ALBA LICONA LOPEZ y Otros.

Expediente 1296/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1296/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • ALBA LICONA LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, tomando en consideración que a fojas 11 a 16 de autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger esa documental y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, se podrá destruir junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta signado por Hermenegildo Lara Ibarra, quien se ostenta asesor jurídico de Alba Licona López y Alba María López Reynoso, se provee: No obstante que el promovente no dio cumplimiento en su integridad a los requerimientos efectuados el veintidós de diciembre del año en curso, sin embargo, con los hechos que aclara en su ocurso de cuenta, ya se tienen datos suficientes para proveer lo conducente a la demanda de amparo. Para tal efecto, se determinan con exactitud los actos u omisiones reclamados, partiendo del análisis integral de la demanda de amparo, sus anexos y escrito aclaratorio, con el fin de determinar la intención de la parte quejosa. Lo anterior, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que el quejoso les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia con registro 239099, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 18, Tercera Parte, página 159, que ordena: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Sobre tales bases se tiene que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional: 1. Del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede de San Luis Potosí: 1.1 La omisión de acordar el escrito recibido por dicha autoridad el once de diciembre del año en curso, a través del cual se denuncian diversas omisiones reclamadas del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco. Y hace depender de dicha omisión atribuida al preindicado órgano jurisdiccional: 1.1.1 La omisión u abstención de integrar la causa penal RI/SLP/CP-861/2017; 1.1.2 El ocultamiento de dicha causa penal; y, 1.1.3 El desahogo de diligencias practicadas dentro de la referida causa penal, sin la presencia de los asesores jurídicos de las víctimas, ni de éstas. 2. Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado: 2.1 La omisión de integrar la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, así como de judicializarla; 2.2 Como consecuencia de lo anterior, la omisión de solicitar al Juez de Control la imposición de una medida cautelar. 2.3 El ocultamiento de la citada carpeta de investigación y, como consecuencia, el desahogo de diligencias practicadas dentro de dicha carpeta sin la presencia de los asesores jurídicos de las víctimas, ni de éstas. 3. Del Director General de la Policía Ministerial del Estado, la omisión de realizar la investigación ordenada en la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 4. En vía de ampliación de demanda reclama de Aarón Edmundo Castro Sánchez, Subprocurador de Procedimientos Judiciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el ocultamiento de la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, del índice del representante social referido. De lo expuesto se arriba a la conclusión de que diversos actos son autónomos y distintos entre sí, ya que los precisados en el punto 1 y sus sub-incisos versan sobre omisiones y actos vinculados a la causa penal (carpeta administrativa) RI/SLP/CP-861/2017, del índice del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede de San Luis Potosí, y en cambio los precisados en los puntos 2 con sub-incisos, así como 3 y 4, consisten en omisiones y actos referidos a la integración de la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, del índice del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De ahí que sus orígenes son diversos y por ende no se encuentran relacionados. No obsta a lo anterior que en la causa penal RI/SLP/CP-861/2017, del índice del Juez de Control, se estén denunciando diversas omisiones reclamadas del Agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, pues cada uno tramita sendas carpetas por cuerda separada, en tanto que actúan con imperio en sus correspondientes procedimientos y acorde con sus respectivas facultades previstas en los numerales 20, 21, 49 y 117, fracciones III y IX de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 85 y 86, así como el Título Octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 127, 131 y 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al grado de que el Juez de Control no tiene acceso, por sí, a la carpeta de investigación, si no a la información que se le proporciona oralmente en audiencia, conforme a lo dispone el precepto 44 de la codificación procesal en cita. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo, resultando que: En la demanda 1 se reclama: Del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede de San Luis Potosí: 1.1 La omisión u abstención de integrar la causa penal RI/SLP/CP-861/2017; 1.2 El ocultamiento de dicha causa penal; y, 1.3 El desahogo de diligencias practicadas dentro de la referida causa penal, sin la presencia de los asesores jurídicos de las víctimas, ni de éstas. En la demanda 2 se reclama: 1.1 Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la omisión de integrar la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, así como de judicializarla; 1.2 Como consecuencia de lo anterior, la omisión de solicitar al Juez de Control la imposición de una medida cautelar. 