Alba Guadalupe Nava Arellanez
Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Alba Guadalupe Nava Arellanez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Abierta la audiencia de ley. El Secretario hizo relación de las constancias existentes en autos que bajo el principio de economía procesal no habrán de trascribirse, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. Asimismo, el Secretario certifica: que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. De igual manera, se hace constar: que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en representación de la referida junta, al rendir su correspondiente informe justificado, negó el acto reclamado; y, que el expediente se encuentra debidamente integrado, pues obran las constancias necesarias para la resolución del presente asunto. La Jueza acuerda: téngase por hecha la relación Secretarial que antecede. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable en su informe justificado recibido en auto de catorce de julio del año en curso, así como, las recabadas de oficio por este órgano jurisdiccional y recibidas en proveído de quince de agosto actual. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas probanzas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que se tomarán en cuenta en su oportunidad. Se declara cerrada esta fase. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que las partes fueron omisas en formularlos. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene perdido el derecho de las partes a formularlos. Cerrado el período de alegatos, y al no haber pruebas que desahogar ni promoción pendiente de acordar, a continuación, se procede a dictar la siguiente resolución. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 717/2022, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, recibido en este Juzgado Federal el mismo día, por razón de turno, Alba Guadalupe Nava Arellanes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los miembros de la Honorable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derechos fundamentales violados el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda bajo el número 717/2022; admitiéndose a trámite y se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a dicho órgano, quién no vertió manifestaciones; seguida la secuela procesal; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día de hoy (veinticinco de agosto de dos mil veintidós), tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuidos a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente reclama de la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar el auto de radicación de demanda. La omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y como consecuencia que se desahogue en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Todo ello, dentro del expediente laboral 1005/2020 (4), de su índice. TERCERO. Inexistencia por algunos actos reclamados. Resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, a través de su Presidente, al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto atribuido, consistente en la omisión de dictar el auto de radicación de demanda. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado prueba suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable. Incluso, en ese sentido, la autoridad responsable manifestó en su informe justificado, que con fecha de dieciséis de noviembre de dos mil veinte, dictó auto de radicación de demanda en el expediente laboral 1005/2020 (4) BIS, el cual se notificó a la parte actora -aquí quejosa- y se emplazó a la parte demandada, asimismo, anexó copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral 1005/2020 (4) BIS, documentales que tiene valor probatorio en términos de los artículos con lo dispuesto por los artículos 129, 197, y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; de las que se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, efectivamente radicó la demanda laboral y ordenó notificar, apercibir, correr traslado y emplazar al demandado, lo que así ocurrió el nueve de diciembre de dos mil veinte. De ahí que no existe el acto reclamado por la quejosa, dado que la existencia debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de junio de dos mil veintidós). En consecuencia, como se vio, al no acreditarse la existencia respecto del referido acto reclamado, consistentes en la omisión de dictar el auto de radicación de demanda, se estima que lo procedente al respecto es sobreseer el presente juicio de amparo, respectos de los actos que aquí se refieren, por cuanto a su inexistencia CUARTO. Existencia respecto de un acto reclamado. Como se evidenció anteriormente la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en su respectivo informe justificado negó los actos atribuidos consistentes en la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y como consecuencia que se desahogue en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que anexó a su informe justificado, así como, de las diversas recibidas en auto de quince de agosto actual; y, por lo manifestado por la autoridad responsable, en el sentido que: "(.) los motivos por el cual no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 1005/2020 (4) bis, la primera causa es la contingencia sanitaria COVID-19 que no aqueja como se aprecia en la certificación de quince de julio de dos mil veintiuno y la segunda razón es por el exceso de trabajo y el poco personal con el que cuenta esta Junta y el alto número de expedientes (2000), con que cuenta esta junta para tramite (.)", de ahí que se tenga por cierta la existencia del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. En el caso en estudio, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y como consecuencia que se desahogue en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente laboral 1005/2020 (4), del índice de la Junta responsable. La mencionada causa de improcedencia se actualiza en este asunto en razón de que, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, como anexo a su informe justificado, se advierte que el once de agosto pasado, en lo que interés, proveyó en el sentido que señaló las trece horas del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; determinación que se hizo de su conocimiento el doce siguiente, a través del autorizado para ello. En esas circunstancias, al haberse satisfecho la pretensión de la parte quejosa, esto es, que la responsable emitiera el acuerdo correspondiente en el cual señalara día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral *** (4), del índice de la Junta responsable; se considera que han cesado los efectos de los actos reclamados, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional. Además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *****". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia, respecto del citado acto reclamado. Así, en razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa; asimismo, es innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. No es óbice para arribar a lo antes considerado el hecho de que no se haya emplazado al presente juicio a la parte tercera interesada, en atención a que al haberse sobreseído, no le depara perjuicio el presente asunto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Se autoriza al Secretario y/o Actuaria Judicial adscrita para que firme los oficios que deriven de la presente resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, respecto del acto reclamado, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio del Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento de catorce de julio del año en curso, remite copias certificadas de todo lo actuado en el expediente laboral **** de su índice; asimismo, hace del conocimiento que no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la contingencia sanitaria COVID-19 y por el exceso de trabajo. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remite la autoridad oficiante, las cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con el contenido del oficio y anexo de cuenta, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima, no puede llevarse a cabo, ya que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en auto de catorce de julio de dos mil veintidós, con la vista del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Ello es así, virtud que la parte quejosa fue notificada del citado proveído, mediante lista de acuerdos el quince de los actuales, por lo que el referido plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, trascurre para dicha parte, del diecinueve al veintiocho de julio del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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