Alba Sugell Cepeda Cab

Expediente 1046/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1046/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Alba Sugell Cepeda Cab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de seis de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zarate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa Alba Sugell Cepeda Cab, por medio del cual, en pretendido desahogo de la prevención realizada mediante acuerdo de veintiocho de junio del presente año, precisa el estado procesal del juicio 919/2016 de donde emana el acto reclamado, e informa que se han concluido todas las etapas procesales hasta la de alegatos, encontrándose pendiente, hasta esta fecha, la emisión de la sentencia respectiva. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios, esta juzgadora aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de mérito. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, cuyo contenido es: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Así, a juicio de quien esto resuelve, en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, de la demanda de amparo se desprende que se combate la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del procedimiento judicial de ejecución de garantía número 919/2016, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se resolvió la improcedencia del recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa en contra del auto de diez de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se le requirió la entrega de la posesión del automóvil marca Chevrolet, Línea Aveo, cuatro puertas, paquete F, modelo 2010, con número de serie 3G1TC5C62AL140811. En ese sentido, a juicio de esta juzgadora, el acto que por esta vía se recurre no genera una violación directa a los derechos fundamentales de la parte quejosa reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender a la parte inconforme, por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte desfavorable, podrá reclamarla por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva que se dicte en el expediente de origen, en términos de lo dispuesto en los numerales 170, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneraron las defensas de la quejosa, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en perjuicio de la impetrante del amparo, dejando clara la inexistente vulneración a los derechos fundamentales de legalidad, audiencia y acceso a la justicia que aduce. Se dice lo anterior, dado que, como lo manifiesta la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, el juicio de origen se encuentra en trámite, es decir, no se ha dictado sentencia; por tanto, no hay afectación alguna en la esfera jurídica de la promovente, en todo caso, existirá un agravio cuando se pronuncie el fallo correspondiente, y sea en el sentido de condenar a la demandada aquí quejosa. De ahí que la cuestión planteada, a saber, la resolución que declara improcedencia el recurso de revocación, deberá reclamarla como violación procesal, debidamente preparada en el amparo que promueva contra la sentencia que se dicte en el juicio de origen. Lo anterior, en virtud de que conforme a lo ya apuntado, en la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, se encuentra señalado de manera precisa qué es lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando de manera clara que corresponde a aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna o en los Tratados en los que el Estado sea parte; y que para ser calificados como irreparables se precisa que la afectación sea de gravedad tal que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solo una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; precisándose además que la afectación incida sobre derechos o bienes jurídicos que no provengan exclusivamente de leyes adjetivas, sino que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; característica que, evidentemente no se actualiza en los actos reclamados. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 7, Junio de 2014, página 39, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." También es aplicable la jurisprudencia que resolvió la contradicción de criterios 47/90, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo LVI, página 11, agosto de 1992, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son como sigue: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia que resolvió la contradicción de criterios 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito 47/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación tomo IV, primera parte, página 291, julio a diciembre de 1989, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son como sigue: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..." El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo tanto, en la especie, el acto reclamado se relaciona con una violación procesal que es susceptible de combatirse junto con la sentencia que se dicte en el procedimiento judicial de ejecución de garantía número 919/2016, a través del amparo directo. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite a este juicio a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa Alba Sugell Cepeda Cab, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectuó en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, subsistiendo la misma por lo que se le reiteró en auto de veintiuno de junio siguiente. Ahora bien, en el auto de referencia se previno a la parte quejosa para que realizara entre otras cosas, lo siguiente: a) Precise la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de origen, esto es, si ya se dictó la sentencia correspondiente, ha causado ejecutoria o se encuentra en vías de ejecución; Así, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumple con dicha prevención en sus términos; ya que solamente mencionó que el juicio de origen se encuentra en la etapa de la emisión de la sentencia respectiva, sin embargo, fue omisa en precisar la etapa procesal especifica en la que se encuentra el procedimiento de origen, lo cual resulta necesario para estar en aptitud de proveer lo correspondiente a su demanda de amparo. Lo anterior, en el entendido, que deberá precisar si ya se dictó sentencia definitiva o no, en el juicio de origen, de igual forma deberá precisar a qué se refiere con su dicho de "en la etapa de la emisión de la sentencia respectiva. En consecuencia, y en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden, subsiste la prevención que le fue realizada la cual podrá desahogar en lo que resta del término otorgado en auto de veintiuno de junio del año en curso. Se hace del conocimiento de la quejosa que, en virtud de que el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se le notificó el veintidós de los corrientes, el término de cinco días otorgado en dicha data, transcurre del veinticuatro al treinta de junio del presente año; por lo que es evidente que, en la especie, aún no ha fenecido el término concedido, ya que el escrito de cuenta fue presentado el veintitrés del actual mes y año; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de once de junio de dos mil veintiuno y reiterada el veintiuno de junio siguiente, para que dentro del término de cinco días restante, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos, especificada en párrafos precedentes, y respecto de la cual no cumplió en su totalidad; término que, desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso, cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto rezan: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa Alba Sugell Cepeda Cab, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectuó en proveído de once de junio de dos mil veintiuno.Ahora bien, en el auto de referencia se previno a la parte quejosa para que realizara entre otras cosas, lo siguiente:"a) Precise la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento de origen, esto es, si ya se dictó la sentencia correspondiente, ha causado ejecutoria o se encuentra en vías de ejecución; (.)"Así, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa no cumple con dicha prevención en sus términos; ya que solamente mencionó que el juicio de origen se encuentra en la etapa de la emisión de la sentencia respectiva, sin embargo, fue omisa en precisar la etapa procesal especifica en la que se encuentra el procedimiento de origen, esto es, precise con claridad si ya se ha dictado la sentencia correspondiente o no, lo cual resulta necesario para estar en aptitud de proveer lo correspondiente a su demanda de amparo.En consecuencia, y en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden, subsiste la prevención que le fue realizada la cual podrá desahogar en lo que resta del término otorgado en auto de once de junio del año en curso.Se hace del conocimiento de la quejosa que, en virtud de que el proveído de once de junio de dos mil veintiuno, se le notificó el dieciséis de los corrientes, el término de cinco días otorgado en dicha data, transcurre del dieciocho al veinticuatro de junio del presente año; por lo que es evidente que, en la especie, aún no ha fenecido el término concedido, ya que el escrito de cuenta fue presentado el dieciséis del actual mes y año; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de once de junio de la presente anualidad, para que dentro del término de cinco días restante, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos, especificada en párrafos precedentes, y respecto de la cual no cumplió; término que, desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso, cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto rezan:"ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de once de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia.

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