Alba Mariel Huerta López
Expediente 600/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/06/2019
Partes del expediente
- Alba Mariel Huerta López
- ALBA MARIEL HUERTA LÓPEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio 39/2019, signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (foja 156), comunicó sobre los actos tendentes a dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso David Román Siordia. Asimismo, mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso (foja 160), se dio vista al quejoso y parte tercera interesada, con el referido oficio, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, o si existe imposibilidad material para dar cumplimiento. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el tres de agosto del pasado año (fojas 64 a la 70), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso David Román Siordia, para el efecto de que: ** De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Determinar si era procedente o no la solicitud de girar los oficios a las Juntas números Uno, Dos, Tres y Cuatro, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a fin de que informaran cuántos juicios laborales se encontraban instaurados contra la persona moral demandada (Transportes del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable), además de pedir copias de la contestación de las mencionadas dependencias y de que se diera vista de tal situación al Agente del Ministerios Público tanto del fuero común como de lo Federal, y de igual forma, se estableciera lo relativo a la objeción de la prueba ofrecida por la parte demandada e impugnada en la diligencia practicada el uno de junio de dos mil dieciséis, de la cual únicamente se tuvo por realizadas las manifestaciones, empero, no se dijo si tal situación procedía o se resolvería de manera inmediata o al momento de que se emitiera el laudo Seguidamente, por oficio presentado en este Juzgado el veintiocho de mayo del año actual (fojas 156), remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó sobre los actos tendentes a dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo; acompañando copia certificada del auto de veinte de mayo del año en curso, del que se desprende que se tuvo al actor dentro del juicio laboral 289/2015, manifestando que se desiste de que se giren los oficios a las Juntas Uno, Dos, Tres y Cuatro, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; de igual forma, ya no se de vista de tal situación al Agente del Ministerio Público, tanto del fuero común como federal; asimismo, la Junta responsable declaró procedente la solicitud planteada en relación a la objeción de prueba de referencia (fojas 157 a la 159). Entonces, en razón de que en dicho acuerdo, se le tuvo al actor dentro del juicio laboral 289/2015 manifestando que se desistía de que se giraran los oficios a las Juntas Uno, Dos, Tres y Cuatro, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; de igual forma, ya no se diera vista de tal situación al Agente del Ministerio Público, tanto del fuero común como federal; y la autoridad determinó que declaraba procedente la solicitud formulada en relación a la objeción de prueba planteada en su oportunidad dentro del juicio de origen. En esa tesitura, la reparación constitucional a que se refiere el arábigo 77 de la Ley de la Materia, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, motivo por el cual debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado SIN MATERIA, al tenor del numeral 214 de la Ley de Amparo, toda vez que como se indicó con anterioridad, se desistió de que se giraran los oficios a las Juntas Uno, Dos, Tres y Cuatro, así como a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de igual forma, ya no se diera vista de tal situación al Agente del Ministerio Público, tanto del fuero común como federal. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En otro aspecto, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad remitió en un legajo la responsable denominada Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (foja 39); en consecuencia, devuélvanse, previo acuse de recibo que remita de su recepción. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos se advierte, que por auto de dieciséis de abril del año en curso (foja 916), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, acompañara copia certificada del instrumento público en donde constara la fusión de la empresa quejosa con la que se dice "Playas de Ameca", Sociedad Anónima de Capital Variable, con la diversa Consorcio Hogar de Occidente", Sociedad Anónima de Capital Variable, lo anterior para acordar lo que en derecho correspondiera; sin embargo, el citado proveído se notificó a la citada parte el veinticinco de abril del año que transcurre (foja 919), surtió sus efectos al siguiente día hábil, por lo que el plazo indicado transcurrió en exceso, sin que se hubiera dado cumplimiento a lo requerido. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase de nueva cuenta a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, acompañe copia certificada del instrumento público en donde conste la fusión de la empresa quejosa con la que se dice "Playas de Ameca", Sociedad Anónima de Capital Variable, con la diversa Consorcio Hogar de Occidente", Sociedad Anónima de Capital Variable, lo anterior para acordar lo que en derecho corresponda. Se le apercibe que de no realizar manifestación en el plazo antes citado o señalar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con la fracción I, del ordinal 237 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 de la Ley de Amparo. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, informa que se detuvo la entrega del cheque valioso por la cantidad de $********************), virtud a que se está elaborando un convenio con la parte quejosa para concluir el presente sumario constitucional, para lo cual exhibe el convenio antedicho, por lo que solicita se de vista a la parte promovente del amparo para que manifieste lo que a su interés legal convenga; sin embargo, del anexo de mérito, se aprecia que no se encuentra firmado por las partes que intervienen en ese acto jurídico; además, que la parte que pretende convenir con las autoridades aludidas, es ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, persona moral diversa a la aquí quejosa ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable; de ahí que entonces, no se tenga por satisfecho el aludido requerimiento. En consecuencia, y, por ser necesario, se requiere a los entes responsables para que en un término de TRES DÍAS al en que reciban el oficio correspondiente que derive de este proveído, remitan en alcance copia certificada, completa y legible de las constancias en que apoyen su dicho, es decir, del convenio celebrado por las partes del presente juicio; esto es, para que este Juzgado se encuentre en condiciones de proveer lo conducente; o bien, manifiesten el impedimento legal que tengan para ello. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 238 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta firmado por el quejoso Israel Rivera Alcaraz, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de once de abril de este año; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 99 de la Ley de la materia, en relación con el precepto 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. De conformidad con los numerales 100 y 101 de la Ley de la materia, agréguese a este expediente una de las copias del recurso de queja y las demás distribúyanse entre las partes; de igual manera, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señalen las constancias que estimen pertinentes para la resolución del recurso de queja de que se trata. En consecuencia, una vez que transcurra el citado término para las partes y señalen lo conducente, remítase de inmediato el original del escrito de agravios, copia de la determinación recurrida, el informe sobre la materia y las demás que se estimen pertinentes al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, téngase como domicilio procesal el ubicado en calle Bilboa número 9, entre la calle España y avenida de la Cultura en el Fraccionamiento Ciudad del Valle en esta ciudad, únicamente en lo que respecta para el trámite del recurso de queja indicado, por así haberlo solicitado; en tanto que, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente se autoriza en términos amplios a Juan Fonseca Díaz y Víctor Manuel López, en razón de la materia; ello, porque las restantes personas que menciona ya habían designados.
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