020
- Alba Osorio Reyes166/2021
- Alba Silvia Pérez Bribiesca y Otros.633/2021
- Albertina Ávila Téllez386/2019
- Alberto Abad Santos y Otros.1311/2022
- Alberto Castillo Aguirre1126/2023
- Alberto Cortés Arias383/2019
- Alberto Gabriel Gutiérrez García874/2019
- Alberto García Salas966/2016