Alba Herrera Mosqueda

Expediente 362/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
362/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Alba Herrera Mosqueda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (f. 51-55), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes; y en razón de que la resolución emitida no requiere ejecución material, se ordena el archivo del expediente, previas las anotaciones respectivas en el libro de control. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Devuélvase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, la copia certificada de las constancias que se encuentran agregadas al expediente laboral ***/2009 (dos tomos), que en su oportunidad adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende del sumario que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (f. 9-11), se admitió la demanda promovida por ***, quienes se ostentaron como apoderados legales de ***, sin acreditarlo; carácter que se les reconoció provisionalmente; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, porque en el proemio de la demanda de amparo los promoventes manifestaron tener ese carácter en el expediente laboral 637/2009. Asimismo, en la demanda con que se formó el expediente en que se actúa, el acto reclamado se describió de la forma siguiente: ACTO RECLAMADO.- De la H. Junta local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Gto., el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN de fecha 10 de Febrero de 2017 dos mil diecisiete. Así también, en el auto de admisión de demanda, entre otros aspectos, se pidió a las autoridades responsables por las que se admitió la demanda promovida su informe justificado. En ese orden, por auto de cinco de abril de dos mil diecisiete (f. 24), se recibió, entre otros, el oficio número 1710/2017, registrado con el folio 2585 (f. 22), por el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por conducto de su Presidente, rindió informe justificado y adjuntó copia autorizada de las constancias que se encuentran agregadas al expediente laboral **/2009 (dos tomos), documental de la que se desprenden como antecedentes de la resolución reclamada que el nueve de abril de dos mil doce, la Junta responsable resolvió el juicio de origen formado con motivo de la demanda promovida por *** por su propio derecho; laudo en el que determinó que la parte actora acreditó parcialmente sus acciones y la demandada sus excepciones y defensas; por lo que condenó a ***, S.A. de C.V., al pago de la cantidad de ***, por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y a efectuar las aportaciones al Afore, IMSS e INFONAVIT, o en su defecto, inscripción retroactiva de la actora a tales institutos; y se absolvió a dicha demandada del pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, veinte días por año de servicio días de descanso legales y obligatorios, prima dominical y cualquier otra prestación; y se dejó a salvo la acción respecto del pago de utilidades (f. 197-213, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I). El veinticinco de enero de dos mil trece, la Junta responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintisiete de julio de dos mil doce, por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito residente en la ciudad de Guanajuato, en el amparo directo laboral 331/2012; emitió nuevo laudo en el que resolvió, en lo conducente, lo siguiente (f. 446-454, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I): SEGUNDO. La parte actora acreditó parcialmente sus acciones y la demandada sus excepciones y defesas. TERCERO. Se CONDENA a la parte demandada *** S.A. DE C.V. al pago AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA A TALES INSTITUTOS (SIC) DE LA ACTORA ASÍ COMO A EFECTUAR APORTACIONES AL AFORE, IMSS E INFONAVIT. CUARTO. Se absuelve a la parte demandada mencionada en el punto anterior del pago de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 20 DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, DÍAS DE DESCANSO LEGALES Y OBLIGATORIOS, PRIMA DOMINICAL Y CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN. QUINTO. Se deja a salvo la acción de pago de UTILIDADES. SEXTO. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito se ordena la apertura del incidente de liquidación de laudo previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de determinar el salario base para la cuantificación líquida de las condenas impuestas en términos de lo dispuesto por el artículo 289 de la ley laboral así como para determinar la cantidad líquida a que asciende el pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, el dos de agosto de dos mil trece, el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito residente en la ciudad de Guanajuato, resolvió el amparo directo laboral 213/2013, promovido por *** por conducto de sus apoderados legales, en contra del laudo de veinticinco de enero del referido año; ejecutoria de amparo en la que negó a la quejosa el amparo solicitado (f. 502-579, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I). Después, el diez de febrero de dos mil diecisiete, la Junta responsable resolvió lo que denominó como incidente de liquidación promovido directamente por la actora en el principal y actora incidentista ***; resolución en la que la responsable declaró infundado el incidente promovido con el argumento esencial de que si bien en las copias fotostáticas simples de veinticuatro cheques todos de diferentes números y fechas aparecía como beneficiaria *** y como librador ***, S.A. de C.V.; es decir, fue ésta última quien expidió los cheques como titular de los fondos de la cuenta; con tales copias de cheques no se acredita el