Alba Luz Ferra Martínez Sañudo
Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alba Luz Ferra Martínez Sañudo
- Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el siete de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; posteriormente, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a las responsables para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "Se deje insubsistente el oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista." III. Actuaciones exhibidas por la responsable. En cumplimiento al requerimiento efectuado a la responsable se recibió el oficio EJ-SPJP-2924-2023, el seis de julio de dos mil veintitrés, agregado en auto de diez de ese mes y año mediante el cual la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, informó las gestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria, en el que dejó insubsistente el oficio ********************, remitiendo la captura de pantalla del Módulo de Vigencia y Derechos del Instituto responsable, con el que se acredita el estado vigente de Rafael Samaniego Eribes; lo que le fue notificado a la impetrante el veinte de junio de dos mil veintitrés. Por su parte, las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de la ley combatida en el presente juicio, no se encuentran constreñidas a la realización por parte de estas de algún acto positivo, ya que únicamente participaron en el proceso de creación de la ley reclamada, es decir, sólo ejercieron facultades legislativas. IV. Vista cumplimiento. Con ese oficio y sus anexos, en el propio acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable, acreditó que dejó insubsistente el oficio ********************, remitiendo la captura de pantalla del Módulo de Vigencia y Derechos del Instituto responsable, con el que se acredita el estado vigente de Rafael Samaniego Eribes; lo que le fue notificado a la impetrante el veinte de junio de dos mil veintitrés, con lo que se cumplimentó con los efectos de la sentencia ejecutoriada. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de julio de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado de Sonora, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias correspondientes. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad resp notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "Se deje insubsistente el oficio DAVD-0399-2023, de quince de marzo de dos mil veintitrés y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (Congreso y gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquélla que fue señalada como responsable ejecutora de la norma, por lo que únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/9722 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintiséis minutos del siete de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio ********************, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a la demanda y da cuenta con las demás constancias que obran en autos, entre otras, los informes justificados rendidos por el gobernador del Estado; presidenta del Congreso del Estado de Sonora; y por el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, todos con residencia en esta ciudad; asimismo, se da cuenta con las constancias de notificación del auto inicial a la totalidad de las partes -quejosa, autoridades responsables y fiscal federal de esta adscripción-; igualmente, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran de los informes justificados y que en el caso, en el auto inicial se consideró que no existe parte tercero interesada. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias para los efectos legales conducentes; y, en relación con lo relativo a la inexistencia de parte tercera interesada, se reitera tal determinación, toda vez que en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que exhibió con su demanda la parte quejosa y con las pruebas presuncional, instrumental de actuaciones y la confesional expresa, ofrecidas por la encargada del Despacho del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra actos atribuidos al gobernador del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente hábil a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, este juzgado radicó y admitió a trámite la demanda con el número de juicio de amparo ********************; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes Considerandos: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancia que lo dota de competencia y en virtud de que el reclamo no requiere de ejecución material. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso y del gobernador, ambos del Estado de Sonora, en el ámbito de su respectivas competencias: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico el numeral 24, fracción V. Del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad La aplicación del precepto reclamado, a través del oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que se negó la inscripción o afiliación de Rafael Samaniego Eribes, cónyuge de la quejosa, como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; ello, en contestación a la petición presentada el quince de marzo de dos mil veintitrés Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al gobernador y a la presidente del Congreso, del Estado de Sonora, pues así lo manifestaron en sus informes justificados respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de la norma legal reclamada es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También es cierto el acto atribuido al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no obstante que niegue el reclamo efectuado y su inconstitucionalidad; ello, en razón de que de los propios argumentos que opone en su informe, se desprende la existencia del reclamo constitucional a dicha dependencia. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, la veracidad del acto que se les reclama se corrobora con la documental exhibida por la propia parte quejosa, consistente en el escrito de catorce de marzo de dos mil veintitrés, presentado ante la responsable el quince de marzo siguiente, en el que solicita la inscripción de su cónyuge, como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y el oficio ********************, de quince de marzo del año en curso, emitido por la encargada del Despacho del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, dirigido a la hoy quejosa ********************, en el que, en respuesta a la petición de esta, le negaron la inscripción y/o afiliación de su cónyuge Rafael Samaniego Eribes, como beneficiario-derechohabiente y cónyuge de la aquí quejosa; documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causales de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En esa medida, como las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni que se advierta de manera oficiosa la existencia de alguna, por tanto, este juzgador procede enseguida a analizar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 24, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya aplicación se efectuó mediante el oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés. V. Estudio de fondo En lo que interesa destacar para su análisis, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa aduce al exponer sus conceptos de violación, en esencia, que las autoridades por las que se resuelve en este apartado, infringen los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración la porción normativa resulta discriminatoria y transgrede el derecho de igualdad de género, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en la forma que habrá de exponerse enseguida. Ciertamente, en el presente asunto, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que la encargada del Despacho del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto responsable le negó a la quejosa su petición de afiliar a su esposo ante ese Instituto de seguridad social, bajo el argumento de que dicha la ley no contempla la afiliación del cónyuge, cuando no se está en los supuestos de que este se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. Del análisis de dicho numeral, como sostiene la quejosa, es cierto que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que al de un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. A fin de justificar tal aserto, se toma en cuenta el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, que señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. A su vez, el artículo 4 de la Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, en lo que interesa, señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]" Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en la Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado -en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-; máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [...] