Alba Ruby Sanchez Meza

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Alba Ruby Sanchez Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de treinta de junio del año actual, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 2.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Alba Ruby Sánchez Meza, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta misma ciudad y Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas....Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 278/2021 2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse...Resulta pertinente destacar que la promovente del amparo reclama del Juez Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta misma ciudad: -El auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 967/2018, de su índice, promovido por ésta contra xxx, en el que entre otras cosas, decretó como medida cautelar la retención del 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que le descuentan al demandado a favor de la aquí quejosa. Del estudio integral de la demanda de amparo que se analiza se advierte, que ésta resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo de la Ley de Amparo2 que atiende al principio de definitividad, el que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos; atento a las consideraciones siguientes. En efecto, como se advierte en el escrito de demanda, es menester destacar uno de los principios que rigen el juicio de amparo consistente en el de definitividad, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Así, tenemos que, en contra del acto reclamado, acotado con antelación, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y en el caso, la parte quejosa al no haberlo agotado previamente, no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ahora, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance el peticionario de amparo para impugnar la actuación de una autoridad, es algún recurso ordinario por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología lato sensu, cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la institución agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos reclamados. Tales recursos, cuya no promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Además, para que tenga obligación la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. En el caso en análisis, se estima que antes de instar el juicio de amparo indirecto contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta misma ciudad, en autos del expediente 967/2018, de su índice, promovido por la aquí quejosa contra xxx, en el que entre otras cosas, decretó como medida cautelar la retención del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que le descuentan al demandado a favor de la aquí quejosa, procede el recurso de apelación en términos del artículo 991, 992, en relación con los diversos 663, 664, 666, 667 y 671, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. En efecto, de los artículos en cita se obtiene que en los juicios del orden civil serán apelables los autos si lo fuere la sentencia, aun cuando causen un daño irreparable o de difícil reparación y, que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Asimismo, que cuando la ejecución de dicho auto pueda causar daño irreparable o de difícil reparación, a petición de la parte recurrente, donde señale los motivos por los que considera que tendrá esa consecuencia, la apelación se admitirá en ambos efectos (devolutivo y suspensivo).Por tanto, si el acto reclamado en el presente juicio se emitió dentro de los autos del expediente civil 967/2018, procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 991, relacionado con el diverso 666 del código procesal civil de la entidad; así, es indudable que la parte quejosa previo a instar la vía constitucional debió interponer el recurso de apelación en términos de los dispositivos trascritos, pues el recurso de apelación por disposición expresa de los numerales 663 y 671 tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Lo anterior es así, pues se reitera al ser apelable la sentencia dictada en un juicio de alimentos, también son apelables los autos dictados en dicho juicio, de conformidad con el artículo 992 y segundo párrafo del numeral 666, del ordenamiento legal en cita, por lo que es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte agraviada tenía la obligación de interponer el recurso de apelación...En ese contexto, resulta evidente que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO que se analiza. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, toda vez que el numeral que refiere no es aplicable al caso. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS En el mismo contexto de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para en caso de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, realicen en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) las descarga de la aplicación CISCO WEBEX, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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