salario percibido porque en ellos no se detalla concepto alguno y la actora incidentista en el escrito inicial de demanda no manifestó la forma en que la parte demandada cubría su salario (f. 761-763, copia certificada expediente laboral **/2009, tomo II); siendo dicha determinación la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Bajo este panorama, analizadas las constancias que se encuentran agregadas al juicio de amparo en que se actúa y copia certificada del expediente de origen, se obtiene que en el caso, se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable, la causal de improcedencia que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en vinculación con los diversos numerales 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo; así como artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior por las consideraciones que se exponen enseguida. Los artículos mencionados en el orden anotado a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De lo anotado se desprende, entre otros, que puede acudir a solicitar la protección constitucional la persona física o moral que considere que se ha trasgredido su esfera jurídica; es decir, que la autoridad responsable a través del acto reclamado le irroga un perjuicio jurídico. Asimismo, la persona que considere se encuentre en la hipótesis mencionada puede acudir a solicitar el amparo, cuando se trate de persona física por sí; o sea, por su propio derecho; o bien, por conducto de su representante legal o su apoderado legal. En ese contexto, los promoventes del juicio de amparo en que se actúa acudieron a solicitar la protección constitucional en su carácter de apoderados legales de la trabajadora actora en el juicio natural ***; sin que al escrito inicial de demanda se haya adjuntado documento alguno para acreditar tal circunstancia; y de las constancias que se encuentran agregadas a la copia certificada del expediente de origen, no se desprende que tengan reconocido dicho carácter, más aún, se aprecia que mediante escrito recibido por la Junta el seis de octubre de dos mil dieciséis, *** revocó la designación de todo apoderado legal realizada con antelación, así como el domicilio para recibir notificaciones de carácter personal que tenía señalado; y enseguida, designó como nuevos apoderados legales a los que describió como Procuradores de la Defensa del Trabajo, y señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones de carácter personal (f. 705, copia certificada expediente laboral ***/2009, tomo II). Al respecto, la Junta responsable, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, tuvo a la allá actora revocando el poder otorgado con anterioridad así como el domicilio señalado para recibir notificaciones y de forma relevante, no tuvo como apoderados legales a las personas que señaló dicha actora en el escrito en mención por no reunirse los requisitos previstos por el artículo 692 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; es decir, no exhibió carta poder alguna (f. 706, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo II). A lo que debe agregarse que de la totalidad y/o resto de las constancias subsecuentes que se encuentran agregadas a la copia certificada del juicio de origen, no se desprende reconocimiento ni formal y/o expreso ni tácito de las personas que solicitaron el amparo como apoderados legales de la actora en el juicio natural. Por otra parte, el artículo 11 primer párrafo de la Ley de Amparo, dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Por lo hasta ahora expuesto, se arriba a la conclusión de que ***, no acreditaron tener el carácter de apoderados legales de *** como lo manifestaron en la demanda de amparo; por lo que si en el juicio de amparo la personalidad derivada o representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto legal de carácter procesal y como se ha visto, no se acreditó en el sumario, ello conduce a que el juicio de amparo se torne improcedente. Son aplicables al caso, por lo que informan, las Tesis de Jurisprudencia y Aislada de rubro y texto que dicen: Octava Época Registro: 226559 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Civil, Común Tesis: XVI. J/2 Página: 297 PERSONALIDAD DERIVADA O REPRESENTACION EN EL JUICIO DE AMPARO. Uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías lo es el de que deberá ser siempre promovido a instancia de la parte agraviada por el acto que se reclame de la autoridad. En consecuencia, la personalidad derivada o representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto legal, de índole procesal, que habrá de acreditarse en los términos de los artículos 4o., 8o., 12, 18 y 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, de tal manera que, la falta de justificación de la personalidad derivada, trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo por la causal de improcedencia que se consigna en el artículo 73, fracción XVIII, de la propia ley. Octava Época Registro: 221257 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/158 Página: 127 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. CUANDO NO SE HA RECONOCIDO ANTE LA RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo sólo obliga a la autoridad federal ante quien se promueve el juicio de garantías, a tener por acreditada la personalidad del promovente cuando ésta la tenga reconocida ante la autoridad responsable, por lo tanto, si dicho promovente no tiene reconocida la personalidad ante la autoridad señalada como responsable, ni tampoco demuestra ante la potestad federal la personalidad con la que se ostenta, debe sobreseerse el juicio de garantías. Octava Época Registro: 216421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 