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. [.]" Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato, pues al referirse a los "familiares de los trabajadores", se determina en un sentido abstracto, que incluye a aquellos familiares -in génere- de trabajadoras y trabajadores, que tienen derecho a la asistencia médica. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. Establecido el marco constitucional aplicable al presente asunto, es conveniente citar el dispositivo que regula la prestación de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes y que aquí interesa como es el artículo 24, fracciones I y V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; Los hijos menores de 18 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación. Los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho establecido si reúnen además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes: A). Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes. B). Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el promedio de la calificación aprobatoria Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medio legales procedentes. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Los padres del trabajador. (.)" De lo transcrito, y en lo que aquí interesa destacar, se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionista sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Entonces, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género; situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. En ese tenor, se advierte que la ley cuestionada hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base a distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionista varón, por ser mujer, pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establecen una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se le exigen, esto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora (mujer), lo cual constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y ambos deben tener iguales derechos de acceso a servicios médicos, en relación con los que deriven del respectivo cónyuge trabajador o pensionista, siendo de esta manera la tutela más amplia que la Constitución otorgue a los cónyuges de derechohabientes. Bajo esos razonamientos, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que el otorgamiento de asistencia médica y medicinas, es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, empero, sin distinción de género. Ahora, en la redacción del precepto cuestionado, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge (mujer), de acuerdo con el artículo 24, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente tendrá que acreditar tal hecho (ser cónyuge o persona que hubiere vivido como tal con el derechohabiente trabajador o pensionista). Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien pretende afiliar a su cónyuge (hombre), como aquí ocurre, se exige que se acredite que este se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella; lo que denota un trato desigual entre un trabajador y una trabajadora. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad y no discriminación, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo para este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que establece que tanto el hombre como la mujer, serán iguales ante la ley. Además, si se toma en consideración que igualmente el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, pueden desempeñar la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón; de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho humano a recibir asistencia médica y medicina. Por ende, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionistas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen; por tanto, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico en trato, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, como se dijo, el Pacto Federal en su artículo 4 establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y/o a la esposa de la trabajadora o trabajador, en su caso, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges, por lo que no debe dispensárseles un trato desigualitario. Sirve de apoyo, la tesis LIII/89, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que esta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso D), de la misma Constitución, dispone que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. De los anteriores preceptos se desprende que los familiares del trabajador, como de la trabajadora, tendrán el mismo derecho a la asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de sexos. Ahora bien, el artículo 5o., párrafo sexto, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola los preceptos constitucionales referidos al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. En efecto dicho precepto dispone que el esposo o concubinario de la mujer trabajadora sólo será derechohabiente si es mayor de cincuenta y cinco años o bien si se encuentra incapacitado física o psíquicamente y depende económicamente de la trabajadora, mientras que, para que la esposa o concubina del trabajador sea derechohabiente, es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge o concubina. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto que se impugna, no tiene fundamento constitucional, máxime que el párrafo tercero del artículo 4o. de la propia Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud." Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a esta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Aunado a lo anterior, el estudio del presente asunto representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues esta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto y modo de vida, en virtud de lo cual las obligaciones propias de una familia pueden ser una responsabilidad compartida en la que ambos cónyuges participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia o viceversa. Por ello, al plasmarse en el texto vigente de la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un trabajador o pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una mujer; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso de que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. Sobre esa base, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tener la misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. Bajo esa tesitura, este juzgador considera que por igual, la mujer y el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les exija mayores requisitos a uno que a otro. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamado, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123, Constitucionales, por lo que en el caso lo procedente será conceder la protección constitucional solicitada. Concesión que surge derivada de la aplicación del acto reclamado, consistente en el oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la encargada del Despacho del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual negó la respuesta favorable a la aquí quejosa, en relación con la solicitud de la afiliación del cónyuge de dicha impetrante, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional. No pasa inadvertido para este juzgador, que al rendir su informe justificado, la referida autoridad responsable en mención, citó también como fundamento de su decisión el diverso numeral 15 del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; no obstante, dicha disposición tiene el mismo sentido de afectación que el artículo declarado inconstitucional; de ahí que resulta ineficaz para sustentar la regularidad constitucional de la determinación cuestionada; amén, de que únicamente se trata de una norma secundaria que, en atención al principio de subordinación jerárquica, solo busca proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de lo ordenado por el legislador local. VI. Decisión En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación enderezado contra los actos reclamados al gobernador, Congreso del Estado, así como al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante ********************, para los efectos siguientes: Se deje insubsistente el oficio ********************, de quince de marzo de dos mil veintitrés y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de la ley combatida, ello no implica por parte de estas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades tratadas en el considerando V, por los argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en dicho apartado y para los efectos precisados en el considerando VI, de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado Juan de Dios Velasco Romero, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Jvr
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