1.3 El ocultamiento de la citada carpeta de investigación y, como consecuencia, el desahogo de diligencias practicadas dentro de dicha carpeta sin la presencia de los asesores jurídicos de las víctimas, ni de éstas. 2. Del Director General de la Policía Ministerial del Estado, la omisión de realizar la investigación ordenada en la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Atención Temprana, titular de la Mesa Cinco de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 3. De Aarón Edmundo Castro Sánchez, Subprocurador de Procedimientos Judiciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el ocultamiento de la carpeta de investigación RU/6412/17/CDI/4940/17, del índice del representante social referido, esto en vía de ampliación de demanda. En consecuencia, resuélvase la demanda de amparo únicamente en lo atinente a la autoridad y actos precisados en el apartado de la demanda 1. Por consiguiente, expídase copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada como "demanda 2", y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. En otro orden de ideas, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados precisados en el numeral 1.1 a 1.3, de la demanda que se analiza, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En efecto, a la fecha en que se actúa han cesado las omisiones de acordar el escrito recibido el once de diciembre del año en curso, integrar la causa penal RI/SLP/CP-861/2017, y su ocultamiento, así como el desahogo de diligencias sin presencia de los asesores jurídicos que en vía de consecuencia se indican en la demanda de amparo, toda vez que la parte quejosa en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifestó que la autoridad responsable el veintiuno de diciembre del año en curso, en su despacho le dejó un instructivo de notificación el cual contenía el acuerdo emitido en atención a la promoción referida, denegándole lo solicitado (audiencia de impugnación), y asimismo que posterior a esto, al apersonarse en el área de gestoría tuvo acceso a dicha causa penal, lo que se corrobora con la siguiente transcripción: ". hasta con fecha 21 de diciembre del 2017, se dejó en nuestras oficinas una instructivo de notificación que recayó a dicha petición, por lo cual se verifico la causa penal RI/SLP/CP-861/2017, en el área de gestoría, se tuvo acceso a la carpeta pero el Juez de Control solo indica un acuerdo donde expone se tiene por recibido dicho incidente y que en términos de los numéreles 258, en relación con los diversos 253, 254, 255 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales que no había lugar a lo que le estábamos solicitando (audiencia de impugnación), señalando una tesis bajo el rubro; OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. AL NO ESTABLECERSE EXPRESSAMENTE EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NI EN ALGUNA OTRA DISPOSICIÓN APLICABLE, EL RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBE INTERPONERSE EN SU CONTRA, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". Manifestaciones que al haber sido realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Luego, si las omisiones y actos reclamados respectivamente consistieron en las abstenciones de acordar el escrito recibido once de diciembre del año en curso (a través del cual, a su vez, se denunciaban diversas omisiones del Agente del Ministerio Público, a efecto de que el Juez de Control iniciara el trámite correspondiente), así como de integrar la causa penal (carpeta administrativa) RI/SLP/CP-861/2017, y su ocultamiento, para consulta, y en vía de consecuencia practicar diligencias sin presencia de los aludidos asesores jurídicos, todo esto a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (veinte de diciembre de dos mil diecisiete). Empero, el veintiuno de diciembre siguiente, se les notificó el acuerdo que recayó a su escrito presentado el once de diciembre del año en curso, a través del cual el Juez responsable desechó la solicitud (de señalar audiencia de impugnación), realizada mediante el preindicado escrito, y se permitió a los promoventes su consulta, originando con ello la previa integración de la carpeta administrativa para tal efecto (consultarla), así como que no subsistiera alguna diligencia realizada sin la presencia de las víctimas o sus asesores; luego entonces, es evidente que cesaron los efectos de las omisiones y acto reclamados, por haberse extinguido éstos, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que las omisiones y acto atribuidos al Juez de Control señalado como responsable ya no agravian a la parte quejosa; es decir, a la fecha han quedado destruidas en forma total e incondicional las omisiones y acto reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81 del Tomo VI, Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, es evidente que respecto de los actos precisados en los numerales 1, 2 y 3, de la demanda que se estudia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo además en el numeral 113 de dicho cuerpo de leyes, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese, y personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe. "

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