369 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El artículo 13 de la Ley de Amparo, establece que cuando los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre que comprueben tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora bien, si en la especie, el promovente del juicio de amparo, lo hace con el carácter de apoderado de determinada empresa y solicita le sea reconocida la personalidad en términos del numeral invocado, empero, si la responsable no lo reconoció como apoderado, ni de manera tácita, dado que no actuó en el procedimiento laboral, pues la personalidad le fue reconocida a diverso profesional, y tampoco demostró ante la potestad federal la personalidad con que se ostenta, es dable sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4o. y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por no haber sido reconocida por la responsable la personalidad con que se ostenta para promover el juicio de garantías. Bajo este escenario, al haberse actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en vinculación con los diversos numerales 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo; así como artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que los solicitantes del amparo no acreditaron el carácter de apoderados legales con que acudieron a solicitar la protección constitucional en la demanda de amparo; de la copia certificada del expediente de origen no se aprecia que tengan reconocido tal carácter y que la Junta responsable ni de forma expresa ni tácitamente les haya reconocido dicho carácter; con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por otro lado, en atención a que como ha quedado apuntado, se ha actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada; tomando en consideración el contenido del artículo 17 segundo párrafo, primera parte, de la Carta Magna, que establece que la administración de justicia debe ser pronta y expedita; resulta innecesario esperar a que llegue la fecha y hora que se encuentran señaladas en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o hasta que tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado fuera de la audiencia constitucional. Es de puntual aplicación, la Tesis de Jurisprudencia de datos de identificación y localización que dice: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, comunicándoles de igual forma, que por los motivos expuestos, se deja sin efecto y por consecuencia, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas del nueve de mayo de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto lo de cuenta, se desprende del sumario que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (f. 9-11), se admitió la demanda promovida por ***, quienes se ostentaron como apoderados legales de ***, sin acreditarlo; carácter que se les reconoció provisionalmente; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, porque en el proemio de la demanda de amparo los promoventes manifestaron tener ese carácter en el expediente laboral 637/2009. Asimismo, en la demanda con que se formó el expediente en que se actúa, el acto reclamado se describió de la forma siguiente: ACTO RECLAMADO.- De la H. Junta local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Gto., el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN de fecha 10 de Febrero de 2017 dos mil diecisiete. Así también, en el auto de admisión de demanda, entre otros aspectos, se pidió a las autoridades responsables por las que se admitió la demanda promovida su informe justificado. En ese orden, por auto de cinco de abril de dos mil diecisiete (f. 24), se recibió, entre otros, el oficio número 1710/2017, registrado con el folio 2585 (f. 22), por el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por conducto de su Presidente, rindió informe justificado y adjuntó copia autorizada de las constancias que se encuentran agregadas al expediente laboral **/2009 (dos tomos), documental de la que se desprenden como antecedentes de la resolución reclamada que el nueve de abril de dos mil doce, la Junta responsable resolvió el juicio de origen formado con motivo de la demanda promovida por *** por su propio derecho; laudo en el que determinó que la parte actora acreditó parcialmente sus acciones y la demandada sus excepciones y defensas; por lo que condenó a ***, S.A. de C.V., al pago de la cantidad de ***, por concepto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y a efectuar las aportaciones al Afore, IMSS e INFONAVIT, o en su defecto, inscripción retroactiva de la actora a tales institutos; y se absolvió a dicha demandada del pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, veinte días por año de servicio días de descanso legales y obligatorios, prima dominical y cualquier otra prestación; y se dejó a salvo la acción respecto del pago de utilidades (f. 197-213, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I). El veinticinco de enero de dos mil trece, la Junta responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida el veintisiete de julio de dos mil doce, por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito residente en la ciudad de Guanajuato, en el amparo directo laboral 331/2012; emitió nuevo laudo en el que resolvió, en lo conducente, lo siguiente (f. 446-454, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I): SEGUNDO. La parte actora acreditó parcialmente sus acciones y la demandada sus excepciones y defesas. TERCERO. Se CONDENA a la parte demandada *** S.A. DE C.V. al pago AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y LA INSCRIPCIÓN RETROACTIVA A TALES INSTITUTOS (SIC) DE LA ACTORA ASÍ COMO A EFECTUAR APORTACIONES AL AFORE, IMSS E INFONAVIT. CUARTO. Se absuelve a la parte demandada mencionada en el punto anterior del pago de INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, 20 DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS, DÍAS DE DESCANSO LEGALES Y OBLIGATORIOS, PRIMA DOMINICAL Y CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN. QUINTO. Se deja a salvo la acción de pago de UTILIDADES. SEXTO. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito se ordena la apertura del incidente de liquidación de laudo previsto en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de determinar el salario base para la cuantificación líquida de las condenas impuestas en términos de lo dispuesto por el artículo 289 de la ley laboral así como para determinar la cantidad líquida a que asciende el pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente, el dos de agosto de dos mil trece, el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito residente en la ciudad de Guanajuato, resolvió el amparo directo laboral 213/2013, promovido por *** por conducto de sus apoderados legales, en contra del laudo de veinticinco de enero del referido año; ejecutoria de amparo en la que negó a la quejosa el amparo solicitado (f. 502-579, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo I). Después, el diez de febrero de dos mil diecisiete, la Junta responsable resolvió lo que denominó como incidente de liquidación promovido directamente por la actora en el principal y actora incidentista ***; resolución en la que la responsable declaró infundado el incidente promovido con el argumento esencial de que si bien en las copias fotostáticas simples de veinticuatro cheques todos de diferentes números y fechas aparecía como beneficiaria *** y como librador ***, S.A. de C.V.; es decir, fue ésta última quien expidió los cheques como titular de los fondos de la cuenta; con tales copias de cheques no se acredita el salario percibido porque en ellos no se detalla concepto alguno y la actora incidentista en el escrito inicial de demanda no manifestó la forma en que la parte demandada cubría su salario (f. 761-763, copia certificada expediente laboral **/2009, tomo II); siendo dicha determinación la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Bajo este panorama, analizadas las constancias que se encuentran agregadas al juicio de amparo en que se actúa y copia certificada del expediente de origen, se obtiene que en el caso, se actualiza de modo notorio, manifiesto e indudable, la causal de improcedencia que deriva del artículo 61 fracción XXIII, en vinculación con los diversos numerales 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo; así como artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior por las consideraciones que se exponen enseguida. Los artículos mencionados en el orden anotado a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De lo anotado se desprende, entre otros, que puede acudir a solicitar la protección constitucional la persona física o moral que considere que se ha trasgredido su esfera jurídica; es decir, que la autoridad responsable a través del acto reclamado le irroga un perjuicio jurídico. Asimismo, la persona que considere se encuentre en la hipótesis mencionada puede acudir a solicitar el amparo, cuando se trate de persona física por sí; o sea, por su propio derecho; o bien, por conducto de su representante legal o su apoderado legal. En ese contexto, los promoventes del juicio de amparo en que se actúa acudieron a solicitar la protección constitucional en su carácter de apoderados legales de la trabajadora actora en el juicio natural ***; sin que al escrito inicial de demanda se haya adjuntado documento alguno para acreditar tal circunstancia; y de las constancias que se encuentran agregadas a la copia certificada del expediente de origen, no se desprende que tengan reconocido dicho carácter, más aún, se aprecia que mediante escrito recibido por la Junta el seis de octubre de dos mil dieciséis, *** revocó la designación de todo apoderado legal realizada con antelación, así como el domicilio para recibir notificaciones de carácter personal que tenía señalado; y enseguida, designó como nuevos apoderados legales a los que describió como Procuradores de la Defensa del Trabajo, y señaló nuevo domicilio para recibir notificaciones de carácter personal (f. 705, copia certificada expediente laboral ***/2009, tomo II). Al respecto, la Junta responsable, en acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, tuvo a la allá actora revocando el poder otorgado con anterioridad así como el domicilio señalado para recibir notificaciones y de forma relevante, no tuvo como apoderados legales a las personas que señaló dicha actora en el escrito en mención por no reunirse los requisitos previstos por el artículo 692 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; es decir, no exhibió carta poder alguna (f. 706, copia certificada expediente laboral 637/2009, tomo II). A lo que debe agregarse que de la totalidad y/o resto de las constancias subsecuentes que se encuentran agregadas a la copia certificada del juicio de origen, no se desprende reconocimiento ni formal y/o expreso ni tácito de las personas que solicitaron el amparo como apoderados legales de la actora en el juicio natural. Por otra parte, el artículo 11 primer párrafo de la Ley de Amparo, dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Por lo hasta ahora expuesto, se arriba a la conclusión de que ***, no acreditaron tener el carácter de apoderados legales de *** como lo manifestaron en la demanda de amparo; por lo que si en el juicio de amparo la personalidad derivada o representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto legal de carácter procesal y como se ha visto, no se acreditó en el sumario, ello conduce a que el juicio de amparo se torne improcedente. Son aplicables al caso, por lo que informan, las Tesis de Jurisprudencia y Aislada de rubro y texto que dicen: Octava Época Registro: 226559 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Civil, Común Tesis: XVI. J/2 Página: 297 PERSONALIDAD DERIVADA O REPRESENTACION EN EL JUICIO DE AMPARO. Uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de garantías lo es el de que deberá ser siempre promovido a instancia de la parte agraviada por el acto que se reclame de la autoridad. En consecuencia, la personalidad derivada o representación de quien acude al juicio de amparo por el quejoso directamente agraviado, es un presupuesto legal, de índole procesal, que habrá de acreditarse en los términos de los artículos 4o., 8o., 12, 18 y 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, de tal manera que, la falta de justificación de la personalidad derivada, trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo por la causal de improcedencia que se consigna en el artículo 73, fracción XVIII, de la propia ley. Octava Época Registro: 221257 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/158 Página: 127 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. CUANDO NO SE HA RECONOCIDO ANTE LA RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo sólo obliga a la autoridad federal ante quien se promueve el juicio de garantías, a tener por acreditada la personalidad del promovente cuando ésta la tenga reconocida ante la autoridad responsable, por lo tanto, si dicho promovente no tiene reconocida la personalidad ante la autoridad señalada como responsable, ni tampoco demuestra ante la potestad federal la personalidad con la que se ostenta, debe sobreseerse el juicio de garantías. Octava Época Registro: 216421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 369 PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El artículo 13 de la Ley de Amparo, establece que cuando los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre que comprueben tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora bien, si en la especie, el promovente del juicio de amparo, lo hace con el carácter de apoderado de determinada empresa y solicita le sea reconocida la personalidad en términos del numeral invocado, empero, si la responsable no lo reconoció como apoderado, ni de manera tácita, dado que no actuó en el procedimiento laboral, pues la personalidad le fue reconocida a diverso profesional, y tampoco demostró ante la potestad federal la personalidad con que se ostenta, es dable sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 4o. y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por no haber sido reconocida por la responsable la personalidad con que se ostenta para promover el juicio de garantías. Bajo este escenario, al haberse actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en vinculación con los diversos numerales 5° fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo; así como artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que los solicitantes del amparo no acreditaron el carácter de apoderados legales con que acudieron a solicitar la protección constitucional en la demanda de amparo; de la copia certificada del expediente de origen no se aprecia que tengan reconocido tal carácter y que la Junta responsable ni de forma expresa ni tácitamente les haya reconocido dicho carácter; con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la invocada Ley, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por otro lado, en atención a que como ha quedado apuntado, se ha actualizado de modo notorio, manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada; tomando en consideración el contenido del artículo 17 segundo párrafo, primera parte, de la Carta Magna, que establece que la administración de justicia debe ser pronta y expedita; resulta innecesario esperar a que llegue la fecha y hora que se encuentran señaladas en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o hasta que tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado fuera de la audiencia constitucional. Es de puntual aplicación, la Tesis de Jurisprudencia de datos de identificación y localización que dice: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Contradicción de tesis 26/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, comunicándoles de igual forma, que por los motivos expuestos, se deja sin efecto y por consecuencia, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas del nueve de mayo de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 1823/2017, firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, al que adjunta constancia de emplazamiento, requerimiento y apercibimiento a la tercera interesada ***, S.A. DE C.V., que se le encomendó en auto de seis de abril de dos mil diecisiete; asimismo, remite copia certificada de la constancia de notificación de la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, realizada a Alba Herrera Mosqueda. En razón de lo anterior, téngase a la autoridad ocursante dando cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados a la Junta responsable en el aludido auto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, con la documental que adjuntó la autoridad ocursante al comunicado que se recibe, consistente en copia certificada de la constancia de notificación de la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, realizada a ***, dése nueva cuenta en el momento oportuno dentro de la audiencia constitucional.

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